GENERALES

Intervenidas dos fiestas clandestinas que estaban violando las medidas decretadas por la Alcaldía Distrital de Santa Marta

Los operativos de control efectuados por la Alcaldía de Santa Marta, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para garantizar el orden y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, permitieron a las autoridades intervenir dos fiestas clandestinas que se desarrollaban la noche del pasado 31 de octubre.
 
El primer hecho se presentó en el corregimiento de Bonda, en donde las autoridades del Distrito encontraron a 28 adultos, quienes asistían a  una fiesta electrónica promocionada por las redes sociales, la cual fue ubicada por efectivos  de la Policía Metropolitana, evidenciando que cobraban $40.000 por el ingreso  de cada persona. A los asistentes se les aplicaron las sanciones que contempla el Decreto expedido por la Alcaldía Distrital, el cual prohíbe este tipo de celebraciones que vulneran  los protocolos de bioseguridad ara evitar la propagación del Covid19.
 
La segunda fiesta que se intervino, fue en la parte superior de un hostal en Taganga, donde se hallaron 21 menores de edad que estaban incumpliendo el toque de queda y los protocolos de bioseguridad además de estar consumiendo licor. 
Los menores fueron entregados a sus padres por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia y se les impusieron comparendos a todos los mayores quienes se hicieron responsables de cada uno de ellos.

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* Suspendido el transporte marítimo en Santa Marta por efectos de la tormenta tropical Eta*

 Como medida de precaución ante las incidencias meteorológicas de la tormenta tropical Eta, las autoridades en el Distrito de Santa Marta decidieron suspender las actividades de transporte marítimo en el área del Distrito.
 
Según reportes de la Dimar, las condiciones océano atmosféricas que se presentan configuran la depresión tropical número 29, ubicada en el norte del Mar Caribe, la cual está generando lluvias de carácter moderas a fuertes con actividad eléctrica en la zona, afectando principalmente los departamentos de la región norte y centro del Litoral Caribe como La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar.
 
“Adicionalmente, está generando un aumento en la intensidad de los vientos con velocidades de hasta 30 nudos y altura del oleaje entre 2.5mt y 3.5mt. Teniendo en cuenta la evolución del sistema, se recomienda a todas las embarcaciones que se encuentran en el cono de incidencia de la depresión tropical mantenerse alejadas de la misma”, informó la Dirección General Marítima a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe CIOH.
 
Desde el Distrito se adoptan todas las precauciones recomendadas por la autoridad marítima  a partir de la información confirmada por parte de la Dimar con respecto a las medidas que garanticen la seguridad en el mar de samarios y turistas.

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Mindefensa emite un comunicado sobre fallo de Tutela que prohibe el uso de gases.

En relación con el fallo de tutela N° 11001-31-05-005-2020-00344-00 proferido el pasado 29 de octubre por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, el Ministerio de Defensa Nacional se permite informar: 
 
1. El fallo en mención resuelve “ordenar, de forma inmediata, al Presidente de la República y a la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Policía nacional que suspenda el uso de los agentes químicos, a) Dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; b) Granadas con carga química CS, OC; c) Granadas fumígenas; d) Cartuchos con carga química CS, OC y, e) Cartuchos fumígenos y/o cualquier otra sustancia semejante. Dicha prohibición se mantendrá mientras se encuentre vigente la 
emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional o sus prórrogas”.
 
2. El Ministerio de Defensa Nacional es respetuoso de la independencia judicial, de la división de poderes y de las órdenes emitidas por las autoridades Judiciales.
 
Asimismo, es importante reiterar que el Gobierno Nacional es 
respetuoso y garante del derecho a la manifestación pacífica y ejerce la autoridad legítima del Estado en caso de violencia o vandalismo. 
 
3. El uso de armas menos letales por parte de la Policía Nacional se realiza de conformidad con las normas internacionales de protección a los derechos humanos y los protocolos y reglamentos internos que para el efecto existen.
 
4. La utilización de armas, municiones y elementos menos letales está amparada en el marco jurídico internacional, del cual hacen parte los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”. Se trata de armamento autorizado y utilizado por otros cuerpos de policía en el mundo.
 
5. El Ministerio de Defensa Nacional hará uso de las herramientas disponibles en el ordenamiento jurídico, con el fin de que se realice una evaluación de acuerdo con el marco jurídico y el fundamento internacional y nacional que 
existe sobre la materia. 
 
