Noticias Nacionales

Fiscalía apunta más alto: séptima imputación revela jerarquía criminal en magnicidio de Miguel Uribe Turbay
El rompecabezas judicial sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue tomando forma. La Fiscalía General de la Nación anunció este martes la séptima imputación en el caso, dirigida contra Harold Barragán Ovalle, señalado como el jefe inmediato del adolescente de 15 años que ejecutó el atentado en un acto de campaña en el occidente de Bogotá. De acuerdo con la fiscal del caso, Elsa Reyes, Barragán no solo reclutó al menor con la promesa de una pena reducida en caso de ser capturado, sino que también lo instruyó en tiempo real sobre cómo accionar el arma. “Usted conocía previamente al menor, y este lo llamaba ‘su firma’, en alusión a la relación jerárquica que tenía con él”, aseguró la funcionaria judicial durante la audiencia. El joven de 25 años, de quien se conoció que hacía parte de la banda criminal desde 2023, fue imputado por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte de armas y uso de menores en delitos. Aunque reconoce haber ayudado a alias El Costeño después del ataque, niega cualquier responsabilidad en el magnicidio. Los investigadores sostienen que Barragán participó activamente en videollamadas de planeación, coordinó la logística y facilitó la comunicación entre sicarios y mandos medios. También habría apoyado la fuga de Katerine Martínez hacia Caquetá, hasta su captura a mediados de junio. La Fiscalía, que ya tiene a seis personas vinculadas formalmente, mantiene abierta la hipótesis de que las disidencias de las FARC pudieron ser los autores intelectuales del crimen, aunque todavía no hay confirmación judicial. El nombre de El Mosco, identificado como líder máximo de la organización que ejecutó el ataque, sigue siendo la pieza faltante. El proceso judicial por el asesinato de Uribe Turbay, que ya está calificado como magnicidio, se convierte en uno de los más delicados de la historia reciente de Colombia, tanto por el nivel de los capturados como por los interrogantes que aún persisten sobre quién dio la orden final.

Después de 83 años, Bogotá recibe su primer tren del Metro: la movilidad de la capital empieza a transformarse
En un hecho que ya se cataloga como histórico, este miércoles llegó al país el primer tren del Metro de Bogotá, que será trasladado desde el puerto de Cartagena hasta la capital para iniciar las pruebas en los rieles de la Primera Línea. El anuncio fue hecho por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó el inicio de una nueva etapa para la ciudad tras más de 83 años de espera. Cada tren está diseñado con tecnología de última generación, compuesto por seis vagones con capacidad de movilizar hasta 1.800 pasajeros de manera eléctrica y sostenible. Estos vehículos cuentan con un diseño de 135 metros de longitud, 2,9 metros de ancho mínimo y 3,9 metros de altura, con una velocidad promedio de 42,5 km/h. La Línea 1 del Metro de Bogotá contempla 24 kilómetros de recorrido y 16 estaciones, en las que se espera mejorar la movilidad de cerca de tres millones de ciudadanos de zonas claves de la capital. En su etapa inicial, la operación contará con 30 trenes, lo que se traducirá en un beneficio directo para localidades altamente congestionadas como Kennedy, Bosa y Puente Aranda. El inicio de pruebas en Bogotá, tras las verificaciones realizadas en China desde abril pasado, significa que el proyecto entra en fase de realidad tangible para millones de bogotanos, consolidando al Metro como la columna vertebral de la movilidad del futuro en la ciudad.

Petro apuesta su última carta fiscal: nueva reforma tributaria divide al Congreso y enciende debate nacional
Con un claro aire de tensión política, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en la Cámara de Representantes su tercera y última reforma tributaria, una iniciativa que busca recaudar 26,3 billones de pesos en 2026, pero que enfrenta un ambiente legislativo adverso. La propuesta incluye impuestos progresivos a combustibles (gasolina y ACPM), sobretasa del 50% para bancos y aseguradoras, IVA para el sector de apuestas en línea y para plataformas digitales extranjeras, además de gravámenes para actividades comerciales de iglesias. También contempla impuestos a espectáculos de entretenimiento, como conciertos y partidos de fútbol, cuando el valor de las boletas supere los $470.000. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que la iniciativa busca “cerrar la brecha fiscal” y dar respaldo al presupuesto nacional, cuyo monto aún no cuenta con la aprobación definitiva del Legislativo. No obstante, el camino político se anticipa complejo: líderes opositores como Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, han reiterado que “no acompañarán una reforma que asfixie a los colombianos con más impuestos”. El contexto no es menor. En 2024, un escenario similar terminó con el rechazo del Congreso y la imposición del presupuesto por decreto. Hoy, con un Congreso dividido y con congresistas en busca de reelección, el pulso entre el Ejecutivo y la oposición marcará las próximas semanas. El proyecto, que debe surtir cuatro debates antes de ser aprobado, es visto como la última carta de Petro para dejar huella en materia económica, pero también como una prueba de fuego sobre la gobernabilidad en el último tramo de su mandato.

