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María Fernanda Cabal radica derecho de petición en Cancillería por preocupación por el futuro de los pasaportes - Foto: Redes Sociales

María Fernanda Cabal radica derecho de petición en Cancillería por preocupación por el futuro de los pasaportes 

Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores fue radicado un derecho de petición para que el Gobierno Nacional entregue explicaciones sobre lo que está sucediendo con la expedición de los pasaportes en Colombia, tras la pronta terminación del contrato con Thomas Greg & Sons

La senadora María Fernanda Cabal, que presentó esta solicitud, pidió que se revele si existe o no un plan de contingencia para atender cualquier situación que se pueda presentar con la expedición de este documento

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“Sírvase informar cuál es el plan de contingencia del Gobierno Nacional para garantizar la emisión de pasaportes a los ciudadanos una vez finalice el contrato con Thomas Greg & Sons en el mes de septiembre”, indica el documento. 

Adicionalmente, solicitó que se dé claridad sobre si la Imprenta Nacional tiene o no la capacidad suficiente para asumir la expedición de los pasaportes en todo el territorio

“Sírvase informar si está la Imprenta Nacional técnicamente preparada para asumir la impresión, personalización y distribución de aproximadamente 8.000 pasaportes diarios. Favor informar desde cuándo asumirá la impresión de pasaportes y remitir copia del cronograma oficial”, añade. 

En la solicitud también se pide hacer claridad si en la actualidad existe o no un contrato firmado con el Gobierno de Portugal para la emisión de los pasaportes y si es así, pide entregar los detalles del convenio

De igual forma, cuestionó a la Cancillería sobre el papel que jugará de ahora en adelante el jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, en todo este proceso. 

“¿Qué papel ha tenido el señor Alfredo Saade en las decisiones sobre la impresión de pasaportes, considerando que esta competencia es de la
Cancillería? ¿Qué medidas se están tomando para evitar una posible crisis de documentación que impida a los ciudadanos acceder a su derecho al pasaporte?”, manifestó. 

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Pidió explicaciones sobre las demoras que se están presentando en la asignación de citas a los ciudadanos. “Sírvase informar cómo están gestionando actualmente el tema de las citas para expedir el pasaporte. Favor especificar el tipo de software que se utiliza para el agendamiento de citas, el proveedor que lo presta, quién lo opera y cómo funciona”, indica. 

Finalmente, la senadora Cabal espera que el Gobierno entregue detalles de los procesos que se están implementando para garantizar que las personas puedan acceder a su cita oportunamente para adquirir su pasaporte

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Rosa Villavicencio, viceministra de Relaciones Exteriores, asumirá como canciller encargada - Foto: Cancillería

Rosa Villavicencio, viceministra de Relaciones Exteriores, asumirá como canciller encargada 

Tras finalizar una reunión con el presidente Gustavo Petro, la saliente canciller Laura Sarabia confirmó que la vicecanciller Rosa Villavicencio asumirá como ministra encargada de Relaciones Exteriores a partir de este martes. 

Sarabia también anunció que iniciará el proceso de empalme con su sucesora. “Hoy puedo decir oficialmente que mi tiempo en el Gobierno ha terminado”, aseguró Sarabia, quien deja el cargo en medio de una crisis institucional por la licitación fallida de los pasaportes. 

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“Estaremos trabajando junto a ella y le estaré entregando toda mi gestión durante los últimos seis meses. Toda mi gratitud al presidente Petro”, añadió desde la Casa de Nariño. 

Sarabia, cabe recordar, renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 3 de julio, luego de que el presidente Petro desautorizara —a través de Alfredo Saade, su jefe de despacho— su decisión de prorrogar por once meses el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons. 

“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, señaló Sarabia tras anunciar su renuncia. 

