El Gobierno de Italia ha comunicado a Argentina que concede la extradición del capellán Franco Reverberi Boschi y que inicia el proceso para el traslado del cura al país sudamericano.
Reverberi Boschi huyó de Argentina en 2011, cuando los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura (1976-1983) comenzaron a señalar su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. En julio, las autoridades italianas informaron de que concedían la extradición y este miércoles la decisión ha quedado firme, según ha informado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina en un comunicado.
Reverberi Boschi era capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de la ciudad de San Rafael, en Mendoza, en el oeste de Argentina. Había nacido en 1937 en Parma, en el norte de Italia, y a los 11 años había emigrado al país sudamericano con su familia. Cuando empezó el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Mendoza, en 2010, Reverberi Boschi fue inicialmente llamado a declarar como testigo.
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Cinco víctimas, sin embargo, declararon haber visto a Reverberi Boschi en los calabozos de centro clandestino de detención conocido como La casa departamental, que funcionaba en la sede de los tribunales de San Rafael. Uno, por ejemplo, dijo que el clérigo presenciaba las torturas, algunas veces con una Biblia en la mano; otro aseguró que bendecía las armas con las que se torturaba a los detenidos. Lo identificaban como “el cura tano [italiano]”.
El sacerdote fue entonces llamado a declarar como investigado. Pero ya había huido del país. Reverberi Boschi fue recibido en una parroquia de Parma, donde ejerció allí como sacerdote. Cuando el fiscal lo convocó por primera vez, el cura dijo que tenía problemas de salud y no podía regresar. En su contra, se emitió una orden de captura internacional.
Argentina hizo la primera solicitud de extradición de Reverberi Boschi en 2013. La justicia italiana la rechazó porque la acusación solo incluía denuncias de torturas. “No ubicaban el caso en las coordenadas de delitos de lesa humanidad y no se sentían obligados a extraditar a una persona que había cometido supuestos delitos hacía cuatro décadas”, explicó Ricardo Ermili, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una organización no gubernamental que ha impulsado la extradición del sacerdote.
Nuevos testimonios permitieron ampliar la acusación e incluir la participación del cura en secuestros, tormentos y el homicidio de José Berón, un militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En un segundo pedido, la Cámara de Apelaciones de Bolonia volvió a rechazar la extradición.
“Cuando se apela el último rechazo de la Cámara de Apelaciones de Bolonia, el abogado demostró el carácter de imprescriptible del delito de tortura por el cual estaba siendo acusado el cura en carácter de partícipe –él no torturaba personalmente, observaba–. Eso era prescriptible para Italia y dejó de serlo a partir de este caso”, cuenta Ermili.
La Corte Suprema de Casación de Italia ordenó a la cámara emitir un nuevo fallo teniendo en cuenta las pruebas que no había analizado y, en la misma resolución, modificó la jurisprudencia. Eso permitió que la Justicia italiana, que solo concedía extradiciones por casos de homicidio, considerara que las torturas también son parte de los crímenes de lesa humanidad y, en consecuencia, extraditables.
El 10 de julio de este año, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia hizo lugar al pedido del Estado argentino para juzgar en el país a Reverberi Boschi por un homicidio y por “los tormentos sufridos por 10 víctimas”.
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Este 27 de abril, un informe pericial concluyó que “las condiciones actuales de salud del padre Franco Reverberi son compatibles con el traslado a Argentina”, según informó el periódico italiano La Reppublica.
“Cuando llegue, va a ser indagado. Seguramente va a ser detenido. Después de que él declare o no declare (eso es indistinto, él tiene el derecho a no declarar), va a venir el pedido de elevación a juicio y seguramente será concedido. Allí se determinará la responsabilidad que puede tener, y nosotros estamos seguros que la tiene”, dijo Ermili.
La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, que en 2021 se constituyó como querellante en la causa que se tramita en Mendoza y que ha remitido a Italia documentación sobre el caso, ha afirmado en un comunicado que el cambio en la jurisprudencia que provocó la causa contra Reverberi Boschi tendrá “un impacto muy importante en otros casos similares”. Se refiere a causas como la del exmilitar Carlos Malatto, quien vive en el país europeo y es requerido por la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad contra más de 100 personas en la provincia de San Juan.