GENERALES

Corte Suprema traslada a Bogotá proceso de herederos de Acosta Bendeck ante evidente corrupción en rama judicial de Barranquilla

Tomado de : Corrupcion Aldia

Ante la ‘recocha’ de fallos judiciales emitidos por diferentes juzgados de Barranquilla y sospechas de corrupción y sobornos en el proceso judicial que enfrenta a los descendientes del político barranquillero Gabriel Acosta Bendeck, la Corte Suprema de Justicia decidió trasladar el caso a Bogotá. 

La Corte ordenó así cambiar la radicación del proceso que lleva la Fiscalía General de la Nación contra Alberto Enrique Acosta Pérez y Juan José Acosta Osío por presuntas irregularidades en este litigio. 

El proceso que arrancó en el 2015 tras la muerte del político tiene como trasfondo, el poder sobre la Fundación Acosta Bendeck y sus joyas: el Hospital y la Universidad Metropolitana de Barranquilla y durante estos años ha generado 21 fallos judiciales de diversa índole, en ocasiones contradictorios. 

Como se recordará el lío que empezó siendo familiar y luego pasó a los estrados judiciales, entre los herederos legítimos y políticos de Acosta Bendek, se convirtió en noticia nacional luego de que el periodista Daniel Coronell revelara un audio en el que se escucha al senador Eduardo Pulgar (La U), al parecer, ofreciéndole un soborno al juez que llevaba el caso de la disputa de los Acosta.

 

Todo eso fue suficiente para que la Corte concluyera: “Como en el Distrito Judicial de Barranquilla no existen las condiciones mínimas necesarias para que, en este caso concreto, se materialicen las garantías judiciales que propicien una autónoma e independiente administración de justicia, los intereses de las personas que se consideran víctimas en este asunto, así como sus abogados, se verían afectados en cuanto al riesgo contra su seguridad o integridad personal”. 

El origen de la pelea familiar 

Según historia que cuenta el diario El Heraldo, el médico otorrinolaringólogo y senador Gabriel Acosta Bendeck y su primera esposa, Sofía Acero de Acosta, tuvieron una idea: crear la Fundación Acosta Bendeck, a partir de la cual nació la Universidad Metropolitana de Barranquilla en 1973 y el Hospital Metropolitano, cuatro años más tarde. 

En su momento, las aspiraciones políticas de Gabriel Acosta Bendeck llevaron a que la rectoría de Unimetro quedara a cargo de su hermano Eduardo Acosta Bendeck, quien estuvo en el cargo por 35 años. 

La extraña muerte de Gabriel Acosta Bendeck en 2014 desató una disputa penal y civil que ha requerido la intervención de 11 autoridades judiciales, una vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación a la Universidad Metropolitana y un acuerdo de alternancia en la rectoría. 

La disputa está entre dos ramas de la misma familia: por un lado, están Alberto Acosta Pérez y sus primos Juan José Acosta Osío (actual rector del alma mater) y Luis Fernando Acosta Osío (implicado en el supuesto soborno); María Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia Díaz de Acosta (esposa de Alberto). Estos son algunos de los hijos de los cuatro fundadores de Unimetro: Gabriel, Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Bendeck. 

En el otro bando están Ivonne Acosta, única hija del matrimonio conformado por Gabriel Acosta Bendeck y Sofía Acero de Acosta, quienes dieron origen a la fundación que hoy está en el centro del pleito. Ivonne Acosta es respaldada por su esposo Carlos Jaller Raad, quien es uno de los denunciantes, así como por Javier Cuartas Jaller y Jorge Luis Hernández Cassis. 

Sin embargo, la aparente intervención del senador Eduardo Pulgar con el intento de soborno al juez, terminaría de romper aún más los frágiles acuerdos que se habrían logrado y agregaron más denuncias de parte y parte. 

Lo actuado por Mineducación 

Y como si fuera ya poco lo hecho por jueces, también estarían implicados en actuaciones irregulares funcionarios del Ministerio de Educación. 

