El mandatario condenó los atentados ocurridos hoy en Amalfi (Antioquia) y en Cali, que dejaron como saldo la muerte de ocho agentes de la Policía Nacional y dos civiles, respectivamente, por quienes se guardó un minuto de silencio durante el acto de entrega de tierras y asistencia técnica que lideró desde Valledupar. El presidente Gustavo Petro afirmó que estos hechos constituyen actos de terrorismo y de lesa humanidad, ejecutados por estructuras armadas que han subordinado sus acciones a la denominada Junta del Narcotráfico. “El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por ‘Iván Mordisco’ y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico», que “opera internacionalmente como una confederación de mafias», manifestó. En este sentido, el presidente Petro solicitó al Estado colombiano en general y a la comunidad internacional declarar a la Junta del Narcotráfico y a sus brazos armados en Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano como organizaciones terroristas, entre ellas las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. De acuerdo con el jefe de Estado, dicha declaratoria significa que estos grupos sean “perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá». “La Junta del Narcotráfico, heredera del Bloque Capital de los paramilitares, dirige las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo», recalcó. Anunció que el Gobierno de Colombia iniciará las acciones jurídicas correspondientes para que los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial sean procesados por delitos contra la humanidad y que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) adelantar investigaciones en este sentido. El presidente Petro se refirió al tema desde Valledupar, durante la entrega de 6.805 hectáreas de tierras que fueron compradas a particulares y benefician a 800 familias campesinas de los municipios de Astrea, Valledupar, Chimichagua, El Paso, Pailitas y Bosconia. En el evento también se entregaron activos productivos por más de 18.800 millones de pesos a cerca de 1.500 productores del Cesar y La Guajira, representados en maquinaria agrícola, semovientes, insumos, equipos y herramientas, que ayudarán a fortalecer las capacidades productivas y comerciales de familias campesinas e indígenas.

En una operación coordinada entre diferentes instituciones nacionales e internacionales, Migración Colombia llevó a cabo la expulsión de un ciudadano estadounidense requerido en su país por el delito de homicidio. La acción se desarrolló en la ciudad de Medellín y contó con la articulación de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Marshalls de los Estados Unidos. De acuerdo con la información oficial, la medida permitió poner bajo custodia de la autoridad migratoria a este ciudadano extranjero, quien presentaba requerimientos judiciales vigentes en su país de origen. Una vez materializada la expulsión, esta persona fue acompañada por oficiales de Migración Colombia hasta el punto de salida internacional, donde fue entregado a las autoridades estadounidenses encargadas de dar continuidad a su proceso judicial. Además de la expulsión, Migración Colombia impuso al ciudadano extranjero una sanción administrativa que le prohíbe ingresar nuevamente al territorio nacional, reforzando de esta manera las medidas de control migratorio y de seguridad interna. Esta acción se suma a la política de cooperación judicial que Colombia mantiene con Estados Unidos y que permite garantizar que personas con antecedentes graves no permanezcan en el país. El operativo refleja la capacidad de coordinación interinstitucional entre autoridades nacionales e internacionales en materia de seguridad, evidenciando que la lucha contra el crimen trasnacional exige un trabajo conjunto y decidido. Migración Colombia reiteró que este tipo de medidas contribuyen a preservar la tranquilidad y el orden dentro del territorio nacional. En lo corrido del año 2025, con corte al 15 de julio, Migración Colombia ha ejecutado en el departamento de Antioquia 32 expulsiones de ciudadanos extranjeros, en su mayoría relacionadas con conductas que atentan contra la seguridad pública, el orden social y el respeto a la ley. La entidad señaló que continuará fortaleciendo los mecanismos de control migratorio para garantizar que el país no sea refugio de personas buscadas por la justicia internacional. De esta manera, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen, al tiempo que protege a la ciudadanía colombiana frente a riesgos asociados con personas que representan una amenaza para la seguridad.