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El reclamo de congresista William Aljure por el asesinato de un indígena

Congresistas de las curules de paz le hicieron un fuerte reclamo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por el asesinato de un líder social indígena del Putumayo que participó en los diálogos de paz en La Habana.

El líder social asesinado es Phanor Guazaquillo Peña, un indígena NASA del departamento de Putumayo, quien fue ultimado cuando salía el fin de semana del cementerio, en donde acompañaba el entierro también de otro líder social. Lo acribillaron delante de su familia.

La importancia del líder Phanor Guazaquillo Peña radica en que fue una de las personas que acompañó el proceso de La Habana y ayudó a construir todo el capítulo étnico.

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Por ello, indignado y muy molesto, William Peña, un representante a la Cámara de las curules de paz, le hizo un duro reclamo al Gobierno del presidente Gustavo Petro, pues señaló que este líder hace unos meses había pedido ayuda porque estaba siendo víctima de amenazas de muerte.

“Ministro Velasco, gracias por venir, estoy hablando de Phanor Peña, el hombre que le presenté, que le rogué que lo cuidáramos y ayer lo mataron. Pero no quiero que el presidente Petro ni tampoco el de la UNP me vaya a llamar, y menos usted Velasco, a decirme que qué vamos a hacer con ellos, porque ya para qué los vamos a llamar, para qué si lo habíamos podido sacar ayer, antier, de la comunidad”, dijo William Aljure.

Y es que este año son 155 líderes sociales los que han sido asesinados y 1.570 desde la firma del acuerdo de paz.

Exfirmantes del acuerdo de paz con las FARC le piden al Gobierno acompañar a estos líderes que hoy son víctimas de grupos criminales.

“Un reconocimiento al Gobierno de que falló en el acompañamiento de medidas disuasivas concretas para proteger a un líder de la importancia de Phanor”, indicó Pastor Alape, exintegrantes de las extintas FARC.

A su vez, Julián Gallo, senador del Partido Comunes, señaló que “nosotros hemos estado pidiéndole al gobierno nacional que, en el marco del desarrollo de la política de paz total, se haga la exigencia a los grupos con los que se está iniciando conversaciones para que se comprometan claramente en detener este tipo de actividades que atentan contra la vida, contra la seguridad”.

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Así las cosas, los firmantes de paz le piden al gobierno Petro y sobre todo a la Fiscalía General de la Nación establecer no solamente quiénes son los autores del crimen, sino también quiénes están detrás de los asesinatos de los líderes sociales.

Phanor Peña tenía como medidas de protección un chaleco antibalas y un teléfono celular.

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Sigue cayendo la favorabilidad de Gustavo Petro y Francia Márquez - Google

Sigue cayendo la favorabilidad de Gustavo Petro y Francia Márquez

Este martes 5 de diciembre, la reconocida firma Cifras y Conceptos reveló los resultados de su más reciente Encuesta Polimétrica, la cual evidenció la crisis de popularidad que atraviesa la imagen del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, quienes alcanzaron una desfavorabilidad del 59 % y 64 % en noviembre de 2023.

El sondeo, que tiene como objetivo conocer la percepción de la ciudadanía frente a instituciones y políticos, muestra la manera como la imagen favorable del primer mandatario y de la viceministra se ha venido deteriorando desde noviembre de 2022 en segmentos como nivel socioeconómico, rango de edad y posición ideológica.

“En todos los segmentos el presidente está cayendo. Sin embargo, la caída de la vicepresidenta es mayor a la del presidente. Hoy Francia Márquez tiene una imagen favorable a penas del 26 % y desfavorable se ha consolidado en el 64 %”, señaló César Caballero, gerente de la Firma en diálogo con Caracol Radio.