Víctimas del conflicto armado recibirán predio que perteneció al clan ‘Los Mellizos’
La Dirección Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en coordinación con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), avanza en la compensación a seis familias víctimas del conflicto armado. Estas recibirán el predio ‘Líbano’, ubicado en el corregimiento Los Chancos del municipio de San Pedro. Este terreno perteneció a los denominados ‘Mellizos’, capos del narcotráfico en el norte del Valle. Tras un proceso de extinción de dominio, la propiedad fue transferida por la SAE a la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Ho se convierte en oportunidad de vida, productividad y esperanza para las familias que fueron despojadas de sus tierras en diferentes regiones del país. “Nuestra labor es garantizar que las víctimas no solo reciban tierra, sino también oportunidades reales para reconstruir sus proyectos de vida. El predio ‘Líbano’ simboliza la transformación de un espacio marcado por la ilegalidad en un lugar de esperanza, resiliencia y productividad”, destacó Jorge Arturo Vásquez, director territorial de la URT en Valle del Cauca y Eje Cafetero. Tres hectáreas por familia Cada hogar recibirá una franja cercana a tres hectáreas, extensión que corresponde a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en la zona. Estos espacios permitirán a las familias desarrollar proyectos productivos que les garanticen ingresos dignos, estimados entre 2 y 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La compensación responde a una orden emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali, el cual estableció que a las víctimas debía entregárseles un predio con iguales o mejores condiciones a los terrenos que, por distintas causas, resultaron imposibles de restituir. Adicionalmente la URT, a través de su Grupo Fondo, implementará proyectos productivos en el predio y gestionará ante el Ministerio de Vivienda la priorización de subsidios habitacionales para que las familias puedan acceder a vivienda digna. Con estas acciones la Unidad de Restitución de Tierras avanza en su compromiso con las víctimas del conflicto armado, fortaleciendo el acceso a la tierra y garantizando condiciones para el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan a su reparación integral.

Necropsia de Valeria Afanador; la investigación continúa
El pasado 1.º de septiembre, Medicina Legal determinó que la causa de la muerte de la pequeña fue por ahogamiento.

Tragedia en Cajicá: equipo élite de la Policía investigará la misteriosa muerte de Valeria Afanador
El país amaneció con una noticia devastadora: tras casi tres semanas de incertidumbre, fue hallado el cuerpo de Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida el pasado 12 de agosto en Cajicá. El hallazgo se produjo en inmediaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, su colegio, a pocos metros del río Frío, en un área que ya había sido inspeccionada por las autoridades. El hecho genera múltiples interrogantes: ¿cómo llegó el cuerpo a un sitio que había sido rastreado antes? ¿fue movido recientemente? Estas dudas son ahora la prioridad del equipo élite conformado por la Policía Nacional, anunciado por el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán. “Estamos atentos al dictamen de Medicina Legal. No descansaremos hasta dar con los responsables de este doloroso crimen”, aseguró en un mensaje público. La confirmación oficial la dio el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien ratificó la identidad del cuerpo y pidió acompañar con solidaridad a la familia de la menor. El funcionario insistió en que el caso no puede quedar en la impunidad, mientras la Fiscalía y la DIJIN refuerzan su trabajo investigativo. El hallazgo del cuerpo de Valeria ocurre tras una de las operaciones de búsqueda más grandes del departamento, en la que participaron más de 190 personas entre Policía, Bomberos, Gaula, Defensa Civil y voluntarios. Durante 18 días, la comunidad local se unió en jornadas de búsqueda y oración, manteniendo la esperanza de encontrarla con vida. Hoy, esa esperanza se transformó en duelo. Cajicá y Colombia entera claman por respuestas rápidas y contundentes. La muerte de Valeria Afanador no solo enluta a una familia, sino que reabre un debate profundo sobre la seguridad infantil, las fallas en los protocolos de búsqueda y la urgencia de garantizar entornos seguros para los menores en las instituciones educativas.

Gobierno radicó su nueva reforma tributaria
La Ley de Financiamiento busca recursos por $ 26 billones. Impuesto para los juegos de azar en línea y cambios en el IVA para los combustibles, algunas de las medidas que trae la iniciativa.

