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Corte Suprema abrió investigación formal contra David Racero

El representante David Racero enfrenta una investigación formal en la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de concusión. El congresista habría utilizado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo en su negocio personal y los habría obligado a realizar pagos con parte de su salario. Por estos hechos, el magistrado instructor José Fernando Reyes ordenó la práctica de pruebas.

La Corte cuenta con una serie de chats que evidencian el uso de funcionarios de la UTL en tareas ajenas a sus funciones, destinadas a servir intereses personales del congresista. De acuerdo con las pruebas, eran empleados para labores en un fruver de la familia, ubicado en el barrio Modelia.

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En paralelo, el Consejo de Estado lleva un proceso de pérdida de investidura por estos hechos. El pasado 6 de agosto el despacho del magistrado Freddy Ibarra Martínez citó a declarar a Jhon Leonardo García Lara, conductor de David Racero, quien, según unos audios filtrados, recibía órdenes sobre tareas ajenas a su función y relacionadas con el fruver La Cosecha del Campo, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La Corte también requirió a los operadores de telefonía celular Claro, Movistar, Tigo, ETB y Virgin que, en un plazo de tres días contados a partir de la recepción del oficio, remitan los registros de las celdas de llamadas entre el congresista y Jhon Leonardo García entre 2020 y 2022, con el fin de esclarecer la naturaleza de la relación laboral entre el conductor y el representante.

El despacho del consejero Ibarra descartó como prueba los mensajes y llamadas de WhatsApp, al considerar que la aplicación utiliza un «cifrado de extremo a extremo que impide que los operadores accedan a las comunicaciones«, razón por la cual el requerimiento «es abiertamente improcedente».

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También solicitó a la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) y al Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación(CTI) un informe técnico elaborado por peritos informáticos para establecer la veracidad de los chats filtrados en medios de comunicación. En estas conversaciones el representante le ordenaba a su subalterno hacer las compras del surtido y diligencias relacionadas con el pago a proveedores.

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Oposición rechazó invitación del presidente Gustavo Petro a reunión para discutir el proyecto de presupuesto para 2026

POLÍTICA, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

En la agenda de este miércoles de la Casa de Nariño se anunció que habrá una reunión de trabajo del presidente Gustavo Petro con los ponentes de las Comisiones económicas del Senado y Cámara para hablar del proyecto de presupuesto de 2026. La propuesta viene con polémica, pues está desfinanciada en 26 billones y debería aprobarse una reforma tributaria para cubrir el déficit. Una posibilidad que varios sectores rechazan.

Ante ese panorama que tiene la propuesta, los principales partidos de oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, anunciaron que no se presentarán al encuentro que se celebrará en la mañana de este miércoles.

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El Centro Democrático justificó su ausencia ante la falta de acciones del gobierno para tratar de cubrir el déficit de recursos sin tener que recurrir al cobro de más impuestos. “No hay ningún esfuerzo creíble por parte del Ejecutivo para corregir el rumbo; por el contrario, creció la burocracia en un 40% y el costo burocrático en 50%”, expresó la colectividad uribista en un comunicado.

En ese mismo mensaje, el partido de oposición señaló que durante los tres años del gobierno de Gustavo Petro han asistido a las convocatorias que ha hecho el Ejecutivo y esto, según la colectividad, no se ha traducido en verdadero diálogo.

“Esas reuniones solo han servido como vitrinas para que el Gobierno presuma una voluntad de diálogo que en la práctica no existe. Nada de lo que se ha planteado en esos espacios ha sido escuchado, mucho menos tenido en cuenta”, señaló el uribismo.

En esa línea expresaron: “No le encontramos ningún sentido a asistir a la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro para discutir el proyecto de ley del presupuesto”. A renglón seguido apuntaron que el escenario natural de la discusión debe ser el Congreso: “El debate se debe hacer de cara al país, con transparencia, cifras claras y responsabilidad técnica y política”.

Bajo esa misma senda se pronunciaron los miembros de Cambio Radical. “Cambio Radical no asistirá a la reunión en Casa de Nariño sobre el Presupuesto 2026. El presupuesto presentado por el Gobierno está desfinanciado, atado a una reforma tributaria inexistente y privilegia la burocracia sobre la inversión social”, señaló la colectividad.

