Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Miguel Antonio Ochoa Guevara, alias Boris; y a Paola Andrea Churi Cortés, como posibles responsables de causarle la muerte a una mujer trans, cuyo nombre identitario era Macarena, el pasado 21 de abril, en Cali (Valle del Cauca). Los elementos de prueba indican que ‘Boris’ contactó a la víctima y permaneció con ella en un inmueble del barrio San Nicolás. En ese lugar, al parecer, la golpeó porque supuestamente le había quitado algunas pertenecías, practica violenta que en el pasado habia tenido contra otras mujeres trans. Posteriormente, salió y regresó en un vehículo con otras tres personas, entre ellas Churi Cortés. Los acompañantes, al parecer, se bajaron del automotor, increparon a la mujer y la golpearon con un revolver. Al percatarse que escapaba presuntamente le dispararon. La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Seccional de Cali, con apoyo del Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de la Víctima, adscrito a la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió identificar a los señalados implicados en el crimen. En una acción conjunta del CTI y la Policía Nacional dos de ellos fueron capturados en puntos distintos de Cali. En atención a su posible participación en los hechos, la Fiscalía imputó a alias Boris los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; mientras que a la mujer le imputó homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; y falsedad personal, este último por haber presentado una cédula falsa durante el procedimiento de detención.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Jhoan David Patiño Zapata y Diego Esteban Pérez Zapata, presuntos responsables de los delitos de secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y hurto calificado y agravado. Los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de agosto en el barrio El Poblado de Medellín donde dos mujeres tomaron un servicio de transporte público y fueron retenidas en el vehículo. Labores de policía judicial evidenciaron que una vez las dos personas subieron al automotor un hombre que estaba escondido en el baúl del carro las intimidó con un arma de fuego. La policía de vigilancia fue alertada sobre el hecho y los uniformados emprendieron la persecución. Durante el seguimiento las dos mujeres y uno de los presuntos secuestradores se lanzaron del vehículo. En los procedimientos las víctimas fueron auxiliadas y el hombre fue capturado. Poco después el taxi fue alcanzado por los policías y al revisarlo hallaron tres celulares y un arma de fuego. La Fiscalía constató que los teléfonos pertenecían a 3 ciudadanas que horas antes habían sido víctimas de hurto bajo la misma modalidad. Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Los elementos materiales probatorios presentados por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de la Seccional Huila, permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro de reclusión a Douglas Sneider Cadena y Daniel Felipe Cruz Vargas quienes serían responsables de los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado. Los hechos investigados ocurrieron la madrugada del pasado 20 de agosto cuando los ahora procesados, desde una motocicleta, habrían lanzado un artefacto explosivo hacia un local comercial ubicado en el centro de Neiva (Huila). Producto de la detonación se generaron daños en varios establecimientos. El ataque se dio luego de que el propietario del inmueble fuera amenazado por el frente Darío Gutiérrez del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias de las Farc. En un panfleto la víctima era conminaba a asistir a reuniones en la vereda La Esperanza en el municipio de Tello (Huila). Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en Huila. Durante los procedimientos se incautó un celular y una motocicleta. Ninguno de los judicializados aceptó los cargos en su contra.

Por petición de fiscales de la Seccional Bolívar, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a dos hombres que estarían implicados en tres asesinatos registrados en Cartagena. Se trata de hechos independientes en los que, según sus responsabilidades individuales, el ente investigador imputó a los procesados los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, todas las conductas agravadas. Entre los asegurados está Luis Fernando Galán Gómez, alias Bemby, de 23 años, quien habría ingresado el 13 de diciembre de 2023 a un lavadero de carros en el barrio El Bosque. Allí presumiblemente disparó contra un hombre de 18 años y una mujer, de 20. La captura fue materializada por la Policía Nacional. También fue judicializado Sebastián Andrés Gómez Batista quien, en compañía de otra persona, le habría disparado a un hombre para hurtarle su motocicleta. La víctima, de 24 años, falleció cuando era atendida en un centro asistencial. La captura del procesado, de 20 años, se produjo en flagrancia por uniformados de la Policía. Ninguno de los procesados aceptó los cargos que les endilgó la Fiscalía.

Las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos permitieron que un juez condenara a 17 años de prisión a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, quien fue encontrado responsable del homicidio del líder sindical Jhon Freddy Marín Toro, ocurrido el 18 de abril de 2002. En audiencia aceptación de cargos Jiménez Naranjo, comandante del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), admitió de manera voluntaria su culpabilidad en la muerte de Marín Toro.  El material probatorio evidenció que el sentenciado ordenó la muerte de la víctima, por la incomodidad que causaban las denuncias que hacía en relación con posibles malos manejos económicos por parte de la administración de hospital. También se acreditó que el sentenciado ordenó la muerte de la víctima ya que este, supuestamente, apoyaba a los grupos guerrilleros que hacían presencia en esa región.   Además de la pena de prisión el sentenciado deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) por perjuicios y daños morales y será inhabilitado por 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.