La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Emidio Pérez García y John Jairo Castaño Betancourt, presuntamente responsables de extorsionar a un comerciante de Pereira (Risaralda). Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Risaralda les imputó el delito de extorsión.  Las labores adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula de la Policía Nacional permitieron establecer que en lo corrido de este año, desde marzo hasta octubre, los procesados habrían abordado varias veces a la víctima y le pidieron una elevada suma de dinero para no atentar contra su vida y la de su familia. El material de prueba da cuenta de que los hombres, al parecer, se habrían hecho pasar por integrantes de un grupo armado ilegal para intimidarlo. Pérez García y Castaño Betancourt fueron capturados el pasado 5 de octubre en vía pública del barrio Kennedy en Pereira.

La Fiscalía presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre, presuntamente responsable del asesinato de su excompañera sentimental, ocurrido el pasado 7 de octubre en Buenaventura (Valle del Cauca). Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó al investigado el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó. El material de prueba da cuenta de que el hombre llegó a la casa de la víctima exigiéndole que le devolviera un obsequio que le había dado semanas antes. En el momento que la mujer pretendía devolvérselo, al parecer, fue tomada por la fuerza y atacada en varias ocasiones con un arma blanca. Herida, la mujer fue trasladada a un centro asistencial a donde llegó sin signos vitales. La investigación permitió establecer que las agresiones se habrían presentado de manera reiterada, ya que el hombre la amenazaba, insultaba y vigilaba, aun después de haber terminado la relación. Personal de la Sijín de la Policía Nacional capturó al imputado cuando se movilizaba por un sector del puerto. Por determinación del juez, el investigado deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Johan Camilo Parra Mosos, alias Sonrisa Falsa; y Jacqueline Mosos Ramírez, alias Chiqui o Mona, quienes se encargarían de dinamizar el comercio de estupefacientes en el centro de Neiva. Un fiscal de la Seccional Huila les imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; y tráfico fabricación o porte de estupefacientes. Cargos que no fueron aceptados por los procesados. De acuerdo con la investigación, las actividades ilegales se realizaban, principalmente, desde una vivienda del barrio Los Mártires de Neiva. Este lugar fue allanado por la Policía Nacional y allí incautaron varias dosis de marihuana listas para ser distribuidas en las denominadas plazas de vicio. El estupefaciente estaba camuflado en bolsas negras, forradas con papel transparente. En los operativos también fueron encontrados 19 millones de pesos en efectivo, suma que estaría relacionada con la actividad ilícita. Además, fue incautada un arma de fuego con su respectiva munición.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de su hijastra menor de edad en Arauca (Arauca). Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Arauca le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambos con circunstancias de agravación. Los cargos no fueron aceptados. La investigación permitió establecer que los hechos se habrían presentado entre 2004 y 2012. El procesado la habría agredido sexualmente desde que tenía 5 años y se habrían prolongado hasta los 12, durante los momentos en que se quedaba cuidándola. Producto de estos vejámenes, la menor quedó en estado de embarazo. El procesado fue capturado el pasado 8 de octubre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de uniformados de la Armada, Policía y Ejército Nacional.

La Fiscalía judicializó a cuatro personas capturadas en zona rural de Cartagena del Chairá (Caquetá) en cuyo poder tendrían material de guerra e intendencia. Los procesados fueron imputados por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado. De acuerdo con la investigación, en dos inmuebles de la vereda El Diamante en la vía que conduce de Cartagena del Chairá a El Paujil (Caquetá); personas al servicio de grupos al margen de la ley estarían almacenando armas de fuego y explosivos. La Policía de Caquetá con el apoyo del Ejército Nacional, ubicó las viviendas donde eran almacenados más de 300 artefactos explosivos, más de 6.000 cartuchos de diferentes calibres, 100 granadas, cerca de dos toneladas de plomo, pólvora, 650 balines para metralla, tubos para lanzamiento de granadas, un fusil de largo alcance, y pancartas alusivas a grupos disidentes de las Farc. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Luis Alberto Llanos Rodríguez, y detención domiciliaria para Verónica Cuellar Sánchez. Por su parte, Ilda Llanos Rodríguez y José Aldemar Gómez Lozano deberán afrontar el proceso penal en libertad.

Un fiscal de la Seccional Tolima presentó ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes a un joven de 17 años, quien fue sorprendido con un dron que habría sido usado para facilitar el ataque terrorista contra la Estación de Policía del municipio de Anzoátegui, ocurrido el pasado 3 de octubre. El joven fue judicializado como posible responsable de los delitos de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, todos agravados, y fue afectado con medida de internamiento por un año. La aprehensión se concretó la noche del pasado 7 de octubre en la vereda Santa Rita del municipio en mención, por integrantes de la Policía y el Ejército Nacional. En poder del menor infractor fue encontrada, además, una pistola y munición de diferentes calibres. La investigación evidencia que el procesado, al parecer, hace parte del Frente 26 de Marzo del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc que delinque en el norte del Tolima. La aeronave fue dejada a disposición de peritos expertos en drones e informática forense de la Fiscalía General de la Nación de la Seccional Tolima, quienes se encargarán de determinar si efectivamente este fue usado para ejecutar el ataque terrorista contra la Policía. El adolescente no aceptó los cargos en su contra.

El material de prueba presentado por un fiscal de la Seccional Chocó permitió que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Samuel Córdoba López, alias Mala Leche, presunto integrante de la organización criminal Los Rapados. La investigación evidenció que ‘Mala Leche’ habría participado en un hecho sicarial en el que murieron tres personas y una más resultó herida. Por esto un fiscal de la Seccional Chocó lo imputó con los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambos agravados, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 2 de julio cuando Córdoba López, en compañía de tres personas, habría ingresado a un establecimiento de comercio ubicado en el barrio Obrero de Quibdó. Se cree que dentro del lugar el procesado disparó en contra de tres hombres y una mujer. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Gaula Militar capturaron a Córdoba López el pasado 2 de octubre en vía pública de Quibdó.