Bajo la intensa presión de organismos internacionales, veedurías ciudadanas y defensores de derechos humanos, la Fiscalía General de la Nación dio un golpe de autoridad en la investigación por el presunto uso desmedido de la fuerza pública que derivó en la muerte del joven líder afrodescendiente Donovan Balanta Paz.
Este lunes 19 de octubre de 2026, exactamente 29 días después del trágico procedimiento registrado en el barrio Caracolí —zona de frontera entre la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha—, las autoridades judiciales oficializaron la detención de cuatro integrantes de la Policía Nacional: un mayor, un subintendente y dos patrulleros. A los procesados se les imputarán los delitos de homicidio agravado y tortura.
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Clarificación de las detenciones y la quinta orden de captura pendiente
Durante una conferencia de prensa liderada por voceros de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se precisó un desacuerdo comunicacional surgido con la Policía Metropolitana de Soacha. Mientras la institución policial anunció inicialmente la detención de cinco uniformados, el ente acusador aclaró que hasta la fecha se han materializado cuatro capturas efectivas, manteniéndose vigente una quinta orden de aprehensión judicial contra otro agente implicado.
Las identidades de los cuatro uniformados detenidos se mantienen bajo reserva legal mientras se desarrollan las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, instancia donde la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los hechos en Caracolí: Procedimiento policial, descargas de táser y denuncias de perfilamiento racial
Donovan Balanta Paz tenía 34 años, era padre de dos hijos, laboraba en una compañía farmacéutica y adelantaba estudios superiores en criminalística. La noche del 20 de septiembre de 2026, cuando retornaba a su residencia en el barrio Caracolí, se vio inmerso en una intervención policial desplegada supuestamente para atender una riña callejera.
- Versión de la fuerza pública: La Policía sostuvo que durante el operativo se presentó una confrontación con civiles y que Balanta habría lanzado un objeto contundente contra las patrullas, lo que motivó el uso de un dispositivo de inmovilización electrónica (táser) y su posterior traslado a la Estación de Policía de Cazucá. Según la versión oficial, la víctima sufrió una complicación repentina de salud dentro de las instalaciones y falleció tras ingresar al Hospital Cardiovascular de Soacha.
- Denuncia de los familiares: Los allegados sostienen que el joven no participaba en la riña y que, tras romper de forma accidental una botella, fue perseguido, reducido y agredido violentamente. Denuncian que recibió golpes contundentes y múltiples descargas eléctricas estando ya inmovilizado y con esposas, además de haber sido objeto de injurias y vejámenes verbales de carácter racista.
Presión internacional: ONU y Defensoría del Pueblo exigen transparencia
El caso trascendió las fronteras locales cuando la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación por el deceso de Balanta mientras se encontraba bajo custodia del Estado, recordando la obligación gubernamental de salvaguardar la vida de las personas retenidas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo asumió el acompañamiento de la familia damnificada y solicitó a los fiscales evaluar formalmente si existió un patrón de perfilamiento racial o discriminación. Esta hipótesis encuentra respaldo en los hallazgos del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de la ONU sobre justicia e igualdad racial, organismo que en su visita a Colombia en mayo de 2026 documentó denuncias recurrentes sobre uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes en sectores periféricos.
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Un debate de fondo sobre los procedimientos policiales en el país
La tragedia de Donovan Balanta reabrió el debate nacional sobre la regulación de las armas de letalidad reducida, la atención médica obligatoria a detenidos y el control disciplinario interno en las estaciones de policía, recordando antecedentes como el de Javier Ordóñez en 2020 o la condena administrativa por el incendio del CAI San Mateo en Soacha.
Aunque las capturas representan un avance sustancial en la búsqueda de justicia, el ente investigador deberá demostrar la responsabilidad individual de los acusados en juicio. Entre tanto, la opinión pública permanece a la espera del dictamen definitivo de Medicina Legal que certifique con rigor científico la causa técnica de la muerte del líder comunitario.
Avanza la investigación por la muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida después de permanecer bajo custodia policial en Cazucá (Soacha), el pasado 20 de septiembre. Fueron materializadas las órdenes de captura contra un mayor, un subintendente y dos patrulleros, quienes estarían implicados en los hechos. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputará los delitos de homicidio y tortura agravados, según la presunta responsabilidad individual de cada uno. Información completa aquí: https://t.co/oEmWY0WAHr
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 19, 2026
