POLÍTICA

La Procuraduría confirmó tres sanciones disciplinarias que inhabilitarían a Rodolfo Hernández para ser candidato a la Gobernación de Santander. El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá definir la próxima semana si revoca la candidatura del también excandidado presidencial. Las situaciones por las que el órgano de control ha investigado al exalcalde de Bucaramanga tienen relación con su comportamiento al no tratar con respeto a otras personas que, con ocasión al servicio, constituye falta disciplinaria.

Recientemente, el Ministerio Público expidió el certificado especial de antecedentes disciplinarios del actual candidato a la Gobernación de Santander, en el que señala que se encuentra inhabilitado para ejercer el cargo de Gobernador o cualquier otro cargo de elección popular, al tener un total de tres sanciones disciplinarias confirmadas. De esta manera, el Código Disciplinario indica que aquel funcionario que tenga tres sanciones confirmadas por el Ministerio Público en cinco años queda inhabilitado para ejercer como servidor por un periodo de tres años.

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“Rodolfo Hernández tiene tres sanciones en la Procuraduría. Sanciones que no son muy altas, por casualmente violar el respeto de su posición, que es expresarse de manera grosera frente a sus ciudadanos y electores”, dijo al respecto, durante una rueda de prensa, Margarita Cabello Blanco, procuradora general. Y añadió: “La decisión de Hernández es reciente y requería inicialmente, antes de que saliera el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional, una revisión del Consejo de Estado. La Corte fue enfática, quien no esté en cargo no tiene que ir a revisarse ante el Consejo de Estado, que estudia la garantía de los derechos políticos. Rodolfo Hernández hoy no es funcionario en ejercicio de sus cargos”.

Las sanciones contra Hernández

La primera sanción corresponde a 2018, cuando Hernández fue inhabilitado de su cargo por tres meses por la Procuraduría, después de golpear al concejal de la ciudad John Claro. Hernández golpeó al concejal en el cuello, porque este acusó a su hijo de favorecerse con presuntos contratos con la empresa de aseo Vitalogic, aseguró que se equivocó y cometió un error grave al reaccionar así. No obstante, comentó que “nunca he levantado la mano a nadie en mi vida, esto es un hecho puntual de alguien que ha tratado de hacerme sacar de casillas y lo logró”.

La segunda sanción llegó el 31 de mayo de este año, cuando la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 14 años a Hernández. Fue declarado disciplinariamente responsable por mover sus fichas en la Alcaldía de Bucaramanga en un proceso contractual de 2016. El proyecto buscaba la adquisición de tecnología de aseo para la capital santandereana y Hernández aprovechó su cargo para que su hijo, Luis Carlos Hernández, resultara beneficiado.

La Procuraduría comprobó que Hernández tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía (Vitalogic RSU), “no como un acto de cortesía para oír propuestas”, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado. En esa misma reunión se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la empresa fuera la seleccionada. Según el expediente, el hijo de Rodolfo Hernández, como intermediario, iba a obtener hasta US$100 millones si Vitalogic RSU quedaba seleccionada.

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Luego, el pasado 9 de agosto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría confirmó, en segunda instancia, una sanción contra el exalcalde Bucaramanga por maltrato verbal contra el veedor Fernando Martínez Arenas. Según la entidad, no hay duda sobre el irrespeto de las palabras usadas por el entonces alcalde Hernández al responder al reclamo de Martínez Arenas, quien cuestionaba al funcionario público por la poda de árboles que adelantaba la Empresa Municipal de Aseo en el Parque Solón Wilches, de la capital santandereana, en 2018.

Asimismo, el Ministerio ha probado que el exalcalde “adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras”. La Procuraduría lo sancionó por los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y de coacción.