GENERALES

De nuevo por error jurídico se frustró el tercer intento de Marquitos Figueroa para quedar en libertad

En lo que va corrido del año es la tercera vez que el narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa García, alias “Marquitos”, vio frustrado su nuevo intento de salir en libertad alegando el vencimiento de términos, en uno de sus dos procesos que son adelantados por la justicia  en su contra por homicidio.

Así se lo confirmó el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, quien a su vez afirmó que alias ‘Marquitos’ está  “tratando de cobijarse con diferentes maniobras dilatorias para su defensa”.

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Gobierno adjudicará obras de mitigación en el Canal del Dique en el primer semestre de 2021

En el acto en el que iniciaron labores los nuevos operadores de energía, en reemplazo de Electricaribe, el Presidente Iván Duque catalogó el proyecto en el canal como “la obra de cambio climático y de adaptación más importante que se haya hecho en América Latina en los próximos 10 años” y “uno de los grandes desafíos que tiene Colombia”.
El Mandatario también anunció adelantos y entrega de obras como los tramos faltantes en la conexión Cartagena-Barranquilla y la Vía de la Prosperidad.
Cartagena, 29 de septiembre de 2020.
El Gobierno adjudicará en el primer semestre del 2021 las obras de protección, de mitigación y de contención del Canal del Dique, considerado el proyecto de sostenibilidad ambiental más importante de América Latina, anunció este martes el Presidente Iván Duque.
El anunció lo hizo el Mandatario durante el acto en el que entraron al servicio los nuevos operadores del servicio de energía eléctrica en los departamentos de la región Caribe, en remplazo de Electricaribe.
“Quiero que todos ustedes aquí sepan que en el año 2021, en el primer semestre, se adjudica la obra de protección, de mitigación y de contención de los daños del Canal del Dique para asegurar la competitividad de esta ciudad”, expresó el Jefe de Estado.
El Mandatario catalogó el proyecto como “la obra de cambio climático y de adaptación más importante que se haya hecho en América Latina en los próximos 10 años” y “uno de los grandes desafíos que tiene Colombia”.
El Canal del Dique, explicó fue “una importante construcción humana para la navegabilidad, representó beneficios, pero también sabemos que la desatención histórica ha traído graves estragos en materia ambiental”.
Esa situación, añadió “producto de la sedimentación, compromete la competitividad futura de la bahía de Cartagena, Y también la sostenibilidad ambiental de la bella bahía y reserva de Barbacoas, que es un paraíso natural que tenemos aquí cerca”.
El Presidente Duque también anunció adelantos y entrega de obras como los tramos faltantes en la conexión Cartagena-Barranquilla y la Vía de la Prosperidad.
Igualmente, indico que se espera apropiar recursos para atender la situación de los canales pluviales de la ciudad de Cartagena.

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16 mineros murieron por fuga de gas en China

16 trabajadores de una mina de carbón del suroeste de China murieron el domingo como resultado de una fuga de gas, según informaron este lunes medios locales. El fatal suceso ocurrió en la mina Songzao, ubicada en el municipio de Chongqing (en el suroeste del país). Los equipos de rescate solo pudieron salvar a una persona, que se encuentra hospitalizada y en estado crítico, según afirmó la televisión estatal CCTV.
Según la agencia oficial de noticias de China, la cinta transportadora de la mina se incendió en las primeras horas del domingo, lo que provocó la fuga de niveles peligrosos de monóxido de carbono. Tan pronto como se anunció el incidente, alrededor de 100 rescatistas fueron enviados al lugar, así como equipos médicos y ambulancias, informaron las autoridades del distrito de Qijiang.
China, el mayor productor mundial de carbón, es con frecuencia escenario de accidentes mineros mortales, ya que las normas de seguridad a menudo se aplican de manera deficiente. Entre tanto, se ha abierto una investigación para esclarecer la causa del incendio.

