Este fin de semana el gabinete del Gobierno, rendirá cuentas al Presidente Iván Duque en la Hacienda Presidencial de Hato Grande, revisando las metas que se cumplieron durante 2019, lo que está pendiente y las proyecciones para el nuevo año de mandato.
A esta rendición de cuentas esta invitados la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, los ministros, consejeros y directores de algunas entidades, donde se concertarán las prioridades del Gobierno que se ejecutarán en esta vigencia, así como la forma en la que las entidades se están articulando para lograr los mejores resultados en ejecución y cumplimiento.
Desde este domingo 16 de febrero y hasta el lunes 17, los funcionarios participarán del ‘Taller de Revisión Estratégica del Gobierno Nacional para la vigencia 2020’, como lo ha denominado Presidencia de la República.
Fuentes de la Casa de nariño señalaron que “durante la jornada de trabajo se revisarán en detalle los avances de las políticas nacionales impulsadas por el Gobierno del presidente Duque en sus primeros 18 meses de gestión, y se revisarán las metas para el 2020”.
Para el día domingo, se espera que los ministros, consejeros y varios directores de entidades se concentren en la revisión de los temas prioritarios incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’.
Para la sesión programada el próximo lunes 17 de febrero, se tiene previsto evaluar la forma como las entidades se están articulando para garantizar los mejores resultados en cuanto a ejecución y cumplimiento de los grandes proyectos que impulsa el Gobierno, en procura de lograr una Colombia con Legalidad, Emprendimiento y Equidad.
Temas coyunturales como las Reforma Laboral, Pensional y Electoral, al igual que las estrategias para frenar el asesinato de líderes sociales y la erradicación de cultivos ilícitos, serán algunos de los puntos principales de la agenda.
La periodista de Caracol Radio, Darcy Quinn, aseguró que conoció una investigación de la Corte Suprema de Justicia, con respecto a la denuncia de una mujer en contra del senador Gustavo Bolívar.
La mujer asegura que la historia de El Bronx es un plagio.
De acuerdo con Quinn, en medio de aquella denuncia se encontró con otra cosa.
“Empezaron la investigación pidiendo los documentos respectivos a las programadoras y se dieron cuenta de que el senador Bolívar recibe dinero porque es el libretista de esa serie. Y no cualquier platica: grandes y millonarias sumas de dinero”, manifestó Quinn.
La periodista también contó que esta sería una falta grave debido a que la ley establece que todos los servidores públicos, incluidos los senadores, “no pueden recibir otro sueldo”, ni tampoco pueden tener otro trabajo.
Se exceptúan de estos la cátedra universitaria, aunque la ley establece que deben ser con horas limitadas.
“Tendrá que justificar por qué ha recibido, mientras es senador de la república, millonarias sumas, y si está realizando o no, también paralelamente a ser senador, el trabajo de libretista. Este tema, sin duda, terminará en el Consejo de Estado”, dijo la periodista.
Cabe anotar que la serie El Bronx fue emitida a comienzos del año 2019.
El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla de nuevo causó polémica por sus declaraciones en las que aseguró que los colombianos debían pagar más impuestos para solventar las necesidades del país.
Para el funcionario: “Este es un país que tiene una estructura tributaria de un país muy pobre, pero ya no somos un país muy pobre, somos un país de ingreso medio que está en expansión”,
Por este motivo el jefe de la cartera de hacienda propuso que Colombia debe adecuar su estructura tributaria para afrontar esta nueva realidad.
“Hoy hay población que quiere más salud, educación, carreras y tenemos que encontrar el espacio tributario para saber cómo vamos a pagar eso. La falta de recursos es de cinco puntos del PIB y la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es de dónde vamos a sacar esos cinco puntos”, añadió Carrasquilla.
Los recursos que está requiriendo el gobierno son de cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir unos 50 billones de pesos. El faltante implicaría hacer una reforma tributaria. Sin embargo, Carrasquilla aclaró que no se pretende hacer otra reforma durante el gobierno del presidente Iván Duque.
Las declaraciones del ministro fueron apoyadas por los directores de los gremios Anif y Fedesarrollo, quienes puntualizaron que los colombianos deben tributar más.
Por medio de las redes sociales diversos sectores manifestaron estar en contra de las palabras del ministro de Hacienda.
El senador Gustavo Bolívar aseguró que “los recursos que busca el Ministerio de Hacienda están en los 50 billones anuales en corrupción y los 65 billones de pesos en evasión de impuestos”-
Por otra parte, el senado del Polo Democrático Wilson Arias señalo que el gobierno nacional empezó a ambientar el anuncio otra reforma tributaria “para pagar los reglazos tributarios”.