Resulta que en los audios el senador Pulgar dejó entrever la influencia de ese Ministerio para lograr el nombramiento en la rectoría de la Unimetro a Juan José Acosta Osío, hermano del excónsul, Luis Fernando Acosta. Esto llevó a que la cartera de Educación saliera de inmediato a aclarar su participación dentro del proceso. 

Tras la revelación de los audios, el Mineducación ha insistido en que “no es parte dentro de los distintos procesos” sobre presunta corrupción judicial con esa Universidad. Pero en los audios de Pulgar se le escucha decir que “A través de la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación, conseguí que finalmente ahí pusieran un tipo que ha estado antes en la universidad; que es sobrino del viejo Gabriel Acosta”. 

La parte contraria aprovechó y afirmó que, en la cartera de Educación, desde 2018, se han negado a dar cumplimiento a una orden del Juzgado 13 de Garantías de Barranquilla, que exige dejar sin efecto la resolución que aprobó la reforma de los estatutos de la U. Metropolitana, y que, al aparecer de manera irregular dejó en manos de los Acosta Osio y de sus amigos políticos, la administración de ese centro educativo. 

La tutela presentada por el Ministerio, el 24 de octubre de 2019, pidió a un magistrado del Tribunal de Barranquilla suspender esa orden, bajo el argumento de que no puede dar cumplimiento, porque nunca supo de las citaciones a esas audiencias. 

En julio pasado la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República les pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría, investigar presuntas irregularidades en las que habrían incurrido funcionarios del Ministerio de Educación, en torno al tema de la Universidad Metropolitana. 

Por ahora se desconoce si la Fiscalía y la Procuraduría abrieron o no investigación contra funcionarios del Ministerio por presunto fraude procesal. 

Lo que sí está claro es que la decisión adoptada por la Corte ratifica que alrededor de este caso lo que ha habido es una evidente y descarada actuación corrupta de jueces, quizás de funcionarios estatales y un desgaste innecesario y descomunal de recursos del Estado y un daño colateral a los miles de estudiantes de la Universidad Metropolitana quienes también han resultado perjudicados por todo este intrigante y oscuro novelón familiar al mejor estilo de las recordados dramas mexicanos. 

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A la cárcel picota de Bogotá enviado presunto determinador del homicidio de una fiscal en Sincelejo (sucre)

La medida impuesta por un Fiscal Especializado, bajo la Ley 600/2000, cobija a Eder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana, quien sería el posible determinador del crimen de la Fiscal Yolanda Paternina.
El señor Eder Pedraza Peña, deportado de los Estados Unidos esta semana donde cumplió una condena en prisión por narcotráfico, fue capturado y puesto a disposición de una Fiscal Especializada de la Dirección contra la Violación de los Derechos Humanos porque en su contra existe, desde septiembre de 2011, una medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación por ser el presunto determinador del homicidio de la Fiscal Especializada de Sincelejo (Sucre) Yolanda del Carmen Peternina Negrete.
 
La Investigación.
 
La investigación estableció que Pedraza Peña habría sido el cabecilla del Bloque Mojana de las Autodefensas Unidas de Colombia y, al parecer, ordenó la conformación de un grupo para ejecutar el atentado a la fiscal Paternina, con el supuesto apoyo de Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”. El crimen habría obedecido a la verticalidad, eficiencia y eficacia de la fiscal por conocer la verdad de las masacres de Macayepo, El Salado y Chengue, en las cuales alias “Cadena” y “Ramón Mojana” estarían vinculados y en contra de quienes, en su momento, se dictaron órdenes de captura.
 
La doctora Paternina Negrete habría sido declarada objetivo militar por las AUC.
 
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, evidenció que en contra de Pedraza Peña, alias “Ramón Mojana”, existen otros procesos vigentes por los delitos de concierto para delinquir, desaparición y desplazamiento forzado.
 
Con ocasión del direccionamiento estratégico establecido por el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se continuarán los procesos penales para esclarecer la verdad y castigar a los responsables de actos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.

