GENERALES

Procuraduría sancionó a exdirectora de la Agencia Logística de las FFMM de Atlántico

 La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de 80 días sin derecho a remuneración a la exdirectora de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (FFMM) Regional Atlántico, capitán de corbeta Aura Marcela Fuente Montaña (octubre 29 de 2015 – febrero 1 de 2017), por negligencia en el control administrativo de recursos públicos.
 
El órgano de control estableció que existió falta de cuidado y diligencia de la disciplinada, que fue aprovechada por la tesorera de la entidad para apropiarse ilícitamente de 2.721’217.002, teniendo en cuenta que no había controles respecto a las firmas y dispositivos de seguridad por parte de la exdirectora regional. 
 
Para la PGN “el control de las firmas en la entidad bancaria y los sistemas de seguridad, después de materializado el fraude que debió prevenir, no se puede entender como un acto de diligencia; por el contrario, lo que demuestra es que su responsabilidad era haberlo realizado tan pronto como se asumió el cargo de Director Regional”.  
 
El ente de control recordó que la función de los directores regionales es ejecutar actividades relacionadas, entre otras, con la gestión administrativa, financiera, presupuestal, legal, contractual y de ordenamiento del gasto y pagos, conforme a los direccionamientos dados por el nivel central. A su vez, responden por la adecuada aplicación de los sistemas de control de gestión administrativa financiera y de resultados en su jurisdicción. 
 
Para la Procuraduría quedó demostrado que la disciplinada estaba obligada a verificar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, para garantizar que la información financiera y/o económica cumpliera con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad que exige el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Concluyó que la exdirectora obró con negligencia supina pues debió saber que el control de los recursos públicos puestos bajo su responsabilidad, sólo podían estar resguardados y seguros si ella tenía registrada su firma y el control de los dispositivos de seguridad, tal como actuó después de conocido el cuantioso peculado por apropiación, “cuando perfectamente obrando cuidadosa y diligentemente lo había podido hacer desde cuando tomó posesión del cargo; además desatendió reglas de obligatorio cumplimiento inherentes al control interno contable que le imponían el deber de implementar controles al grupo financiero”. 
 
En fallo de primera instancia la Procuraduría calificó la falta de la exdirectora como grave a título de culpa.  
 
En este proceso el órgano de control decretó la prescripción de la acción disciplinaria contra el exdirector de la agencia, capitán de corbeta Carlos Del Río Sandoval (agosto 21 de 2014 – agosto 1 de 2015).
 

Contra la decisión, la apoderada de la disciplinada interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Sala Disciplinaria de la Entidad.

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Por inconclusa obra de acueducto: Contraloría General declaró responsable fiscal por $1.272 millones a exalcalde Chiriguaná (Cesar)

• Los hechos corresponden a un contrato de 2010, por valor
de $1.965 millones, para de las redes de alcantarillado
sanitario y disposición final en el municipio de
Chimichagua.
• La Contraloría evidenció que las obras se encuentran
inconclusas sin prestar servicio a la comunidad.
 
La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.272 millones de pesos contra el exalcaldedel municipio de Chiriguaná (Cesar), Rigoberto Pérez Cano, por unas obrasinconclusas de redes de alcantarillado sanitario y disposición final, en los corregimientos de El Guamo y La Vega.
 
Según se determinó en visita técnica del organismo de control, realizada en el marco del correspondiente proceso fiscal, las obras a construir no se terminaron y presentan deterioros en algunas cámaras de inspección, sus coronas y tapasen concreto. Además, se desconoce el estado actual de la tubería instalada.
 
La Gerencia Departamental de la CGR en el Cesar concluyó que existen indiciosque demuestran la existencia de daño al patrimonio del Estado en la ejecucióndel Contrato No. 038 de 2010, por el valor del anticipo pagado al contratista de $980.736.23, que indexado a la fecha es $1.272.871.363.
Esto en razón a que las obras ejecutadas están inconclusas, no prestan servicio y no están cumpliendo los fines esenciales del Estado.
 
