POLÍTICA -

Cámara de Representantes aprobó con 74 votos el presupuesto del 2026

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles el proyecto de presupuesto para la vigencia del 2026. Fue una votación de 74 votos a favor de la propuesta y 24 en contra. La propuesta tuvo varias polémicas debido a algunos recortes a entidades como la Defensoría del Pueblo y mayor presupuesto para la Presidencia.

Fue un debate extenso en Cámara, más de 11 horas. Parte de la demora fue debido a que se tuvo que suspender por cerca de cinco horas debido a que el Ministerio de Hacienda no presentó el presupuesto regionalizado. Solo hasta que se presentó el desglose de las cifras, se reanudó la discusión en dicha corporación.

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Durante el debate de la propuesta se prendieron las alarmas ante la reducción del presupuesto para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Se intentó corregir este tema con una proposición, pero fue rechazada por la plenaria. También hubo polémica por el aumento del presupuesto de la Presidencia en pleno año electoral.

A pesar de esos puntos álgidos, el gobierno de Gustavo Petro logró conseguir las mayorías de Cámara, algo que no le ha sido difícil en estos tres años de gobierno. De esta forma, 74 aprobaron el proyecto y 24 lo negaron. Aunque las cuentas fueron ajustadas, lograron el quórum mínimo para que la decisión fuera vinculante.

Por su parte, aunque en Senado estaban llevando a cabo el debate de forma paralela, allí tuvieron que suspender ante la ruptura del quórum liderada por la oposición. Estos, como explicó el senador Carlos Meisel a la salida, le apostarán a no aprobar el presupuesto para que el gobierno Petro tenga que acoger lo ya aprobado por las comisiones económicas.

En Senado hubo mayor eco a las molestias por cuenta de las modificaciones en esta segunda ponencia para disminuir los dineros de la Defensoría del pueblo y aumentar los de la Presidencia.

La senadora Angélica Lozano, Alianza Verde, fue una de las primeras en alertar frente a los cambios que llevaron a la ruptura del quórum. “Estas son las modificaciones en el presupuesto que se vota hoy. 23 entidades recibirán más. ¿Cuáles menos?”, cuestionó Lozano, que al mismo tiempo apuntó que hay un aumento de 289.000 millones entre la primera y la segunda ponencia en el presupuesto de la Presidencia. “Raro, en campaña y ley de garantías. ¿Para qué se destinará?”, cuestionó.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, fue otro de los que expuso su preocupación por los cambios en el presupuesto. “Eso es para seguir haciendo politiquería: eventos masivos con el presupuesto de los colombianos y que no generan ningún impacto a las comunidades”, dijo Motoa frente al incremento en el presupuesto del Dapre para el próximo año.

Por otro lado, el senador Motoa cuestionó la reducción la reducción en los Ministerios de Agricultura y Vivienda. “En Agricultura se disminuye un 24% comparado con la vigencia actual y eso afecta a los campesinos que el Presidente dice apoyar constantemente”, dijo el senador vallecaucano.

Por otro lado, la defensora del Pueblo, Iris Marín, prendió las alarmas por el recorte que sufrió la entidad que lidera. “La ponencia recorta aún más el presupuesto de Defensoría del Pueblo para el próximo año”, señaló Marín.

A esto añadió: “De aprobarse el presupuesto como se propone en la ponencia, la Defensoría tendrá en el año 2026 el 47,3% menos del presupuesto de inversión que tuvo en 2024. Esto impactará severamente nuestra misionalidad y, particularmente, nuestro despliegue en el territorio”.

En ese sentido, Marín alertó que el recorte es de 5 por ciento frente a 2025 y apuntó que el tema es mayor en temas de inversión. “El recorte más fuerte es en el presupuesto de inversión: 30% menos en 2026, respecto del presupuesto de inversión de 2025”, declaró a Defensora, que agregó: “este recorte representa $151.222 millones de pesos menos de lo que la Defensoría del Pueblo había solicitado para garantizar adecuadamente su trabajo el próximo año. Esto es 11,2% menos del presupuesto solicitado por nuestra entidad”.

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Por otro lado, la defensora del Pueblo, Iris Marín, prendió las alarmas por el recorte que sufrió la entidad que lidera. “La ponencia recorta aún más el presupuesto de Defensoría del Pueblo para el próximo año”, señaló Marín.

La defensora concluyó su alerta señalando que el recorte llega justo cuando las Naciones Unidas y otros entes de índole humanitaria está recortando su presencia en el país. “Con la reducción de la capacidad misional de la Defensoría, la presencia y acompañamiento humanitario seguirá disminuyendo en todo el país, incluyendo en las zonas más afectadas por la violencia, en un año electoral, con serios riesgos para las poblaciones”, concluyó.