Desde el año 2023, el Gobierno ha intentado reemplazar a Thomas Greg en la impresión de pasaportes, pero el proceso ha estado marcado por líos jurídicos, demandas, y decisiones revocadas desde dentro de la Cancillería

La controversia comenzó en mayo de ese año, cuando siete empresas se retiraron de una licitación de la Cancillería alegando que estaba amañada a favor de Thomas Greg & Sons, firma que produce los pasaportes desde 2007. Denunciaron requisitos excluyentes que solo la multinacional podía cumplir.  

El entonces canciller Álvaro Leyva suspendió el proceso y en septiembre lo declaró desierto, invocando luego una urgencia manifiesta para contratar directamente a Thomas Greg & Sons y así garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, en diciembre, la empresa demandó al Estado por 117.000 millones de pesos al considerar injusta la cancelación del proceso, pero retiró la demanda en enero de 2025. 

En septiembre de 2024, el canciller Luis Gilberto Murillo prorrogó el contrato hasta agosto de 2025. Se anunció que desde septiembre de ese año, la Casa de la Moneda de Portugal fabricaría los pasaportes en Colombia y luego transferiría esa labor a la Imprenta Nacional. Sin embargo, a pocos días del cambio previsto, no hay contrato firmado con Portugal y la Imprenta Nacional, como señaló Sarabia, no tiene capacidad operativa para asumir la producción. 

“Consideramos desde la Cancillería que la Imprenta no está lista y que necesita un tiempo de transición, un tiempo de transición para que lleguen las máquinas, un tiempo de transición para el fortalecimiento de las capacidades”, aseguró Sarabia este lunes.  

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Añadió que está de acuerdo con el presidente Petro en que la expedición del documento debe ser un proceso controlado por el Estado, pero advirtió que “eso no se hace de la noche a la mañana”. 

¿Quién es Rosa Villavicencio? 

Rosa Villavicencio llegó al Viceministerio en mayo de este año, en reemplazo de Daniel Ávila, un funcionario de carrera que apenas duró tres meses —y como encargado— en el cargo. Villavicencio asumió el cargo en medio de ruido dentro del cuerpo diplomático, pues hay dudas sobre si cumple el requisito del segundo idioma. 

La canciller encargada a partir de este martes es licenciada en Economía y cuenta con una especialización en mujer y desarrollo, además de un máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias. Vivió en España los últimos veinticuatro años, donde, según Congreso Visible, trabajó por “proteger los derechos de los colectivos más expuestos o en situación de vulnerabilidad y exclusión social, en especial el colectivo inmigrante”. 

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Miguel Uribe Turbay lidera intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026 - Foto: Tomada de redes sociales

Miguel Uribe Turbay lidera intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026 

La más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica da cuenta de que Miguel Uribe sube del séptimo puesto al primer lugar en las preferencias de los colombianos y que pasa de un 4,5% a un 13,7% en intención de voto. 

El pasado 28 de abril Guarumo y Ecoanalítica, para el diario El Tiempo, publicaron un sondeo liderado por el entonces director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, con un 12,6% de respaldo, seguido de la periodista Vicky Dávila, con 11,6%. 

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Luego el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, con un 11,4%. Y la lista continuaba con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con un 5,6% de apoyo, seguido de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que marcó el 4,7%. Posteriormente, estaban los senadores del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, con 4,6% y 4,5%, así como el excandidato presidencial Juan Manuel Galán, con el 4,0%. 

La nueva medición, con datos recolectados entre el 1.° y el 5 de julio de 2025, ponen de líder con un 13,7 por ciento de los votos a Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien lucha por su vida tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá; seguido de la periodista Vicky Dávila, con el 11,5 por ciento; y el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, con un 10,5 por ciento. 

Luego aparecen Sergio Fajardo y Daniel Quintero con un 8,7 por ciento y 8,1 por ciento, respectivamente. Y tanto la exalcaldesa de Bogotá Claudia López como la opción ‘Ninguno’ obtuvieron un 5,3 por ciento. 

Al final de sitúan la senadora María José Pizarro; el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán; el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el senador Jota Pe Hernández. 