Gran comitiva del Diario La Libertad conformada por periodistas participa en el recorrido que llegará hasta el Barrio Abajo acompañando a Los Reyes Departamentales de los Periodistas y Reyes Infantiles del Atlántico 2020.
*Envía enérgica carta a la Corte Constitucional. *La misiva fue radicada este miércoles, dos semanas antes de que ese tribunal estudie una ponencia del Magistrado Alejandro Linares en la cual se propondría que la práctica del aborto se realice en cualquier caso hasta la semana 12ª de gestación y después de que se conociera que le fue practicado un aborto a una mujer a los 7 meses de gestación.
Un grupo de congresistas liderados por la senadora María Del Rosario Guerra envió una carta a los miembros de la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la que hacen serias consideraciones sobre el tema del aborto. La misiva fue radicada ayer, dos semanas antes de que ese tribunal estudie una ponencia del Magistrado Alejandro Linares, en la cual se propondría que la práctica del aborto se realice en cualquier caso hasta la semana 12ª de gestación y después de que se conociera una noticia según la cual, le fue practicado un aborto a una mujer a los 7 meses de gestación en la ciudad de Popayán, sin que se dieran las causales de las que habla la Corte para que sea legal la interrupción del embarazo. Esa situación ha generado un gran polémica en el país, en la cual han tomado parte todos los estamentos de la sociedad colombiana, generándose todo tipo de controversias. Por otra parte, el mismo colectivo de congresistas, integrantes de un grupo denominado Provida, dio a conocer un comunicado a la opinión pública nacional, en el que manifiestan su total rechazo al aborto y solicitan que asuntos como el de la vida del ‘nasciturus’ (no nacido) no sea regulado vía sentencia judicial, sino que se respete la separación de poderes y la competencia del Congreso de la República, para tramitar estos asuntos. Por otro lado, senadora sucreña del Centro Democrático María del Rosario Guerra, entrevistada por este medio, fue tajante al manifestar que no está de acuerdo con las causales que enumera la Corte para aprobar el tema del aborto. Opina que, “más bien el Congreso es quien debe legislar sobre estos temas y decidir sobre la vida de un ser que está por nacer”. En el tema del aborto, manifiesta la senadora Guerra que aún no hay ninguna legislación vigente, “porque el Congreso no ha aprobado ninguna ley que avale el aborto. Simplemente está tipificada como un delito en el Código Penal, pero la Corte Constitucional en sus sentencias, es la que habla de las causales que permiten esta práctica sin que sea reconocida como delito. Se trata simplemente de una jurisprudencia de la Corte Constitucional”. Cabe señalar que la senadora Guerra, en la anterior legislatura y en la presente ha propuesto estudiar dos proyectos de ley para reglamentar la prohibición del aborto. “Los tratados internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado Colombia, defienden el derecho a la vida como el primero y además dejan claro que se debe proteger la vida desde la concepción”, señaló la congresista.
La carta La carta enviada por los 12 congresistas al la Corte Constitucional, Sala Plena, está fechada en Bogotá, 12 de febrero de 2020 y va dirigida a los siguientes Magistrados: Alejandro Linares, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo, Gloria Stella Díaz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas, Alberto José Rojas Ríos. En sus apartes más importantes, la comunicación dice: “Como bien ustedes conocen, nuestra Constitución Política en su artículo 152 le ha otorgado la potestad al Congreso de la República de regular, vía Ley Estatutaria, entre otras materias, los “a) derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección (…).” Por ende, es competencia exclusiva del legislador definir los asuntos relacionados con el derecho a la vida de todos los colombianos, incluidos aquellos que están en el vientre de la madre”. Dice en otra parte la carta que, “en varios pronunciamientos de la Corte Constitucional se ha expresado la necesidad que el Congreso de la República legisle sobre la materia. No compartimos entonces la actitud asumida por la Corte Constitucional de abrogarse competencias del legislativo, como lo ha venido haciendo en las 16 sentencias sobre aborto que ha expedido desde el año 2006. 