Una propuesta para permitir que los presuntos autores del 11 de septiembre se declaren culpables y eviten la pena de muerte plantea un complejo dilema a las familias de las víctimas, algunas de las cuales aspiran al castigo máximo tras dos décadas de limbo legal.
La propuesta presentada este mes por los fiscales podría ofrecer a las familias de las casi 3.000 víctimas la mejor vía hacia la resolución de un caso empantanado por maniobras en las comisiones militares de Guantánamo, que han dilatado durante años el juicio.
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Algunos familiares de los fallecidos en el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y Pensilvania dicen que un acuerdo sin juicio podría significar que nunca se sabrá toda la verdad sobre lo que ocurrió aquel 11 de septiembre de 2001.
Otros dicen que cada año de retraso significa que más personas fallecen sin que se haga justicia para sus familiares asesinados, y aumenta el riesgo de que los propios acusados, que ya tienen edad avanzada, puedan morir sin ser declarados culpables.
“Todos los miembros de la familia del 11 de septiembre quieren justicia y rendición de cuentas. Muchos de entre nosotros han muerto en las últimas dos décadas sin ninguna de las dos cosas”, dijo la organización September 11th Families for Peaceful Tomorrows, que apoya el acuerdo de culpabilidad.
Detallado en una carta del 1 de agosto de la oficina del fiscal jefe de los tribunales militares dirigidos por el Pentágono, el acuerdo se ha estado preparando por dos años en el caso de Jalid Sheij Mohamed, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash, Ramzi bin al Shibh y Mustafa al Hawsawi.
Todos ellos están detenidos desde hace más de 16 años en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Se encuentran entre los últimos 30 de los que alguna vez fueron casi 800 detenidos extrajudicialmente por Estados Unidos tras el 11-S.
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Formalmente imputados en 2012, el caso se ha visto desde el principio envuelto en controversias sobre la utilización de pruebas que, según los abogados defensores, fueron conseguidas mediante torturas a manos de la CIA.
La carta reconoce de manera implícita que los fiscales no están en capacidad de decir cuándo comenzaría un juicio completo, si es que alguna vez comienza.