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Hoy se marca un hito histórico en resolver problemas y darle esperanza a la ciudadanía, con la entrada en operación de EPM en la Costa Caribe

 

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentó oficialmente a Afinia, conocida como ‘Caribe Mar’, operadora que prestará el servicio de energía eléctrica, a partir de primero de octubre, en los departamentos de Bolívar, Cesar Córdoba y Sucre, en remplazo de Electricaribe.
En presencia de los gobernadores de los departamentos, los alcaldes de las ciudades capitales y la bancada Caribe, el mandatario manifestó: “hoy estamos cumpliéndole a la costa Caribe colombiana”.
“Caribe Mar, conocida como Afinia, recibe un nuevo operador para cubrir los departamentos de Córdoba, de Sucre y también del Cesar. ¿Quién es ese operador? Un operador de excelencia, como lo es Empresas Públicas de Medellín, que viene a invertir, que viene a transformar, que viene a servirle a la gente”, subrayó.
Afinia, conocida como ‘Caribe Mar’, en cabeza de Empresas Públicas de Medellín (EPM), asume el servicio a 1,51 millones de usuarios.
Con esta operación, EPM se convierte en el principal operador del sistema eléctrico nacional, tanto en distribución como en comercialización.
De esta manera, se pone fin a la operación de Electricaribe, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2016. Y se abre paso un cronograma de grandes inversiones, así como el restablecimiento de la confianza de más de 10 millones de habitantes de esta zona del país, que han sido afectados por el deterioro de la infraestructura y por las deficiencias en la prestación del servicio a cargo de la saliente empresa.
Sobre este proceso, el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró: “Estamos cumpliendo el compromiso del Gobierno del Presidente Duque de encontrar una solución estructural y definitiva para la región Caribe, que permita ofrecer un servicio de energía de calidad a los cerca de 10 millones de habitantes de esta zona del país”.
“La llegada de Afinia y Air-e hace parte de un paquete integral, con el que los habitantes del Caribe tendrán una mejora gradual y significativa, con cuantiosas inversiones en los próximos años, que se traducirá en un servicio más confiable para una zona llamada a impulsar la transición energética de Colombia”, agregó.
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La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, manifestó que: “Nos complace presentar este resultado logrado gracias al trabajo articulado desde el alto Gobierno y apoyado por congresistas, mandatarios de la región, gremios y sociedad civil, en medio de dificultades afrontadas con éxito”.
“Durante el proceso de intervención que adelantamos en Electricaribe, logramos mantener a la empresa al día en el pago de sus obligaciones por compra de energía, evitando un apagón en la región, y jalonamos el proceso de búsqueda de nuevos operadores, sobre los que haremos vigilancia permanente para asegurar que los usuarios obtengan el servicio que se merecen, y la región pueda desarrollar su gran potencial de crecimiento económico y social en beneficio de todos sus habitantes”, puntualizó la funcionaria.
En su primera fase de funcionamiento, Afinia y Air-e realizarán labores conjuntas de carácter transversal a través del Centro de Servicios Compartidos.
Esta empresa fue constituida por los dos operadores para atender temas comerciales y de facturación, entre otros. Su existencia está contemplada a dos años, plazo que podrá ser menor, dependiendo de la agilidad con la que cada operador asuma estas actividades de manera independiente.
Las peticiones, quejas, reclamos y todos los trámites en curso interpuestos por los usuarios ante Electricaribe serán asumidos por las nuevas empresas.
Paralelo a la entrada en servicio de los nuevos operadores de red, el proceso de intervención de Electricaribe continuará con los trámites de ley para su liquidación y término de su existencia legal.
Afinia operará en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, y Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Los dos nuevos operadores deben asegurar la calidad, continuidad y cobertura del servicio y la ejecución de proyectos de inversión por $ 8,5 billones, en un plazo de 10 años, destinados al mejoramiento de estaciones y subestaciones, cambio de transformadores, redes eléctricas y modernización de equipos, entre otros frentes.

