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César Gaviria calificó de “ligero y superficial” el informe de Contraloría sobre EPS - Google

César Gaviria calificó de “ligero y superficial” el informe de Contraloría sobre EPS

El expresidente César Gaviria calificó el informe de la Contraloría que habla sobre la crisis financiera de las EPS, como «ligero y superficial». Así se lo manifestó el exmandatario, jefe del Partido Liberal, al contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, a través de un carta que le envió este lunes 19 de febrero.

«He escuchado de usted, como muchos colombianos, informar de forma ligera que solo 5 de las EPS cumplen con los requisitos de reservas técnicas, sin profundizar en las causas y génesis de esta situación», señaló el exjefe de Estado, considerado como el padre del sistema de salud actual.

El jefe del liberalismo, quien estuvo en la Casa de Nariño entre 1990 y 1994, añadió que es claro que las EPS tienen la obligación legal de conformar dichas reservas desde hace ya varios años, pero le dice al «señor Contralor encargado que «es igualmente cierto que no pocos en el sector salud han denunciado un problema estructural de insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, como la misma Corte Constitucional ha dicho con contundencia, existe un atraso en el pago de los presupuestos máximos y, peor aún, un mal cálculo de estos, lo que hace parte de una gravísima crisis de flujo de recursos en todo el sistema, como lo he venido advirtiendo desde el año pasado».

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«En el marco de todo lo anterior, el mismo Gobierno Nacional solicitó en el 2022 hacer uso de esas mismas reservas técnicas para el pago de deuda corriente, en función del Decreto 995 de 2022. Es decir, el Gobierno instó a gastar las reservas técnicas por el problema de flujo de recursos que él mismo ha venido creando», complementó Gaviria.

A reglón seguido, añadió que el análisis «superficial» de la Contraloría sobre la crisis del sistema no ahonda en las causas de esta crisis y, además, provoca una factura aún más del debate al «decir que esta situación lleva a algunos a pensar en que lo que se debe hacer como una posibilidad, es cerrar a las EPS, tal y como lo proponía el Gobierno, o simplemente exigir la conformación de esas reservas a las EPS, en una falsa dicotomía que soslaya la complejidad financiera del sistema. Plantear esa disyuntiva es francamente incomprensible en alguien que le ha hecho un seguimiento cuidadoso al tema de cuáles son los problemas a enfrentar en las presentes circunstancias».

Gaviria, además, le dice al contralor Zuluaga que «deliberadamente ha ignorado el Auto de la Corte Constitucional que ha determinado, clara y explícitamente, que el Gobierno no ha girado a las EPS los recursos que les adeuda de los últimos tres años por presupuestos máximos y que además, su metodología de cálculo es errada y eso afecta toda la cadena de valor del sistema de salud, lo que ha dificultado la conformación de las reservas técnicas de manera estructural.

Y añade que «es más, mirándolo de forma sistemática, hay razones para creer que la no conformación de las reservas técnicas, no solo es debido a una mala práctica empresarial (sin decir que eso no sea parte del problema), sino un síntoma de una gravísima situación financiera del sistema de salud, que no se soluciona “desapareciendo a las EPS” y acabando con uno de los grandes logros sociales del país en los últimos treinta años».

Asimismo, recuerda que los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ alertaron que era urgente hacer unas reformas al sistema de salud para corregir problemas que se habían acumulado a lo largo de los años.

«Uno de esos problemas, fue la desaparición de EPS del régimen subsidiado, generando deudas muy significativas entre el Estado y la red prestadora, pero más complejo aún, la concentración del riesgo en unas pocas EPS, afectando desproporcionadamente su gasto en salud, que no es reconocido por la UPC ni los techos presupuestarios de los no PBS. Esto es un problema estructural no resuelto, y que no se resuelve simplemente desapareciendo a los aseguradores, pues los pacientes seguirán en el territorio y alguien tendrá que asumir ese riesgo concentrado, que es un problema pendiente que habrá que encontrar un momento para resolver», escribió el exmandatario.

