Más de 200 estudiantes del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, acudieron al presidente Abelardo de la Espriella, a la primera dama Ana Lucía Pineda y al vicepresidente José Manuel Restrepo para pedir que su voz sea escuchada ante el futuro del colegio donde estudiaba Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el 12 de agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue encontrado en inmediaciones del río Frío.
La petición está contenida en una carta del 9 de noviembre de 2026, respaldada por alumnos y trabajadores, después de que la Gobernación de Cundinamarca decidiera retirarle la licencia de funcionamiento a la institución. La medida está siendo discutida en instancias judiciales, por lo que el futuro definitivo de Los Laureles depende de lo que resuelva la justicia.
La iniciativa surgió entre estudiantes de décimo, promoción 2027, y sumó a alumnos de otros cursos. El asunto de la carta resume su petición: “Queremos que escuchen nuestra voz y nos ayuden a continuar nuestra historia en Los Laureles”.
“Nosotros no somos responsables de lo sucedido”
Los estudiantes reconocen la gravedad de lo ocurrido con Valeria y aclaran que no buscan que su muerte sea olvidada ni que las investigaciones se detengan. Reclaman que las consecuencias del caso no recaigan también sobre cientos de niños y adolescentes que podrían tener que abandonar el colegio.
“Sabemos que lo sucedido con Valeria es muy grave. No queremos que se olvide, que se ignore el dolor de su familia o que dejen de investigarse los hechos”, expresan.
Los alumnos de décimo recuerdan además que solo les falta un año para graduarse y esperaban terminar el bachillerato en 2027 junto a sus compañeros.
La carta también expone el impacto emocional de estos meses y los señalamientos que, aseguran, han recibido por defender la continuidad del colegio. “Somos niños y jóvenes. También tenemos sentimientos, también necesitamos tranquilidad y también merecemos estabilidad emocional”, sostienen.
Cerca de 100 trabajadores también respaldan la petición
La solicitud también involucra a cerca de 100 trabajadores que, según la institución, dependen de su continuidad, entre profesores y personal administrativo, de cocina, mantenimiento, transporte y proveedores. “Muchos llevan años trabajando en Los Laureles. Sabemos que tienen familias, hijos y responsabilidades, y que para algunos este empleo representa el sustento de su hogar”, señala la carta.
Mientras avanza la controversia judicial, los estudiantes piden que las autoridades nacionales escuchen a la comunidad educativa. No solicitan detener la investigación por la muerte de Valeria ni desconocer eventuales responsabilidades. Su petición es que también se tenga en cuenta a quienes estudian y trabajan allí: “Queremos que nuestra voz tenga un lugar en las decisiones que afectan nuestro presente y nuestro futuro”.