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La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes de tres extraditables, presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘la oficina’

En desarrollo de las acciones de priorización para afectar los recursos y las economías ilícitas que nutren las estructuras criminales, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en un trabajo articulado con la Dirección de la Policía Antinarcóticos (Diran), entre el 8 y el 11 de septiembre último, adelantó un operativo de ocupación de bienes de tres presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) La Oficina.
Estas propiedades fueron identificadas como parte del patrimonio ilícito presuntamente constituido por Carlos Alberto Salazar Lotero, alias Eliécer; Frank Hernán Álvarez Espinal, alias Tarzán; y Rubén Darío Torres León, alias Peli o Max Cross -personas requeridas en extradición por diferentes Cortes de Estados Unidos- para responder por cargos de narcotráfico, conductas ejecutadas hacia Centro y Norteamérica.
En el trámite para la extinción del derecho de dominio, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 555 bienes, entre los que se cuentan 40 inmuebles urbanos, 12 predios rurales, 3 sociedades, 4 establecimientos comerciales, 11 vehículos y 473 semovientes, avaluados en $30.864’880.000. Los bienes están ubicados en los municipios de Yondó (Antioquia); Apía, Santuario, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira (Risaralda); Victoria y Viterbo (Caldas); Ulloa (Valle del Cauca), Piedecuesta (Santander) y Garzón (Huila).
Se pudo establecer que el GDO La Oficina es una organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes que, entre 2013 y 2019, fue responsable de transportar grandes cantidades de heroína de Colombia a México, para ser enviada finalmente a los Estados Unidos para su comercialización y distribución. Luego, las utilidades provenientes de la venta de narcóticos fueron transportadas desde el país norteamericano hacia Colombia.
Cabe recordar que a esta estructura igualmente pertenecían los hermanos Juan Andrés y Alirio de Jesús Flórez Oquendo, jefes del tráfico de heroína en Antioquia, capturados en ese departamento y extraditados a Estados Unidos en el año 2017.
 
Por otra parte, en el caso de Torres León se evidenció que sería una de las fuentes de suministro de cocaína y heroína de la organización que delinquía en Colombia, quien, junto con otras personas, al parecer transportaba las sustancias ilícitas a Estados Unidos, para su distribución en ciudades a lo largo y ancho de la Costa Este, y las utilidades generadas de la comercialización de los alcaloides eran transportadas desde Estados Unidos a Guatemala, Costa Rica, México y finalmente Colombia.
Como resultado de las investigaciones, se estableció la presunta procedencia ilícita de los bienes que le fueron afectados a alias Peli o Max Cross con medidas cautelares, así: 2 inmuebles urbanos, 2 rurales, 6 vehículos, 1 sociedad y un establecimiento de comercio ubicados en Medellín, Heliconia, Itagüí y Santuario (Antioquia), avaluados en $3.350’000.000.
Todos los bienes ocupados en las diligencias tienen un valor comercial total de $34.214’880.000 y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Los tres procesados permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota a la espera de su extradición.

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Hoy empieza la nueva historia en el servicio de energía en nuestro país para la costa Caribe, dijo el Presidente Duque

