El presidente Gustavo Petro Urrego atribuyó la escalada de actos de terrorismo de la última semana en el país, incluido el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, a una venganza de organizaciones del narcotráfico contra su Gobierno por los golpes que la Fuerza Pública les ha propinado. “Está pasando que este Gobierno, como nunca antes, está golpeando a la mafia del narcotráfico en el medio internacional”, enfatizó el jefe de Estado en entrevista a CNN en Español. En el mismo contexto el mandatario aseguró que el consumo de cocaína en el mundo ha crecido y que el narcotráfico se ha convertido en una multinacional con tentáculos en diferentes regiones del mundo. “Este Gobierno ha logrado los récords mundiales de incautación de cocaína de su propia historia. Ha logrado extraditar a un capo de narcotráfico cada día y ha logrado destruir 4,5 laboratorios de pasta de cocaína al día”, manifestó. De igual modo, manifestó que en respuesta a estas acciones del Gobierno contra los carteles de la mafia, estos están atacando al Estado colombiano.  “Estamos bajo la persecución de capos de poder que se sitúan en Dubái. Lamentablemente no logramos el mayor protagonista del mundo que es Diego Marín, por eso lo dejaron en libertad. Se están vengando, tratando de destruir al Gobierno”, subrayó. Asimismo, el jefe de Estado explicó que hace mucho tiempo el poder del tráfico de cocaína dejó de estar en Colombia, aunque la mayor parte de la hoja de coca aún se cultiva aquí.  “Nosotros producimos la cadena de menos valor, el mayor valor está en manos de poderes extranjeros, como los carteles albaneses, italianos, mexicanos y norteamericanos”, indicó. Una oficina de la mafia dio la orden del asesinato Con relación específica al atentado contra el senador Miguel Uribe, el presidente Petro afirmó que una oficina de la mafia, cuyo nombre se mantiene en reserva de las investigaciones, ordenó el asesinado del hoy precandidato presidencial.  “Una oficina con su nombre, que no puedo ahora mencionar, con los nombres de sus jefes, alias de sus jefes, dio la orden, estando situada muy lejos de Bogotá”, dijo el mandatario a CNN en Español. Agregó que la orden de la oficina de la mafia fue “conseguir a dos muchachos, menores de edad, que pudieran y supieran manejar muy bien el arma con la que se le capturó”. Además el presidente reiteró que, según el rastreo de las autoridades al arma utilizada, esta fue comprada en Arizona (Estados Unidos) y que pasó por el Estado de la Florida, “lo cual implica que este tipo de asesinos tiene relaciones dentro de los Estados Unidos, de tipo mafioso”.  Con base en esta información, el mandatario solicitó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia gestionar la ayuda de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y del FBI (Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones) para “investigar a fondo a los autores intelectuales del crimen”. En el mismo contexto, el presidente dijo que el menor de edad aprehendido como autor material del atentado recibió la orden de parte del jefe de una ‘olla’ de expendio de drogas. “Sabemos que el niño dijo en su momento de opresión, que un man de la olla, ¿qué significa eso? Un dueño de un sitio donde se expenden drogas al consumidor, ilícitas. Pues fue el que le ordenó eso, porque él dice que es la mafia”, concluyó.

El presidente Gustavo Petro confirmó que ya firmó el decreto 639 con el cual el Gobierno nacional convoca a los y las colombianas a la Consulta Popular, que busca resarcir los derechos laborales de los trabajadores. En su cuenta en X, el mandatario escribió: “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legitimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional». En su artículo 1, la norma determinó la excepción de inconstitucionalidad, tomando como base el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, para lo cual estableció que “inaplicar por inconstitucional el acto mediante el cual el Senado de la República, en sesión del 14 de mayo de 2025, decidió dar concepto desfavorable frente a la consulta popular del orden nacional, solicitada por el Presidente de la República, con la firma de todos sus minist​ros, el 1 de mayo de 2025″. Ante esta evidencia constitucional, en el artículo 2 se determinó: “Convóquese al pueblo de Colombia a una consulta popular en todo el territorio nacional para que, en ejercicio de su soberanía, el día siete (7) de agosto de 2025 decida si aprueba o rechaza las siguientes preguntas de trascendencia nacional: 1.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.? ☐ Sí  ☐ No 2.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo? ☐ Sí  ☐ No 3.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas  productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? ☐ Sí  ☐ No 4.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ☐ Sí  ☐ No 5.⁠ ⁠¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ☐ Sí  ☐ No 6.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral? ☐ Sí  ☐ No 7.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ☐ Sí  ☐ No 8.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ☐ Sí  ☐ No 9.⁠ ⁠¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales? ☐ Sí  ☐ No 10.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y demás trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ☐ Sí  ☐ No 11.⁠ ⁠¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ☐ Sí  ☐ No 12.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? ☐ Sí  ☐ No» En su artículo  3, el decreto determinó que la “la organización electoral garantizará el cumplimiento de los principios de la administración pública y el normal desarrollo de la votación del mecanismo de participación ciudadana a que se refiere este decreto, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015, así como las demás normas aplicables». Con respecto al tema de las campañas, el decreto, en su artículo 4, retoma lo establecido en el artículo 34 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, y estableció que “a partir de la vigencia del presente decreto, y hasta el día seis (6) de agosto de 2025, se podrán desarrollar campañas a favor, en contra o por la abstención para la consulta popular». De la misma manera, en la norma, en su artículo 5, se refiere a la pedagogía que se debe adelantar para garantizar la participación ciudadana. “Pedagogía. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, y las administraciones departamentales, distritales y municipales en ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, podrán diseñar y promover estrategias y acciones pedagógicas frente a la participación en la consulta popular convocada por el presente decreto, que permitan a la ciudadanía conocer y tener información sobre el trámite y contenido de la misma». “Por conducto del Ministerio del Interior, comuníquese al Registrador Nacional del Estado Civil la convocatoria de la Consulta Popular dispuesta en el presente decreto, con el objeto de que adopte las medidas pertinentes», determinó el artículo 6 del decreto. El Gobierno determinó remitir el “decreto a la Corte Constitucional para que, en el marco de sus competencias, adelante el correspondiente control».