6. La Fuerza Pública trabaja sin descanso para garantizar la protección de la población.

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Lento, pero son avances garantes de DDHH y Ambientales

 
La orden judicial contempla que dicha prohibición se mantendrá mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria por el Covid-19 dispuesta por el Gobierno Nacional o sus prórrogas.
 
Un fallo de tutela proferido el pasado 29 de octubre por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, ordenó a la Policía Nacional suspender el uso de los agentes químicos en protestas sociales.
 
Ordenan suspensión inmediata de uso de gases lacrimógenos en protestasMinisterio de Defensa asegura que armas no letales cumplen con normas internacionales. Gases lacrimógenos en protestas: Ordenan suspensión inmediata de uso de gases lacrimógenos en protestas.
 
Las armas no letales son:
 
Dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimidoGranadas con carga química CS, OC
Granadas fumígenasCartuchos con carga química CS, OC
Cartuchos fumígenos y/o cualquier otra sustancia semejante.
 
La orden judicial contempla que dicha prohibición se mantendrá mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria por el Covid-19 dispuesta por el Gobierno Nacional o sus prórrogas.
 
El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, aseguró que es respetuoso de las órdenes emitidas por las autoridades judiciales. Reiteró su garantía al derecho a la manifestación pacífica y recordó que ejerce la autoridad legítima del Estado para evitar casos de violencia o vandalismo.
 
También indicó que la utilización de armas, municiones y elementos menos letales usados por la Policía Nacional, está amparada en el marco jurídico internacional.
 
“Se realiza de conformidad con las normas internacionales de protección a los derechos humanos y los protocolos y reglamentos internos que para el efecto existen”, aseguró en un comunicado.
 
Por último, el Ministerio de Defensa dijo que hará uso de las herramientas disponibles en el ordenamiento jurídico “con el fin de que se realice una evaluación de acuerdo con el marco jurídico y el fundamento internacional y nacional que existe sobre la materia”
 
Fuente: Caracol
 
 

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DESTRUIDO LABORATORIO DEL GAO ELN DONDE PROCESABAN CINCO TONELADAS DE COCAÍNA AL MES

En el complejo cocalero, de tres millones de dólares,se producía la droga para carteles mexicanos. 
Durante el operativo hubo hostigamiento a los funcionarios de Policía Judicial y soldados del Ejército. 
 
En una diligencia de allanamiento y registro, funcionarios de Policía Judicial de la Unidad de Investigaciones Especiales del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, lograron, por información de la DEA, ubicar y destruir un mega complejo cocalero en el municipio Cumbitara (Nariño), perteneciente al Grupo Armado Organizado (GAO) ELN.
 
El operativo fue desarrollado en cumplimiento del direccionamiento estratégico establecido por 
el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir el tráfico de drogas ilícitas a nivel internacional y afectar las rentas criminales producto de estas actividades 
delictivas. 
 
Los funcionarios del CTI y el Ejército llegaron a la zona en helicópteros, y con la compañía de caninos antiexplosivos transitaron cerca de 800 metros para llegar al laboratorio clandestino.
 
Los integrantes del grupo armado, al notar la presencia de las autoridades, las hostigaron con tiros de fusil y el enfrentamiento duró varias horas; sin embargo, no hubo funcionarios ni soldados heridos. 
 
El laboratorio, cuyo valor aproximado sería de tres millones de dólares, estaba enclavado en una montaña donde se hallaron seis estructuras de madera y tela negra destinadas para el bodegaje, procesamiento, secado, empacado, que además servían de dormitorio y cocina. Al menos 500 metros cuadrados eran utilizados para realizar el procesamiento de la cocaína.
 
Los investigadores determinaron que, al mes, se procesaban cinco toneladas de cocaína en ese complejo, y que posteriormente el GAO ELN presuntamente las enviaba a Centroamérica para carteles mexicanos, los cuales las comercializaban en los Estados Unidos.
 
La incautación
 
El complejo cocalero estaba en pleno funcionamiento en el momento del allanamiento. Se conoció que por lo menos 35 personas trabajaban allí.
 