Vale recordar las diferencias que ha tenido en los últimos meses la Defensoría del Pueblo y el gobierno de Gustavo Petro. Hace tan solo una semana se presentó el choque más reciente debido al mapa de alerta electoral. Mientras que el Ejecutivo aseguró que hay 104 municipios en alerta, EL Ministerio Público apuntó a que serían más de 600, aunque con distintas categorizaciones de riesgo.

Atención 🚨 Ha sido aprobado el presupuesto general de la nación para la vigencia 2026 con la siguiente votación:

74 votos por el Sí ✅
24 votos por el No ❌

Reviva todos los detalle aquí 👇.https://t.co/p0IjSfSVRb pic.twitter.com/5jKBEba2aB
— Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) October 16, 2025

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¿Podrá Daniel Quintero aspirar a la presidencia en 2026?

POLÍTICA, DESTACADOS / Jonathan Davis

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió en entrevista con Blu Radio que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quedaría inhabilitado para participar en las elecciones presidenciales de 2026, pese a su reciente retiro de la consulta interna del Pacto Histórico.

Según Barrios, el hecho de haberse inscrito oficialmente como precandidato presidencial dentro de una consulta avalada por tres organizaciones políticas —el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano— genera consecuencias jurídicas que no se disuelven con su renuncia.

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“De acuerdo con la Ley 1475, él no podría ser candidato a la Presidencia en 2026. Sin embargo, es una decisión definitiva que toma la autoridad electoral. Pero si la autoridad electoral se remite a la ley, él ya es precandidato de una consulta, así se retire, y ese resultado es de obligatorio cumplimiento para él y no podrá inscribirse por ninguna otra organización política”, explicó la directora de la MOE en la entrevista.

El eje de la discusión gira en torno al artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que establece la obligatoriedad de los resultados de las consultas internas de los partidos políticos. Dicho artículo indica que quienes se inscriban y participen como precandidatos deben acatar los resultados de esas consultas, independientemente de si permanecen en la contienda o deciden retirarse.

Barrios subrayó que este marco legal busca garantizar la seriedad de los procesos internos de los partidos y evitar que los aspirantes usen las consultas como estrategias coyunturales.

“Lo que pide la ley y lo que busca es que haya seriedad y respeto por los resultados. Usted no puede participar en una consulta y luego decir que se va a otro partido porque perdió o porque se retiró. Eso no pasa. La ley le exige que respete el resultado y no puede inscribirse por otra organización política”, puntualizó Barrios.

En este caso, la consulta del Pacto Histórico —programada para finales de octubre— fue registrada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con los nombres de tres precandidatos: Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. Aunque Quintero anunció públicamente su retiro, la MOE recordó que las inscripciones ya estaban en firme cuando se imprimieron los tarjetones electorales y se definieron las mesas de votación.

Barrios aclaró durante la entrevista que el proceso administrativo de la consulta ya se encontraba cerrado antes del anuncio de Quintero.

“Esa inscripción ya había quedado en firme. Se hicieron reuniones para aprobar las tarjetas electorales, definir los puestos y las mesas de votación. Todo estaba listo para seguir adelante. Legítimamente un candidato puede retirarse, pero eso no significa que no tenga que cumplir con las reglas de la consulta”, sostuvo la directora de la MOE.

En otras palabras, aunque el exalcalde haya notificado su retiro, su nombre seguirá apareciendo en los tarjetones, y el resultado de esa votación será vinculante dentro del marco legal. Esto, según la experta, limita su posibilidad de competir en futuras consultas o elecciones presidenciales bajo otro aval o mediante firmas ciudadanas.

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“Él puede decidir recoger firmas, pero esa recolección no le serviría para mucho, porque debe aceptar el resultado de la consulta. No podría ser candidato, ni apoyar una candidatura diferente a la que se presente en esta consulta”, agregó Barrios.

Durante la conversación, se le consultó a la directora de la MOE sobre la validez del aval que respalda la consulta del Pacto Histórico, teniendo en cuenta que esa coalición perdió su personería jurídica temporal. Barrios precisó que el proceso fue respaldado por tres partidos con personería vigente, lo que da plena validez al procedimiento.

“Tres organizaciones políticas —el Polo, la UP y el Partido Comunista— inscribieron a los tres precandidatos bajo la sombrilla del Pacto Histórico. Aunque esa coalición tuvo una personería jurídica momentánea, las organizaciones que la respaldan sí la mantienen”, explicó la experta.

