Estudiantes, padres de familia, docentes y trabajadores del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, realizan por segunda vez un plantón frente a la Gobernación de Cundinamarca con un llamado común: “Queremos ser escuchados y que no nos cierren el colegio”. La comunidad educativa insiste en que se revise la cancelación de la licencia de funcionamiento de la institución donde estudiaba Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el 12 de agosto de 2025 y fue encontrada sin vida 18 días después en inmediaciones del río Frío.
Esta es la segunda ocasión en que la comunidad educativa llega hasta la sede de la Gobernación para manifestarse contra la medida. Esta vez, estudiantes, familias y trabajadores buscan concentrar la atención en las consecuencias que, aseguran, tendría el cierre para quienes han construido allí su proceso académico y laboral.
Estudiantes y padres piden ser escuchados
Los estudiantes han asumido un papel activo en la defensa de la continuidad de Los Laureles. Más de 200 de ellos enviaron recientemente una carta al presidente Abelardo de la Espriella, a la primera dama Ana Lucía Pineda y al vicepresidente José Manuel Restrepo, en la que pidieron ser tenidos en cuenta antes de que se defina el futuro de su colegio.
En la comunicación reconocen la gravedad de lo ocurrido con Valeria y señalan que no buscan que su muerte sea olvidada ni que las investigaciones se detengan. Sin embargo, reclaman una alternativa que les permita continuar su educación sin perder la institución en la que muchos han estudiado durante años.
Los padres también han expuesto las dificultades que implicaría una reubicación. Carlos Lozada, padre de familia, ha señalado que trasladar a los estudiantes no significa únicamente cambiar de establecimiento educativo. Sus hijos, explica, han construido en Los Laureles vínculos, amistades y procesos académicos que también se verían interrumpidos.
A esa preocupación se suma la de las familias con hijos que requieren educación inclusiva. Mónica Noreña, madre de dos estudiantes, ha señalado que al menos 11 alumnos con condiciones especiales permanecen matriculados en la institución y ha defendido la importancia de preservar los procesos que han construido allí.
El cierre mantiene en vilo a la comunidad
La Gobernación de Cundinamarca ratificó la cancelación de la licencia de funcionamiento mediante la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026. La medida comenzaría a regir una vez finalice el calendario escolar y contempla la reubicación de los estudiantes.
Para la comunidad educativa, sin embargo, esa alternativa no responde a todas sus preocupaciones. Por eso, estudiantes, padres, profesores y trabajadores regresan a las puertas de la Gobernación con una petición que resume el propósito de este nuevo plantón: “Queremos ser escuchados y que no nos cierren el colegio”.
Su posición también insiste en separar dos discusiones: reclaman que haya verdad y justicia por la muerte de Valeria Afanador, pero piden que las decisiones sobre Los Laureles también tengan en cuenta a los cientos de estudiantes, familias y trabajadores que hoy enfrentan la posibilidad de perder su colegio.