Se evidenció, además, que para acceder al lugar fue construida una carretera que permitía transportar en camiones insumos químicos, combustibles, la pasta base de coca y otros materiales requeridos para la actividad ilícita. 
En el sitio fueron incautados 1.625 kilos de clorhidrato de cocaína macerada, 720 kilos de cocaína solida lista para empacar, 325 kilos de pasta base de coca, 944 galones de acetona, 1.584 galones de ácido sulfúrico, 1.122 galones de ácido clorhídrico, 330 galones de cloroformo, 250 kilos de 
soda cáustica y 350 kilos de permanganatos.
 
Igualmente, fue incautada gran cantidad de equipos: dos marcianos, dos dragones, un serpentín, un equipo de destilación, una estufa industrial, un congelador, dos neveras, siete hornos microondas, una prensa hidráulica, tubos ultravioleta, una moto bomba, tres electrobombas, tres 
extractores, siete bultos de papel de decantación, tres compresores, cuatro grameras digitales, dos moldes metálicos de demarcación, 1.200 impermeabilizantes de látex, un gato hidráulico y cuatro tolvas de filtrado. 
 
Durante el operativo no hubo personas capturadas. Entretanto, el laboratorio fue destruido de acuerdo a las normas legales vigentes, y el producto del registro, allanamiento, destrucción y decomiso fue objeto de control de legalidad por un juez de garantias.

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FISCALÍA LOGRÓ EL ESCLARECIMIENTO DEL HOMICIDIO DE 4 PERSONAS OCURRIDO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR (ANTIOQUIA)

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Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural.
 
La Seccional Antioquia de la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Daniel Alejandro Arboleda Urán, alias Vitamina; Gildardo Antonio Posada Chavarriaga, alias Bicho o Viejo, y Ferney Arboleda Ortiz, alias Vaquero, presuntos responsables de una incursión que dejó cuatro muertos en zona rural del municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia) y señalados de hacer parte del grupo armado organizado Clan del Golfo.
 
Los tres procesados fueron capturados en un operativo coordinado por un fiscal de la Unidad de Vida, adelantado por la Sijin de la Policía Nacional.
 
El material recaudado permitió que la Fiscalía formulara cargos contra los capturados por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal agravado. 
 
La contundencia de los elementos probatorios y la información legalmente recopilada permitió que el juez de control de garantías acogiera la petición de la Fiscalía y ordenada su traslado a un centro penitenciario como medida de aseguramiento preventiva.
 
Los hechos investigados ocurrieron el 15 de junio del presente año en una finca de la vereda Girardot de la citada población del Suroeste Antioqueño, donde resultaron muertos 3 hombres y una mujer. 
 
Las víctimas fueron identificadas como Indi Katerine Romero Restrepo, de 39 años; Eiser Alberto Vargas David, de 25 años; Juan David Correa Jaramillo, de 19 años; y Elkin Alonso Vargas Muriel, de 20 años.
 
La investigación se adelantó bajo los lineamientos estratégicos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para esclarecer los homicidios colectivos en el país y combatir a los grupos armados organizados que los generan y afectan la seguridad ciudadana en los territorios.

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Defensoria del Pueblo se pronuncia sobre violento desalojo contra su puestos indigenas en Amazona

El pasado miércoles 28 de octubre se realizó un proceso de desalojo en la ciudad de Leticia, Amazonas, sobre un grupo de personas, algunas de las cuales se autorreconocían como población indígena, quienes habrían llegado en el mes de septiembre a ocupar dos predios, uno de propiedad del Municipio y otro administrado por la SAE (Sociedad de Activos Especiales).   

El día jueves 29 de octubre, cuatro familias se presentaron a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Leticia solicitando la intervención de la entidad, por cuanto se les había notificado que serían desalojadas, y en su caso, según informaban, estaban residiendo en esos predios desde hace más de siete meses. Algunas de esas familias están conformadas por niños y no se había previsto una ruta de reubicación. La intervención de la Defensoría del Pueblo permitió evitar el desalojo de esas familias, al caracterizar a cada familia y verificar que en sus casos, no se cumplían los requisitos para efectuar ese procedimiento.   

El día 31 de octubre, frente a un nuevo procedimiento de recuperación del espacio público previsto por parte de las autoridades del municipio y dirigido frente a algunas de las familias que se trasladaron allí luego del procedimiento del 28 de octubre, intervino la Defensoría del Pueblo de manera oportuna y proactiva para permitir que durante la realización del procedimiento, se garantizaran los derechos de las personas en el marco de la recuperación del espacio público.      