Y en una eventual consulta en el Pacto Histórico quedaría Gustavo Bolívar (29,2 por ciento; en el centro Sergio Fajardo (33,9 por ciento) y en la centro derecha Vicky Dávila (51,9 por ciento). 

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Así mismo, ante una consulta entre candidatos del Centro Democrático, Miguel Uribe sería elegido con el 74,4 por ciento. 

Y en una consulta de candidatos de regiones, Aníbal García se encontraría de primeras con el 25,4 por ciento, seguido por Jaime Pumarejo (22,0 por ciento) y Enrique Peñalosa (18,3 por ciento). 

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Presidente Petro envió carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Presidencia

Presidente Petro envió carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump 

El presidente de la República, Gustavo Petro, envió una carta de carácter privado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que rectifica y ofrece aclaraciones sobre las declaraciones que hizo en semanas anteriores, en las que insinuó que el Gobierno estadounidense podría estar implicado en un intento de desestabilización política en Colombia. 

La misiva, con fecha del 23 de junio, fue confirmada por la excanciller Laura Sarabia y el embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña. El contenido de la carta se conoció este lunes cuando se conoció el documento original en español y a su traducción oficial al inglés. La comunicación fue enviada a través del canal diplomático reservado, a petición expresa del Gobierno de EE. UU., que solicitó una rectificación formal de parte del jefe de Estado colombiano, tras declaraciones que fueron interpretadas como una acusación directa contra la administración estadounidense. 

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En el documento, dirigido a “Excelentísimo señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América”, Petro reconoce que la controversia generada por sus comentarios requiere una reflexión serena

“En las últimas semanas, se dio un intercambio de opiniones entre el despacho de la Secretaría de Estado y esta Presidencia que alcanzó una notoriedad pública que merece una reflexión serena y franca”, señaló Petro

El mandatario colombiano, si bien no ofrece una disculpa explícita, aclara que sus palabras no pretendieron señalar de manera personal a ningún funcionario ni al Gobierno estadounidense, en especial al secretario de Estado, Marco Rubio. 

“Deseo aclarar que cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación en un supuesto golpe de Estado en Colombia, no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamentos el papel de los Estados Unidos”, agregó Petro. 

Además, Petro reconoce que algunas de sus declaraciones pudieron haber sido malinterpretadas o consideradas excesivas: “Reconozco que es posible que algunas de mis palabras hayan sido percibidas como innecesariamente duras. En aras del diálogo, quiero decir que mi intención no es cerrar puertas, sino abrir caminos para una conversación honesta y respetuosa entre nuestros países”. 

En la segunda parte de la carta, el presidente Petro también aborda un tema sensible del contexto interno: el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido hace un mes, y sobre el cual algunos sectores responsabilizaron al gobierno por supuesta «retórica violenta». 

“Se ha insinuado públicamente que la ‘retórica violenta’ de esta Presidencia fue un detonante del ataque […] Como ya ha sido establecido por las autoridades investigativas, no existe prueba alguna que vincule a este gobierno ni a sus discursos con ese lamentable hecho.” 

Petro insiste en que la política no debe convertirse en un “campo de sospechas” y subraya que todos los recursos del Estado se han puesto al servicio del esclarecimiento del atentado, sin sesgos políticos. 

Rechazo de manera categórica cualquier intento de utilizar la tragedia como instrumento de acusación infundada”, agregó. 

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En un intento por relanzar la relación bilateral, el presidente colombiano aprovechó la misiva para reiterar su propuesta de una cumbre entre Estados Unidos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Quisiera reiterar mi propuesta de convocar una cumbre entre el gobierno de los Estados Unidos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). No como gesto simbólico, sino como una oportunidad real de sentarnos como iguales a pensar el futuro que compartimos”, apuntó el mandatario. 

