La Unidad para las Víctimas sigue avanzando en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Con este propósito, la entidad entregó 517 cartas de indemnización por valor de 4.781 millones de pesos a sobrevivientes del conflicto armado que habitan en 32 municipios tolimenses, y 152 cartas más por 5.033 millones de pesos a víctimas de los paramilitares en el Cesar.   En el caso del Tolima, la medida de reparación económica fue entregada en cuatro jornadas de indemnización. Las dos primeras se realizaron el 11 y el 17 de junio en Ibagué, que beneficiaron a víctimas de los municipios de Alpujarra, Anzoátegui, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Cunday, Dolores, Espinal, Guamo, Ibagué, Natagaima, Prado, Rovira, San Luis, Villarrica, Alvarado, Coello, Icononzo, Purificación, Saldaña, Suárez y Valle de San Juan. Allí se entregaron 435 cartas por 3.838 millones de pesos. En Líbano se realizaron otras dos jornadas, que beneficiaron a víctimas de los municipios de Venadillo, Villahermosa, Herveo, Lérida, Líbano, Armero, Falan, Fresno, Honda, Mariquita y Palocabildo. Estas entregas tuvieron una inversión de 943 millones de pesos representados en 82 cartas. Las actividades incluyeron asesoría y orientación en el uso adecuado de los recursos y estrategias de inversión, así como un mensaje de reconocimiento y dignificación.  La directora territorial Central de la Unidad para las Víctimas, Zoraida Hernández, destacó que “estas acciones las realizamos en el marco de nuestra misionalidad de reparación individual. De esta manera, la Unidad le sigue cumpliendo a las víctimas del conflicto armado en el Tolima”. En el caso del Cesar, la Unidad lideró en el municipio de Pelaya una jornada de reparación, memoria y dignificación que benefició a 215 víctimas del extinto frente paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra. En cumplimiento de los compromisos asumidos en abril de 2025 con esta población, la entidad aceleró la entrega de 152 cartas de indemnización por valor de 5.033 millones, lo que significó un avance en la reparación integral de las víctimas de este caso. “El que se está dando en Pelaya es un paso reparador que hace parte del cumplimiento de lo que ha significado en la memoria de Colombia el caso de la Hacienda Bellacruz, una acción de grupos paramilitares que destruyeron la vida y el bienestar de hombres y mujeres”, afirmó la directora general (e) de la Unidad, Gloria Cuartas Montoya.  En esa línea, la directora destacó que 215 víctimas de este caso ahora tienen en sus manos la indemnización económica que esperaron por más de dos décadas, lo cual se considera como una “parte simbólica” de lo que significa el proceso de perdón y de reparación, que “es mucho más que una indemnización económica. Es un camino largo, que estamos cumpliendo”. Reparación emocional Además de su indemnización, las víctimas tuvieron un espacio de reparación emocional en el que contaron los hechos victimizantes que vivieron para generar conciencia y hacer un llamado a que no se repita lo que les ocurrió.  Esta actividad se enmarcó en la estrategia Cartas para el futuro, liderada por el equipo de Contribuciones a la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de la Unidad para las Víctimas. Durante la actividad, las víctimas expresaron a puño y letra en sus cartas las reflexiones que querían dejarle al destinatario que escogieron para que recibiera su misiva y estos textos fueron leídos ante el público presente, para generar un momento de reflexión sobre los vejámenes que sufrieron a manos de paramilitares en febrero de 1996. Luego de leer su carta, cada víctima encendió una vela blanca como homenaje a la memoria de quienes perdieron su vida por cuenta de estos actos violentos, y proyectaron un video para exaltar a cada uno de sus seres queridos asesinados. En este espacio también se entregaron 19 placas conmemorativas a las familias de los fallecidos. La Unidad para las Víctimas sigue trabajando en el fortalecimiento de los procesos de memoria y reparación de las víctimas del conflicto armado en todo el territorio nacional, y reitera su compromiso de seguir implementando medidas que garanticen su reparación integral, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.

Enfocar la política de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno por regiones y no por individuos ni por familias, esa es la nueva iniciativa que planteó este jueves el presidente Gustavo Petro para contrarrestar el incremento en la productividad de las siembras ilícitas que, según un informe de Naciones Unidas, está ocurriendo en nuestro país. “La hoja de coca está creciendo en productividad, no en tamaño de los cultivos. Entonces, lo que tenemos que proponer es como sustituto, que es nuestra política, sustituir regiones, no individuos, no familias, porque entran inmediatamente en peligro. Pues tiene que ser por una producción que incremente también su productividad”, manifestó el jefe de Estado, durante una jornada de impulso a la agroindustria y la comercialización celebrada en la región del Catatumbo. También propuso que Colombia y Bolivia asuman el costo de una medición independiente ante el Comité sobre Drogas de las Naciones Unidas, para que “tengamos una información certera que nos ayudaría en los próximos años a tener un uso útil y benigno de la hoja de coca”. Frente al informe de la ONU, indicó que “nos está diciendo es que un año para el otro, del 2022 al 2023, se duplicó la productividad de la hoja de coca por hectárea, en toda Colombia. Eso significa maneras de sembrarla diferente, eso significa fertilizantes diferentes, eso significa variedades de las semillas diferentes”. Ese incremento, afirmó, se ha ralentizado. Realmente creció hasta el 2020 y más o menos ahí se conserva un techo” y se evidencia en otros puntos de América Latina y América Central. Seguro que hay otras zonas que aún no conocemos, aunque admitió que el hecho de que el país llegue a 250 mil hectáreas sembradas “representan más o menos el 60 % del total de cultivos de hoja de coca del mundo que todos están en América Latina”. Resalto que lo “importante de ese estudio es la manera como los europeos tratan este tema –y es importante discutirlo–, porque ponen el potencial de producción y se dispara exponencialmente”. Descartó la fumigación, “que ha sido la gran estrategia usada como posible solución para detener ese incremento ahí, por no sé por cuánto, ¿20 años? Hasta que la prohibieron, pues no funciona, porque cae y mata una cosecha. Pero si se usa glifosato, que es el químico preferido, pues esa cosecha vuelve a nacer y entonces literalmente se está haciendo un negocio con el glifosato”. Además de infraestructura —concluyó el presidente—, “necesitamos Ejército, porque esto no es una estrategia ingenua, tiene que ser político – militar. Entre más disminuyan los cultivos de hoja de coca, más paz habrá en la región. No por culpa de la hoja de coca, eso no tiene la culpa, por culpa del consumo en los países más poderosos de la tierra que no se excusan ante nosotros, sino que nos echan la culpa. Cuando la culpa la tienen son ellos, por consumir”.