Para este procedimiento la Defensoría del Pueblo coordinó en todo momento los procesos de revisión con el comandante de Policía del Dpto. del Amazonas y el secretario de Gobierno de Leticia. Desde las 4:30 am se realizó la verificación del personal y del equipamiento que usaría el ESMAD y se recalcó la obligación de respetar los derechos de los ciudadanos y hacer uso adecuado de la fuerza. Durante el desalojo y durante toda la diligencia se acompañó a la población sin que se presentara ningún hecho de violencia.   

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo verificó que durante el proceso de desalojo, las personas efectuadas solicitaron mesas de concertación con la Alcaldía para tratar el tema y procurar una solución sobre la reubicación de las familias. Desde ya, la Defensoría del Pueblo convoca a la Alcaldía del Municipio de Leticia para que bajo la intermediación de esta entidad se realice un proceso de concertación con las familias afectadas por el procedimiento, que permita encontrar soluciones para ellas. Para tal fin la Defensoría del Pueblo está totalmente dispuesta a intervenir como articulador del diálogo y garante del cumplimiento de los compromisos acordados.    

La Defensoría del Pueblo llama la atención e insta a las autoridades para que en el marco de la toma de decisiones sobre desalojos en estos tiempos sean guiados por las recomendaciones de las Naciones Unidas, en esta materia “El desalojo forzado no es solamente inconsistente con las medidas de ‘permanecer en casa’, sino que, además, los desalojos forzados son una violación al derecho internacional de los derechos humanos, incluido el derecho a vivienda adecuada, ningún desalojo puede dar lugar a una situación de calle. En medio de la epidemia, ser desalojado de tu vivienda es una sentencia potencial de muerte”; señora Leilani Farha, Relatora Especial del derecho a la vivienda adecuada en COVID-19 Nota guía: Prohibición de desalojos, abril de 2020.

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Murió Horacio Cerpa dirigente liberal

Su hijo Horacio José Serpa, confirmó la muerte de su padre la mañana de este sábado; ratificó la noticia en sus redes sociales, “con inmenso dolor les informo que mi padre Horacio Serpa Uribe ha fallecido el día de hoy. Con mi familia siempre lo llevaremos en nuestros corazones y recordaremos sus enseñanzas”.

Horacio Serpa Uribe, nacido Bucaramanga, Santander, el 4 de enero de 1943, fue un apasionado de las leyes, graduándose de Derecho y Ciencias políticas de la Universidad del Atlántico, en Barranquilla.

“La patria ha perdido a un gran caballero de la política y le pedimos a la divina providencia que lo tenga en su mejor rincón posible porque fue un colombiano que en todas sus facetas mostró el amor por este país.

https://www.youtube.com/watch?v=alzAAyfRUqw

“A su familia y a los santandereanos, mi solidaridad”, durante su visita a Girón, el presidente Iván Duque anunció la muerte del político santandereano Horacio Serpa Uribe.

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Fiscalía general de la nación y Registraduría Nacional del estado civil investigan presuntas irregularidades en la expedición de registros civiles y cedulación de migrantes extranjeros

El trabajo interinstitucional permitió realizar inspección judicial a la Registraduría Especial de Soledad (Atlántico), donde estarían ocurriendo los hechos de corrupción.
Gracias a la labor conjunta y articulada de la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se realizó una inspección judicial en las sedes de la Registraduría Especial y Auxiliar de Soledad (Atlántico), con el propósito de avanzar en las investigaciones por anomalías detectadas en auditorías internas y puestas en conocimiento de la opinión pública sobre presuntas inscripciones irregulares en el registro civil de nacimiento y la supuesta cedulación de migrantes extranjeros.
 
El anuncio fue hecho por el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado y el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, desde Barranquilla (Atlántico) donde se adelantó la operación de registro.
 
En la diligencia, un equipo especializado del CTI de la Fiscalía recopiló documentos, videos, entrevistas y otros elementos de prueba con el propósito de identificar a los autores de estos hechos de corrupción que se habrían realizado de manera sistemática.
 
Los funcionarios que estarían vinculados a estas actividades irregulares podrían afrontar procedimientos disciplinarios y de responsabilidad penal. Al parecer, estarían incurriendo en delitos contra la fe pública, por la presunta expedición de documentos de identidad y cédulas de ciudadanía a ciudadanos extranjeros que se encuentran en territorio nacional y que pretenderían participar en certámenes electorales en el país.
 