También expresaron que el escenario de las discusiones debe ser el Congreso: “Reiteramos que el escenario idóneo para un debate serio y técnico sobre el Presupuesto son las sesiones conjuntas de las Comisiones Terceras y cuartas de Senado y Cámara, no reuniones políticas en Palacio”.

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Con la decisión de ambas colectividades, la lista de asistentes no variaría tanto por el lado de Cámara, pues allí fueron designados, en su mayoría, cercanos al gobierno como ponentes. De los pocos ponentes de Cámara que no irían serían los representantes del Centro Democrático, Christian Garcés, Holmes Echevarría, Yenica Sugein Acosta, Carlos Edward Osorio; y los de Cambio Radical, Bayardo Betancourt, Modesto Aguilera y Mauricio Parodi. Son seis de 38 ponentes de la Cámara.

Por los lados de Senado, las ausencias serían de los senadores de Cambio Radical Carlos Mario Farelo Daza, Carlos Julio González Villa y Carlos Abraham Jiménez; y del Centro Democrático Ciro Ramírez y Carlos Meisel. Son cinco de 20 ponentes.

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Clara López anunció que será precandidata presidencial

POLÍTICA, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

La senadora y exalcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, anunció oficialmente su candidatura presidencial, se presenta como una opción dentro del sector de izquierda y prometiendo defender los avances del gobierno del presidente Gustavo Petro. En entrevista con Mañanas Blu, la dirigente política confirmó que competirá bajo el movimiento Unitarios, con miras a consolidar un gran frente progresista.

“Yo tengo un muy buen balance del gobierno de Gustavo Petro. Me parece que le cambió el imaginario al país”, afirmó López, tras destacar que el actual mandatario instaló en la agenda pública temas como la equidad social, la inclusión y la reforma estructural de la Constitución de 1991.

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Aunque forma parte del Senado en representación del Pacto Histórico, López aclaró que no participará en la consulta interna de esa coalición prevista para octubre. Según explicó, esto se debe a que no todos los partidos que respaldaron a Petro fueron incluidos en la estructura del nuevo partido.

“No voy a participar en la consulta de octubre del Pacto Histórico porque no entramos todos los partidos de la coalición”, indicó. En cambio, su movimiento Unitarios buscará sumarse a una consulta interpartidista en marzo, con el objetivo de construir una candidatura única de toda la izquierda y la socialdemocracia colombiana.

La exministra precisó que espera unir fuerzas con sectores del progresismo, entre ellos el liberalismo progresista y los verdes, para consolidar el proyecto de un Frente Amplio. “Eso sí, para una candidatura tan importante que represente a toda la izquierda y la socialdemocracia colombiana, todo el progresismo, eso tiene que ser en una consulta abierta”, subrayó.

La aspirante presidencial recalcó que su campaña estará centrada en defender los logros alcanzados por el gobierno de Petro y en dar continuidad a su agenda social. Para López, el actual Gobierno ha marcado un “viraje hacia lo social”, un cambio que considera indispensable para garantizar cohesión y estabilidad democrática.

“Viraje hacia lo social, viraje hacia la inclusión, viraje a impedir que siga concentrándose la desigualdad en nuestro país”, afirmó tras señalar que ese será uno de los ejes de su propuesta.

Entre los avances concretos que destacó se encuentran la reforma agraria en curso, el impulso a la soberanía alimentaria y la entrega de 600 mil hectáreas de tierra a campesinos. Según la senadora, estas medidas deben complementarse con políticas de crédito, infraestructura y cadenas de valor que permitan transformar al campo colombiano en motor de desarrollo.

Además de la política agraria, López hizo énfasis en otras reformas impulsadas por Petro que considera cruciales para el país. En particular, mencionó la reforma laboral y la reforma pensional, esta última aún pendiente de consolidarse en la Corte Constitucional.

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“Yo tengo que reclamar la importancia de la reforma laboral y esperar que la reforma a las pensiones se consolide… son virajes hacia lo social fundamentales”, puntualizó, al tiempo que cuestionó la narrativa de sectores opositores que califican estas transformaciones como “socialismo o comunismo”.

Para López, estas políticas responden a necesidades propias de cualquier sociedad moderna y se encuentran incluso en la agenda de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

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Registraduría admite comité que impulsa referendo para derogar el acuerdo de paz

POLÍTICA, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

A través de la resolución 9509 de 2025, la Registraduría admitió la inscripción de un comité ciudadano que pretende convocar un referendo derogatorio del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno Nacional y las Farc, al igual que de la ley de “Paz Total”.