El presidente concluye la carta con una invocación a la cooperación hemisférica y al respeto mutuo entre los pueblos: “Este no es un llamado a la confrontación, sino a la responsabilidad compartida. La historia nos mira, y el juicio más severo será el del porvenir. Ojalá podamos estar a la altura de este momento.” 

Esta carta, aunque enviada antes de que estallara la más reciente crisis diplomática con Washington, fue mantenida en reserva por decisión del gobierno colombiano y del Departamento de Estado estadounidense. 

Pese a la carta, el Gobierno de Estados Unidos decidió tomar represalias contra el Gobierno de Petro. La semana pasada comenzó a retirar visas de ingreso a varios funcionarios, pero, además, retiró a su embajador encargado en Colombia, John McNamara. 

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Ministerio de Defensa garantiza protección del presidente con refuerzo de Fuerzas Militares y Policía Nacional ante nuevas amenazas.

Ministerio de Defensa garantiza protección del presidente con refuerzo de Fuerzas Militares y Policía Nacional ante nuevas amenazas

El presidente Gustavo Petro cuenta con un refuerzo en su esquema de seguridad, compuesto por personal especializado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, para conjurar cualquier amenaza o riesgo que se pueda presentar, tanto en sus desplazamientos como en la Casa de Nariño.

Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al reconocer que el jefe de Estado en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Militares está expuesto a riesgos o amenazas permanentes. Y esa labor de custodia se ejerce en coordinación con la Jefatura de Protección Presidencial.

“Lo cierto es –enfatizó el funcionario– que en este momento la seguridad del señor presidente está garantizada; es nuestro deber constitucional”.

Añadió que en la Junta de Inteligencia Conjunta celebrada el miércoles pasado “analizamos diferentes amenazas que podría haber alrededor del señor Presidente, una información que es supremamente reservada”.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional suministran las capacidades con hombres y mujeres, configuran áreas específicas para mantener la seguridad en los sitios a los que se desplaza el mandatario y brindan apoyo aéreo con personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. 

Advirtió que “siempre, donde esté el señor Presidente de la República, va a estar una amenaza latente”.

Por esa razón, “cuando se desplaza a las regiones articulamos anillos de seguridad articulados con un trabajo previo y un planeamiento muy detallado, de tal manera que podamos neutralizar cualquier amenaza contra el Presidente de la República”.

El ministro enfatizó que la labor de inteligencia es determinante y se articula con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), mediante intercambio permanente de información entre agencias. 

Respecto a la seguridad en la Casa de Nariño, indicó que hay todo un dispositivo por parte de las Fuerzas Militares, con el Batallón Guardia Presencial, un batallón de fuerzas especiales urbanas y antiterroristas adscrito a la Brigada 13. Con ellos coordina Policía Nacional con un grupo de operación especial. 

“La intención es brindarle toda la seguridad al señor Presidente, de manera que pueda estar totalmente totalmente tranquilo, para que ejerza su función”, informó el titular de la cartera de Defensa.

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Embajador colombiano pide prudencia en medio de tensión con EE. UU. - Foto: Redes sociales

Embajador colombiano pide prudencia en medio de tensión con EE. UU. 

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, hizo un llamado público a la mesura y a la responsabilidad en las declaraciones y reacciones frente a la actual coyuntura diplomática entre ambos países. 

Subrayó que las opiniones especulativas o inflamatorias no contribuyen al fortalecimiento de la relación bilateral, ni al mantenimiento de una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y el entendimiento compartido. 

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Este llamado se produce luego de que tanto el Gobierno de Colombia como el de Estados Unidos decidieran convocar a consultas a sus respectivos embajadores en Washington y Bogotá. 

Esta medida, aunque poco frecuente, es una herramienta legítima y soberana en el marco del derecho internacional, que permite a los gobiernos revisar y evaluar aspectos de sus relaciones exteriores sin que ello implique necesariamente una crisis diplomática o ruptura de relaciones.  