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En otro punto de la misiva, Gaviria señala que el informe de la Contraloría «simplifica» el uso de los recursos de administración por parte de las EPS (10 por ciento en el régimen contributivo y 8 por ciento en el régimen subsidiado), dado que, agrega, en la situación actual de exceso de siniestralidad del sistema, entre un 2-8 por ciento de estos recursos se han usado para atenciones en salud «y no es cierto, como usted lo expresó, que la generación deficiencias administrativas se hayan traducido inmediatamente en excedentes privados, cuyo giro, además, son controlados por el propio Ministerio de Salud».

Gaviria recordó en el documento que buscando soluciones y acuerdos los tres Partidos mencionados anteriormente se reunieron con el presidente Petro para ver cómo el Gobierno podría contribuir a esa reforma del sistema.

El gobierno rápidamente expresó su interés en aportar los recursos para lograr el sistema, llegará a las zonas más lejanas y apartadas del país.

«Esa era una contribución muy positiva y mejoraba el cubrimiento y atención de una gran cantidad de ciudadanos. Infortunadamente por la visión que tenía una ministra, el Gobierno se movió hacia una definición de las EPS como entidades estatales, a pesar de varios pronunciamientos de la Corte Constitucional que le había otorgado su carácter privado y derecho al lucro, en medio de deficiencias técnicas para construir un sistema de salud que no creara mayores problemas y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Esa fue la posición que el gobierno Petro adoptó y que sostuvo a lo largo del proceso de trámite de la reforma a la salud, con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza», escribió el director del Partido Liberal.

Gaviria remata su carta diciendo que es imperativo que la Contraloría no solo reconozca la complejidad y profundidad de los problemas en el sistema de salud, sino que también se comprometa a abordar de manera integral las causas subyacentes de la crisis financiera. Atender la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), corregir los retrasos en los pagos de presupuestos máximos, y resolver la problemática en torno a las reservas técnicas son aspectos cruciales que demandan una atención detallada».

Y agrega que «es esencial que asuma un papel proactivo en la búsqueda de soluciones, abogando por reformas estructurales que fortalezcan el sistema de salud en lugar de optar por medidas extremas como el cierre de las EPS. Además, la atención a los ciudadanos debe ser una prioridad, garantizando el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud. Abogamos por un enfoque que promueva la transparencia en el uso de los recursos públicos y una gestión integral del riesgo».

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Ricardo Roa, a responder en el CNE por cuentas de campaña Petro Presidente - Google

Ricardo Roa, a responder en el CNE por cuentas de campaña Petro Presidente

Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien en su momento fungió como gerente de la campaña de Petro Presidente, sería llamado a responder ante el Consejo Nacional Electoral por la presunta financiación irregular.

Roa es uno de los salpicados por el escándalo de los dineros irregulares que habrían ingresado a la candidatura del ahora presidente Gustavo Petro. Así como la donación que se conoció recientemente por parte de Fecode, con la que al parecer se habrían violado los topes máximos en campaña.

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La mayor polémica que lo envuelve estalló luego de las declaraciones de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente ante la Fiscalía –que lo imputó por lavado de activos y enriquecimiento ilícito–, donde resalta que parte de la plata irregular que recibió del exnarcotraficante Santander Lopesierra, del hijo de Alfonso “el turco” Hilsaca y del empresario Óscar Camacho fue a parar a la campaña presidencial.

A Roa le siguieron otros procesos por ese mismo caso, uno en la Procuraduría y uno en Fiscalía, al detallar posibles irregularidades en el desempeño de Roa como gerente y se le pidieron todos los documentos relacionados con las cuentas en campaña.

Recientemente, la revista Semana informó que se vienen imputaciones contra Roa por presunta violación de topes de gastos. A Roa se le sumaría Dagoberto Quiroga, expresidente del partido Colombia Humana, y William Velandia, presidente ejecutivo de Fecode. Desde Fiscalía explicaron que todavía no hay información oficial al respecto.

Por otro lado, una de las líneas de investigación que va más adelante es la del caso Fecode. El ente investigador ya realizó una inspección judicial a la sede del sindicato nacional de maestros rastreando una donación de 500 millones de pesos, suma de dinero que se habría girado al partido Colombia Humana. El ente trata de investigar si presuntamente ese dinero terminó en la campaña presidencial de Petro Presidente sin que fuera reportado.