El referendo constitucional derogatorio se denomina: «Referendo derogatorio del «Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera» y de la «Paz Total».

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Este es impulsado por los ciudadanos Julián Alberto Rocha Aristizábal y Carlos Daniel Jiménez Zambrano. Rocha ya había presentado una demanda ante el Consejo de Estado contra el reconocimiento al sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural de la Nación, en junio de 2024.

En este caso, los integrantes del comité señalan lo siguiente: «Con el corazón dolido pero la esperanza intacta, pedimos que se nos devuelva la voz que nos arrebataron el 2 de octubre de 2016. Ese día dijimos NO a un acuerdo mal hecho, pero nos impusieron un Sl. Hoy los hechos nos dieron la razón: disidencias armadas, niños reclutados, territorios en guerra, población desplazada masivamente y una paz que nunca llegó. Los jefes de las FARC tienen curules, no condenas. No pedimos venganza, pedimos dignidad. Es hora de derogar ese acuerdo fallido y construir una paz real, con justicia y verdad. Por nuestros hijos. Por nuestras víctimas. Por Colombia».

Una vez que el proyecto de referendo se inscribe ante el Registrador Nacional, la organización electoral dará un plazo de seis meses para la recolección de las firmas que lo respalden. Se requiere presentar formularios con firmas de respaldo equivalentes al 5 por ciento del censo electoral.

La decisión que adopta el pueblo mediante el referendo es obligatoria siempre y cuando haya participado al menos una cuarta parte (el 25 por ciento) de los ciudadanos que componen el censo electoral.

El artículo 39 de la Ley 134 de 1994 señala que la votación de un referendo no podrá coincidir con ningún otro acto electoral.

Noruega fue uno de los países garantes que acompañaron la negociación que el Gobierno colombiano y las Farc hicieron en La Habana y que concluyó con la firma, el 24 de noviembre del 2016, del acuerdo del Teatro Colón.

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Tras ocho años de implementación y más de 88 billones invertidos, el acuerdo de paz no ha logrado cambios estructurales en el país. Así lo indica la Contraloría General en su más reciente balance sobre el cumplimiento de los compromisos acordados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana. Su bajo cumplimiento también se evidencia en el deterioro de la seguridad en varias regiones del país y en la crítica situación en que viven los excombatientes que habitan los Espacios de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Al complejo panorama de orden público para las comunidades y para los firmantes, hay que sumarle los enormes rezagos en la reforma rural integral, el aumento del área sembrada con coca en el país que pasó de 146.000 hectáreas en 2016 a 253.000 en 2023 y la demora en la imposición de sanciones para los máximos responsables de graves delitos durante el conflicto.

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Tres aspirantes a la presidencia se realizaron exámenes toxicológicos como ‘requisito’ previo a inscribirse a las elecciones

POLÍTICA, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

Los precandidatos presidenciales de los gobernadores se hicieron un examen toxicológico como «requisito» previo a inscribirse a las elecciones presidenciales. Se trata de los exmandatarios departamentales Juan Guillermo Zuluaga (exgobernador de Meta), Héctor Olimpo Espinosa (exgobernador de Sucre) y el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Los precandidatos se citaron en un laboratorio durante la mañana de este martes para hacerse un examen de procesamiento de panel de drogas como marihuana, cocaína, anfetaminas y un panel de alcohol.

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Los resultados de los tres aspirantes a la presidencia fueron negativos. «Cuando se conformó esta alianza, dijimos que previo a la inscripción íbamos a presentar un examen de toxicología. Porque quien aspire a manejar la suerte de 52 millones de colombianos debe estar con los cinco sentidos. Y aquí estamos cumpliendo nuestra palabra», dijo Zuluaga.

Por su parte, el exgobernador de Sucre dijo: «Cuando tú te estás preparando para gobernar la tercera nación más desigual del planeta, una de las más violentas del mundo que amenaza con volver a la violencia de la década de los 90 con enorme brecha de desigualdad regional, tienes que tener la mente clara, no puedes gobernar ni borracho, ni trabado».