Al intervenir en la entrada del nuevo operador de energía eléctrica para el Atlántico, Magdalena y La Guajira, el Mandatario recalcó que “ a través de esta estructura vamos a ver, en la próxima década, empezando ahora con la mayor inyección en estos primeros dos años de más de $10 billones para mejorar integralmente el servicio de energía en la costa Caribe”.
· Después de más de 10 años de deficiencias en el servicio de energía eléctrica en el Caribe, el Gobierno del Presidente Iván Duque logró una solución estructural y definitiva para la región. Se trata de un proceso gradual que iniciarán las nuevas compañías encargadas de operar los mercados de Caribe Mar (Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar) y Caribe Sol (Magdalena, Atlántico y La Guajira), a partir del primero de octubre de 2020.
· A su turno, la Gobernadora del Atlántico y el Alcalde de Barranquilla le dieron gracias dieron al Gobierno Nacional por los avances conseguidos en materia del servicio eléctrico en la región.
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentó este martes al nuevo operador del servicio de energía eléctrica en el departamento del Caribe.
“Hoy empieza la nueva historia en el servicio de energía en nuestro país para esta región y empieza con soluciones de equipo, con soluciones financieras, con soluciones regulatorias”, dijo el Mandatario.
Así lo afirmó el Jefe de Estado durante su intervención en la entrada en operación de ‘Caribe Sol’, que está a cargo del Consorcio Energía de la Costa (conformado por la Empresa de Energía de Pereira SA ESP y Latin American Capital Corp SA ESP), que será la responsable de atender a los 1.21 millones de clientes en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
A renglón seguido, aseveró que después de más de 10 años de deficiencias en el servicio de energía eléctrica en el Caribe, el Gobierno Nacional logró una solución estructural y definitiva para la región.
Se trata de un proceso gradual que iniciarán las nuevas compañías encargadas de operar los mercados de Caribe Mar (Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar) y Caribe Sol (Magdalena, Atlántico y La Guajira), a partir del primero de octubre de 2020.
Las empresas realizarán inversiones por más de $8,7 billones en los próximos 10 años para mejorar la infraestructura eléctrica y permitir que más de 10 millones de habitantes de los siete departamentos puedan contar con un servicio confiable y de la calidad que se merecen.
 
UN PROBLEMA QUE ENVEJECIÓ MAL
Durante su intervención, el Presidente Duque señaló que la mala calidad en la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe fue uno de los principales desafíos que encontró al inicio de su Gobierno.
Esto debido a que durante casi 10 años Electricaribe no realizó las inversiones mínimas requeridas para mantener a punto sus redes, subestaciones, circuitos y otros equipos.
 
AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO
A su turno, la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, dijo que para el departamento “regresa la esperanza, es una nueva oportunidad que tenemos para mejorar la prestación del servicio de energía”.
“Estamos todos muy contentos, cuenten con el apoyo de la Gobernación del Atlántico para que podamos lograr toda esta transformación empresarial que requerimos aquí en la costa Caribe”, agregó.
Por su parte, el Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, señaló que “le decimos al Presidente gracias porque cogió al toro por los cachos y hoy nos da una esperanza renovada”.

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Procuraduría alertó sobre la forma desarticulada en la que se avanza en la implementación del Acuerdo de Paz

La Procuraduría General de la Nación llamó la atención al Gobierno nacional sobre la forma desarticulada con la que se avanza en la implementación del Acuerdo de Paz, que ahonda los desafíos y rezagos en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En el segundo informe sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz presentado al Congreso de la República, el Ministerio Público, aunque reconoció importantes avances, identificó una limitada participación de la ciudadanía, enfoques diferenciales poco desarrollados y problemas de planeación, programación y destinación de recursos financieros.

El órgano de control señaló que a marzo de 2020 solo se ha cumplido con el 60% de los compromisos previstos en el Plan Marco de Implementación -PMI-, que tenía como plazo de ejecución un periodo entre 2017 y 2019.

Además, no se han diseñado todas las herramientas necesarias para hacer un seguimiento integral al proceso, pues el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto –SIIPO- no reporta los recursos invertidos ni las acciones desarrolladas en los territorios, y el 26% de las obligaciones adquiridas no tiene metas establecidas que permitan verificar su ejecución, como ocurre, por ejemplo, con la seguridad de los líderes, lideresas y defensores.

Para la Procuraduría es necesario que el Estado garantice la seguridad en los territorios para que la oferta social llegue a los municipios más afectados por el conflicto, lo que permitirá reducir las brechas económicas y sociales y lograr la transición de las economías ilícitas a lícitas.