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Centro Democrático ya tiene fecha para anunciar su candidato

POLÍTICA, DESTACADOS / Jonathan Davis

El Centro Democrático escogió el 28 de noviembre como la fecha en la que dará a conocer quién llevará sus banderas para las elecciones de 2026. Hasta el momento, se espera que se defina entre los cinco precandidatos a través de una encuesta.

La decisión se conoció este martes, después de un encuentro entre los aspirantes a la Presidencia: las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, así como el senador Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Se trata de una movida que dará tiempo, además, para la inscripción de candidatos al Senado.

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El mecanismo escogido para seleccionar un candidato sería una encuesta, contratada con una firma internacional. Aunque Valencia, Holguín, Cabal y Guerra han respaldado esta decisión, Uribe Londoño ha dicho que no ha habido diálogos a fondo sobre la metodología ni la firma. Se ha planteado incluso que sea por votación entre los precandidatos que se escoja una forma de selección.

Lo cierto es que, en caso de que no se tome una decisión conjunta, será el mismo Uribe Vélez—quien tiene una condena de 12 años en contra por fraude procesal y soborno en actuación penal pendiente de que se defina en segunda instancia— el que tome la decisión. Así lo ratifican los estatutos del partido, que le otorgan esa potestad al máximo jefe de la colectividad.

Entre lo que se anunció este martes también estuvo una reunión entre el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y el expresidente César Gaviria, la cabeza del Partido Liberal, con otros jefes de partidos. Desde hace algunas semanas se ha conocido de los acercamientos entre los partidos tradicionales y la oposición para consolidar lo que sería un bloque antipetrista para los comicios del próximo año.

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“Nosotros lo que hemos dicho, y lo hemos dicho con claridad a los colombianos, es que aquí se requiere un gran acuerdo democrático con diferentes sectores del país (…). Aquí se requiere un gran frente social y popular para enfrentar el gobierno neocomunista que no vamos a tener la más mínima duda de que hará todo lo posible para afectar las elecciones del año entrante”, respondió Vallejo ante la pregunta sobre la posibilidad de que ese candidato seleccionado participe en una consulta interpartidista.

El partido Centro Democrático anunciará su candidato presidencial el 28 de noviembre de 2025. @BluRadioCo @RevistaSemana @lafm @elcolombiano @ELTIEMPO @NoticiasRCN @infobaecolombia @Canal1_Col @NoticiasCaracol @CaracolRadio
— Centro Democrático (@CeDemocratico) October 14, 2025

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Daniel Quintero anuncia que se retira de la consulta del Pacto Histórico

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En la madrugada de este miércoles, Daniel Quintero anunció que se baja de la consulta presidencial del Pacto Histórico, que se realizará el 26 de octubre. Aseveró que se retira debido al riesgo jurídico que existe en ella al confirmarse que será de carácter interpartidista.

Quintero usó el mismo concepto de la Misión de Observación Electoral (MOE) que el 26 de septiembre desconoció cuando el Pacto Histórico había anunciado que no haría consulta presidencial y este insistió en la convocatoria a las urnas por la orden del presidente Gustavo Petro.

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«Después de consultar a nuestro presidente la decisión es solo una: la Consulta Presidencial va. El ‘bolígrafo’ nunca más. La democracia requiere valor. Los que tengan miedo a perder que no se inscriban», dijo Quintero en un trino del 26 de septiembre.

En esa ocasión, el futuro partido de izquierda aseguró, fundamentado en dicho documento de la veeduría, que un posible carácter interpartidista de la consulta obligaría al elegido a ir hasta la primera vuelta presidencial, limitando una posible participación en una consulta en marzo.

“Si la consulta se interpreta como selección de candidato presidencial, el resultado tendría carácter obligatorio según el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011. En este caso, la persona ganadora no podría participar después en otra consulta interpartidista, porque ello configuraría doble militancia o incumplimiento de una decisión popular obligatoria”, dice el concepto en cuestión.

En un primer momento, Quintero desconoció el argumento esgrimido por el consejo político del partido en formación e insistió en la consulta. No obstante, ahora esgrime dicho documento para retirarse. Esto luego de que el CNE prohibiera que fueran los logos del Pacto Histórico del tarjetón y señalara que debían ir los símbolos de los partidos que avalan a los precandidatos: UP, Polo Democrático y Partido Comunista.

«El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma», dijo Quintero tras la decisión del tribunal electoral.