El año pasado el CNE decidió pisar el acelerador en el caso de financiación irregular para la campaña. Uno de sus objetivos fue recolectar la mayor cantidad de información del caso para avanzar lo más pronto posible. Roa fue uno de los que quedó bajo la lupa del CNE.

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En su momento, pidieron a la Dian mayor información sobre Ricardo Roa. Mediante escrito, el CNE solicitó información exógena de los años 2021 y 2022 de Roa; es decir, la reportada por terceros, además de la copia de la facturación electrónica de bienes y servicios adquiridos entre 1 de enero al 31 de diciembre.

Por su parte, Roa siempre ha defendido sus actuaciones y resalta que todo se ajustó a la ley. Su defensa también había pedido el archivo de las diligencias.

La dirección de Ecopetrol tampoco se vio seriamente afectada por el escándalo. Desde la junta directiva mostraron apoyo a Roa.

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Laura Sarabia deja Prosperidad Social y llega nuevamente a presidencia

La página de aspirantes de la Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Laura Sarabia para el cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), puesto al que llegará en reemplazo de Carlos Ramón González. Sarabia deja su rol como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) para regresar a la primera fila de funcionaros del presidente Gustavo Petro.

Aunque no se ha confirmado qué pasará con González, quien durante los últimos meses se había consolidado como el hombre de confianza del mandatario, funcionarios de su oficina le confirmaron a este diario que Petro le hizo un par de ofertas para que se mantenga en el Gobierno.

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Sarabia había llegado al DPS a principios de septiembre de 2023, tres meses después de abandonar la jefatura de gabinete de Petro en medio del escándalo de la niñera Marelbys Meza y la presunta financiación irregular de la campaña presidencial. Sin embargo, a pesar de ese movimiento, siempre se mantuvo cerca de la Casa de Nariño y del presidente.

De hecho, en el reciente viaje de Petro a Alemania, para su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Sarabia fue quien encabezó la comitiva del Gobierno, con la notable ausencia de Carlos Ramón González.

El cambio en este importante puesto de Palacio deja interrogantes sobre lo que pasará con el poder que González habría consolidado en la Presidencia, pues su paso por la entidad también se reflejó en la llegada de funcionarios de su entera confianza que actualmente manejan temas claves como la contratación de la entidad y hasta la agenda del jefe de Estado.

En el aire queda la posibilidad de un enroque; es decir, el paso de González a Prosperidad Social, una entidad que ejecuta un cercano a los $15 billones y trabaja en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otros, para orientar la política social del gobierno.

Por otra parte, la decisión de Petro comprueba que Sarabia es, probablemente, su funcionaria de mayor confianza y que, de ahora en adelante, será una figura clave para el manejo interno del gobierno y el gabinete, pero también para el diálogo que tendrán Petro y sus ministros con el Congreso, en medio del trámite definitivo de las reformas sociales.

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Con esta movida también regresa la incertidumbre sobre los posibles cambios en el gabinete de Petro, pues no se descarta que el llamado enroque de Carlos Ramón González se haga en una cartera ministerial, lo que desataría un nuevo remezón.

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Secretaría de Transparencia de Petro pidió investigar al exgobernador del Meta

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia, liderada por Andrés Idárraga, hizo una advertencia en la mañana de este 19 de febrero por presuntas irregularidades cometidas por el saliente gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, durante su gestión como alcalde de Villavicencio. Es decir, por presuntos hechos que datan de hace casi 10 años.

De acuerdo con el informe, durante su gestión como Alcalde, Zuluaga habría realizado la reclasificación de terrenos que incluyen bienes de su propiedad, a través del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2015.

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La Contraloría Municipal de Villavicencio ya habría hecho seguimiento al tema en el 2023, y según la Presidencia, se manifestó la existencia de construcciones ilegales en zonas de expansión urbana en esta ciudad.