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MinDeporte invertirá $140 mil millones para escenarios en pequeños municipios*

En el especial de televisión ‘Prevención y Acción’, que conduce el Presidente Iván Duque, el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, señaló que se van “a generar 4.500 empleos directos y más de 15.000 empleos indirectos con la reactivación de la infraestructura deportiva”
 
El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció este martes que su cartera invertirá en lo que resta de este año 140 mil millones de pesos en la construcción de escenarios deportivos en pequeños municipios, en el marco de la reactivación económica.
 
En el especial de televisión ‘Prevención y Acción’, que conduce el Presidente Iván Duque, el Ministro Lucena señaló que “vamos a invertir 140 mil millones de pesos en infraestructura en pequeños municipios. También, de municipios un poco más grandes, pero aquí el dato importante es que vamos a generar 4.500 empleos directos y más de 15.000 empleos indirectos con la reactivación de la infraestructura deportiva”.
 
El funcionario destacó, igualmente, que las inversiones se incrementarán el próximo año gracias a los 697.000 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto para su cartera. 
 
De ese total, agregó Lucena, “el 50 %, Presidente, serán invertidos en inversión de infraestructura recreo deportiva de pequeña, mediana y grande envergadura”.  
 
En ese sentido, indicó que, “para el año 2021, con ese presupuesto de 350.000 millones de pesos para esta misma destinación, vamos a generar 11.200 empleos directos y más de 39.000 empleos indirectos”
 
Al respecto, el Presidente Duque añadió que “esto es una inversión que tiene enfoque en la reactivación, pero también, en la generación de equidad”.
 
 

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Procuraduría formuló pliego de cargos a dragoneantes del INPEC por presunta agresión a un interno de la Cárcel El Bosque de Barranquilla

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC-, Elkin Javier Figueroa Marzola, Alexander Hidalgo, Diego Fernando Restrepo Vernaza y William Andrés Metaute Márquez (2015), por presunta agresión a un interno del Establecimiento de Reclusión Especial El Bosque de Barranquilla, Atlántico.

La Procuraduría Regional del Atlántico reprochó a los investigados haber esposado de pies y manos a un detenido y luego golpearlo hasta hacerle perder el conocimiento, como se habría determinado en el informe médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Según el Ministerio Público, entre las posibles normas transgredidas por los funcionarios estaría el artículo 5 de la Ley 65 de 1993, que prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral en los establecimientos de reclusión, y señala que en los mismo “prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos”.

El órgano de control calificó provisionalmente la supuesta falta como gravísima a título de dolo, por cuanto los dragoneantes presuntamente actuaron de manera voluntaria conociendo la existencia de las normas legales, constitucionales y de derecho internacional humanitario, que prohíben cualquier forma de maltrato a un ser humano, especialmente a una persona privada de la libertad que estaba bajo su tutela.

Los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa. 

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Minsalud explicó los pagos realizados al Talento Humano en Salud

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó cuáles son las tres líneas de pagos al recurso humano en salud y las medidas que se tomaron para el departamento de Antioquia, que regirán durante el fin de semana de Halloween.
La primera línea es el pago de los salarios atrasados del año 2020, que se giró hace un par de meses, por valor de $226 mil millones.
 
“El segundo es bajo la Resolución 1923 expedida hoy por el Ministerio de Salud. Con este le estamos girando a las IPS y a los hospitales públicos y mixtos de Colombia otros $226 mil millones para pago de deudas atrasadas de talento humano en salud”, afirmó.
 
Agregó que con esos giros se espera que las deudas queden completamente al día. Además, el tercer pago es el de bonificación a los trabajadores de la salud por el trabajo realizado durante la pandemia que se ha estado anunciando desde hace dos semanas, y con el que ya se han beneficiado 148 mil personas de un total de 230 mil inscritos.
 
El ministro recordó que hasta el 28 de octubre estará abierta una ventana para la corrección por parte de los gerentes de las IPS de los datos de aquellos trabajadores que no tengan la información adecuada para hacerles llegar su reconocimiento económico.
 