A menos de un mes que concluyan las funciones de los alcaldes y gobernadores electos para el periodo 2020 – 2023, la Encuesta Polimétrica muestran la popularidad con la que finalizarán sus funciones.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, encabeza la lista con una imagen favorable del 72 %, seguido de la mandataria de Santa Marta, Virna Johnson, quien lo secunda con el 53 %. A su vez, en la lista de gobernadores resalta Elsa Noguera con el 77 % y Aníbal Gaviria con el 65 %.

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No obstante, en términos de imagen desfavorable la lista es encabezada por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con el 75 % y el exmandatario de Medellín, Daniel Quintero, con el 70 %. De igual manera, la peor ranqueada en la administración departamental fue Clara Luz Roldán, con el 36 %.

Por otra parte, la Encuesta Polimétrica evidenció el optimismo que siente la ciudadanía frente a los resultados de las elecciones regionales en las que se reorganizó el panorama político en el país.

“El 41 % de los ciudadanos se siente muy optimista con el resultado de las elecciones en el departamento y el 45 % en el resultado de su alcalde, especialmente en Medellín y Manizales”, aseguro Caballero.

El sondeo permite establecer que una buena parte de la sociedad civil aún desconoce a los ministros a pesar de que el Gobierno de Gustavo Petro lleva más de un año en el poder.

“Los ministros más conocidos son Álvaro Leyva que no lo conoce el 58 % e Iván Velázquez que no lo conoce el 59 %. Y con mayor favorabilidad son la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la ministra de Educación, Aurora Vergara con el 19 %.

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El polémico artículo 42 de la reforma a la salud, ¿se presta para corrupción? - Google

El polémico artículo 42 de la reforma a la salud, ¿se presta para corrupción?

Una de las reformas más polémicas del gobierno de Gustavo Petro, salió de cuidados intensivos. La reforma a la salud está solo a cinco artículos de su aprobación completa en el debate que se está llevando a cabo en la Cámara de Representantes.

Durante uno de los debates decisivos, llevado a cabo el pasado lunes, 4 de diciembre, el artículo 42 generó discordia y ha sido uno de los más polémicos desde que se presentó el proyecto. Este artículo es el que determina la elección de los directores de hospitales públicos.

De hecho, terminó incomodando, al parecer, al propio Gobierno en representación del ministro del Interior, Fernando Velasco, pues pidió que los gobernadores y alcaldes tengan la facultad absoluta para elegir en sus regiones, pero que no se incluya la palabra ‘concurso’.

Esto generó rechazo en la plenaria de la Cámara, pues para algunos congresistas fue entendido como una eliminación de la meritocracia y se convertiría en una elección a dedo.

“Si la Cámara no busca fusionar elementos de meritocracia con la posibilidad constitucional de no quitarle la decisión a los gobernadores y los alcaldes, este artículo va a terminar enfrentando el Congreso con buena parte de la opinión de este país”, señaló Velasco.

Esto generó bastantes críticas, como la del representante Jaime Salamanca, quien dijo que “Los gobernadores y alcaldes no son todos politiqueros” y que se deben buscar fórmulas para combinar el mérito con la decisión de los mandatarios regionales.

La representante Catherine Juvinao también criticó la decisión al asegurar que: “Si lo que se están inventando es una nueva jugadita para quitar la meritocracia, díganselo al país”.

De acuerdo con el proyecto de la reforma a la salud, el artículo 42 es del capítulo II de las Instituciones de Salud del Estado, este apartado detalla cómo se elegirá el director de los hospitales públicos.

Dentro de los requisitos que se encontraba en la ponencia original, estaban estipuladas algunas características que debía cumplir la persona postulada en su perfil profesional como, por ejemplo, un puntaje mínimo en la prueba, prepararían y llevarían a cabo las Instituciones de Educación Superior y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Además, la persona sería elegida dentro de los tres meses siguientes al inicio del periodo respectivo de la administración local, para un periodo de cuatro años.

Sin embargo, Alfredo Mondragón, ponente del proyecto, eliminó esos requisitos el pasado 15 de noviembre, “para la posesión del cargo, el director nombrado deberá realizar previamente un proceso de inducción, el cual será reglamentado por el Ministerio de Salud”.