Esta acción se enmarca en la estrategia definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de esclarecer los hechos de corrupción que afectan la confianza de la ciudadanía en el Estado y las instituciones que lo representan.
 
Por su parte, el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, afirmó que los registradores especiales fueron declarados insubsistentes y anunció la suspensión de la atención en esta sede mientras las autoridades avanzan con las pesquisas.
 
“Este es un mensaje, porque este caso, como tantos otros que se están presentando en diferentes lugares del país, tendrá la acción de las entidades; en este caso, con la Registraduría o con la misma Contraloría General de la República, para que la gente sienta que la justicia es concreta. Nosotros en la Fiscalía hablamos con resultados”, concluyó el Fiscal general, Francisco Barbosa.
 
NOTA DE PRENSA.

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El Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía de Soacha entregan las obras de ampliación de la IE Julio César Turbay Ayala

Con la entrega de este proyecto en la ciudad de Soacha, ya son 174 colegios construidos y entregados a lo largo y ancho del territorio nacional, beneficiando a más de 159.760 estudiantes de todo el país.
Dentro del compromiso adquirido con la Alcaldía de Soacha y como parte de la implementación de la Jornada Única Escolar, el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) hizo la entrega oficial de la institución educativa Julio César Turbay.
 
La gerente del FFIE, Adriana González, en compañía del alcalde de la ciudad, Juan Carlos Saldarriaga, entregaron estas obras de ampliación a la comunidad educativa del barrio Julio Rincón.
 
La nueva sede cuenta con un bloque de 32 aulas, un laboratorio integral, un aula múltiple, cocina/restaurante escolar, nuevas zonas administrativas, zonas recreativas y 56 baterías sanitarias. El total de la inversión para este colegio fue de $9.814.196.490 millones, los cuales fueron aportados por la Nación y la Alcaldía de Soacha.
 
«Esta es una de las 250 obras que gracias a un trabajo técnico y a las decisiones jurídicas, legales, presupuestales y administrativas logramos reactivar y poner en marcha. Hoy la I.E. Julio César Turbay es una realidad y demuestra el compromiso del Gobierno del presidente Iván Duque en construir colegios de calidad para que los niños, niñas y jóvenes cuenten con espacios de aprendizaje de calidad», aseguró la Gerente del FFIE, Adriana González.
Con la entrega de este proyecto en el departamento de Cundinamarca, el Gobierno completa 174 colegios terminados, los cuales han beneficiado principalmente a 159.760 niños, niñas y jóvenes de 12 departamentos (99 ciudades y municipios), los cuales contemplan la construcción de 2.538 aulas nuevas, 912 aulas mejoradas, 69 bibliotecas, 94 laboratorios, 62 aulas de bilingüismo, 89 salas de tecnología y multimedia, 154 comedores y restaurantes escolares, 135 zonas administrativas, 61 zonas recreativas y 4.679 baterías sanitarias.
 
Estamos gestionando 70 obras en la Región de Bogotá, Llanos y Cundinamarca.
 
Con la Entidad Territorial Certificada de Cundinamarca, el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) desarrolla 30 proyectos en 24 municipios del departamento, de los cuales se han entregado 25 obras terminadas que ya están beneficiando a 22.565 niños, niñas y jóvenes del departamento.
 
Con la Entidad Territorial de Socha, se desarrollan dos obras de infraestructura educativa, las cuales beneficiarán a 5.166 estudiantes de la ciudad por la intervención de 59 aulas nuevas, 9 aulas especializadas entre bibliotecas, salas de tecnología, laboratorios, salas de bilingüismo, aulas polivalentes y aulas múltiples, además de nuevos comedores escolares, zonas recreativas y baterías sanitarias.
 
«Estamos gestionando 70 obras en la Región de Bogotá, Llanos y Cundinamarca. Además, ya iniciamos las primeras visitas para adelantar un ambicioso plan de mejoramientos en otras 568 instituciones rurales, las cuales beneficiarán a más de 147 mil estudiantes. En el departamento de Cundinamarca tendremos 47 obras de este tipo», aseguró Adriana González Maxcyclak, gerente del FFIE.
 
 

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