Medidas especiales para Antioquia El jefe de la cartera de Salud anunció las medidas para el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín tomadas entre el comité asesor el gobernador y el alcalde, dada la afectación creciente en zonas como el Eje Cafetero y en territorio antioqueño.
 
Por esto anunció las medidas pertinentes para el control de la propagación de la epidemia evitando aglomeraciones durante el fin de semana de Halloween.
 
Restricción de movilidad a partir del jueves 29 de octubre hasta el martes 2 de noviembre para menores de edad de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. -Restricción de movilidad de adultos en las mismas fechas, de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. -Ley seca desde el viernes 30 de octubre desde las 6:00 p.m. a las 0:00 horas del martes 2 de noviembre.
 
«Estas medidas podrán ser ajustadas o ampliadas por el gobernador de acuerdo con las condiciones que se vean en los territorios en particular”, dijo.
 
 
Indicó que se analizó la situación del departamento y de Medellín, en donde hay una ocupación alta de camas UCI superior al 80%, con una tendencia creciente en el número de contagios y una estabilización en el número de fallecimientos.

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Por solicitud de Fiscalía, juez envió a la cárcel a Miguel Camilo Parra por haber atacado presuntamente a su compañera sentimental con un hacha

Un fiscal de la Unidad de Vida, de la Dirección Seccional Bogotá, logró la judicialización de Miguel Camilo Parra Niño, por ser el presunto agresor de su propia compañera sentimental.
 
La investigación, a cargo del CTI de Bogotá, permitió evidenciar que el 17 de octubre reciente, en horas de la madrugada, Parra Niño se encontraba con su novia poniendole fin a la relacion.
 
La pareja estaba consumiendo licor en su residencia, ubicada en el barrio El Redil de la localidad de Usaquén.
 
Al presentarse una discusión, se presume que Parra Niño tomó un hacha de su colección y al parecer atacó a su pareja y luego huyó del lugar.
 
Entretanto, la víctima fue trasladada a la Clínica Fundación Cardioinfantil con graves heridas en su cabeza, que le generaron una incapacidad médico legal provisional de 60 días.
 
Se conoció que esta pareja llevaba siete meses de convivencia; sin embargo, desde el comienzo, habrían tenido problemas y discusiones frecuentes,presentándose violencia de género.
 
Por tales situaciones, el pasado 9 de octubre lavíctima había decidido irse de la casa y terminar la relación. 
 
Mediante labores investigativas se determinó que Parra Niño supuestamente salió de la ciudad el mismo día de los hechos, trasladándose inicialmente al municipio de Mosquera (Cundinamarca), donde cambió su aspecto físico, cortándose el pelo y la barba.
 
Allí habría pagado un día en un hotel, pero salió esa noche del 17 de octubre del lugar. 
 
Por un  informante se supo que este hombre se estaría escondiendo en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), donde fue capturado la noche de este 26 de octubre por los servidores del CTI.
 
En audiencias concentradas, realizadas ante el Juzgado 69 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, el procesado no aceptó los cargos que el ente acusador le imputó por feminicidio agravado en la modalidad de tentativa, en calidad de autor.
 
Al término de las diligencias, el juez avaló la petición del fiscal que conoció el caso e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Fiscal general anunció creación de bloque de intervención Judicial y policial para enfrentar el crimen en Córdoba y Sucre

Trabajo de la Fiscalía permitió condena de cabecilla exparamilitar alias Don Mario por el crimen de tres personas en Planeta Rica (Córdoba). Montería (Córdoba).
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, visitó las seccionales de Córdoba y Sucre y anunció la creación de un bloque de intervención judicial como herramienta para la lucha contra el crimen, que buscará la desarticulación de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a afectar la seguridad ciudadana de estos departamento.
 
La cabeza del ente investigador destacó la integración de este equipo especializado e itinerante de fiscales, investigadores y expertos en escena, junto con otros profesionales y técnicos que, con el apoyo de la Policía y el Ejército, continuarán en la labor de judicializar a quienes integran esas estructuras criminales y delincuenciales.
 