Del mismo modo, se concluyó que, con las obras ejecutadas hasta la fecha, noes posible que el sistema pueda funcionar, ya que se necesita un sitio dedisposición y tratamiento de las aguas residuales recolectadas en las redes construidas, de lo contrario el sistema colapsaría, conforme lo argumenta el

Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS).
 
Según la norma, el concepto de integralidad implica, que no se puede realizar ni el diseño ni la construcción de alguna de las partes del sistema de alcantarillado,
 
sin tener en cuenta los efectos que se van a tener sobre las otras y que los diferentes componentes del mismo deben correlacionarse entre sí, de tal manera que sean funcionales y garanticen los objetivos de descontaminación para los cuales fueron planeados.
 

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Armada de Colombia participan en la liberacion de 80. Tortugas en Santa Marta

 
 
En el marco de la alianza interinstitucional entre la Fundación Museo del Mar-Acuario Mundo Marino, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Petrobras, Corporación Autónoma Regional del Magdalena.
CORMPAMAG y DAABON, con apoyo de tripulantes de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, se llevó a cabo la liberacion de 80 ejemplares de tortugas marinas de las especies  Eretmochelys imbricata (Carey) y caretta (Caguama) en la playa de Cabo Tortuga, Pozos Colorados.
 
Estas jornadas medio ambientes lideradas por varios sectores entre ellos la Academia, fundaciones y que cuentan con el apoyo de las Fuerzas Militares, permiten la preservación de especies en vías de extinción que se ven altamente afectadas por el robo de nidadas, pesca incidental, captura dirigida para el consumo de su carne y uso de su caparazón, además de la alteración y destrucción de sus hábitats de anidación y alimentación por contaminación y construcciones en la zona costera.
 
De las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, seis de ellas se encuentran en el Caribe colombiano, por ello el compromiso de los sectores público y privado para la conservación de su hábitat. 
 
La Armada de Colombia continuará con la articulación de esfuerzos interinstituconales que contribuyan a la protección del medio ambiente y recursos naturales, promoviendo el desarrollo sostenible dando cumplimiento al Plan Artemisa en el Caribe colombiano. #ProtegemosElAzulDeLaBandera.

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Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC regresa repotenciado como un ‘Hotel 2.0’.

La posibilidad de hacer negocios y turismo mientras se eleva la productividad y comodidad es una realidad en el Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC, un complejo hotelero de 99 habitaciones operado por oxoHotel y cuya cultura de servicio ‘Express’ significa ágil, simple y eficiente.

 

Con un estilo marcado por los negocios de lunes a viernes y por el turismo los fines de semana, el Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC es un ícono de la hospitalidad moderna que reabrió puertas el 1 de octubre bajo un enfoque de ‘Hotel 2.0’, colmado de tecnología y bioseguridad.

 

Por su connotación de Hotel 2.0, el Holiday Inn Express & Suites Bogotá ofrece una interacción especial con los clientes para fidelizarlos mediante data e información integradas proveniente de redes sociales, canales multimedia, gestores de reservas, comparadores y metabuscadores.

 

Convenientemente ubicado sobre una de las principales vías de Bogotá –la Carrera 7 con calle 67-, la propiedad está a 30 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado, a 19 minutos del downtown y a escasos metros del centro bancario y financiero más importante de Colombia.

 

“En esta nueva realidad, venimos repotenciados para brindar no solo lo mejor de nuestra hospitalidad de clase mundial, sino además para ofrecer espacios bioseguros certificados y un diseño multifuncional que se adapta a viajeros de negocios y turistas”, dijo Jairo Agudelo, gerente general del Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC.

 

Aunque en su nombre aparece la palabra ‘Express’, sus servicios son todo lo contrario, ya que las experiencias se decantan con grandes dosis de calidad, especial atención al detalle y un servicio veloz y eficiente que no produce estrés.

 

BIOSEGURIDAD, PRIMERO.

 

Bajo esta nueva realidad que enfrenta el viajero, el Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC hace estricta adhesión al programa Safe Stay de oxoHotel, creado para brindar seguridad en todos los puntos de contacto del huésped.

