Las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), permitieron que un juez condenara a 34 años de cárcel a Jorge Eliécer García Estupiñán, responsable de los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado. La Fiscalía demostró que García Estupiñán, presunto mando medio de la estructura delincuencial Los de Vaca o Resistencias Unidas Campesinas (RUC), participó en la desaparición forzada de cinco firmantes de paz. Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2017 en la vereda Isupí, en El Charco (Nariño). Las víctimas fueron retenidas por hombres armados quienes los acusaron de incumplir las órdenes impartidas por esta red criminal en la zona. La investigación determinó que los firmantes fueron amarrados de manos, y conducidos por un río. Desde entonces no se conoce su paradero. Tentativa de homicidio a firmante de paz Ferney Andrés Cuaspur Chacua aceptó, mediante preacuerdo, su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravada y; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. De acuerdo con la investigación, el sentenciado participó en el intento de asesinato de la firmante de paz Leidy Lorena Pasu Ceromeca. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre del 2023, en Mocoa (Putumayo). La firmante de paz fue atacada por el hoy condenado que le disparó cuando se encontraba en su residencia.  La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde lograron salvarle la vida. Un juez penal especializado de Mocoa avaló la negociación judicial y lo condenó a 9 años y 1 mes de prisión. También fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

Por petición de la Fiscalía, un juez penal municipal con función de control de garantías de Buga (Valle del Cauca) impuso de medida de aseguramiento carcelaria contra John Jairo Moreno Cardona y Sebastián Gómez Correa. Estas personas serían responsables de los delitos fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones; tráfico fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Los procesados pertenecerían a la columna Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc a la cual se le atribuye la dinamización del tráfico de estupefacientes, las extorsiones y hurto de vehículos ocurridos en el Valle de Cauca. También serían responsables de ataques contra la Fuerza Pública encargada de patrullar la zona. También se evidenció que este grupo armado residual habría participado en el ataque contra la estación de Policía de Pradera (Valle del Cauca), ocurrido el pasado 27 de junio, cuando hombres que se movilizaban en una motocicleta cometieron el frustrado atentado. Los investigados fueron capturados por la Policía Nacional en dos operativos de registro y allanamiento adelantados en inmuebles del municipio de Pradera. Durante estas acciones se logró la incautación de un objeto cilíndrico similar al lanzado contra la estación de Policía. Además, se incautaron tres celulares, una bolsa plástica transparente con 13 cartuchos de arma de fuego y clorhidrato de cocaína.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación en el Huila, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Miguel Cabrera Núñez, alias ‘Junior’, como presunto responsable de los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones; hurto calificado y homicidio, los dos últimos agravados. De acuerdo con los hechos, ‘Junior’ habría participado en la muerte de un comerciante, de 46 años, en un caso de fleteo ocurrido en agosto de 2022 a la altura del puente de la quebrada Las Damas, entre los municipios de Tarqui y Garzón (Huila). La investigación evidenció que Cabrera Núñez, se movilizaba en motocicleta acompañado de otros hombres, y abordaron a un cafetero de la zona y a su acompañante cuando estos regresaban a su lugar de destino. Ante la negativa del pare, alias Junior, presuntamente, le disparó al comerciante y lo despojó del dinero en efectivo equivalente a más de 500 millones de pesos que habían sido retirados de una entidad bancaria producto de la venta de café. El procesado, quien fue capturado mediante orden judicial por la Policía Nacional en el barrio Magdalena de Pitalito, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Por solicitud de un fiscal de la Unidad de Vida en la isla de San Andrés, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra dos hombres, que serían posibles responsables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, ambas conductas agravadas. Se trata de los hermanos Ian Hernando y Nick Ain Hernández Barrios, de 30 y 24 años, respectivamente, por hechos ocurridos el pasado 2 de agosto en una vivienda del barrio Las Palmas del archipiélago. Hasta allí llegaron los procesados en una motocicleta, de la cual descendió Nick Ain, e ingresó a la casa, donde, presuntamente, disparó contra dos personas que se encontraban en la sala. Posterior a ello huyeron del lugar. En el ataque falleció un hombre de 20 años, y otro de 18, quien resultó herido y murió momentos después en el centro asistencial a donde fue trasladado. Según la investigación, el crimen ocurrió como una presunta retaliación por un atentado ocurrido tres horas antes contra un amigo de los hoy implicados. Los hermanos que se entregaron a las autoridades el pasado 13 de agosto, no aceptaron en las audiencias preliminares los cargos imputados.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 13 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Chamos, a quienes les fueron imputados, según sus responsabilidades individuales delitos como: concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y uso de menores de edad para la comisión de crímenes. Durante la investigación, se evidenció que este grupo delincuencial comercializaba sustancias ilegales en entornos escolares y deportivos de Piedecuesta (Santander). Para esto, al parecer, utilizaban la modalidad de ‘mano a mano’ e instrumentalizaban menores para evadir los controles de las autoridades. Según las investigaciones, el comercio ilícito le generaba a la red criminal ganancias mensuales cercanas a los 25 millones de pesos. En el desarrollo de 12 diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional en los barrios La Feria y Plaza de Mercado fueron capturados los procesados. En los lugares encontraron distintas cantidades de marihuana, cocaína; además de dinero en efectivo, celulares y elementos para dosificar las sustancias.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Dayana Hincapié Valencia y Carlos Andrés Cardona Hernández, como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado, acceso abusivo a sistema informático y transferencia no consentida de activos, todas las conductas agravadas. Estas personas estarían implicadas en el hurto de más de 180 millones de pesos a dos hombres de nacionalidad Turca. Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2023 en un apartamento del barrio El Poblado de Medellín, mientras las víctimas estaban acompañadas por dos mujeres a quienes habían contactado a través de una plataforma de citas. Al parecer, las dos mujeres les suministraron a los extranjeros una bebida que les hizo perder la consciencia durante 2 días. En este periodo les habrían hurtado sus pertenencias valoradas en 19 millones de pesos. Los hoy investigados habrían accedido a las aplicaciones que las víctimas tendrían en sus celulares y así habrían transferido a billeteras virtuales criptomonedas valoradas en más de 165 millones de pesos. Servidores de la Policía Nacional capturaron a los procesados en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). En las acciones judiciales fueron confiscados ocho celulares y 150’650.000 de pesos en efectivo. El juez de control de garantías ordenó la incautación con fines de comiso del dinero recuperado. En el mismo operativo judicial fue capturada e imputada por los mismos delitos Jenifer Leandra Toro, quien fue dejada en libertad por decisión de la judicatura, pero continúa vinculada al proceso.