Por ello, luego de conocer los resultados obtenidos por las seccionales, sobre el impacto a organizaciones como el Clan del Golfo y Los Caparros, confirmó que el fortalecimiento de los equipos investigadores permitirá contrarrestar fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana. “No estamos parando y estamos llevando la Fiscalía a todos los territorios.
 
Hablamos con resultados”, señaló el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.
 
Organizaciones delictivas desarticuladas
 
Con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación ha desmantelado este año en el departamento de Córdoba 5 estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico y la extorsión en varias zonas del departamento.
 
Entre los casos más destacados figuran dos bandas delincuenciales que trabajan para el Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, una de ellas dedicada al cobro de extorsiones en municipios del bajo Sinú como San Antero, Lorica, Cotorra, Momil, Purísima y San Andrés de Sotavento.
 
Las víctimas eran comerciantes, finqueros, prestamistas y contratistas. También se impactó otra organización dedicada al cobro de extorsiones a los comerciantes de Montería. Las rentas ilícitas obtenidas por ambos grupos delincuenciales ascienden a los 380 millones de pesos mensuales.
 
En total han sido capturadas 15 personas durante las operaciones Cerbero y Atalanta. Se destaca también el golpe propinado a un grupo criminal que se dedicaba al envío de estupefacientes desde Barranquilla (Atlántico), con destino final a la cárcel Las Mercedes de la ciudad de Montería.
 
Para la comisión del ilícito usaban como correos humanos a 4 mujeres que ingresaban al mencionado centro de reclusión cerca de 10 kilos de estupefacientes mensualmente, y que les generaban a los delincuentes ganancias ilícitas por un valor cercano a los 1.200 millones de pesos al año.
 
Condenado alias Don Mario, ex cabecilla paramilitar
 
Este martes 27 de octubre, la Fiscalía General de la Nación obtuvo sentencia condenatoria de 27 años de prisión en contra del ex cabecilla paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, como determinador de la incursión armada que dejó tres personas muertas y seis más heridas el 29 de enero del año 2008, en hechos registrados en una subasta ganadera que se realizaba entre las poblaciones cordobesas de Planeta Rica y Buenavista.
 
Entre las víctimas figura Juan María Lezcano Rodríguez, alias Pollo Lezcano. Ante la contundencia de las pruebas obtenidas por el ente acusados alias Don Mario aceptó cargos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares.
 
Afectaciones a niños, niñas y adolescentes
 
El jefe del ente acusador precisó que el nuevo bloque judicial y policial perseguirá a los que violan los derechos de niñas, niños y adolescentes y mujeres en esta zona del país. La Seccional Córdoba destacó entre sus resultados que, entre el 20 y el 24 de octubre de este año, en ese departamento la Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de 3 hombres investigados por abusar de sus familiares menores de edad.
 
En el municipio de Canalete fue capturado un padrastro de 34 años que habría abusado de su hijastra de 12 años de edad, quien como consecuencia de ello quedó en embarazo. En la misma población también fue judicializado un trabajador de oficios varios de 26 años por el presunto abuso sexual de su sobrina de tan solo 11 años de edad.
 
En el municipio de San Andrés de Sotavento un hombre de 54 años de edad fue enviado a la cárcel, como presunto responsable del abuso de su propia sobrina de 16 años, a la cual habría embarazado.
 
Los 3 investigados deberán comparecer en juicio, según sus presuntas responsabilidades, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y acceso carnal violento agravado.

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A la cárcel ocho personas que presuntamente estaban dedicadas a la extorsión en la localidad de San Cristóbal

Al parecer las exigencias económicas eran a cambio de no atentar contra las víctimas o desplazarlos de sus viviendas. 
 
En cumplimiento del direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como una 
prioridad, un fiscal de la Estructura de Apoyo de Bogotá,
presentó, ante un juez con función de control de garantías, a ocho personas que presuntamente se dedicaban a extorsionar a los vecinos del barrio Santa Rosa de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. 
 