Esto para algunos congresistas fue entendido como una eliminación de la meritocracia, pues los alcaldes y gobernadores podrán elegir a dedo a quienes se les entregarían esos cargos.

Catherine Juvinao Clavijo, del partido Verde, realizó un fuerte cuestionamiento: “¿Cómo es posible que una reforma que se dice que es para atajar la corrupción, esté avalando una proposición que elimina la meritocracia y se presta para la corrupción, la politiquería y el clientelismo?”.

Frente a esta polémica, el presidente Petro también se pronunció: “Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el Gobierno”.

Este artículo ha generado tanto caos, que, al parecer, ni los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el del Interior, Luis Fernando Velasco, se ponen de acuerdo con ese punto, pues el primero defiende la ponencia original y el otro la idea de que los mandatarios locales puedan asignar esos cargos a dedo.

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MinJusticia dice que acatan los ajustes en la polémica “paz total” del presidente Petro - Google

MinJusticia dice que acatan los ajustes en la polémica “paz total” del presidente Petro

Néstor Osuna, ministro de Justicia, desde Barranquilla sostuvo que van a acatar los ajustes de la polémica ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro por parte de la Corte Constitucional y que llevarán al Congreso todos los proyectos que sean necesarios.

“El Gobierno nacional siempre obedece, acata y cumple todas las sentencias judiciales. Ciertamente creo que es una buena noticia que la Corte Constitucional haya declarado exequible la ley 2292, 2272 de paz total y en cuanto a las observaciones que se hacen allí en la parte resolutiva de la sentencia, algunas consideraciones por supuesto que las acataremos y las cumpliremos todas y llevaremos al Congreso los proyectos para cumplir exactamente cada una de las consideraciones y decisiones de la Corte Constitucional, pero es una muy buena noticia para los colombianos”, dijo el jefe de esta cartera.

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Frente a la figura de los denominados voceros de paz, la Corte indicó que no puede existir a lo que el ministro Osuna sostuvo que esto no afectaría el acercamiento del gobierno con las bandas criminales.

“Digamos que es una figura que se ha usado muy, muy, muy poco así que, no es algo digamos que vaya a afectar en modo significativo los procesos de acercamiento con las estructuras criminales y mucho menos los diálogos de paz con las estructuras rebeldes y por supuesto que obedecemos y acatamos lo que la Corte Constitucional dijo al respecto”, agregó.

Estas declaraciones que entregó el ministro se dan en medio del foro de Reforma a la Justicia que organizó la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) en la capital del Atlántico.

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En dicho evento, el ministro escuchó a los funcionarios para los cambios que se vienen en la justicia para este 2024.

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Gobierno dice que la Corte Constitucional le dio un “espaldarazo” a la paz total - Google

Gobierno dice que la Corte Constitucional le dio un “espaldarazo” a la paz total

La Corte Constitucional le dio luz verde a la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, haciendo la claridad de que no puede nombrar como voceros de paz a personas que se encuentren privadas de la libertad ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder público.

Aunque el presidente no se ha pronunciado sobre esta decisión, desde el Gobierno ya lo hicieron algunos de los funcionarios que conocen de cerca el proceso. Para ellos, si bien es cierto que la Corte les puso algunos límites, el fallo es coherente con la jurisprudencia y reconoce que el Gobierno debe trabajar en pro del objetivo constitucional de lograr la paz.

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“La decisión es coherente con la historia jurisprudencial que reconoce la responsabilidad presidencial en materia de paz. Los lineamientos de la política inédita de paz de nuestro gobierno, basada en acercamientos y conversaciones socio jurídicas con grupos no rebeldes, están validados”, señaló la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la que llegará en los próximos días Otty Patiño, en reemplazo de Danilo Rueda.