“Este informe permite evidenciar que estos predios, entre los que se encuentran los del ex gobernador, también se beneficiaron de una modificación en el uso del suelo, siendo reclasificados de sub-urbano y uso agrícola, a ser de expansión urbana y uso expansión para desarrollo concertado”, es la denuncia que hizo Idárraga, el secretario del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la entidad adscrita al nivel ejecutivo, los ajustes pudieron aumentar “injustificadamente” el patrimonio de Zuluaga, “considerando el impacto que el cambio de suelo podría tener en la valorización de los terrenos en cuestión”. Además, hablan de una posible omisión del exmandatario por no declarar un conflicto de interés.

De modo que, la Secretaría de Transparencia informó esta mañana que le solicitó a la Fiscalía estudiar la posible comisión de delitos y hablan de presunto prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de servidor público y concierto para delinquir. La dependencia también presentó el informe a la Procuraduría.

Hay que decir que el exgobernador del Meta ha sido un férreo opositor del presidente Gustavo Petro. Incluso, estuvo en la Organización de Estados Americanos (OEA) hablando sobre el jefe de Estado y contando su versión sobre la tensión política e institucional por la que atraviesa el país.

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“Le hemos dejado claro que no existe, entre quienes creemos en la democracia y en la institucionalidad, ningún riesgo de querer terminar con el mandato del presidente Petro”, precisó Zuluaga al finalizar su reunión con Luis Almagro, secretario de la OEA.

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Polémica en la embajada de Colombia en México por uso indebido de instalaciones

La embajada de Colombia en México de nuevo está en el centro de la polémica, esta vez, por unos señalamientos por un supuesto uso indebido de las instalaciones diplomáticas en ese país.

El periódico El Espectador informó sobre un video protagonizado por el diputado mexicano Temístocles Villanueva, el cual habría sido grabado en la sede de la embajada de Colombia en territorio mexicano.

Desde el partido Cambio Radical, que publicó la grabación – la cual inicialmente se compartió en la cuenta de Tik Tok del político de México – señalaron: «Otra perla del gobierno del “cambio” de Gustavo Petro: el destituido embajador bachiller en México, Moisés Ninco prestó la Embajada de Colombia para grabar un video de un político de Morena (partido de AMLO). Pregúntenle al cónsul @AndresCamiloHR quien filtró el video».

Según la normativa, los espacios diplomáticos no se deberían usar para este tipo de videos con mensajes políticos de personas que, además, no hacen parte de la embajada ni son funcionarios de Colombia.

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El sindicato de la Cancillería, Unidiplo, le indagó al embajador Daza por esta situación y especialmente porque les preocupa que la embajada haya sido usada para un video que tiene presuntos fines electorales.

El diplomático, en respuesta al derecho de petición, explicó que «el señor Diputado Temístocles Villanueva es diputado local en funciones por la Alcaldía Cuauhtémoc» y que este «inició la legislatura en el mes de septiembre del año 2021″.

Dijo que, de acuerdo con el articulo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, «las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. El diputado Villanueva inició su legislatura en el mes de septiembre del año 2021, finalizando en septiembre del año 2024, por lo tanto, es diputado en funciones».

Ninco este domingo, por otro lado, agregó en sus redes sociales que «pretenden insinuar que existe una utilización electoral de las instalaciones de la Embajada cuando ni siquiera han empezado campañas o registrado candidaturas en México».

En el documento, en respuesta a Unidiplo, sostuvo que en el video no se aprecian los símbolos de la embajada ni se utilizaron recursos de Colombia para ello. Sin embargo, la grabación sí se hizo en las instalaciones de la sede diplomática de Colombia en ese país.

En el video, el diputado señala: «Tenemos que ponernos en unidad, quienes somos de Cuauhtémoc aprendimos una gran lección en 2021, sin unidad se pierde, y con unidad todo es posible. Yo hago un llamado a toda la militancia y a todas las compañeras y compañeros que sin importar la decisión que hoy resulte para la coordinación de la cuarta transformación sigamos caminando juntas y juntos, no nos soltemos».

Para algunos, esto es un llamado con fines políticos. Pero para el embajador Ninco, la grabación «en ningún momento se hace un llamado expreso al voto«.

El diplomático, por último, defendió la visita de Villanueva a la embajada, pues señala que con él se ha adelantado un trabajo para vincular a la comunidad LGBTIQ+ colombiana en México.