Reforma Rural Integral

Sobre la ejecución de la Reforma Rural Integral y el cumplimiento de las metas establecidas en materia de acceso a la tierra, la PGN encontró que solo han sido adjudicadas 8.230 hectáreas, cifra preocupante teniendo en cuenta que el objetivo es entregar 3 millones de hectáreas en el año 2027.

Señaló que de 1’001.194 hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras para cumplir con ese propósito, la mayoría presentan ocupaciones previas, lo que dificulta aún más el cumplimiento de la meta establecida.

Sobre la formalización de predios, precisó que el 55% de los casos ya avanzados corresponde a procesos decididos antes de la firma del Acuerdo de Paz.

En el informe, el órgano de control pidió agilizar la formulación de los 10 Planes Nacionales Sectoriales –PNS- de la Reforma Rural Integral, que debieron ser adoptados en 2018, y a la fecha solo uno, el correspondiente a vivienda, se encuentra en proceso de actualización y los otros nueve no han sido adoptados.

Si bien la PGN reconoce avances en la articulación de la oferta institucional para garantizar la presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto, solo una de las 16 subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- cuenta con Hoja de Ruta Única, principal herramienta para la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional –PATR-.

Frente a este panorama el Ministerio Público pidió que se acelere la formulación y ejecución en las demás subregiones, teniendo en cuenta la participación ciudadana en la priorización de iniciativas, y su integración con los proyectos desarrollados en los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo –PISDA-, así como los programas de retorno y reparación colectiva.

La Procuraduría reconoció el esfuerzo del Gobierno nacional para avanzar en la formación y actualización del catastro en 147 municipios del país, y solicitó la asignación de recursos adicionales para cumplir en el cuatrienio con la meta propuesta en el Plan de Desarrollo, que busca la formación y actualización de estos registros en el 60% del territorio y en la totalidad de los municipios que hacen parte de los PDET.

Participación política

La Procuraduría precisó que uno de los mayores rezagos en la implementación del acuerdo tiene que ver con el desarrollo del punto 2, relacionado con la participación política, debido al estancamiento del debate legislativo de proyectos de ley relacionados con las garantías y la promoción de la inclusión de organizaciones y movimientos sociales, así como la movilización y la protesta social, la reforma política y la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Destacó la adopción e implementación del Estatuto para la Oposición, el funcionamiento del Consejo Nacional de Paz y la formalización de aproximadamente 475 Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Reincorporación y garantías de seguridad

Aunque el Ministerio Público pudo ver avances en el proceso de reincorporación, hizo un llamado a culminar la acreditación de los excombatientes, fortalecer el acceso a tierras con fines productivos y aumentar la cobertura de los proyectos aprobados, que en la actualidad solo cobija al 35% de los exintegrantes de las Farc.

Advirtió también la necesidad de fortalecer las estrategias de atención diferencial de grupos poblacionales, de agilizar los tiempos de consolidación de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, constituir el Sistema Nacional de Reincorporación y definir las hojas de ruta individuales.

Instó a implementar acciones específicas que permitan reducir los riesgos de seguridad para las personas en proceso de reincorporación, y el fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, que a marzo de 2020 tenía más de 400 solicitudes pendientes de trámite.

Programa Nacional de Sustición de Cultivos

Frente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS- la Procuraduría señaló que se ha limitado a atender a las 99.097 familias vinculadas inicialmente en 56 municipios, y no a las más de 188.000 que firmaron acuerdos colectivos, lo que indica que cerca del 52% de quienes manifestaron su voluntad de avanzar en este propósito no ingresaron al programa.

Estableció que el PNIS continúa con una operación centrada casi exclusivamente en los pagos de asistencia alimentaria y una focalización limitada a las veredas de los municipios inicialmente intervenidos. Resaltó que el 96% de las comunidades estén cumpliendo sus compromisos de erradicación.

La PGN reiteró su recomendación de que a la discusión sobre la reanudación de la aspersión aérea con glifosato la preceda una redefinición del programa de sustitución, que cuente con la participación de las comunidades y esté articulado con la Reforma Rural Integral.