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No obstante, desde hace varios días se conocía que iba a ser una consulta de carácter interpartidista e incluso la propia Registraduría confirmó que a pesar de la revocatoria de la personería inmediata del Pacto Histórico se podía continuar con el llamado a las urnas debido a que Daniel Quintero, Carolina corcho e Iván Cepeda tenían los avales de los partidos que pidieron la fusión del Pacto Histórico.

Sin embargo, al confirmarse la decisión del CNE, Quintero echó un «reversazo» y ahora asegura que no irá a la consulta del Pacto. Este anuncia llega justo un día después de conocerse las denuncias periodísticas contra su hermano, Miguel Quintero, sobre posible intervención irregular en contratos.

El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma. pic.twitter.com/POvU5MZLrL
— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 15, 2025

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Centro Democrático avanza para la elección de su candidato

POLÍTICA, DESTACADOS / Jonathan Davis

El Centro Democrático busca acelerar las conversaciones internas para finalizar su estrategia para las elecciones de 2026. En las últimas semanas se han intensificado las reuniones y los diálogos para ultimar detalle en lo que compete a los comicios al Congreso y a la Presidencia.

La reunión más próxima es la que sostendrán los cinco precandidatos a la Presidencia: las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, el senador Andrés Guerra, y Miguel Uribe Londoño. Se espera que sea este martes y que se encuentren con el objetivo concreto de definir la fecha en la que realizarán las encuestas, el mecanismo elegido para elegir al candidato que obtendrá el aval.

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No se trata de un mero tema de trámite. Las dos opciones son diciembre o enero para realizar el sondeo. Si se realiza en enero, quienes no sean elegidos, no podrían presentarse al Congreso. Y, aunque los hoy cuatro senadores han dicho que su prioridad es únicamente la campaña presidencial, esto podría impactar en las conversaciones.

Además de esos diálogos internos, también están las conversaciones que se están manteniendo con otros sectores de oposición, particularmente, con Cambio Radical. Al respecto de esto, la senadora Holguín, aseguró que “es muy importante que todos los líderes que le están proponiendo a Colombia un bloque alternativo al gobierno empiecen a hacer este recorrido”.

Explicó que los diálogos con Cambio Radical van “en aras de empezar a escuchar los retos que tiene la oposición, qué se tiene que proponer para recuperar un montón de temas de país. Y yo siento que es un primer paso de algo mucho más grande, mucho más amplio, con muchos más sectores, que nos permita depurar la propuesta que le vamos a entregar a los colombianos”.

En ese sentido, Holguín detalló que las reuniones también han sido con sectores representados por, entre otros, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán. “Empezamos unos foros ampliados. Ya hay un proceso de construcción colectiva”, indicó.

@CeDemocratico

Finalmente, sobre las listas al Congreso, Holguín indicó que continúan las evaluaciones a los actuales senadores y representantes que buscarán repetir curul, así como de quienes han postulado su nombre. El proceso, como ya lo había dicho el director del partido, Gabriel Vallejo, está asesorado por una universidad. Respecto a las metas electorales, Holguín aseguró que esperan sacar más de 3 millones de votos en el Congreso el próximo 8 de marzo: “Estoy segura de que vamos a superar los resultados de 2014”.

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Todo lo que debe saber de las elecciones de los Consejos de Juventud

POLÍTICA, DESTACADOS / Jonathan Davis

Todo está listo para que el próximo domingo, 19 de octubre, 11’702.436 jóvenes participen en las segundas elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

“Tanto el equipo humano como tecnológico que participará en las elecciones de los consejos de juventud es puesto a prueba en estos simulacros con el fin de asegurar transparencia y agilidad en los resultados de estas elecciones”, aseguró el registrador nacional, Hernán Penagos.

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Son 45.183 candidatos por los que pueden votar los jóvenes entre los 14 y los 28 años en unos comicios para los cuales habrá un gran despliegue. Del total de jóvenes habilitados para participar en los comicios, 5’824.306 son mujeres y 5’878.130 son hombres, quienes están distribuidos entre las 19.869 mesas y los 6.372 puestos de votación habilitados en toda Colombia.

Todos los departamentos tienen candidatos. Bogotá, con 1’728.112 jóvenes; Antioquia, con 1’540.652; Valle del Cauca, con 967.762; Cundinamarca, con 642.291, y Atlántico, con 641.550, son los que mayor censo electoral tienen.

Asimismo, 100.687 colombianos entre los 14 y los 60 años serán jurados de votación (18.134 menores de edad y 82.553 mayores de edad).

Estos comicios también estarán blindados con alta tecnología para evitar eventuales fraudes.