Ahora bien, el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández le respondió al partido Cambio Radical: «No tengo nada que ver y la sede del consulado está ubicada en otra dirección distinta. Cada quien que responda por lo que pasa en sus lugares de trabajo, yo no tengo nada que ver y menos filtrando (…)».

Ahora bien, la permanencia de Ninco Daza en la embajada está en duda, pues en noviembre del año pasado el Tribunal de Cundinamarca tumbó su nombramiento porque «la administración desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, incurriendo en expedición irregular del acto administrativo demandado».

También señalaron que se «desconoció las observaciones que la ciudadanía hizo a la hoja de vida del señor Álvaro Moisés Ninco Daza, al no haberse pronunciado respecto a las mismas, antes de efectuar el nombramiento demandado».

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Petro volvió a defender reforma a la salud y dijo que actual sistema es insostenible

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse este domingo sobre la reforma a la salud que se está discutiendo en el Senado de la República.

Esta reforma se encuentra a la espera de su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, esto luego del regreso del Congreso el pasado viernes 16 de febrero.

De acuerdo con el mandatario, el sistema de salud en el país es insostenible.

«Lo dijimos a tiempo y desde hace varios años. El sistema de intermediarios financieros en la salud colapsa. Es insostenible. Son decenas de billones de pesos los que se han esfumado en corporaciones comerciales e incluso políticas».

Asimismo, Petro volvió a arremeter contra los críticos de la reforma y los llamó “autistas”.

“Aún hay sectores políticos autistas que no creen que el modelo neoliberal llegó a su final y que es hora de transitar hacia nuevos modelos donde se priorice el derecho y no los flujos mercantiles«, agregó el mandatario en sus redes sociales.

El jefe de Estado defendió enérgicamente su actual reforma, que está enfocada en un sistema preventivo y la eliminación de intermediaros financieros, buscando giros directos a instituciones de salud.

Petro también hace referencia a un informe que se dio a conocer en el que la Contraloría General de la República aseguró que varias EPS que están vigentes en el país no cumplirían los requisitos de la ley para operar, lo que haría que el Gobierno pueda intervenirlas.

No obstante, varios sectores le han dado lecturas diferentes. Por un lado, el exministro de salud y educación, Alejandro Gaviria, mencionó que este no sería un mal manejo de las EPS, sino que se trataría de un problema de insuficiencia del sistema.

“Es paradójica actitud del gobierno. Incumplen los pagos al sistema (como lo dijo la Corte) y después se asombran de las consecuencias (en este caso de la imposibilidad de constituir un ahorro habida cuenta de los problemas de sostenibilidad). Confundir un problema estructural de sostenibilidad con un problema de liquidez es parte del problema”, mencionó el exministro

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Congreso inicia el segundo periodo legislativo con varias reformas por delante - Google

Congreso inicia el segundo periodo legislativo con varias reformas por delante

El segundo periodo legislativo, que empieza el 16 de febrero, será clave para las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro, especialmente la de la salud, la pensional y laboral. Preguntas sobre si la administración Petro logrará alcanzar consensos o consolidar los respaldos necesarios para sacar adelante sus iniciativas en el legislativo, rondan en este momento en el que la situación política del país ha estado caldeada.

El partido de las reformas, de al menos dos de ellas, en esta ocasión, se jugará en el Senado de la República. Escenario en el que el Gobierno tendrá dos frentes abiertos, uno en la Comisión Séptima con la reforma a la salud y, el otro, en la plenaria con la pensional.

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Reforma a la salud:

La iniciativa, que en el semestre pasado logró salir de la Cámara de Representantes, está para tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Se estima que la discusión y la votación arranque en forma en el mes marzo, cuando culminen las audiencias públicas que vienen realizándose desde inicios de este año y que se extenderán hasta finales de febrero. Hasta el momento se han adelantado audiencias en Santa Marta, la Guajira, Cali, entre otras.

Reforma pensional:

Este proyecto, que durante el semestre pasado no lo logró despegar en la plenaria del Senado, en el mes de diciembre quedó anunciado para segundo debate. La tiene tres puntos en los que no hay consenso, uno de ellos tiene que ver con el umbral de cotización de salarios mínimos en Colpensiones.