 

Así mismo, la propiedad cumple con IHG Way of Clean. Un riguroso programa creado por Intercontinental Hotels Group, la casa matriz de los Holiday Inn, que aplica en todos los hoteles una limpieza profunda con desinfectantes de grado hospitalario.

 

Con IHG Way of Clean, los huéspedes pueden esperar procedimientos mejorados incluyendo requisitos de uso de tapa bocas, varias formas de reducir el contacto en todo el hotel, medidas de distanciamiento social en los espacios públicos y procedimientos orientados por las autoridades locales.

 

Con estos nuevos estándares, el Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC dispone de un ‘Clean Champion’ en cabeza de su gerente general. Su objetivo: construir una cultura de limpieza centrada en los huéspedes y colaboradores mientras navegan por el nuevo entorno y ayudan a los miembros del equipo a cumplir consistentemente con los nuevos estándares de limpieza.

 

El hotel cuenta con 99 habitaciones (16 de ellas suites), muchas de ellas comunicadas entre sí e incluye desayuno Express Start y estacionamiento gratuito disponible. Además, internet WiFi de alta velocidad, llamadas locales gratuitas, Business Center y Gym.

 

EVENTOS HÍBRIDOS.

 

A fin de cumplir con las reglas de distanciamiento social de las autoridades locales, Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC ha adoptado un enfoque híbrido para realizar reuniones empresariales. Este nueva tendencia permite aforo presencial y también online mediante una plataforma audiovisual a la cual pueden conectarse cientos de personas simultáneamente.

 

La propiedad implementó además el servicio catering a domicilio con bioseguridad. Menús empresariales que incluyen estación de café, breaks, sándwiches, wraps e incluso almuerzos, son despachados directamente a domicilio conservando todos los estándares de bioseguridad.

 

Finalmente, Holiday Inn Express & Suites Bogotá DC dispone del servicio room office, con el cual es posible satisfacer las necesidades de privacidad y productividad de profesionales y ejecutivos móviles. Habitaciones totalmente equipadas con televisión, escritorio, WiFi de alta velocidad y ventanas insonorizadas que mejoran la experiencia de trabajo y brindan un entorno seguro y apacible para los negocios.

 

oxohotel.com, o Facebook, LinkedIn o Instagram.

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JUEZ NEGÓ PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONTRA SILVIA GETTE POR ABUSO DE CONFIANZA EN CASO DE UNIATÓNOMA

La defensa aseguró que trascurridos cinco años desde la imputación de la exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, los términos habían vencido y daban lugar a la prescripción de la acción penal.
La juez en su decisión planteó un agravante que extiende la vigencia del caso hasta los ocho años. Barranquilla (Atlántico), 14 octubre de 2020 La Juez 10 Penal del Circuito de Barranquilla (Atlántico), en audiencia pública virtual, rechazó la solicitud de preclusión por prescripción que hizo la defensa de Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, en el marco del proceso que le adelantó la Fiscalía por el delito de abuso de confianza calificado en concurso homogéneo y sucesivo.
 
La togada en su decisión consideró que el delito por la cual fue acusada Gette Ponce, tiene un agravante por considerar que la exfuncionaria cumplía con un servicio público. Por lo cual, el tiempo para la prescripción de la acción penal queda establecido en 81 meses y hasta el momento, tan solo han trascurrido 62 meses.
 
Así, se negó la pretensión que buscaba terminar con el proceso por los hechos registrados desde el 2011, cuando la entonces rectora del claustro educativo habría gestionado autopréstamos por 1073 millones de pesos. La defensa apeló la decisión y será un magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla quien definirá la situación en segunda instancia.
 
El Ministerio Público acompañó la petición realizada por la defensa.
 
Entretanto, la Fiscalía sostuvo que en referencia a los cinco años trascurridos sin conocer la condena, y un año desde la audiencia el sentido de fallo condenatorio sin tener definida la pena a cumplir, tiene como soporte las aparentes maniobras dilatorias de la defensa, por cuanto la procesada cambió en varias ocasiones de apoderado; la recusación del juez a cuyo despacho se adjudicó el proceso y las decisiones establecidas por la Judicatura frente a la suspensión de términos por la pandemia de la Covid – 19.
 