“Hemos desarrollado una herramienta web que permite verificar a aquel joven que ejerce su derecho al voto y después intenta volverlo a hacer en otro puesto de votación. Este desarrollo lo van a tener todos nuestros delegados de puesto que, con solo incluir el número de la tarjeta de identidad del menor, podrán validar que no haya votado previamente. De esta manera, se despeja cualquier duda respecto a que los menores de edad puedan votar en más de una ocasión”, aseveró el registrador Penagos.

El llamado que han hecho desde varias instituciones es a motivar a los jóvenes para que participen en las elecciones, ya que es un primer acercamiento con la vida democrática de la nación. De hecho, desde la Procuraduría han estado muy pendientes de esta convocatoria a través de un grupo especial de jóvenes del Ministerio Público.

“Es importante que votemos en los consejos de juventud porque los candidatos son nuestra representación ante la institucionalidad, son nuestra representación ante las alcaldías, gobernadores y ante el Gobierno Nacional. Son quienes van a alzar su voz, van a comunicar todas nuestras necesidades como jóvenes para que se avance y se construya país. Los jóvenes somos el presente, más no el futuro. Nosotros construimos el futuro”, dijo a este diario Laura Camila Rozo, vocera del grupo de jóvenes de la Procuraduría General de la Nación.

Pero esta elección no ha estado libre de violencia, por lo que la Fuerza Pública se comprometió a reforzar el pie de fuerza para evitar alteraciones de orden público.

Hace unas semanas fue asesinado Yeimar Gamboa Yépez en Chigorodó, Antioquia. Asimismo, en la vía que conecta Miranda (Cauca) con Florida (Valle), fue secuestrado Samuel Londoño Escobar, joven candidato de 17 años que posteriormente fue liberado.

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La Defensoría del Pueblo y la MOE han advertido sobre los riesgos que se podrían presentar, por lo que las autoridades están aumentando los controles de cara a esta primera jornada electoral de las que vivirá el país en los próximos meses, donde también en dos semanas se elegirá el candidato del Pacto Histórico.

“Lo que está pasando, que además de rechazarse de manera contundente, es que la violencia está golpeando a los liderazgos juveniles, y eso es trágico para un país. Decir que, en el municipio de Miranda, en Cauca, haya sido secuestrado un chico; que en Arauca haya sido amenazado un líder juvenil después de inscribir su candidatura; o el asesinato de Yeimar Gamboa, lo que nos está mostrando es que hay unos grupos armados ilegales con la disposición y el claro objetivo de no permitir que los liderazgos juveniles florezcan en las regiones”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la MOE.

¡Jóvenes! ☝🏽🗳️ Las elecciones a los Consejos de Juventud del próximo domingo 19 de octubre nos llenan de esperanza porque es su voz la que se pone en el centro de la democracia.

Confiamos en su capacidad para transformar el presente y abrir un camino hacia un #BuenFuturoHoy.… pic.twitter.com/dUBQTyClg1
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 14, 2025

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Las movidas políticas de la semana de cara a las elecciones

POLÍTICA, DESTACADOS / Jonathan Davis

Tanto desde la izquierda como desde la derecha continúan en las movidas que se están realizando de cara a delinear sus estrategias para las elecciones de 2026. En el transcurso de la semana hubo decisiones tanto de cara a las legislativas –que se realizarán el próximo 8 de marzo– como a las presidenciales, cuya primera vuelta será el 31 de mayo del año entrante.

Uno de los hechos claves es que los tres precandidatos del Pacto Histórico reiteraron que, el próximo 26 de octubre, se medirán en una consulta para definir quién tendrá el aval presidencial. El senador Iván Cepeda, la exministra de Salud Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero sostuvieron reuniones en las que acordaron que irán a las urnas dentro de 16 días, incluso luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara una tutela presentada por Corcho y el exdirector del DPS Gustavo Bolívar.

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Los dos exfuncionarios habían solicitado que se permitiera la inscripción de los precandidatos a una consulta interna del Pacto Histórico. Pero el tribunal encontró que esto no era posible, toda vez que la personería jurídica del partido único de izquierda aún no está en firme, dependiendo de decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los expedientes del Polo Democrático, Colombia Humana, Unión Patriótica y otras colectividades que quieren sumarse a la nueva fuerza.