Según esta dependencia, el alto tribunal dejó claro que es el Congreso el que debe legislar sobre la materia y que los diálogos con grupos rebeldes se sostienen sobre una tradición jurídica que se utiliza desde la década de los 90.

Por otra parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que van a revisar los detalles de la decisión, pero que en un principio la consideran un “espaldarazo” a su propuesta. “La Corte Constitucional siempre ha entendido la función de un gobierno de buscar la paz, porque la Constitución de 1991 es un acuerdo de paz”, le dijo Velasco a La W.

“Es lo mismo que dijeron cuando el expresidente Pastrana intentó hacer la paz sin éxito, cuando el expresidente Uribe hizo un acuerdo con la Autodefensas, cuando el expresidente Santos logró la paz con las Farc. Es una línea de coherencia frente a lo que han sido los esfuerzos de muchos gobiernos por conseguir la paz en Colombia”, agregó.

La Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que la intención de paz del Gobierno está bajo los parámetros de la ley casi en su totalidad. Sin embargo, dijo que el Gobierno no puede nombrar como voceros de paz a personas que se encuentren privadas de la libertad, ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder, bajo su criterio.

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En su decisión, la Corte concluyó también que la suspensión de las órdenes de captura también deben ser consultadas con las otras ramas del poder. Pero también se pronunció sobre la ubicación temporal y las garantías de seguridad de los miembros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto.

En gran parte de la decisión, el alto tribunal hizo énfasis en la importancia de la separación de poderes para que no se tomen decisiones arbitrarias. “Recordó que hacer una distribución clara de las funciones entre las ramas del poder público, y garantizar que quien ejerce un determinado poder es controlado por las otras ramas del Estado, minimiza el riesgo de abuso del poder o extralimitación de funciones”.

La génesis de esta decisión se remonta a la demanda que presentaron los congresistas del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui y María Fernanda Cabal, quienes alegaban que la iniciativa no tuvo concepto del Consejo de Política Criminal y cuestionaban que se podían levantar las órdenes de captura de personas procesadas para que fueran gestores de paz.

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La Cámara aprobó el fin de las EPS: ahora serían Gestoras de Salud y Vida

Las Empresas Promotoras de Salud o EPS van en camino a convertirse en Gestoras de Salud y Vida. Este jueves la Plenaria de la Cámara aprobó varios artículos de la reforma a la salud que tocan directamente a esos actores del sistema.

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Aunque varios partidos habían asegurado que esa era una línea roja, lo cierto es que fueron aprobados los siete artículos del Capítulo III, los cuales establecen la transformación de EPS en Gestoras, su naturaleza y funciones, la inspección y vigilancia, gastos administrativos y la atención de pacientes con patologías crónicas, entre otros puntos.

Durante el debate Alianza Verde protestó, pues el bloque se sometió a votación sin permitirles fijar posición al respecto. En la sesión anterior, donde se abrió el debate, los 15 representantes de ese partido estaban recusados y hoy, al volver a la discusión, la Mesa Directiva inició con la votación y no permitió más intervenciones.

Entre tanto, Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico y coordinador ponente de la iniciativa, destacó los cambios planteados y el rol que asumirán las Gestoras de Salud y Vida en el sistema.

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“El artículo 50, muy importante, es sobre el saneamiento de las EPS antes de convertirse en Gestoras. Van a tener que sanear sus deudas o no podrán estar habilitadas para pasar”, indicó.

A esta propuesta, sin embargo, le faltan dos debates más para que sea realidad.

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Luz verde al impuesto de plásticos de un solo uso de la reforma tributaria de Petro - Google

Luz verde al impuesto de plásticos de un solo uso de la reforma tributaria de Petro

El artículo 51 de la Ley 2277 de 2022 fue demandado porque no se tenía claridad sobre quién debía ser el responsable de pagar el impuesto, si el tributo obliga a las compañías productoras, o importadoras de productos plásticos, que son utilizados para envasar, embalar o empacar bienes (industria de plástico), o a las empresas productoras o importadoras de bienes que están contenidos en envases, embalajes o empaques de plásticos de un solo uso (industria en general).