La fiscal del caso solicitó adicionalmente prevalencia y celeridad en las decisiones jurídicas para que el caso tenga una condena en firme lo más pronto posible.

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Procuraduría solicitó cumplimiento de protocolo de bioseguridad para manejo y control de covid-19 en pruebas Saber

La Procuraduría General de la Nación solicitó a los secretarios de Salud departamentales, municipales y distritales la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para manejo y control de covid-19, durante la práctica de pruebas de Estado Saber 11 y validación de bachillerato académico, que se realizarán el domingo 18 de octubre.

El Ministerio Público recordó que es indispensable que las entidades a las que asistirán más de 100 mil ciudadanos, garanticen el estricto cumplimiento de los estándares y medidas establecidas en la Resolución 1346 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, para evitar el riesgo de trasmisión del virus del sars-cov2.
 

Señaló que debe verificarse la idoneidad de las instalaciones, los procedimientos de desinfección, medidas de ingreso, salida y permanencia de los estudiantes en los sitios que practicarán las pruebas, y el manejo de insumos y residuos.

Así mismo, confirmar que el ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) realice la divulgación del protocolo y medidas de bioseguridad previo a los exámenes y el cumplimiento de todas las medidas que el ente territorial considere pertinentes para salvaguardar los derechos a la salud y la vida de los ciudadanos.

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Procuraduría formuló cargos a exrepresentante legal de Electricaribe y al exdirector de Energía Eléctrica del Minminas por presunto manejo irregular de recursos públicos por más $211.000 millones

 La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los entonces representante legal de Electricaribe (Sociedad Electrificadora del Caribe S. A.) – ESP (Empresa de Servicios Públicos), José García Sanleandro (2012-2016), y el director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, Rogerio Ramírez Reyes (2014-2016), por presuntas omisiones en el manejo de recursos públicos por valor de $211.227’488.393.
 
El ente de control cuestionó a García Sanleandro y a Ramírez Reyes la posible falta de seguimiento, control y vigilancia de cinco convenios que incluían la administración y disposición de recursos provenientes del FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas) y del PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas), lo que podría haber conllevado a un eventual detrimento por $45.769’264.420.
 
Los investigados habrían podido generar un uso indebido de recursos de inversión social, por la posible falta de culminación de 29 proyectos contemplados en los convenios FAER y PRONE, que tenían por objeto asegurar la prestación eficiente de energía, ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de este servicio público en la Región Caribe. 
 
Con esta supuesta actuación García Sanleandro podría haber desconocido el ordenamiento jurídico que regulaba sus deberes como administrador, la actividad contractual estatal y la debida administración de las rentas públicas entregadas a la empresa que representaba, para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano.
 
En cuanto a Ramírez Reyes la Procuraduría señaló que pudo haber omitido sus deberes como supervisor de los cinco contratos FAER y PRONE, consistentes en informar al Minminas las circunstancias que pudieron poner en riego el cumplimento de los negocios jurídicos bajo su responsabilidad (Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002). 
 
En un segundo cargo se cuestionó al exrepresentante legal de Electricaribe por la presunta aplicación indebida del subsidio del FOES (Fondo de Energía Social), que concede el Gobierno nacional al consumo individual de energía por parte de los usuarios de estratos 1 y 2, el cual habría sido otorgado contrario a lo previsto en la norma, esto es, al consumo comunitario. 
 
Esta posible irregularidad se habría traducido en una sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tras comprobar que recursos del beneficio FOES por $165.458’223.973, fueron empleados para disminuir las pérdidas de la empresa entre octubre de 2012 y diciembre de 2016.
 
García Sanleandro podría haber utilizado indebidamente recursos públicos provenientes de los fondos FAER, PRONE y FOES, transgrediendo el numeral 4 del artículo 55 del Código Disciplinario Único. 
 
Con estas posibles conductas los investigados podrían estar incursos en falta gravísima cometida con culpa gravísima.
 

Los implicados podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren no pertinentes para su defensa.