Tras reuniones en la Registraduría el pasado miércoles, cuando se conoció la decisión del tribunal, los tres precandidatos acordaron que sí irán a la consulta, toda vez que el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista solicitaron la consulta y pueden coavalarlos. Lo que está pendiente es que Cepeda, Corcho y Quintero definan si aspirarán por alguna de esas tres colectividades o si lo harán con el coaval de todas, lo cual no es un tema menor. La razón es que si se dividen en cuanto a la fuerza que los apoye podría derivar en una especie de consulta interpartidista, porque tienen personería independiente, lo cual los inhabilitaría para ir a una medición más alta el 8 de marzo próximo cuando se elige Congreso.

Pero decisiones claves no se dieron solo en la izquierda. Desde la derecha también ha habido movimientos. El Centro Democrático, en la noche de este jueves, definió que la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá será abierta y no cerrada, como se había planteado en una primera ocasión. Además, la decisión se replicaría en otros departamentos, como Antioquia. Esto significa que quienes busquen una curul por esas regiones deberán medirse a “voto limpio”, a diferencia de lo que pasará con la lista del Senado que será cerrada, y en la que ya se definió que el expresidente Álvaro Uribe irá en el renglón 25 como una estrategia para jalonar votos.

Además, el próximo martes habrá una reunión de los cinco precandidatos del Centro Democrático. Ese día, en el Congreso, se encontrarán las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, el senador Andrés Guerra, y Miguel Uribe Londoño para discutir sobre la elección del candidato único presidencial del uribismo.

Aunque ya es seguro que será una encuesta, la próxima semana definirían si esta se realizará en diciembre o en enero, un tema que es clave, toda vez que, hasta el 8 de diciembre, se podrán inscribir candidatos al Congreso. Por lo mismo, si alguno de ellos cinco quisiera saltar al Senado, no podría hacerlo si se espera a que la medición se haga en enero. Además, se discutirá si la encuesta la realizará una firma internacional, como lo han pedido varios de ellos, con la intención de darle “credibilidad” al resultado.

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Otro movimiento importante en la oposición es que la cumbre que realizaría el próximo miércoles el Centro Democrático y Cambio Radical se pospuso. En el encuentro, discutirían líneas programáticas para una eventual alianza de las dos fuerzas de cara a 2026. Sin embargo, por la discusión del presupuesto de 2026 ese mismo día en el Congreso se optó por aplazarla. Aún no se conoce una nueva fecha.

Finalmente, en otros sectores también ha habido movimientos. En el centro, por ejemplo, avanza la consolidación de la lista conjunta de En Marcha –del exministro del Interior Juan Fernando Cristo– y Alianza Verde. Los compromisarios de esa unión se encontraron para definir cómo se escogerán los candidatos que buscarán una curul en el Senado, así como la confección de algunas listas a la Cámara que también se presentarán de manera conjunta.

El pasado 16 de septiembre ambos partidos anunciaron que tendrá una “lista de coalición al Senado de la República integrada por militantes de ambos partidos, así como por dirigentes de liderazgos provenientes de organizaciones indígenas, sociales, movimientos estudiantiles y sindicales y nuevos liderazgos de las distintas regiones del país, con el propósito de constituirnos en la primera fuerza política del Congreso en la próxima contienda electoral”.

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La hoja de ruta del gobierno para la destrucción de material de guerra del CNEB

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El Gobierno Nacional empezó a preparar el procedimiento para el registro, entrega, custodia y destrucción de 13,5 toneladas de material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Nariño y Putumayo. La mesa de diálogo con este grupo surgido de la fragmentación de la ‘Segunda Marquetalia’ se reactivó un mes después de suspenderse tras la asonada contra un grupo de soldados en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo), el pasado 9 de septiembre.

Con los decretos 1053 y 1052 el Ejecutivo asignó responsabilidades y suspendió temporalmente operaciones militares ofensivas y especiales de Policía en dos puntos reservados en Nariño y uno en Putumayo, desde el 9 octubre hasta el 3 de noviembre de manera escalonada en cada lugar. Se trata del segundo proceso de desarme de una estructura armada en el marco de la ‘paz total’, tras el proceso con el Frente Comuneros del Sur, la disidencia del ELN en Nariño.

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La Oficina del Consejero Comisionado de Paz y de la Fuerza Pública, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) efectuaron unas visitas técnicas a los departamentos citados con el fin de realizar la inspección y selección final de los lugares para llevar a cabo dicha actividad.

El procedimiento será liderado por la Fuerza Pública en acompañamiento de la MAPP-OEA a partir del inventario entregado a la Oficina de Otty Patiño en el que se encuentra consignado la cantidad, ubicación, tipo y características del material de guerra.

El proceso, que incluye alistamiento, recepción, verificación, registro, custodia y destrucción en los puntos establecidos, tendrá una duración máxima de tres meses, contados a partir de la expedición del decreto 1053, es decir, el 7 de octubre.