Sobre esta reforma hay tres ponencias radicadas: la mayoritaria, la alternativa y la que pide el archivo.

Reforma laboral:

La nueva reforma laboral que radicó el Gobierno en el Congreso, alcanzó a dar sus primeros pasos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes durante el semestre pasado. Hasta el momento se han aprobado 16 artículos y en este nuevo periodo legislativo se retomará el debate en esa célula legislativa.

El senador Ariel Ávila considera que la dinámica de la agenda legislativa del Gobierno dependerá, en gran parte, de si se prioriza en Senado el proyecto de reforma a la salud y en Cámara de Representantes la laboral, que está en primer debate. Según el legislador, eso frenaría el trámite de otros proyectos. Además, considera que la coyuntura política jugará un papel clave este semestre.

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“El panorama de la agenda legislativa en este periodo parece va a estar complicado, va a depender de tres grandes decisiones. La primera, es si el Gobierno sigue con la lógica de meter la reforma a la salud (Senado) inicialmente y la laboral en Cámara, eso puede paralizar gran parte de la agenda legislativa, aunque todo parece indicar que van a insistir en esas reformas. Lo segundo, es saber si va a haber alguna priorización o no”, aseguró Ávila.

Y agregó que: “lo tercero, es la coyuntura política. Si llegamos a mitades de marzo, abril, con una situación como la actual, se garantizaría que el Congreso estuviera paralizado. Entonces vamos a depender mucho de la coyuntura política y del debate nacional”.

Por su parte, desde la oposición el representante por el Centro Hernán Cadavid, manifestó que la discusión en el Congreso nuevamente estará centrada en la reforma a la salud. Insistió en que el proyecto es inconveniente para el país.

“Nuevamente el reinicio del Congreso va a estar atravesado por una de las polémicas mayores y es el desmonte del sistema de salud. Ha quedado probado que el Gobierno lo que tiene es una pelea ideológica con sectores específicos entre ellos las EPS, que más grave todavía, no ha dicho de dónde puede surgir el pago de una reforma que se tasaría en más de 100 billones de pesos en los próximos años, que no hay infraestructura preparada, que las cifras no acompañan el debate del ministro. Por eso, la discusión nuestra no va a ser solamente dentro de los salones del Congreso, sino también en las calles advirtiéndole a los colombianos que ‘ojo, mucho ojo’ con las reformas del Gobierno Petro en el año 2024″, dijo el representante.

El segundo periodo legislativo del Congreso arranca el 16 de febrero y culmina el 16 de junio.

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Minhacienda emitió decreto que desagrega los $ 13 billones del presupuesto del 2024

El Ministerio de Hacienda emitió este miércoles 14 de febrero el decreto en el cual se especifica la destinación de los $13 billones del presupuesto para el 2024.

En este documento se incluye la destinación de recursos que realzará el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, para la puesta en marcha de diferentes proyectos de infraestructura a nivel nacional, los cuales permitirán reactivar la economía en las diferentes regiones de Colombia.

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La financiación de uno proyectos que más alertaba a los diferentes sectores de la economía es la primera línea del Metro de Bogotá, que de acuerdo con este documento va a tener un destinación de más de $776 mil millones. Asimismo, el Gobierno Nacional a través de este documento destinó para la construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal Norte Quito Sur del sistema Transmilenio hacia Soacha más de $115 mil millones.

Por su parte, el metro ligero de la 80 de Medellín, otro de los proyectos que diferentes sectores calificaron como cruciales, va a contar en este 2024 con una asignación de $ 483 mil millones.

De otro lado, la construcción de la carretera Calamar – San José del Guaviare de los accesos a Mitú va a contar con $10 mil millones, este es considerado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) de importancia estratégica.

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Cabe mencionar que este documento sale, luego de la polémica generada en los últimos días en donde diferentes sectores consideraban que era entregarle “un cheque en blanco” al Gobierno y por el cual salió de su cargo la directora del presupuesto nacional del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa.

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Excancilleres, preocupados por injerencia de organismos internacionales en el país

Como un hecho sin precedentes en la política exterior del país calificaron los integrantes del Comité Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori) las manifestaciones de organismos multilaterales como la OEA y la ONU en asuntos internos del país.