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Contraloría amplía hasta el 17 de noviembre plazo para que entidades hagan reportes en Registro de Obras Inconclusas

La Contraloría General de la República prorrogó hasta el 17 de noviembre de 2020 la fecha límite para que todos los entes estatales, entidades territoriales y ordenadores del gasto reporten a este organismo de control las obras inconclusas que tienen identificadas.
 
Este reporte se debe realizarse segun lo informo la oficina de prensa, a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes (SIRECI), con el que las entidades públicas y sujetos de control de la CGR ya están familiarizados porque por medio del mismo rinden cuentas y presentan sus respectivos informes.
 
La fecha límite inicialmente fijada para hacer este reporte era el próximo 17 de octubre y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Oficina de Planeación de la CGR la ampliaron un mes.
 
Para tomar la decisión se tuvo en cuenta que las fechas límites de rendición establecidas en el SIRECI son anteriores al 17 de octubre y, también, con el ánimo de garantizar así que se tenga un completo inventario de las obras inconclusas, explicó la directora de esta dependencia, María Fernanda Rangel.
 
Recordó la funcionaria que pueden ser objeto de sanción aquellos responsables de hacer el reporte en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas sobre los cuales la CGR verifique que tienen en su inventario un proyecto de este tipo y no hagan sus respectivos reportes. La Ley 2020 del 17 de julio de 2020 creó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, bajo la dirección y coordinación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).
 
Este Registro “contendrá el inventario actualizado de obras civiles inconclusas y estará compuesto por la información reportada por las entidades estatales del orden nacional, departamental, municipal, distrital y demás órdenes institucionales, sobre las obras civiles inconclusas de su jurisdicción, o la información obtenida por la Contraloría General de la República sobre el particular”.
 
El próximo miércoles, segunda capacitación virtual El próximo miércoles 21 de octubre, a las 10 de la mañana, la DIARI realizará una segunda capacitación, a través del canal de YouTube de la CGR, en la que las entidades tendrán a la mano todas las herramientas técnicas y jurídicas para hacer el correcto diligenciamiento de sus reportes al Registro de Obras Inconclusas.
 
Como lo ha informado el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, las obras inconclusas, proyectos críticos y ‘elefantes blancos’ ya superan el registro de 1.400 en los que se han invertido más de 25 billones de pesos. 
 
La directora de la DIARI, María Fernanda Rangel Esparza, ha informado a la opinión pública del país que sólo las obras inconclusas representan el 33% de este gran total, con la identificación de 480 proyectos en todo el país. Su inversión se calcula en 10 billones de pesos.

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Operación ‘Faraón’ contra el secuestro y la extorsión deja 307 capturas en 25 departamentos y 2 capitales

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asestó golpes contundentes a Grupos Armados Organizados (GAO) como el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparros’, y a distintas estructuras criminales que afectaban a los ciudadanos.
 
Con el objetivo de seguir garantizando la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía en todo el país, la Policía Nacional de todos los colombianos, a través del Gaula y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, efectuó la macrooperación ‘Faraón’ contra el secuestro y la extorsión, que permitió la captura de 307 personas en 2 ciudades capitales y 25 departamentos del país.
 
Uno de los escenarios más importantes de esta ofensiva fue el departamento de Cundinamarca, donde se desarticuló la organización criminal ‘Los Capos’, un objetivo de alto impacto cuya pista siguieron los investigadores durante varios meses.
 
Entre los múltiples delitos que se le adjudican a esta banda delictiva está la extorsión a comerciantes y al sector del transporte público formal e informal de la jurisdicción de Soacha y Bogotá.
 
A estos últimos les hacían exigencias económicas de 70.000 pesos diarios en promedio, los que les permitía al final de la semana obtener aproximadamente medio millón de pesos por víctima, a las cuales amenazaban con secuestrarlas o atentar contra sus vidas, familias o patrimonios. Según se ha podido establecer, tan solo por esta actividad criminal ‘Los Capos’ recibían en sus arcas más 34 millones de pesos mensuales.
 
 
Otra modalidad utilizada por estos señalados delincuentes era el hurto de vehículos y motocicletas, para luego exigir dinero o extorsionar a los dueños a cambio de su devolución.
 