«El Ministerio de Defensa Nacional, en el marco de sus competencias, realizará las coordinaciones pertinentes para que la Fuerza Pública adopte las medidas de seguridad en las áreas donde se llevarán a cabo los procedimientos de registro, custodia y destrucción del material de guerra. La actuación de la Fuerza Pública en estas áreas se adaptará de manera diferencial teniendo en cuenta sus funciones y en consideración a las condiciones y circunstancias particulares del terreno, el ambiente operacional y las necesidades del servicio que permitan seguridad en la ejecución de lo dispuesto en este decreto», se lee en el documento.

De igual manera, corresponderá al grupo armado organizado ordenar a sus integrantes detener sus acciones ofensivas contra la Fuerza Pública.

Una vez finalizado cada procedimiento de recepción, la Fuerza Pública tendrá 15 días para rendir informes sobre las acciones adelantadas, resultados obtenidos y contingencias presentadas.

El objetivo de la Oficina de Patiño es realizar un evento protocolario el próximo 15 de octubre en Putumayo.

Mediante la resolución 064 del 28 de febrero de 2024, el presidente Gustavo Petro autorizó la instalación de una mesa de diálogos de paz entre los representantes autorizados por el Gobierno Nacional y los miembros representantes de la autodenominada Segunda Marquetalia. Sin embargo, la Segunda Marquetalia tuvo fracturas internas y se dividió oficialmente.

Los Comandos de la Frontera de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’ y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, rompieron con la Segunda Marquetalia después de que ‘Iván Márquez’, principal comandante del grupo desertor desconociera los avances hechos en las mesas de paz.

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Precisamente, este jueves, el Gobierno emitió una resolución mediante la cual revocó la designación de ‘Iván Márquez’ como miembro negociador en los espacios vinculados al proceso de paz con la Segunda Marquetalia. En el documento oficial se indica que la medida tiene efecto inmediato y reemplaza la resolución 258 del 8 de julio de 2024, que anteriormente había dispuesto su participación en las instancias correspondientes.

De esta manera se autodenominaron Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y manifestaron su intención de continuar los diálogos de paz a partir de los acuerdos alcanzados en junio de 2024 derivados del primer ciclo de diálogos, los cuales suscribieron en calidad de miembros representantes de la entonces Segunda Marquetalia.

El 25 de mayo de 2025 se suscribió el acuerdo número 10 que contiene, entre otros, el compromiso de entrega supervisada y coordinada con la Fuerza Pública, agencias del Estado y comunidad internacional con el adecuado monitoreo y verificación de material de guerra.

El proceso también incluye la creación de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZCIUT).

Previo al inicio del sexto ciclo de diálogos, el jefe del Gobierno en la mesa, Armando Novoa, decidió suspender las conversaciones tras la asonada contra un grupo de soldados que realizaba un operativo para destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo). La misma se retomó por falta de pruebas concluyentes de la responsabilidad del grupo armado en el hecho.

En un comunicado de prensa, la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano rechazó la asonada y aunque pidió que los hechos sean “aclarados exhaustivamente”, no negó su autoría. En su pronunciamiento, el grupo armado manifestó estar “comprometido con la paz” en los territorios en los que hace presencia.

En Nariño y Putumayo avanza el proceso de paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional – EB. 🤝🏼

💬 A través del diálogo y la voluntad de las partes, se ha logrado construir una hoja de ruta con acciones concrétas hacía la transformación territorial. pic.twitter.com/VGBrHFAHQ1
— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) October 9, 2025

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Gobernador Rendón volvió a cargar contra el gobierno Petro

POLÍTICA, DESTACADOS / Jonathan Davis

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se fue de frente contra el gobierno del presidente Gustavo Petro en medio del debate por la declaración de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Esta medida es calificada por el mandatario local como una manera del Ejecutivo para pasar por encima de la autonomía territorial de los departamentos. Según Rendón, férreo opositor de esta administración, la declaración de estas áreas le permite a Petro decidir sobre los usos productivos del suelo y establecer restricciones a ciertas actividades económicas.

El gobernador dijo que seguirá dando la batalla para tumbar esta medida y que cuenta con los instrumentos para blindar la seguridad alimentaria, por lo que no sería necesario que el Ministerio de Agricultura aplique esa iniciativa. “Los antioqueños no queremos ni necesitamos APPA, un mecanismo que solo pretende dejarnos en manos de un burócrata en Bogotá”, dijo en un mensaje publicado en su cuenta de X.