El informe reconoce la existencia de lineamientos para desarrollar nuevos modelos de sustitución, pero señala que es preocupante la falta de claridad sobre la estrategia y los recursos para garantizar su implementación.
Verdad, justicia, reparación y no repetición

Frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR-, el órgano de control evidenció dificultades en su articulación, particularmente en temas como el seguimiento y cumplimiento del régimen de condicionalidad, y la inexistencia de criterios y rutas unificadas para la atención y participación de las víctimas.

No obstante, identificó avances en el cumplimiento del mandato y funciones de las tres entidades que conforman el sistema, como la recolección de testimonios y la creación de espacios de escucha, reconocimiento y diálogo por parte del Comisión de la Verdad; la formulación del Plan Nacional de la Unidad de Búsuqeda de Personas dadas por Desaparecidas y los 11 planes regionales; así como la apertura de 7 macrocasos en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Hizo un llamado a cada una de las entidades que integran el sistema para que fortalezcan la implementación de estrategias articuladas a fin de que los comparecientes conozcan y cumplan con sus obligaciones de contribución a la verdad. También, para que haya una mayor coordinación entre las entidades del SIVJRNR y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-.

Indicó que los procesos de reparación colectiva continúan teniendo cuellos de botella que impiden su efectiva implementación, pues solo el 2% de los 156 planes aprobados culminaron el proceso, y las metas previstas para atención psicosocial no evidencian un aumento de cobertura, en particular, en espacios rurales.

Presupuesto y Financiación

En cuanto al presupuesto y financiación, la Procuraduría halló deficiencias en materia de planeación, distribución, ejecución y seguimiento de los recursos, así como una excesiva concentración en unos pocos proyectos de inversión. Solo el 5% de los proyectos concentró el 60% de los recursos del presupuesto general destinado a la implementación del acuerdo.

Con respecto a la planeación de recursos para la paz, hizo un llamado para actualizar los cálculos que soportan las proyecciones realizadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017/2018, que sirven de referencia para la formulación de los Planes Plurianuales de Inversión para la Paz.

Finalmente, el Ministerio Público puntualizó que es necesario mejorar los tiempos de ejecución de los proyectos, para lo cual se requiere identificar las causas que están generando retrasos innecesarios en el uso de los recursos, pues menos del 1% de los proyectos aprobados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz –OCAD Paz – se encuentran terminados, el 23% están contratados, pero sin acta de inicio, y otro 24% están sin contratar o en proceso de contratación.
 

MLN/mln | Fecha Publicación: martes, 29 septiembre 2020 11:28 AM

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Países incluida Colombia piden sesión de la OEA por informe de la Misión Independiente de la ONU

Colombia y otros países piden sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para deliberar sobre informe de Misión Independiente de la ONU para Venezuela y las próximas elecciones en ese país.
 

La Misión de Colombia ante la OEA, conjuntamente con Brasil, Estados Unidos y Venezuela, solicitaron al Presidente del Consejo Permanente de esa organización una sesión extraordinaria que se realizará el martes 29 de septiembre, en la que los miembros de la OEA abordarán el Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y se analizará la situación de las precarias instituciones venezolanas de cara a las elecciones convocadas sin garantías democráticas, por el régimen ilegítimo.
La Canciller Claudia Blum indicó que Colombia impulsó esta solicitud ante los graves hallazgos de la Misión de la ONU que informa sobre hechos que constituirían crímenes de lesa humanidad.
La Ministra dijo que: «es urgente que el Hemisferio aborde las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes identificados por la Misión de la ONU. La OEA debe denunciar a ese régimen y advertir sobre la gravedad de legitimar las elecciones fraudulentas impuestas por una dictadura cruel, señalada por sus ataques contra la población civil».
A la sesión han sido invitados los integrantes de la Misión Independiente de la ONU y expertos de centros de estudio que analizan temas de elecciones y democracia. Así mismo, participarán el secretario Luis Almagro y el presidente de la CIDH.

