El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó los objetivos del proyecto de ley para hacer ajustes y modificaciones el sistema general de seguridad social en salud con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos, en el marco de una audiencia pública en la Comisión Séptima del Senado de la República.
El ministro hizo un recuento de las iniciativas generales que se han dado a partir de la Ley 100 de 1992, entre las que se cuentan: – Ley 1164 de 2007, dirigida al talento humano en salud. – Ley 1122 de 2007, de naturaleza regulatoria.
Ley 1468 de 2011, orientada a la prestación de servicios de salud. Añadió que “otro hito importante es la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud, en la cual se garantizó el derecho fundamental a la salud a la población colombiana”.
Ruiz Gómez dijo que hasta ahora no se tiene un marco de ley ordinaria que permita establecer y poner en el centro del sistema de salud al paciente, lo que considera de suma importancia dentro del desarrollo de la Ley Estatutaria de la Salud.
Desde la Ley 100 de 1992 se han logrado avances en el sistema como haber logrado una cobertura universal, protección financiera y mayor acceso a los servicios, con indicadores del Observatorio de Calidad que indican que el 96% de las personas que se enferman consultan a través del sistema, el 66% considera que es fácil acceder a él y el 98% de los partos son atendidos por personal calificado.
Asimismo, desarrollos importantes en política farmacéutica con reducción del 48% en el precio de los medicamentos; disminución sostenida en resultados de mortalidad infantil, aumento en la expectativa de vida, y una cobertura de vacunación que es de las mayores del continente americano.
Igualmente, otros hitos son la unificación del plan básico de salud para toda la población, apropiación por parte del sistema del concepto de derecho a la salud y el reconocimiento a la salud como derecho fundamental (2015), que está planteado en la Ley Estatutaria.
“Nosotros consideramos que en este momento es necesario materializar la Ley Estatutaria, superando especialmente los problemas que impiden la atención integral en salud con oportunidad, eficacia y calidad”, afirmó el jefe de la cartera de Salud.
Recalcó que persisten algunas inequidades en la cobertura del aseguramiento porque se tiene un sistema enfocado en la enfermedad y no en la prevención, con brechas regionales en la oferta de servicios, desconfianza y falta de transparencia entre los agentes. Aprendizajes por el covid-19 Ruiz Gómez apuntó que con la experiencia reciente del covid-19 a pesar de las falencias del sistema actual se ha podido responder a la pandemia.
Sin embargo, se han evidenciado temas importantes como: ausencia de coordinación de los actores a nivel territorial, especialmente del aseguramiento, la falta de interoperabilidad de la información, la inexistencia de un modelo territorial integrado en salud y una baja gestión de riesgo en salud.
Pero también dijo que se ha evidenciado que es posible una rectoría integral del sistema, se ha privilegiado el componente ambulatorio y es posible avanzar en él como el caso de la telemedicina, y son posibles las acciones integradas entre las EPS y el territorio.
“Probablemente esta sea la primera iniciativa de reajuste que centre la estructura de servicios de salud en la atención en el ciudadano, usuario y paciente”, señaló, y explicó los principales retos de la reforma: – Planeación integral basada en la salud pública. – Integralidad en la gestión del riesgo.
Fortalecimiento del aseguramiento en salud. – Implementación de un modelo de atención integral adaptable a cada territorio, con talento humano resolutivo con enfoque familiar y comunitario. – Transparencia del sector.
El ministro aseguró que estos retos están basados de manera secuencial desde una visión en la que la planeación del sistema se pueda hacer incluyendo la acción de las redes de atención y las EPS, desde los ámbitos territoriales y el nacional. Como parte de las generalidades del proyecto están: – Garantizar el derecho fundamental a la salud, materializando el estado social de derecho y centrado en la persona.
Redefinir las funciones esenciales del sistema de salud, que permita integrar la salud pública, la protección de riesgos y la prestación de servicios que materializan el derecho de la salud. – Retomar el rol real del asegurador.
Establecer la territorialización para todos los actores. -Ordenar un desarrollo de una política pública en salud, que incluya un modelo de atención y la promoción y prevención de la salud. “Esto nos lleva a una formulación de un Plan Nacional de Salud Pública que debe ser la plataforma sobre la cual se desarrolla, expande y se evalúa la totalidad del sistema, que no sea cada 10 años sino cada cinco años, evaluable en periodos más cortos, de acuerdo con todos los parámetros que ya tenemos”, aseguró