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En este punto, la Corte determinó que quien debe responder por el impuesto es el productor -importador del envase: “el sujeto pasivo y responsable del impuesto es el fabricante e importador del envase, empaque o embalaje plástico de un solo uso, aunque las empresas extranjeras no”, señaló el alto tribunal.

Por otra parte, la Corte tumbó la expresión: “bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en”, contemplada en los numerales 1º y 2º del literal c) del artículo 50, porque contribuye a evitar la oscuridad o falta de claridad, certeza y seguridad jurídica en relación con los elementos estructurales que configuran el impuesto creado por el artículo 51 de la Ley 2277 de 2022.

En relación con el resto del artículo 50, la Sala encontró que debía abstenerse de realizar un pronunciamiento de fondo por inexistencia de cargos.

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Listo el proyecto de decreto para regular cannabis y coca con fines médicos - Google

Listo el proyecto de decreto para regular cannabis y coca con fines médicos

El Ministerio de Justicia publicó el borrador de un decreto con el que regula la autorización de posesión, cultivo y uso de semillas de amapola, coca y cannabis con fines médicos, científicos e industriales.

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La vigencia de las autorizaciones se extiende hasta cinco años, renovables con solicitud previa. Hoy en día no existen licencias para cultivo de amapola o coca. Esta sería la primera vez.

La obtención de la licencia para el cultivo de esas plantas como la amapola y la coca, así como la autorización para el uso de plantaciones, requieren la participación esencial de dos componentes: una entidad pública (alcaldía, gobernación, entidades nacionales o cabildos) y organizaciones campesinas o comunidades étnicas situadas en áreas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

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Dice el Ministerio de Justicia que, con esta ecuación entre entidad pública y organización social, también podría entrar el sector privado como socio inversionista, pues se contempla la posibilidad de que un empresario dedicado a productos legales a base de coca, amapola o cannabis se una a esa sociedad: “El decreto, es aplicable a nivel nacional y busca impulsar actividades con propósitos médicos, científicos e industriales”, dice el MinJusticia.

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Presidente Gustavo Petro dice que el Pacto Histórico debe ser un solo partido político

A través de un trino publicado esta mañana, el presidente Gustavo Petro se unió a la propuesta de unificar al Pacto Histórico como un solo partido, como ya lo han propuesto varios miembros de la coalición.

«Mi propuesta es que el Pacto Histórico que ha elegido 1.083 concejales y 39 diputados en el país se configure en un solo partido político», dijo en su cuenta de X.

Además, aseguró: «Conjuntamente con otros partidos y fuerzas, entre las que destaco al partido Verde, al Liberal y a los sectores socialcristianos, a las fuerzas sociales, étnicas y populares del país podría, y lo propongo, configurar el gran Frente Amplio de mayorías para defender el actual gobierno y programa y avanzar hacia el gran triunfo en Congreso y Presidencia en el año 2026″.

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La propuesta de unir a los 13 partidos que conforman el Pacto cobró vigencia en las entrañas de la coalición tras los resultados de las elecciones regionales y de cara a tener mejores opciones en las presidenciales del 2026.

«Debemos cohesionar el movimiento y darnos un reglamento interno para que haya consultas y lo más importante es unificar las personerías. Si no lo hacemos, no hay nada porque para 2026 no podemos hacer coalición”, dijo el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar.

Según el artículo 262 de la Constitución, los partidos pueden ir en coalición solo si sumada su votación anterior en dicha circunscripción es menor al 15 por ciento de los votos registrados. En las pasadas legislativas sacaron más de este margen, por lo que no podrían volver a unirse bajo esta figura, sino que cada uno de los partidos debería ir por separado.

