La normalidad de la calle 13 con carrera 65, una de las intersecciones viales con mayor flujo de carga y transporte particular en el occidente de Bogotá, se rompió de forma trágica la noche del pasado viernes 10 de julio. Eran aproximadamente las 11:20 p.m. cuando, de acuerdo con las denuncias penales instauradas por los familiares de la víctima, una ambulancia adscrita al Distrito embistió a un joven motociclista que atravesaba el cruce regulado en sentido oriente-occidente.
Desde el momento del impacto, el joven permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro médico especializado bajo pronóstico reservado y con lesiones de alta complejidad, mientras escalan los cuestionamientos sobre las presuntas fallas en la operación del vehículo de emergencia y la posterior atención prehospitalaria.
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El concejal David Saavedra asume el control político de la denuncia
El caso escaló al debate político tras llegar al despacho del concejal de Bogotá David Saavedra, quien hizo pública la documentación recabada por los familiares. La petición radicada formalmente ante las autoridades de tránsito y los entes de control exige reconstruir de forma técnica la secuencia del siniestro y determinar las responsabilidades penales y disciplinarias de la tripulación.
De acuerdo con el material recopilado por el cabildante, existe una prueba reina audiovisual que habría registrado el minuto exacto de la colisión:
- Omisión de alertas: Según los testigos, el vehículo de emergencia ingresó a la intersección a alta velocidad, presuntamente sin activar las balizas luminosas ni las sirenas sonoras requeridas para misiones prioritarias.
- Violación del semáforo: El registro fílmico, que la familia busca validar con el autor original para anexarlo a la Fiscalía General de la Nación, demostraría que la ambulancia cruzó la calzada con el semáforo en rojo.
Para los allegados de la víctima, este material técnico es fundamental para demostrar que el conductor del vehículo oficial violó el Código Nacional de Tránsito y los protocolos de seguridad vial vigentes en la capital.
Presunta omisión de socorro y la ‘guerra del centavo’ por el SOAT
La denuncia penal va más allá de la imprudencia al conducir. Los familiares de la víctima aseguran que, tras el violento impacto, el joven fue abandonado a su suerte durante varios minutos por los mismos paramédicos de la ambulancia involucrada, configurando una presunta omisión de socorro.
El reporte entregado al concejal Saavedra detalla que una unidad paramédica de carácter privado que pasaba por el sector fue la que encontró al motociclista tendido sobre el asfalto. El paciente se hallaba en estado de shock, sin inmovilización cervical ni maniobras básicas de estabilización por parte de los funcionarios distritales implicados.
Fueron los paramédicos privados quienes le brindaron los primeros auxilios y estabilizaron sus extremidades antes de trasladarlo de urgencia a la Clínica de Occidente.
Disputa en plena emergencia médica
La gravedad de la denuncia aumenta al señalarse que, durante el proceso de evacuación del herido, arribó una segunda ambulancia del Distrito con la intención de tomar el control del paciente. Esto desencadenó un altercado verbal entre los dos equipos médicos en plena vía pública.
Según los denunciantes, esta disputa retrasó el traslado del motociclista hacia el centro asistencial durante minutos que eran vitales debido a los traumas craneoencefálicos y torácicos sufridos. Este escenario revive la problemática de la denominada «guerra de las ambulancias» en Bogotá, una pugna entre operadores motivada por las pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
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¿Qué dice la normatividad para los vehículos de emergencia?
Ante la gravedad de las acusaciones, el concejal David Saavedra recordó que las prerrogativas excepcionales otorgadas por la legislación colombiana a las ambulancias no representan un cheque en blanco para ignorar la seguridad vial.
“Las ambulancias existen para salvar vidas, no para ponerlas en riesgo. Este caso debe esclarecerse con total transparencia y establecer si hubo incumplimiento de los protocolos. Bogotá merece respuestas y acciones para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse”, enfatizó el cabildante.
El marco normativo prohíbe explícitamente a los vehículos de emergencia aumentar la velocidad al aproximarse a intersecciones con semáforos en rojo o amarillo, obligándolos a detener la marcha por completo hasta verificar que los demás actores viales hayan cedido el paso.
Hasta el momento, ni la Secretaría Distrital de Salud ni la empresa operadora del vehículo implicado han emitido un pronunciamiento oficial sobre el estado del conductor o los hallazgos del peritaje técnico de tránsito. El caso ya está en manos de la Fiscalía, la cual recopilará las bitácoras de despacho del Centro de Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) para establecer el marco de responsabilidades del hecho.