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Los miembros de este importante centro de pensamiento, que preside el excanciller Guillermo Fernandez de Soto, manifestaron su preocupación, pues nunca antes en la historia democrática de Colombia organismos internacionales de este talante se habían manifestado sobre asuntos que son resorte exclusivo de la Corte Suprema de Justicia como es la elección de fiscal general.

“Este se constituye en un hecho que no tiene precedentes en la política exterior del país y amerita el más categórico rechazo”, señala el comunicado que está firmado, entre otros, por los excancilleres Carolina Barco y Julio Londoño Paredes.

Y agregan que “los organismos internacionales y sus dirigentes deben ser respetuosos de los procesos internos del país. Asimismo, tienen el deber de transmitir información objetiva e imparcial y no caer en comunicaciones tendenciosas ni falsas”.

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El comunicado lo firman Guillermo Fernández de Soto, presidente del Cori: Carolina Barco, excanciller; Julio Londoño Paredes, excanciller; el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas; y los demás integrantes del comité entre quienes están Andrés Rugeles, Flavia Santoro, Saúl Pineda, Álvaro Méndez, María Carmelina Londoño y Camilo Jaimes.

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Se suspende el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva Durán

Cerca del mediodía de este jueves, 15 de febrero, Ernesto Espinoza, procurador del caso contra el canciller Álvaro Leyva por líos en la licitación de pasaportes, rechazó que la defensa del ministro lo haya recusado por enemistad grave, sin embargo, la audiencia quedó suspendida hasta que la procuradora general, Margarita Cabello, resuelva ese recurso.

“No puedo aceptar que se me señale como activista político (…) no conozco ni he tenido trato de ninguna índole con el disciplinado”, aseguró el procurador Espinoza.

Junto a la suspensión de tres meses de su cargo que la Procuraduría General de la Nación le dictaminó al canciller Álvaro Leyva Durán, está el juicio disciplinario en su contra por presuntas irregularidades cometidas en el marco del proceso licitatorio para la expedición de los pasaportes en el país.

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En este juicio, que arrancaba hoy, el procurador delegado del caso le leería al ministro el pliego de cargos por el que se le acusa, en el que reposan dos supuestas faltas cometidas en la licitación.

Hay varios hechos que tendrá que explicar Leyva, como el motivo por el cual canceló el año pasado la licitación que ya daba como ganador, según las normas, a la compañía Thomas Greg & Sons; también el porqué, si se habla de transparencia en el proceso, decidió declarar la urgencia manifiesta para entregar a dedo por un año el contrato para la expedición de los documentos.

Además, tendrá que explicar sus razones para no conciliar con Thomas Greg & Sons, pese a las recomendaciones que se le hicieron desde el Comité de Contratación de la Cancillería y desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, exponiendo a la Nación a demandas que en una alta probabilidad podrían perderse.

Pero no menos grave, entre los hechos que se revisarán en el caso de Leyva Durán están todas las funciones, decisiones, comunicaciones y demás que tomó en representación de la Cancillería en las últimas semanas, según informó la Sala Disciplinaria de Instrucción.

Lo anterior, debido a que desconoció en principio que se encontraba apartado del cargo. En ese sentido, se buscará determinar si los hechos son constitutivos de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Y es que el canciller, desde que fue suspendido el pasado 24 de enero y hasta la semana pasada que acató la decisión, llegó a firmar 14 decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a la suspensión que se le había impuesto y a que la procuradora Margarita Cabello ratificó en dos ocasiones, mediante oficios, la decisión inicial.

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El presidente Gustavo Petro ha llegado a asegurar que todo esto solo es un plan desde la Procuraduría para no dejarlo gobernar, y que sería una muestra más de que hay sectores políticos de oposición e instituciones politizadas que buscan un golpe blando.

Leyva, por su parte, espera que la suspensión sea tumbada para poder afrontar su juicio disciplinario en el cargo, esto gracias a la imposición de una tutela para anular el fallo del Ministerio Público alegando la vulneración en sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos.

Yefferson Dueñas es el abogado defensor del canciller, quien aseguró que los hechos muestran que no hay garantías procesales para su defendido.

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