Los tres precandidatos hacen parte del grupo de tres exgobernadores y un exalcalde que inscribió sus candidaturas a la Presidencia de Colombia: la coalición ‘La Fuerza de las Regiones’. Cuatro precandidaturas que tienen el apoyo de 40 ex mandatarios regionales que alzan su voz porque «no quieren más de lo mismo».

“Este es un ‘reality’ entre cuatro personas que cuentan con el apoyo de sus regiones que le grita a este gobierno que estamos cansados de su indolencia, de su corrupción, de sus mentiras, del caos y el miedo en el que tiene sumido a este país», dijo Zuluaga

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Esta coalición nació durante la cumbre de exmandatarios departamentales y locales, realizada en abril, en donde informaron su intención de unirse a la carrera presidencial.

«Se solicitó a estos tres exgobernadores que avanzaran en la búsqueda de mecanismos para unificar este deseo desde las regiones de Colombia, de la mano de los exalcaldes de ciudades capitales del mismo periodo, así como con los diferentes sectores políticos, empresariales, gremiales y ciudadanos del país», se lee en el comunicado emitido al término de la reunión en Cali, donde la anfitriona fue Clara Luz Roldán, exgobernadora del Valle del Cauca.

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Luis Carlos Galán, 36 años después: entre homenajes, silencios oficiales y juicios inconclusos

BOGOTÁ, Colombia, CULTURA, DESTACADOS, FOTOGRAFÍA, GENERALES, JUDICIAL, OPINIÓN, Opinión, POLÍTICA / Juan David Peña

El 18 de agosto de 1989, en la plaza central de Soacha, la política colombiana sufrió uno de los golpes más devastadores de su historia: el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial del Partido Liberal y símbolo de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Hoy se cumplen 36 años de ese magnicidio, y como cada año, familiares, ciudadanos y autoridades locales se congregaron en el mismo lugar donde ocurrió el atentado para rendir homenaje a su memoria. La jornada estuvo marcada por el recuerdo, la indignación y la persistente exigencia de justicia.

A pesar de la relevancia de la fecha, el Gobierno Nacional no organizó actos oficiales a través de la Secretaría de Transparencia, como lo ordena la Ley que instituyó esta conmemoración. El artículo 2 de dicha norma establece que cada 18 de agosto debe impulsarse una campaña nacional para recordar el legado de Galán. La ausencia de este compromiso ha generado críticas y ha sido percibida como un olvido institucional frente a un crimen que cambió el rumbo del país.

En el terreno judicial, el caso aún genera noticias. El pasado martes 12 de agosto comenzó el juicio contra los generales en retiro Óscar Peláez Carmona y Argemiro Serna Arias, junto con el exagente del DAS, Héctor Ernesto Muñoz. La Fiscalía sostiene que estos exfuncionarios estatales participaron en la planeación del asesinato en alianza con el Cartel de Medellín, lo que confirma la tesis de una articulación entre el narcotráfico y sectores del Estado.

El Consejo de Estado ya había declarado en 2016 que el magnicidio de Galán constituía un crimen de Estado, lo que obligó a revisar responsabilidades institucionales. Sin embargo, a 36 años del atentado, los procesos judiciales avanzan lentamente, mientras los familiares y seguidores del líder asesinado continúan reclamando verdad, justicia y garantías de no repetición.

Luis Carlos Galán sigue vivo en el imaginario de los colombianos como un hombre que encarnó valores éticos, disciplina y visión de país. Su ausencia sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la democracia frente al poder del narcotráfico y la corrupción. Hoy, más que nunca, su legado interpela a las nuevas generaciones sobre la necesidad de construir un país libre de violencia y de complicidades oscuras.

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Petro apunta en todas direcciones: ELN, disidencias y narcos de Dubái en la mira por el magnicidio de Miguel Uribe

BOGOTÁ, DESTACADOS, FOTOGRAFÍA, JUDICIAL, OPINIÓN, Opinión, POLÍTICA / Juan David Peña

El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay mantiene en máxima tensión a las instituciones colombianas. A pesar de que la Fiscalía aún no ha revelado de manera oficial una hipótesis única sobre los determinadores del crimen, el presidente Gustavo Petro ha planteado públicamente varios posibles responsables, generando controversia dentro y fuera del país.