2 Como consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional, desde la Sentencia C355 de 2006, ha venido restringiendo la libertad de configuración penal del Congreso de la República, pretendiendo regular el aborto por vía de tutelas. También ha desconocido la división de poderes, ordenándole al ejecutivo reglamentar el asunto”. En otro de sus apartes, la carta de los congresistas citados reza: “Respetuosamente reiteramos que el escenario democrático por excelencia donde se debe dar la discusión sobre los derechos fundamentales es el Congreso de la República. Según lo han informado algunos medios de comunicación, la intención de la ponencia del H.M. Alejandro Linares se aparta de la decisión del legislador de considerar el aborto como un delito, como se evidenció en ley 599 de 2000 y en el Decreto 100 de 1980. También parece que pretende dicha ponencia, desconocer sus propios precedentes entorno a la protección de la vida de la madre y del nasciturus, generando inestabilidad jurídica. Más preocupante aún es que desconocería lo contenido en los artículos 11 y 44 de la Constitución Política, y los instrumentos internacionales de protección al no nacido como la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El comunicado “Bogotá, 12 de febrero de 2020. Senadores y Representantes Provida de las bancadas, Centro Democrático, Colombia Justa y Libres, y Partido Conservador, radicaron hoy ante la Corte Constitucional una carta para reafirmar su rechazo al aborto y pedir que asuntos como el de la vida del ´nasciturus` no sea regulado vía sentencia judicial, sino que se respete la separación de poderes y la competencia del Congreso de la República, para tramitar estos asuntos mediante Ley Estatutaria como lo ordena la Constitución Política Indican los legisladores: “reiteramos que el escenario democrático por excelencia donde se debe dar la discusión sobre los derechos fundamentales es el Congreso de la República” por lo que piden se permita el debate como corresponde. En la misiva de tres páginas los Congresistas expresaron sus reparos a las 16 sentencias emitidas por el alto Tribunal en las que ha permitido el aborto como un derecho fundamental de las madres gestantes, desconociendo a su vez el derecho fundamental a la vida del bebé por nacer. Los legisladores le recordaron a los nueve magistrados de la Corte Constitucional que pretender legalizar el aborto en Colombia va en contravía de los artículos constitucionales 11 y 44, como también de instrumentos internacionales suscritos por Colombia como la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y la Convención Americana de Derechos Humanos. En los próximos días estos congresistas radicarán en el Congreso de la República un proyecto de Ley para crear la Comisión legal ProVida para debatir en el escenario natural los temas que tiene que ver con la defensa de la vida. BANCADA PROVIDA”.
A través del programa se enfrentará la criminalidad y se promoverán la reconstrucción del tejido social, la sana convivencia y la resolución de conflictos.
Demostrando que la seguridad de propios y visitantes es un compromiso del Gobierno del Cambio Imparable, la alcaldesa Virna Johnson, enfrentará a través de los organismos de seguridad, investigación, entidades de la administración distrital y un grupo de expertos, el fenómeno de la criminalidad, con un enfoque social, a partir de un análisis de criminología y de afectación en la convivencia ciudadana.
El nuevo método preventivo y operativo hace parte del programa de Gestión integral de Seguridad y Convivencia “Gobierno Seguro Imparable-GSI” presentado este martes por la mandataria, en el cual se desplegarán políticas públicas en los lugares con mayor conflictividad social identificados en las tres localidades de la ciudad.
“Iniciamos un programa con una nueva forma de gestión de la seguridad y la convivencia. Hoy a través de esta política pública, desarrollaremos procesos de intervención integral con una gran oferta institucional dirigida a cada población priorizada por su tipo de conflictividad, queremos hacer de Santa Marta una ciudad más amigable y segura, con programas como este, con el trabajo articulado con las agencias del Estado lo vamos a lograr”, manifestó la alcaldesa Virna Johnson.
Por su parte , el comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Óscar Solarte manifestó su compromiso con el programa.
“Estamos apoyando ,respaldando esta política de trabajo de la mano con la comunidad , este programa integrado principalmente por las Secretarías de despacho de la Alcaldía .Tenemos a nuestros carabineros , unidades de turismo , protección , inteligencia , todas nuestras unidades a disposición de este programa , vamos a luchar de manera constante contra la delincuencia”
La alcaldesa de los samarios liderará estas intervenciones integrales a través de la secretaria de Seguridad y Convivencia, Sandra Vallejos, quien trabajará de forma articulada con las demás dependencias del Distrito como: Promoción Social, Educación, Salud, Inred, Cultura y Gobierno, para brindar una oferta institucional especializada según el plan de intervención definido para cada punto crítico.
Al identificarse el barrio o punto crítico, durante 10 días se sostendrán en el sector encuentros con la comunidad, presidentes de juntas administradoras locales y líderes sociales para atender los requerimientos o denuncias y proceder en el análisis de la información. Posteriormente se desplegará atención e intervención interinstitucional.
COGESTORES DE SEGURIDAD Y CONCILIADORES EN EQUIDAD:
En el desarrollo del programa de Gestión integral de Seguridad y Convivencia “Gobierno Seguro Imparable” se escogerán líderes que serán capacitados como cogestores de la seguridad y conciliadores en equidad, para que cada uno de ellos pueda trabajar de la mano del Distrito en la activación de rutas de atención en diversos temas.