Dicha tesis también vino de otras figuras relevantes en el Pacto Histórico como David Racero y María José Pizarro. “El Pacto Histórico solamente puede ser victorioso si se unifica en un solo partido. El partido hoy en día que haga parte del Pacto Histórico en coalición, de los que venimos trabajando desde el año pasado, que no está de acuerdo con esa posición, pues es mejor que se retire. Porque la única posibilidad de que este proyecto tenga futuro es la unificación de un partido único llamado Pacto Histórico», dijo Racero.

«Hacemos un llamado a nuestras bases: saldremos a recorrer el país, a dialogar con fuerzas y organizaciones para aportar y consolidar el cambio a nivel regional. El país nos llama a la serenidad, la unidad y el diálogo respetuoso entre las fuerzas alternativas. Propongo iniciar el diálogo urgente entre las 13 fuerzas que componen el @PactoHistorico para discutir la fusión y así convertirnos en un solo partido y fuerza política», manifestó Pizarro tras los resultados del 29 de octubre en las urnas.

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La situación pasa por la dificultad histórica de la izquierda para articularse como un solo proyecto y que ha tenido excepciones como el Polo Democrático Alternativo o incluso la coalición del Pacto en los pasados comicios.

El tema también se torna complejo debido a que una personería significa manejos independientes y una financiación estatal que perderían cada una de las cabezas de las colectividades si deciden unirse en un solo partido. Incluso, para el tema de avales es más fácil la situación de múltiples colectividades, como se vio en la regional. Aquellos que no se pudieron poner de acuerdo presentaron sus candidatos de forma individual.

Ahora, el presidente Petro también está haciendo mención a la necesidad de unir a la coalición en una sola colectividad.

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MinHacienda no da aval fiscal de reforma a salud, sino presenta escenario de factibilidad - Google

MinHacienda no da aval fiscal de reforma a salud, sino presenta escenario de factibilidad

El Ministerio de Hacienda radicó el impacto fiscal de la reforma a la salud, que actualmente se discute en el Congreso de la República. Se conoció el documento y este dice que la reforma tendrá un costo de $ 929.000 millones en 2024.

Los gastos de la salud aumentarán el próximo año pasando de $ 91,3 billones sin reforma a $ 92,3 billones con reforma. Además, el balance con reforma muestra un déficit de $ 3,2 billones, mientras que sin reforma la cifra es de -$ 2,3 billones.

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Los recursos requeridos para la construcción de nuevos CAPS se estiman en $ 500 mil millones por año. De aquí a 2036 habría mayor costo que el escenario actual y luego la reforma genera, debido de la prevención, ahorros al sistema.

“Si bien la reforma al sistema de salud implica mayores gastos en el corto y mediano plazo, derivados de la ampliación en la atención primaria, la formalización del talento humano en salud, la construcción y recuperación de la infraestructura pública hospitalaria y la creación de licencias de maternidad universales, entre otros, en el largo plazo, se espera que el énfasis en la prevención se traduzca en menores gastos de atención en mediana y alta complejidad”, reconoce la cartera de Hacienda.

Es decir, expertos dicen que MinHacienda con esto no da aval fiscal.

“El costo adicional que debe asumir la Nación para financiar cada uno de los componentes de gasto que hacen parte del articulado propuesto. Bajo esta metodología, el costo fiscal se estima entre 0,16 % y 0,88 % del PIB, por año, durante la próxima década. La limitación principal de esta cuantificación es que no muestra los ahorros estimados, sobre todo en servicios de mediana y alta complejidad, por lo que, en general, sobreestima el costo de la reforma”, se lee en el documento.

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Agrega que, para solucionar esta limitación, se presentan sendas de gasto a mediano plazo con y sin reforma. Bajo esta perspectiva, el costo de la reforma puede definirse como la diferencia entre ambas sendas de gasto.

En este escenario, el costo anual de la reforma tiene un costo máximo del 0,60 % del PIB en 2027 y disminuye a 0,18 % del PIB en 2033.

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