En distintos escenarios, el jefe de Estado ha sugerido la participación de la guerrilla del ELN, de la Segunda Marquetalia, de la facción comandada por Iván Mordisco y hasta de una supuesta “junta del narcotráfico” con sede en Dubái. Este último señalamiento, poco sustentado hasta el momento, ha despertado la atención internacional al vincular estructuras criminales transnacionales con la política colombiana.

El caso, catalogado oficialmente como magnicidio, suma ya seis capturados. Entre ellos se encuentra el adolescente que disparó contra Uribe durante un acto de campaña, confesando que le ofrecieron 20 millones de pesos por el atentado. Otro de los nombres clave es alias El Costeño, señalado de articular la logística del ataque, presuntamente bajo órdenes de mandos medios de la Segunda Marquetalia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha confirmado que se activó una junta de inteligencia conjunta con participación de agencias internacionales, con el objetivo de rastrear redes financieras y vínculos globales. Según sus palabras, “el crimen tiende a ser transnacional” y podría involucrar intereses de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Las autoridades, además, indagan la posible omisión o complicidad de miembros de la fuerza pública, una línea que hoy investiga la justicia penal militar. La opinión pública recuerda que el asesinato de Uribe Turbay no solo fue un ataque contra una persona, sino contra un proyecto político y la estabilidad institucional de la nación.

Colombia revive así fantasmas del pasado: la violencia política que marcó las décadas anteriores vuelve a irrumpir en pleno 2025. Mientras la Fiscalía avanza, el presidente Petro insiste en que el crimen responde a un entramado criminal que sobrepasa fronteras y que busca desestabilizar al país en un momento crítico de su historia.

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Presidente Gustavo Petro se reunió con delegación de los Estados Unidos

POLÍTICA, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

Este viernes, el presidente Gustavo Petro se reunió con la delegación de congresistas de los Estados Unidos. La representación está liderada por el senador republicano Bernie Moreno y el senador demócrata Rubén Gallego, ambos de origen colombiano.

El encuentro, que comenzó hacia las 12 del día y se extendió hasta las 2:30 de la tarde, giró sobre el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales. En ese sentido se habló sobre tres temas estratégicos.

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El primero fue fortalecer el crecimiento económico mutuamente beneficioso a través del aumento del comercio y la inversión. El segundo punto del diálogo fue impulsar esfuerzos bilaterales en materia de seguridad. Y el último punto a tratar fue el de lograr acciones conjuntas para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.

Tras el extenso encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló con medios y aseguró que «fue una reunión demasiado bacana y espléndida. Fue muy constructivo lo que se hizo hoy con los senadores estadounidenses«.

El ministro también hizo un balance de los temas tratados. «Se habló de la migración, de la inteligencia para combatir el narcotráfico, los grupos narcotraficantes, algo con Venezuela. Fueron varios temas, pero todos en el mejor tono y de forma constructiva», declaró.

Benedetti aseguró que no podía dar mayores detalles sobre los temas tratados pero que en todos los puntos hubo un buen tono.

En esa misma línea de buen tono del encuentro dijo: “Hay que borrar lo que sucedió en el pasado y queda el libro abierto en beneficio de todos”. A esto añadió: «no hay que mirar para atrás, sino que hay que abrir una nueva etapa».

Frente al tema de violencia política, que era una de las preocupaciones de la delegación estadounidense, el ministro del Interior contó que se mostraron cifras que demostrarían que han bajado las cifras. «Se les mostró cómo ha sucedido eso», dijo Benedetti, que reiteró que se cuentan con todas las garantías para las elecciones de 2026.

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También hubo espacio para el tema comercial, según el funcionario: «Hablamos de la seguridad de los carros para el tema de importaciones y la compra de café a Colombia por lo que está pasando con Brasil«. Se reafirmó la importancia de ambos países como socios comerciales.

En cuanto a una posible descertificación, Benedetti recordó que este no era un tema que se dialogaba propiamente con los congresistas, pero aclaró que estos podrían ayudar para que el gobierno de Donald Trump no aplique esta medida.

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Más de 5 millones de colombianos en el exterior podrían quedarse sin votar si no inscriben su cédula antes del 8 de enero

Colombia, Comercio, DESTACADOS, GENERALES, INTERNACIONAL, POLÍTICA / Alex Beltran

La baja participación de los colombianos que residen fuera del país en las elecciones legislativas sigue siendo un reto. En los últimos comicios, menos del 10 % de este electorado ejerció su derecho al voto, principalmente por no haber inscrito su cédula en los consulados correspondientes.

