Un informe, difundido la semana pasada en Viena, identifica una serie de abusos como gritos, insultos, privación de libertad, medicación excesiva, tratamientos involuntarios, aislamiento, explotación financiera y violencia física y sexual en estos centros, lo que vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
La agencia europea habla de una «creciente brecha entre la retórica y la realidad» respecto al derecho de vivir de forma independiente, e insta a los países de la Unión Europea (UE) a «poner fin a la ‘institucionalización‘ y priorizar la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad».
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En un comunicado, la directora general de la FRA, Sirpa Rautio, destaca que «la violencia contra las personas con discapacidad en los centros institucionales es un problema sistémico que requiere un cambio sistémico».
«La UE y sus Estados miembros deben cumplir con sus obligaciones legales y proteger los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, priorizando su inclusión en la comunidad, tratándolas con dignidad y respeto, y protegiéndolas de manera efectiva contra la violencia y el abuso», agrega la finlandesa.
El informe, basado en investigaciones documentales en los 27 países de la UE, subraya que la violencia persiste gracias a barreras estructurales que impiden denunciar abusos.
Según la FRA, «muchas víctimas han llegado a considerar los abusos como algo normal, pues desconocen sus derechos y canales para denunciarlos», lo que genera «barreras persistentes y una cultura de silencio e impunidad».
Muchas víctimas no identifican los abusos porque los han sufrido desde edades tempranas, mientras que en otros casos la dependencia absoluta del personal provoca miedo a posibles represalias si se presentan denuncias.
Faltan: información, alternativas comunitarias, formación y mecanismos de denuncia
Al mismo tiempo, esta situación se agrava por «deficiencias en el acceso a la información y a mecanismos de denuncia accesibles», lo que dificulta que las víctimas obtengan reparación, alerta la FRA.
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Por otra parte, el informe señala que los países de la UE no disponen de datos completos, comparables ni fiables sobre violencia en instituciones.
Por eso, la FRA pide reforzar los sistemas de información para mejorar la recopilación de datos y garantizar la evaluación de tendencias y la detección de problemas.
Entre sus recomendaciones más contundentes, la agencia urge a los países de la UE cerrar progresivamente las instituciones y garantizar alternativas comunitarias basadas en la vida independiente.
Al mismo tiempo, la FRA pide desarrollar formación obligatoria para todo el personal, cuerpos policiales, equipos de supervisión y operadores judiciales, además de crear mecanismos de denuncia accesibles, seguros y confidenciales para las víctimas.
Over 1.4 million people with disabilities in the EU live in institutions.
— EU Fundamental Rights ➡️ #HumanRights (@EURightsAgency) November 27, 2025
Many face neglect, abuse, and even violence.
This latest report from the @EURightsAgency shows how we can change this.
Find out more: https://t.co/HcmHxTG5x8 pic.twitter.com/OjPxXzNjYD