El Consejo de Estado ordenó al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que tome medidas para mejorar la seguridad en el Palacio de Justicia, el próximo 22 de febrero, fecha en la que se realizará una nueva sesión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se adelantará una nueva votación para elegir fiscal general.
La orden fue emitida en el marco de una demanda que admitió ese tribunal que pide protección de los derechos fundamentales y seguridad de las personas que trabajan al interior del Palacio de Justicia, debido a los hechos del asedio a ese edificio el pasado ocho de febrero.
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El demandante resalta que durante esa jornada de protestas, medios de comunicación reportaron que la vida de la personas al interior del palacio corría peligro, especialmente la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema.
“Muchos medios de comunicación se pronunciaron que corrían peligro la vida e integridad de las personas que se encontraban dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia, en especial la de los Magistrados”, cita el documento.
El magistrado ponente asegura que las manifestaciones del ocho de febrero fueron infiltradas por personas ajenas a los convocantes de dichas protestas y esta sería una de las razones por las que se registraron los hechos de violencia alrededor del Palacio de Justicia.
El @Consejodeestado le ordenó a la alcaldía de Bogotá ejecutar las acciones necesarias de seguridad en la nueva jornada de votación para elegir a fiscal General, la cual se llevará a cabo este jueves 22 de febrero.
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) February 20, 2024
Frente a esto, el consejo ordena al alcalde Carlos Fernando Galán que incremente el pie de fuerza y tome medidas como controles de tráfico en zonas cercanas al edificio en donde se adelantará la nueva votación de la Corte Suprema.
“Incluirán el reforzamiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia, y la consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre el tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior, para identificar y ejercer vigilancia sobre personas interesadas en infiltrar las marchas”, añade el auto de admisión.
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El accionante también solicitó que se suspendiera la votación hasta que no se brinden las garantías necesarias para que los magistrados tengan seguridad que permitan adelantar las sesiones de Sala Plena, pero el despacho rechazó esa petición.
Esto se suma a la petición del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, quien solicitó a la Policía que refuerce la seguridad para el próximo jueves e hizo el llamado de atención para que no se presione a los magistrados de la Sala Plena y permitir que se adelanten las votaciones.