El embajador García-Peña enfatizó que el Gobierno de Colombia mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento de la relación bilateral y con la cooperación en áreas clave como la seguridad, el desarrollo económico, la migración y la transición energética. 

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También reiteró que Colombia seguirá promoviendo un diálogo respetuoso, franco y constructivo con Estados Unidos, en beneficio de ambos pueblos y de la estabilidad regional.  

Finalmente, instó a todos los actores políticos, sociales y mediáticos a actuar con responsabilidad y altura frente a este momento diplomático, recordando que el respeto institucional y la prudencia son fundamentales para preservar una relación estratégica y de largo plazo entre los dos países. 

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Presidente Petro cancela viaje a cumbre de los BRICS por crisis diplomática con EE. UU. - Foto: Presidencia

Presidente Petro cancela viaje a cumbre de los BRICS por crisis diplomática con EE. UU. 

Se espera que los líderes del BRICS se reúnan este fin de semana en Río de Janeiro, Brasil, en una cumbre organizada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Allí firmarán una declaración conjunta condenando “el aumento de medidas proteccionistas unilaterales injustificadas” y “la subida indiscriminada” de los aranceles por parte del gobierno Trump. Ese documento fue acordado por los ministros de Asuntos Exteriores del bloque en abril. 

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La presencia del presidente Gustavo Petro en esta cumbre estaba prevista desde hace pocos días, al igual que la de la saliente canciller Laura Sarabia. La avanzada del mandatario fue enviada a Río de Janeiro para preparar su llegada; sin embargo, el presidente Petro canceló, por ahora, la decisión de no asistir a la cumbre. 

Esta se llevará a cabo el próximo domingo y lunes; el presidente tenía previsto viajar el viernes y regresar el martes de la próxima semana. Ahora será el embajador Guillermo Rivera —quien renunció ayer— quien represente a Colombia en este escenario. 

Y es que, en medio de la crisis con Estados Unidos, esta ausencia podría interpretarse como un irritante más en la relación bilateral. Además, la renuncia de la canciller Laura Sarabia también cambió el panorama. 

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Cabe mencionar que Colombia no hace parte del bloque de los BRICS, aunque en junio de este año se adhirió al banco de desarrollo del grupo. El presidente, sin embargo, había sido invitado a la cumbre por el gobierno de Brasil

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La JEP reconoció como víctima de persecución política al líder de Fuerza Ciudadana - Foto: Cortesía prensa Carlos Caicedo

La JEP reconoció como víctima de persecución política al líder de Fuerza Ciudadana 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un auto, en el marco del Caso 08, sobre “Crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares”, relacionado con hechos del conflicto armado que se han presentado en el departamento del Magdalena en los últimos 20 años. 

En la decisión, la JEP reconoció como víctima de persecución política a Carlos Caicedo, jefe del partido Fuerza Ciudadana, quien ha denunciado “amenazas, estigmatización, calumnia e injuria en hechos ocurridos de 1996 a 2016 en Santa Marta”, de las cuales culpa como presuntos responsables a los paramilitares y bandas criminales que operan en la región. 

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Aparte de acreditarlo como víctima, también pone a su disposición “las diligencias de versión voluntaria y declaraciones juradas prácticas en el subcaso Gran Magdalena del Caso 08”, con el fin de que pueda “acceder a las grabaciones en audio y video”. 

Caicedo celebró la determinación judicial y dijo que “durante más de dos décadas he sufrido una persecución sistemática que ha dejado cicatrices imborrables en mi vida pública y personal. Calumnias, procesos judiciales sin fundamentos y privación injusta de la libertad por años, amenazas constantes por haberme enfrentado a las mafias políticas que se lucraron del conflicto”. 

Dijo además que su caso sienta un precedente para favorecer a cientos de colombianos que han tenido que padecer casos de persecución política de parte de sus contradictores

“Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoce esa verdad: he sido víctima del conflicto armado colombiano. Es una decisión histórica que reconoce en esas falsas acusaciones y en la campaña de desprestigio en mi contra como parte de una estrategia de eliminación política sistemática”, dijo. 