OPERATIVOS:
La Policía Metropolitana junto al Ejército, Migración Colombia, Fiscalía, ICBF, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y Personería Distrital realizarán controles y operativos contra el microtráfico, hurto y demás fenómenos criminales identificado en cada punto crítico o zona intervenida.
La alcaldesa le ratificó a los samarios el compromiso que tiene con el gobernador Carlos Caicedo de lideradas estrategias de seguridad que Santa Marta, toda su zona rural y el departamento gocen de seguridad y tranquilidad.
La mandataria también le informó a los samarios que el próximo sábado presidirá junto al gobernador un Consejo Ampliado de seguridad departamental y distrital con participación de la comunidad.
En el lanzamiento del nuevo programa de seguridad participaron: José Torres , secretario del Interior de la Gobernación; Sandra Vallejos, la secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito ; Fredman Jiménez , comandante de Guardacostas; Chadan Rosado , personero Distrital , integrantes del gabinete , líderes de la Localidad Dos , medios de comunicación y comunidad en general.
Con el fin de materializar una alianza interinstitucional entre el Departamento del Magdalena, el Distrito de Santa Marta y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas– DIAN de Santa Marta, se realizó una mesa de trabajo en la que se abordaron diferentes temas relacionados con el fortalecimiento de las finanzas de los entes territoriales.
La formulación de un convenio tripartito fue uno de los principales asuntos desarrollados en la reunión que contó con la participación de los secretarios de Hacienda departamental y distrital, Ernesto Narváez e Ingrid Llanos respectivamente, y Luz Apraez, directora DIAN Seccional Santa Marta, quienes estuvieron acompañados de sus equipos.
“Se trata de mantener una relación entre los diferentes organismos del Estado, en este caso el Departamento del Magdalena, el Distrito de Santa Marta y la DIAN para afrontar y enfrentar diversos aspectos. Hemos hablado del tema impositivo y del contrabando que es un tema que azota fuertemente al Departamento”, señaló el secretario de Hacienda del Magdalena.
Algunas de las acciones que se proyectan son: definir los protocolos del cruce de información entre las entidades y la DIAN para actualizar los datos de los contribuyentes; implementar de manera conjunta mecanismos de control, vigilancia e inspección de cada uno de los impuestos en la jurisdicción de las entidades, buscando disminuir los índices de evasión, contrabando y el incumplimiento de los contribuyentes. Asimismo, el Distrito adoptará el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.
Dando cumplimiento a la Estrategia de Fortalecimiento Territorial de los municipios, la Administración Departamental en cabeza de Carlos Caicedo realizó el segundo ciclo de capacitación, con el propósito de afianzar el manejo de la herramienta Formulario Único Territorial –FUT, insumo fundamental para lograr finanzas sostenibles en las entidades territoriales del Magdalena.
“Creo que ha sido una jornada exitosa en la medida en que cada uno de los municipios ha podido revisar y conocer su estado en términos de reporte y de financiamiento y, cuáles son los medios que tiene ahora para hacer del FUT una herramienta de trabajo que les permita pensar de manera prospectiva, de manera estratégica y oportuna, con relación no solo a la formulación de sus planes de desarrollo municipal sino al desempeño fiscal de sus municipios estos próximos cuatro años”, afirmó Diana Roa, jefe de la Oficina Asesora de Planeación departamental.
Roa Lozano invitó a los secretarios de Hacienda y de Planeación a que trabajen de forma conjunta en el respectivo reporte, con el fin de que lo hagan de manera óptima, eficaz y eficiente, al mismo tiempo que señaló la importancia de estar articulados con la Nación y el Departamento y, que estas jornadas continuarán no solo en Santa Marta, sino en cada uno de los municipios.
Con esta capacitación se busca afianzar los conocimientos relacionados con el reporte de la información presupuestal del periodo enero – diciembre 2019 y los periodos de corte del año 2020 a través del FUT. Los funcionarios municipales recibieron asesoramiento por parte de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en temas como: informes sobre viabilidad fiscal territorial; monitoreo, seguimiento y control de los recursos del Sistema General de Participación; procesos de reconstrucción de pasivos; programa de saneamiento fiscal y financiero para Empresas Sociales del Estado; crecimiento real del recaudo tributario; dependencia fiscal; deuda pública y cierre fiscal; entre otros.
La idea es que los municipios puedan “hacer unos muy buenos ejercicios de cierre fiscal de la vigencia que terminó y de proyección de la capacidad financiera a futuro, como insumo fundamental para que puedan tener unos planes de desarrollo que efectivamente puedan ser financiados y ejecutados”, manifestó Néstor Urrea, subdirector de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