Encuentran el cuerpo del grumete que cayó al río Magdalena desde el Buque Gloria
El contralmirante Javier Rubio informó que desde el momento en que ocurrieron los hechos se desplegaron todas las capacidades para encontrar a Julián Condia.

Judicializada mujer que estaría implicada en el hurto y posterior desaparición de tres personas en Caquetá
La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que dan cuenta de la participación de Cristina Vargas Cuellar en el hurto y posterior desaparición de tres hombres en Caquetá. En ese sentido, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Las víctimas salieron de Suárez (Tolima), el 23 de diciembre de 2021, con destino a San Vicente del Caguán (Caquetá) para recoger una suma de dinero. Desde entonces se desconoce su paradero. En el curso de la investigación se conoció que la hoy procesada habría recibido transferencias electrónicas por más de 31 millones de pesos de las cuentas bancarias de los hombres reportados como desaparecidos y 7 siete millones más le fueron girados a través de una billetera digital a nombre de otra persona. Asimismo, los familiares de las víctimas fueron contactados por supuestos disidentes de las FARC, que les exigieron 60 millones de pesos para entregarles información sobre sus seres queridos. Por todo lo anterior, Vargas Cuellar fue capturada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, en el barrio Consolata de San Vicente del Caguán. Entre tanto, un fiscal de la Seccional Caquetá le imputó los delitos de desaparición forzada, hurto calificado y agravado, y hurto por medios informáticos. Los cargos no fueron aceptados.

Vía libre de la SIC al acuerdo entre productores e industriales para estabilización del sector arrocero
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, mediante Resolución No. 65722 del 29 de agosto de 2025, la fijación del precio mínimo de referencia de compra de arroz paddy verde. La decisión se adoptó luego de haber recibido concepto previo, vinculante y motivado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Según se indicó, luego de analizar la situación actual de la cadena de arroz, el Ministerio de Agricultura, en su concepto, y la Superintendencia en esta resolución, concluyeron que el acuerdo propuesto por los productores e industriales del arroz resulta necesario para la estabilidad y creación de condiciones de comercio justo en este sector estratégico para la soberanía alimentaria de Colombia. En este sentido, la resolución estableció que “una vez obtenida la autorización por parte de esta Superintendencia, la Industria, molinos o compradores, pagarán el Arroz Paddy Verde, según el municipio o departamento de compra, y bajo los parámetros de calidad establecidos en el literal (c) siguiente, como mínimo a los siguientes precios de referencia”: En la resolución se aclaró que “las Intervinientes manifestaron en esta tabla que el precio de referencia sería aplicable a Puerto Lleras, sin embargo, según fue informado por las partes, estas se referían a Puerto López. En este sentido, los precios acordados en la segunda casilla hacen referencia a Puerto López, y así quedará aprobado el acuerdo”. De otro lado, se informó que este acuerdo, que estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025, comprende: • La fijación de un precio mínimo de referencia para la compra de arroz paddy por departamentos o zonas del país, teniendo en cuenta algunos parámetros de calidad. • La adopción de un mecanismo de compra de arroz paddy verde como arroz paddy seco equivalente utilizando los mismos criterios de calidad y de precio mínimo de referencia. • La articulación de acciones conjuntas para el desarrollo del plan de ordenamiento productivo del arroz. De acuerdo con la SIC, lo que se busca es que haya una estabilidad económica del sector y la garantía de condiciones de remuneración que hagan sostenible la producción, calidad y comercialización del grano. En el informe se indicó que “el análisis de este acuerdo concluyó que, si bien la medida podía implicar una limitante a las condiciones de venta como es el precio, su adopción está llamada a generar externalidades positivas en la cadena de arroz y derivará en un beneficio para los productores. Así, el acuerdo persigue garantizar un nivel de ingreso a los productores, asegurar los planes de siembra y evitar la pérdida de un producto esencial para la canasta alimentaria del país”. De otra parte, la Superintendencia reconoció que este acuerdo no tendría efectos negativos en el consumidor y, por el contrario, permitirá dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado, redundando en un beneficio para los consumidores. Adicionalmente, con el fin de garantizar el respeto de la libre competencia económica en el sector arrocero, la Superintendencia, a través de la Dirección de Cumplimiento, realizará seguimiento y vigilancia detallado de la ejecución de este acuerdo. Para cumplir con esta función, se estableció una metodología que permitirá monitorear la cadena de arroz en Colombia. Así, la Superintendencia determinó que las partes deberán remitir a la Dirección de Cumplimiento, información relacionada con los precios mínimos de referencia, cantidades de compra, formas de pago, los parámetros de calidad utilizados en las adquisiciones de arroz paddy verde, entre otras variables.
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