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“Este fallo no solo reivindica mi nombre, sino que sienta un precedente. La calumnia y la estigmatización también son formas de violencia. La verdad prevalece y con ella seguiremos construyendo un país más justo”, añadió. 

Según Caicedo, cuando se desempeñó como rector de la Universidad del Magdalena (1997–2006), fue víctima de montajes judiciales, campañas de desprestigio y uso de falsos testigos, cuando enfrentó “redes clientelares ligadas al paramilitarismo”. Además, en su posterior trayectoria política intentaron vincularlo con estructuras armadas ilegales. 

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Demandan resolución que delimita zona de ubicación para el frente 33 - Foto: Captura de video

Demandan resolución que delimita zona de ubicación para el Frente 33

En el Consejo de Estado fue radicada una demanda de nulidad contra la Resolución No. 161 del 23 de mayo de 2025, expedida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que delimita una zona de ubicación para el Frente 33 de las disidencias de las FARC en Tibú, Norte de Santander. 

El recurso fue presentado por el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien asegura que la resolución se fundamenta en una grave violación de principios constitucionales. 

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“Colombia ya vivió el error de crear zonas donde el Estado renuncia a su soberanía. No podemos repetir ese camino. Esta resolución abre un boquete legal e institucional que debilita el Estado de derecho y deja sin garantías a millones de colombianos. Además, suma motivos para la descertificación del país, lo que traería nefastas consecuencias en materia de cooperación y reputación internacional”, señaló Galán. 

Para el dirigente de la colectividad, el Gobierno ha incurrido en una extralimitación de funciones al adoptar una medida de alto impacto sin motivación suficiente, sin consulta institucional y sin los controles constitucionales que exige un proceso de paz legítimo. 

“La Resolución 161 vulnera tratados internacionales sobre derechos humanos y cooperación judicial, ignora el derecho al debido proceso y pone en riesgo al Catatumbo, territorio que ha sufrido el incremento de la violencia, el desplazamiento forzado y la presencia de estructuras armadas ilegales. La paz debe construirse con rigor jurídico, no con concesiones opacas ni actos administrativos improvisados. Colombia necesita reconciliación, pero no al precio de desproteger a las víctimas y debilitar la justicia”, aseveró. 

La demanda tiene como pretensión la nulidad del decreto, y solicita que, «como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se restablezca el control judicial efectivo sobre las órdenes de captura y de extradición, garantizando que cualquier decisión relacionada con la suspensión o modificación de dichas medidas se sujete al principio de reserva judicial y a los procedimientos legalmente establecidos, en particular en relación con la necesidad de que exista una ley de sometimiento, una autorización judicial para el levantamiento de órdenes de captura y una protección efectiva a las víctimas, tal como lo condicionó la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la norma». 

El pasado 3 de mayo, el presidente Petro confirmó que la delegación de paz del Gobierno y miembros de las disidencias del Frente 33 —una de las estructuras que componen el Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte— acordaron la instalación de una zona de ubicación temporal de cara a la “dejación de la violencia”. 

El documento, firmado tras un encuentro en la ciudad de Cúcuta, establece la instalación de una zona de ubicación temporal en el área rural del municipio de Tibú, bajo los parámetros establecidos en la Ley 2272 (de “paz total”). 

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“Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el Frente 33 del Estado Mayor y el Gobierno nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del Frente 33. Comienza la paz del Catatumbo”, señaló el presidente Petro en su cuenta de X. 

Este frente, liderado por alias Jhon Mechas y alias Richard, hace parte de las disidencias del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, que a su vez integra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), conocidas como las disidencias de ‘Calarcá’. 