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Esa declaración generó la respuesta de la ministra Martha Carvajalino, quien por estos días ejerce funciones presidenciales por el viaje del jefe de Estado a Bélgica. “El Gobernador parece que no está bien informado. La declaratoria no limita ninguna actividad agropecuaria, recoge todas las normas de protección del suelo rural, cuya capacidad y vocación es la producción de alimentos y permite que esas 13.000 hectáreas que hoy tienen aguacate, banano, café, maíz y muchas frutas, tengan una garantía de protección para que los productores sigan sembrando”, aseguró la jefa de la cartera.

El gobernador Rendón mantuvo el pulso y aseguró que ha estudiado con juicio el instrumento, que calificó como “nefasto” y una manera de imposición que usurpa la autonomía territorial. Según explicó, la declaratoria restringiría algunos cultivos que no son para alimentación humana y le daría al gobierno del presidente Gustavo Petro luz verde para definir el uso de los suelos y poner restricciones a actividades relacionadas con el turismo y el comercio. “Si el municipio tuviera la autonomía como demanda la Constitución y la ley, no estarían ustedes imponiendo esas restricciones, como lo hacen con este instrumento nefasto”, agregó.

Ya el presidente Petro se había pronunciado al respecto, criticando la postura del gobernador y de otros políticos de la región. A finales de agosto, ante las críticas de políticos del suroeste de Antioquia, el jefe de Estado se pronunció en sus redes sociales. “Enorme irracionalidad el pedir que las tierras fértiles no se protejan para la alimentación de los colombianos. Codiciosos que quieren un país hambriento y sin agua”, aseguró Petro.

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A este debate se han sumado figuras como el expresidente César Gaviria, quien también cuestionó al Gobierno. El jefe del Partido Liberal ha dicho que esas zonas serían “figuras antidemocráticas” para expropiar y que la administración Petro estaría acabando con el estado descentralizado y socavando el poder de municipios, distritos, departamentos, concejos municipales y asambleas departamentales.

Ministra, estoy bien informado, he estudiado con juicio este instrumento nefasto que ustedes a la brava imponen, usurpando la autonomía territorial.

Esta declaratoria sí limita la actividad agropecuaria porque restringe los cultivos que no son para alimentación humana. Además,… https://t.co/YuY7BmffXd
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 8, 2025

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Registraduría avaló consulta del Pacto Histórico

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Tras una reunión entre delegados del Pacto Histórico y la Registraduría, desde esta entidad se confirmó, en la tarde de este martes, que la consulta del movimiento para la escogencia de candidato a las elecciones de Presidencia de la República sí se llevará a cabo el próximo 26 de octubre. La decisión se conoce luego de que el mecanismo estuviera en vilo por una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó unas medidas cautelares solicitadas por este sector.

El anuncio fue hecho luego de un encuentro que sostuvo el registrador delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, con los representantes legales de los partidos y movimientos políticos Colombia Humana, Partido Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo y Unión Patriótica.

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El registrador delegado aseguró que “la consulta fue solicitada por varios partidos, los cuales, dentro del término legal, es decir, el 26 de septiembre, ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos. Por lo tanto, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano”.

El funcionario también fue claro en señalar que la consulta como tal no ha sido objeto de ningún fallo judicial y que, por dicha razón, el deber de la Registraduría es avanzar en su organización logística. Algunos de los precandidatos de este bloque reaccionaron en sus redes sociales. “Quintero nunca miente. El próximo 26 de octubre habrá consulta y Quintero será presidente”, aseguró el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la decisión. “Todo lo que se haga por democracia, por consultar al pueblo, es lo que se debe hacer. Había que subsanar las inscripciones y ya todo está listo para la consulta”, dijo.

Del lado de la Registraduría ya se pidió el presupuesto al Gobierno para poder realizar las votaciones. Se trata de un monto de COP193.517 millones que se solicitó a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y que fue aprobado a inicios de este mes.

Por los cortos plazos para la contratación, el órgano electoral declaró una urgencia manifiesta para “una solución integral logística, informática y de servicios para la organización y la realización de la consulta popular interna o interpartidista para la toma de decisiones o escogencia de candidatos”.

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Al ser el Pacto Histórico el único movimiento que hará uso del mecanismo para esta fecha, se han organizado reuniones con la Registraduría para concretar “los puestos y mesas de votación” que harán parte del proceso. En total, serán 520 personas las que se medirán en las urnas: 373 precandidatos a la Cámara de Representantes y 144 al Senado, sumados a los tres que aspiran a la Presidencia.

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