Los investigados al parecer conformaban un grupo denominado Los Camaradas, quienes, en dicho sector, se hacían llamar Los Dueños de Santa Rosa, exigiendo dinero por sumas entre $50.000 y $200.000 a sus víctimas, a través de mensajes y llamadas intimidantes, para no atentar contra su vida o la de sus familias, además de no desalojarlas de sus 
viviendas y desplazarlas de la zona.
 
Con apoyo de la Policía Judicial de Gaula, en Bogotá, Buenaventura (Valle), El Peñón (Antioquia) y Armenia (Quindío), se hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de Daniel Alejandro Buila Cuero, Luis Alfredo Hurtado Caicedo, Franklin Andrés Rodríguez Cortés, Jeison Humberto Ardila Villarreal, Julio Estiben Mosquera Vergara, Andrés Elías 
Camargo, Andrés Camilo Huila Quiñones y Ency Paola Asprilla Moreno. 
 
En audiencias concentradas, ninguno de los procesados aceptó los cargos que el ente acusador les imputó por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y 
desplazamiento forzado.
 
El juez avaló la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos los imputados. 
 
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

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Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente a secretario de Gobierno de Soledad, Atlántico

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al secretario de Gobierno de Soledad, Atlántico, Rosmell Hernández Bresneider (2020), por presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Al parecer, el secretario de Gobierno estaría fungiendo al mismo tiempo como apoderado de confianza de un proceso disciplinario que avanza en la Procuraduría Provincial de Barranquilla contra los exconcejales del municipio, Álvaro Berrocal de Fex y Carlos Cabrera Rodríguez (2015).

Para el órgano de control el investigado posiblemente estaría incurriendo en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al aparentemente “actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, establecidos en la Constitución o en la ley”.

El Ministerio Público precisó que para este caso procede la suspensión como medida cautelar para prevenir una afectación del proceso, evitar que este continúe cometiendo la falta por la cual se le investiga y garantizar la protección de todos los principios e intereses constitucionales.

La Procuraduría Provincial de Barranquilla ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, y el posible perjuicio causado a la administración pública.

El investigado podrán solicitar ser escuchado en versión libre. 

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amenazas a facode

El Ministerio de Educación Nacional rechaza amenazas contra dirigentes sindicales del magisterio colombiano

El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, rechaza de manera enfática las amenazas de que han sido objeto los dirigentes sindicales del magisterio, entre ellos miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, y reitera su compromiso indeclinable de continuar el trabajo coordinado que se adelanta entre diferentes entidades del Estado para establecer las formas de protección a la vida, la seguridad y la integridad de los educadores y sus familias.

Al mismo tiempo reitera su compromiso institucional con la protección y garantía de este derecho fundamental de quienes con su aporte y compromiso trabajan por el bienestar de la comunidad y convoca y articula acciones con todas las instancias de Gobierno Territorial para aunar esfuerzos en este propósito. Como sociedad debemos tener presente, que los educadores son los servidores públicos con mayor presencia en el territorio y actores fundamentales para garantizar el derecho a la educación.

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Asimismo, señalar que para generar mayores condiciones que contribuyan con la protección de la integridad y vida de los maestros, el Gobierno Nacional expidió la Directiva Ministerial 02 del 12 de agosto de 2019 con orientaciones a las entidades territoriales, e igualmente creó el Comité Nacional de Seguimiento de Traslados por razones de seguridad, que viene sesionando de manera periódica como instancia que efectúa seguimiento a la atención de los docentes y directivos docentes víctimas de amenaza y desplazamiento.

Finalmente destaca que en este marco de acciones y compromiso en la protección de la vida e integridad del magisterio y frente a los hechos presentados el Gobierno Nacional está trabajando con la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección, y reafirma una vez más que la protección de la vida es una prioridad que debe ser articulada en una acción conjunta con las autoridades nacionales y territoriales para garantizar a los educadores este derecho fundamental.

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