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Se eliminarán las curules de los exFarc en el Congreso - Foto: Tomada de internet

Se eliminarán las curules de los exFarc en el Congreso  

El Partido Comunes, movimiento que nació tras la desmovilización de la extinta guerrilla de las Farc, dejará de contar con su representación garantizada en el Congreso colombiano a partir de las elecciones de 2026. 

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, el Gobierno de Gustavo Petro expidió los decretos con los que se suprime las diez curules asignadas en el Senado y la Cámara de Representantes para la colectividad, como resultado del acuerdo de paz firmado en 2016. 

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En el documento pactado entre el Gobierno colombiano y el antiguo grupo armado, estableció que los miembros del Partido Comunes recibirían diez curules en el Congreso durante dos periodos legislativos consecutivos, es decir, los periodos 2018 – 2022 y 2022 – 2026, como parte de las garantías para su reincorporación política. 

Esta medida, que buscaba facilitar la transición de la antigua guerrilla a la vida civil y democrática, tenía un carácter temporal y su vigencia estaba limitada a dos cuatrienios. 

Con la expedición del nuevo decreto, el Ejecutivo da cumplimiento a lo pactado en el acuerdo, poniendo fin a la presencia automática de Comunes en el legislativo

“De conformidad con lo anterior, para el periodo constitucional 2026-2030 y los subsiguientes no se habilita la asignación de dichas curules extraordinarias, por cuanto su naturaleza es estrictamente transitoria y su alcance se encuentra expresamente limitado a los periodos mencionados en el acto legislativo 03 de 2017”, se lee en la normativa revelada por el citado medio de comunicación. 

En este sentido, para las elecciones de 2026, el partido Comunes deberá competir en igualdad de condiciones con el resto de partidos políticos para obtener representación parlamentaria. 

La eliminación de las curules reservadas para Comunes representa un hito en la implementación de los compromisos adquiridos en el proceso de paz. Durante los dos periodos en los que gozaron de esta prerrogativa, los representantes de Comunes participaron en la actividad legislativa y en la vida política nacional, en medio de debates sobre la legitimidad y el alcance de su presencia en el Congreso. 

Antes de que se oficializara el decreto que contempla la eliminación de sus curules en el Congreso, desde el partido Comunes manifestaron su desacuerdo con la decisión del Gobierno Petro, al considerar que se dio prioridad a este aspecto, pero dejando de lado otros asuntos como la seguridad de los excombatientes o la distribución de tierras. 

Uno de ellos fue el senador Julián Gallo que, pese a expresar su inconformidad con el Ejecutivo, confía en que pueden obtener buenos resultados en las elecciones parlamentarias de 2026. 

“Para las elecciones de 2026 ya no tendremos ese principio de favorabilidad, por llamarlo de esa manera, que buscaba darnos dos periodos de transición para lograr plenamente la reincorporación política”, explicó el congresista. 

Incluso, aseveró que “sorprende la celeridad del Gobierno para hacer cumplir esa parte del Acuerdo, pero ojalá esa misma celeridad se viera en otros temas, como la distribución de tierras, los proyectos productivos y la reforma política”. 

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No obstante, declaró que, a vísperas del inicio de la campaña electoral, habría serias dificultades para mantener sus espacios en el Congreso colombiano. 

“No vamos a mantener las cinco curules en Senado, pero sí creemos que en esta convergencia que denominamos ‘Unitarios’ vamos a lograr obtener el umbral (…)Hemos venido trabajando en la construcción de un proceso de convergencia con otros partidos y movimientos políticos para presentarnos en unas listas de coalición tanto al Senado como en las circunscripciones de Cámara”, manifestó. 

Según lo establecido en la legislación colombiana, los partidos políticos deben alcanzar un umbral mínimo del tres por ciento de los votos en las elecciones legislativas para conservar su personería jurídica, lo que podría poner en riesgo la continuidad del movimiento en el escenario político nacional. 

En los comicios de 2018 y 2022, el Partido Comunes obtuvo más de 50.000 votos, lo que representó apenas el 0,34 % del total de sufragio

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