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Más de 200 personalidades de Iberoamérica envían comunicación a cancilleres de la UE

Más de 200 personalidades de Iberoamérica enviaron este martes una comunicación dirigida a la Presidente de la Comisión Europea, al Presidente del Consejo Europeo y a los 27 ministros de Relaciones Exteriores agrupados en la Unión Europea (UE) en rechazo a las iniciativas que viene desarrollando Josep Borrell, alto representante de esa comunidad política para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en acuerdo con el Gobierno de España.

El emplazamiento está encabezado por María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristeguieta Gramcko, Humberto Calderón Berti y Carlos Ortega, y cuenta con el respaldo de expresidentes como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Jorge “Tuto” Quiroga, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez, Alfredo Cristiani, Juan Carlos Wasmosy y Oswaldo Hurtado.

Además, figuran personalidades políticas como el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal; el presidente del Partido Popular español, Pablo Casado; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; los dirigentes políticos de Argentina y México, Patricia Bullrich y Marko Cortés Mendoza; las senadoras colombianas María Fernanda Cabal y Paola Holguín; los eurodiputados Hermann Tertsch y Margarita de la Pisa; los diputados españoles Cayetana Álvarez de Toledo y Víctor González, así como los académicos y escritores Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa y Héctor Schamis; la defensora de los derechos humanos Tamara Sujú, entre otros.

En la carta, estas personalidades califican las últimas operaciones políticas de Borrell como una misión incongruente que obstaculiza el rescate por la libertad venezolana. Asimismo, rechazan que el Gobierno de España promueva esas maniobras para avalar unas ilegítimas elecciones parlamentarias en Venezuela.

“El Alto Representante, actuando también como representante del gobierno español, intenta minar el consenso internacional sobre la necesidad de establecer un gobierno de transición de Venezuela para reinstitucionalizar el país, gestionar la crisis humanitaria y poder entonces convocar a elecciones presidenciales verdaderamente libres y soberanas”, reza el exhorto.

De acuerdo con los firmantes, estas acciones traicionan acuerdos y pronunciamientos previos de la propia UE y otras organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, además de que pretenden solventar miles de asesinatos, torturas y violaciones agravadas a los derechos humanos, expuestos en el Informe de la Misión de DDHH de Naciones Unidas, con una prórroga de los supuestos comicios de diciembre y la búsqueda de “condiciones mínimas” para unas elecciones parlamentarias.

Avanzar –insisten en el documento- con estas “condiciones mínimas” representaría una violación más a los DDHH, ahora promovida por la comunidad de naciones europeas que ha liderado históricamente la defensa de los derechos humanos.

Tres premisas fundamentales

De igual forma, sostienen que esa ruta es facilitada por el Gobierno de Turquía, al que atribuyen una mediación a costa del saqueo de las arcas venezolanas, e ignora tres premisas fundamentales de la tragedia venezolana: 1. la masiva y sistemática violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, 2. La ausencia de soberanía nacional y la ocupación prolongada por fuerzas extranjeras cubanas, iraníes y grupos terroristas y 3. La naturaleza criminal transnacional del régimen, con la convergencia del narcotráfico y mafias financieras que blanquean el dinero saqueado a la nación.

Esas premisas, agregan, “están por encima de cualquier posibilidad de negociar o apoyar algún tipo de condiciones para elecciones con el régimen criminal en el poder”.

Finalmente, los firmantes indican que si la Unión Europea duda sobre estos tres aspectos medulares, debería conformar una comisión de verificación de hechos para informar al Consejo de Europa y a los gobiernos de la Unión sobre estas premisas.

Por esto, instan a la comunidad europea a desmarcarse de los intereses del Gobierno Español, así como a promover la actuación de la Corte Penal Internacional junto a la OEA y otros organismos que aceleran las medidas necesarias para desalojar al régimen de Nicolás Maduro.