Las labores de inteligencia e infiltración, empleadas por los investigadores del Gaula de la Policía Nacional, permitieron establecer cómo uno de los integrantes de este grupo aprovechaba su fachada como empleado de un supermercado para recopilar información de los clientes y visitantes, y así entregársela a sus cómplices.
 
Con los datos en mano, estos planificaban el secuestro de las víctimas y el hurto de sus vehículos. A ellas las secuestraban durante toda una noche, mientras se gestionaba el dinero para su liberación, que oscilaba entre 5 y 15 millones pesos.
 
De acuerdo con los elementos recaudados, los criminales maltrataban físicamente a las personas plagiadas como mecanismo de presión e intimidación para lograr un pago con prontitud.
 
A esta estructura criminal, con más de 30 víctimas identificadas, se le atribuyen al menos dos secuestros en el municipio de Soacha y otro en el sur de Bogotá, por los cuales lograron recaudar casi 30 millones de pesos, en hechos sucedidos en los años 2013, 2019 y el último, hace tan solo hace unos meses, en mayo pasado.
 
De igual manera, dentro del prontuario criminal estarían vinculados a 3 casos de homicidio por control territorial durante este año en Soacha: uno en el mes de febrero y dos en julio.
Es así como, una vez recogido el suficiente material de prueba y después de 10 meses de investigación, se logró la desarticulación de ‘Los Capos’, tras la captura de sus 13 presuntos integrantes en desarrollo de operativos simultáneos en la capital del país y el municipio de Soacha.
 
El primero en caer fue José Alexánder Cuervo González, conocido como ‘el Viejo’, señalado jefe de la organización y autor intelectual y material de la ejecución de secuestros y cobro de extorsiones.
 
Por otro lado, quedaron a disposición de la justicia las personas conocidas como ‘Carecortado’, ‘Miguel’, ‘la Mona’, ‘la Cucha’, ‘Chirrete’, ‘el Flaco’, ‘Pascual’, ‘Buitre’, ‘Vaso de Leche’, ‘el Niche’, ‘Bola 8’ y ‘el Veneco’, este último de nacionalidad venezolana, encargado de planificar las rutas de escape en el momento de realizar los plagios.
Es de anotar que todos los capturados ya habían estado privados de la libertad que y presentan antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; hurto calificado y agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, violencia intrafamiliar y receptación.
 
Cae el jefe de sicarios del Eln en Bolívar
 
En otras acciones desarrolladas en el país, fue capturado en el municipio de Barranco de Loba (Bolívar) John Jairo Miranda García o ‘el Paisa’, señalado como mano derecha y segundo cabecilla armado de la subestructura ‘Luis José Solano Sepúlveda’ del Eln, que delinque en el sur del departamento de Bolívar bajo el control del sujeto conocid como ‘Ratón’. 
 
Según las labores de inteligencia, este sujeto había llegado desde agosto pasado a la región con la misión de liderar la distribución masiva de panfletos alusivos al grupo armado organizado al margen de la ley, y así generar temor e incertidumbre en la comunidad.
 
En poco tiempo, ‘el Paisa’ logró obligar a comerciantes a pagar 5.000 pesos por cada canasta de cerveza vendida, mientras que a los ganaderos les exigía 15.000 por cabeza de ganado y a los mineros, entre el 5 y el 10% de la producción.
De igual manera, se determinó que a todas estas actividades criminales lideradas por el cabecilla ‘Ratón’, a través del ‘Paisa’, se suma la coordinación de asesinatos selectivos en contra de todo aquel que se opusiera al régimen criminal del Eln en esa zona del país, y de atentados contra instalaciones y funcionarios de la Fuerza Pública. Resultados sin precedentes.
 
Estos importantes golpes hacen parte de la macrooperación ‘Faraón’, la cual tuvo lugar en las ciudades de Bogotá y Medellín y en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Arauca, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Meta, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, así como algunos municipios del Magdalena Medio y Urabá.
 
En Córdoba, por ejemplo, se logró afectar la subestructura ‘Rubén Darío Ávila’ del ‘Clan del Golfo’ tras la captura de 7 señalados integrantes por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.
 
