Denuncias de presunto cohecho rondan la aprobación de la reforma a la salud

Cada vez toman más fuerza las denuncias de presunto cohecho (la palabra jurídica para corrupción y soborno) en torno al trámite y aprobación de la reforma a la salud del Gobierno de Petro en el Congreso; situación que ha sido expuesta por algunas congresistas –como Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza– y que manchan de ilegitimidad a ese proyecto de ley.

Se trata del papel que ha jugado el ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, en la votación de la reforma por parte de los congresistas del Partido de la U, colectividad a la que perteneció hasta 2021 y desde donde llegó a ser presidente del Senado entre 2016 y 2017.

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Según expuso la periodista Paola Herrera, se estaría usando la Agencia Nacional del Espectro y la Agencia Nacional Digital para darle cuotas políticas a los representantes a la Cámara de La U a cambio de sus votos en el Legislativo en favor de la reforma a la salud. En ese sentido, señaló que el representante Wilmer Carrillo y el senador Alfredo Deluque serían los encargados de alinear a sus colegas para seguir votándole esta reforma al Gobierno Nacional.

De hecho, durante la votación de diez artículos la semana pasada –en la que la discusión estuvo marcada por los gritos, los aplazamientos y las peleas entre representantes– fue clave el apoyo de la bancada de La U.

Por ejemplo, en la aprobación de los artículos 97, 99, 100, 101 y 102 fueron decisivos los votos de los representantes Camilo Ávila, Wilmer Ramiro Carrillo, Alexander Guarín Silva, Milene Jarava Díaz, Álvaro Mauricio Londoño, José Eliécer Salazar, Jorge Eliécer Tamayo y Diego Fernando Caicedo.
Así mismo, este grupo votó a favor de los artículos 40, 41, 44, 45 y 46 junto a sus compañeros Julián David López, Astrid Sánchez Montes de Oca, Ana Paola García y Teresa de Jesús Enríquez.

El primer paquete de artículos habla de la gestión de las tecnologías aplicables en salud, del sistema de monitoreo de abastecimiento oportuno de tecnologías en salud, de la producción de vacunas en el país, de la eliminación de trámites ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y de la condonación de intereses por sanciones impuestas por el Invima.

El segundo paquete se refiere al régimen de contratación de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), a los órganos de dirección y administración de las ISE, al régimen laboral de estas, a los derechos de permanencia de los servidores y a la Entidad de Salud del Estado Itinerante.

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Hasta ahora, esta reforma, que volverá al ruedo hoy en la Cámara, ha sido votada en un 56 %, con 73 artículos aprobados y ocho eliminados.

Pero volviendo a las presuntas dádivas a los de La U, la otra entidad señalada como fortín politiquero para tranzar apoyos y así aceitar la reforma a la salud es el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adscrito al Ministerio de las TIC, al mando de Lizcano.

Según la denuncia, por medio de esa entidad se estarían firmando convenios interadministrativos para otorgar contratos a los recomendados de los senadores y representantes a la Cámara.

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