Ante esta situación, el movimiento Colombia Sin Fronteras y su vocero, el líder social Omar Feijoo Garzón, están impulsando una campaña para que los más de cinco millones de connacionales en el exterior se registren antes del 8 de enero de 2026, fecha límite fijada por la Registraduría Nacional.

“Invito a todos los colombianos, sin importar su situación migratoria, a acercarse al consulado más cercano para inscribir su cédula y poder participar en las elecciones de Cámara y Senado”, señaló Feijoo, quien ha liderado proyectos sociales y culturales desde Madrid por más de una década.

Según datos de la Registraduría, por primera vez más de un millón de colombianos en el exterior están habilitados para votar, con 247 puestos instalados en 67 países. Sin embargo, quienes han cambiado de lugar de residencia deberán realizar nuevamente el trámite para poder sufragar.

Las jornadas de orientación ya se han multiplicado en ciudades como París, Berlín, Ciudad de México, Nueva York, Santiago de Chile entre otras. El objetivo: que el voto en el exterior se convierta en una voz efectiva para lograr una representación real en el Congreso.

“El voto es su voz, y juntos podemos construir un país mejor desde cualquier parte del mundo”, enfatizó Feijoo quien aspira a ser el Representante de los Colombianos en el Exterior desde el Congreso de la República.

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Juliana Guerrero, nueva viceministra de la Juventud

POLÍTICA, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

Con la publicación de su hoja de vida en el portal de aspirantes de la Presidencia, se confirmó que Juliana Guerrero, de 23 años, asumirá como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad, ahora liderado por Juan Carlos Florián.

Hasta ahora, se desempeñaba como jefe de despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti, y reemplazará a Pablo Mateo Zabala Vargas, quien había llegado al cargo tras la salida de Gareth Sella. Guerrero recibirá la responsabilidad de liderar uno de los programas emblemáticos del Gobierno: Jóvenes en Paz.

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La experiencia de Juliana Andrea Guerrero Jiménez como exasesora del Ministerio del Interior, se ha construido en entidades estratégicas del Gobierno nacional, aunque la mayor parte de su labor pública se concentra en los últimos dos años.

Guerrero, originaria de Codazzi, accedió a círculos de poder gubernamental a través de la campaña de Gustavo Petro en el departamento del Cesar, donde inició su carrera como parte del equipo logístico.

Su trayectoria incluyó un paso por la Secretaría de Transparencia, la coordinación de políticas territoriales y el acceso a contratos con la Universidad Industrial de Santander por montos de $ 3.000.000 cada uno.

Al mismo tiempo, coordinó temas de paz en el Consejo Comunitario de Condoto antes de su nombramiento en el Ministerio del Interior.

Su nombre ya había estado en la agenda pública luego de que la revista Cambio revelara presuntas irregularidades en el uso de aeronaves oficiales. Según la publicación, Guerrero habría utilizado un avión de la Policía Nacional para viajar a Valledupar, bajo el argumento de una misión de seguridad, y posteriormente un helicóptero para desplazarse hasta Aguachica, Cesar.

El motivo del viaje, de acuerdo con esa investigación, fue asistir a una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) con el propósito de modificar estatutos y facilitar la reelección del rector Rober Romero, lo que sería un asunto de carácter político.

Estos hechos están actualmente bajo indagación por parte de la Procuraduría y la Contraloría.

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La llegada de Guerrero a posiciones de alto nivel ha estado vinculada a figuras como René Hernández, gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico en Cesar, y su hermana Verónica Guerrero, quien también fue contratada en Colombia Compra Eficiente. El entonces director Stalin Ballesteros presentó la hoja de vida de Juliana para ocupar cargos en la Secretaría de Transparencia, facilitando su inserción en la administración de Petro.

El Ministerio de la Igualdad, cartera liderada ahora por Juan Carlos Florián, enfrenta así la expectativa por la gestión de Guerrero en uno de los proyectos sociales más ambiciosos del Ejecutivo, mientras permanece la vigilancia institucional sobre su actuación y el impacto de su liderazgo en el rumbo de las políticas para la juventud colombiana.

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