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Supersalud extiende medida de vigilancia especial a tres EPS

La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por el lapso de seis meses y hasta un año las medidas de vigilancia especial que rigen sobre las EPS Convida, Capresoca y Savia Salud, con el propósito de que sigan trabajando para garantizar la adecuada atención de sus afiliados en términos de calidad y oportunidad.
Luego de un estricto seguimiento a los indicadores administrativos, asistenciales, jurídicos y financieros de estas aseguradoras, la Superintendencia concluyó que todavía no han logrado superar todos los hallazgos y deficiencias que motivaron la vigilancia especial.
Las medidas de vigilancia se extendieron de la siguiente manera: hasta el 15 de marzo de 2021 para la EPS Convida; hasta el 27 de junio de 2021 para la EPS Capresoca, y hasta el 27 de septiembre de 2021 para la EPS Savia Salud. Según el delegado de Medidas Especiales de la Supersalud, Germán Augusto Guerrero, “estas EPS deben continuar identificando, de forma integral, los mecanismos y estrategias que les permitan superar las deficiencias y lograr operar en condiciones óptimas, incluidas las decisiones que adopten relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria”.
 
Hallazgos en la EPS Convida
• No ha logrado implementar un modelo de atención en salud que garantice a sus usuarios el acceso oportuno a servicios y tecnologías.
• No garantiza la oportunidad en entrega de medicamentos y presenta demoras en la autorización de consultas de medicina especializada.
• No asegura oportunamente el acceso a servicios de quimioterapia y radioterapia de todos los usuarios con patologías de alto costo.
• No cumple con los porcentajes exigidos de capital mínimo y patrimonio adecuado, con corte a julio de 2020.
• No adelanta las acciones correspondientes para identificar, depurar, conciliar y pagar las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios.
• Entre enero y julio de 2020 ha sido notificada de 1.027 acciones de tutela en salud, 800 de las cuales se deben a conceptos PBS (Plan de Beneficios en Salud) y 227 a conceptos NO PBS.
 
Deficiencias de la EPS Capresoca
• Presenta pérdidas financieras durante los últimos cuatro años, que pueden poner en riesgo su sostenibilidad en el corto plazo y afectan la consecuente prestación del servicio a sus afiliados.
• No garantiza la oportunidad en la entrega de los medicamentos, registra demora en los procesos de referencia o contrarreferencia, y en la asignación de citas de consulta médica especializada.
• Muestra un descenso en el número de afiliados, pasando de 178.619 en 2016 a 171.626 en junio del 2020.
• Se evidencia que no adelanta las acciones correspondientes para identificar, depurar, conciliar y pagar las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios de salud.
• Entre enero y julio de 2020 ha sido notificada de 98 acciones de tutela, la mayoría de las cuales tienen que ver con la falta de atención y tratamiento integral; consultas especializadas; autorización de procedimientos especializados por patologías de alto riesgo; servicios de terapias, y la no realización de intervenciones quirúrgicas.
Hallazgos en EPS Savia Salud
 
• En los primeros siete meses de este año sus afiliados han presentado más de 12.100 peticiones, quejas, reclamos y denuncias.
• Se notificaron en su contra 3.721 acciones de tutela en salud, entre enero y julio del presente año.
• Presenta deficiencias en la implementación de acciones de detección temprana y protección específica dirigidas al binomio madre-hijo.
• No ha logrado establecer estrategias para ampliar la cobertura en programas de detección temprana del cáncer de cuello uterino y seno.
• La EPS no dio cumplimiento al reporte de información referente a la red de prestadores para el segundo trimestre de 2019.
• Incumple los indicadores de: experiencia en la atención, porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa y porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna.
• Para el corte diciembre de 2019, la EPS incumple con las condiciones financieras y de solvencia.
Contra las resoluciones 010624, 010625, 010626, proceden los recursos de reposición, que podrán ser interpuestos ante el despacho del Superintendente Nacional de Salud.

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