Dentro de los capturados figura Argemiro Marín Vargas o ‘Fidel’, de quien se pudo conocer, a través de actividades de inteligencia, que se encontraba perfilado por el sujeto conocido como ‘30’, cabecilla principal del ‘Clan del Golfo’ en la zona sur departamento de Córdoba, para ser nombrado como jefe de finanzas del ‘Bloque Nordeste’ del Grupo Armado Organizado (GAO) en Antioquia.
 
Otra captura de gran importancia en el desarrollo de esta operación fue la de Elis Abel González Vergara o ‘Eli’, jefe de sicarios de esta subestructura, sindicado de ser el autor material de 4 homicidios perpetrados en el municipio de Planeta Rica (Córdoba) en 2019. 
 
Por otra parte, en Magdalena se ejecutó una operación contra el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Los Carperos’. Fueron capturados 13 integrantes de esta estructura, dedicada al cobro de extorsiones, homicidios, venta, control y distribución de estupefacientes, cuyas principales víctimas eran comerciantes, tenderos, vendedores ambulantes y el sector transporte.
 
Se lograron esclarecer 2 homicidios perpetrados en agosto del 2019 y junio de este año por esta agrupación delictiva. Otra acción operacional de alto impacto, en el marco del Plan Choque ‘Construyendo seguridad’, permitió la desarticulación en Medellín del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ’Los Juaquinillos’, tras la captura de sus 12 presuntos integrantes, dedicados al cobro de extorsiones, homicidios y tráfico de estupefacientes.
 
Se destaca la aprehensión de un menor de edad vinculado al homicidio de un ciudadano en el sector conocido como El Ñeque. Estos operativos hacen parte de los 147 allanamientos desplegados en todo el país que hicieron posible la desarticulación de 30 estructuras criminales como ’Los Luchos’ (Bogotá), ‘La Sucursal’ (Boyacá), ‘Los Socios’ (Putumayo), ‘Los Perturbadores’ (Caldas), ‘Los Carreteros’ (Quindío), ‘Las Scorth’ (Nariño), ‘Los Bola’ (Valle), ‘Los Guantánamos’ (Urabá) , ‘Los Kronos’ (Córdoba) y ‘Los Kodiac’ (Meta). También fueron afectados el Eln, Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r), el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Puntilleros’. En lo que va del año, el secuestro presenta una disminución del 10%, teniendo en cuenta que se han registrado 65 casos, 7 menos que en el mismo lapso de 2019. El Gaula de la Policía Nacional ha realizado 12 rescates, ha desarticulado 14 bandas delincuenciales por este delito y ha materializado con 302 capturas.
 
Con respecto a la extorsión, en este 2020 se ha registrado la denuncia de 4.855 casos en el territorio nacional, arrojando una reducción del 27% frente al mismo periodo de 2019, cuando se habían reportado 6.628 casos.
 
Por este delito se han realizado este año 1.601 capturas y se han desarticulado 43 agrupaciones criminales. 

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Supersociedades admitió en proceso de reorganización al Parque Nacional de Cultura Agropecuaria PANACA S.A.S.

Mediante el Auto No 2020-01-541265, la Superintendencia de Sociedades a través de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, admitió a la sociedad Parque Nacional de Cultura Agropecuaria PANACA S.A.S., al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006.

El Objetivo del proceso de Reorganización es preservar empresas viables, normalizar sus relaciones comerciales crediticias y llevar a cabo la reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.

Dentro del proceso fue designado como promotor el representante legal de la compañía, Jorge Alonso Ballen Franco.

En el marco del proceso, la sociedad deberá entregar en los próximos 10 días, de acuerdo a lo que determina la ley, una actualización del inventario de activos y pasivos, incluyendo las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior del Auto, soportados en un estado de situación financiera y un estado de resultado integral, con las notas correspondientes, suscritos por el representante legal, contador y revisor fiscal.

Así mismo, el representante legal con funciones de promotor deberá presentar el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto, dentro de los dos meses siguientes a la firmeza del auto de admisión, información base para la definición del pasivo a reorganizar por parte de la compañía y lograr un acuerdo de reorganización de la empresa. 

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