GENERALES

La Alcaldía de Santa Marta, por medio de la Secretaría de Gobierno desarrolló con  éxito  la  primera Jornada de adopción canina y felina del 2020 denominada ‘Un amigo para toda la vida’.

La actividad que se llevó a cabo en el Parque Deportivo Bolivariano, contó con la participación de 150 familias que recibieron charlas sobre tenencia responsable de animales y participaron de  concursos en compañía de sus mascotas.

“Me parecen excelente estas jornadas, es un buen paso para seguir fomentando la adopción y evitar comprar animales, también de esta forma ayudamos para que no haya tantos perritos y gatos solos en las calles , pasando hambre; yo viene con mi hija y estamos felices porque adoptamos un perrita discapacitada, ella tuvo un accidente y le hace falta la pierna izquierda trasera” manifestó Daniel Moreno Cortéz

Durante la jornada  se dieron en adopción 39 animales, entre perros y gatos, de igual forma se llevaron a cabo 12 consultas médicas veterinarias  y 15 desparatizaciones y vitaminizaciones.

“Iniciamos este año de manera positiva ;la comunidad animalista y los samarios respondieron muy bien , creo que se está creando  una cultura de la adopción , es bueno que la gente deje de tener perritos y gatitos como negocio, que definitivamente se destierre esa  práctica de la familia, es preciso mencionar que  en este proceso de adopción la gente también  asume responsabilidades ,obligaciones y  que tienen que respetar los derechos de los animales, que eso es fundamental para que exista una sana convivencia en los hogares multiespecie” aseveró Adolfo Bula, Secretario de Gobierno.

Al terminar la jornada , Bula Ramírez , manifestó que “el cambio es imparable con los animales”, por ello de manera interinstitucional se continuará trabajando sin descanso en la Política de Protección  y Bienestar , rumbo hacia los 500 años de la ciudad.

El jefe de la Oficina de Tránsito y Transportes del Magdalena, Ernesto Mario Castro Coronado, hace una denuncia pública ante la ciudadanía, ya que se encontraron unos supuestos permisos de circulación y parqueo en el Distrito de Santa Marta, en los cuales se hace uso de una firma falsa que suplanta a la del funcionario departamental.

El día de hoy, 31 de enero, se recibió el reporte de este hecho por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santa Marta, al ser identificados estos falsos permisos en unos controles realizados en vías.

Dicha dependencia distrital informó además, que, al ser requeridas, las personas portadoras, manifestaron que habían comprado estos supuestos permisos por valor de $250.000.

Se reitera a la ciudadanía que estos documentos son ilegales, no tienen validez alguna y quienes los adquieren están siendo estafados.

Se aclara además, que el Departamento no tiene potestad para emitir permisos de este tipo, ya que estas decisiones son de la competencia del Distrito de Santa Marta.

Frente a este hecho fraudulento, se va a instaurar la denuncia ante el órgano competente con el fin de que se investigue y se desmantele a la banda dedicada a esta actividad delictiva.

El gobernador Carlos Caicedo creó una histórica  Comisión por la Alta Transparencia y la Moralidad Pública del Magdalena, entre cuyas funciones sobresale la elaboración del Libro Blanco, mediante el cual estarán trazadas las líneas de acción del actual gobierno y la lucha contra la corrupción en el Departamento.

La comisión que se instaló bajo decreto será integrada por expertos del orden nacional como: la exministra de Trabajo, Clara López, quien lideró el equipo de empalme entre Caicedo y la pasada administración; el presidente del comité será el  exprocurador Departamental de Antioquia y exmagistrado del Consejo de Estado, Iván Velázquez; el secretario técnico será el ex secretario general de la comisión nacional de televisión y viceministro de la Juventud, Eduardo Noriega De La Hoz. El grupo lo complementa el expresidente de la Corte Constitucional ,  Luis Ernesto Vargas; y el exsecretario general y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Beltrán Sierra.

El gobernador manifestó que la instalación de la Comisión por la Moralidad Pública del Magdalena es para:   “elaborar, con base en el Informe Final del Empalme realizado con la administración departamental saliente, un ‘Libro Blanco’ que contenga un informe sobre los hechos de corrupción relevantes ocurridos en el Departamento, sus actores y consecuencias y un análisis sobre el estado en el que se recibió el departamento del Magdalena en los aspectos administrativos, jurídicos, financieros y sociales, principalmente en las áreas de los derechos humanos, la educación, la salud, el medio ambiente, la cultura, la administración de los recursos nacionales, de transferencias o regalías, la contratación pública y la infraestructura vial. Esta tendrá una duración de seis meses”.

La Comisión podrá recibir, analizar y evaluar información sobre los hechos y acciones que constituyan posibles casos de corrupción o que atenten contra la moralidad pública y la transparencia.

De igual forma, el gobernador, enfatizó: “El Informe Final del Empalme 2019 – 2020 con la Gobernación saliente, realizado con la participación de un grupo de profesionales expertos en administración y gestión de asuntos públicos, contiene observaciones que  podrían constituir faltas a la moralidad pública”.

TAMBIÉN NACE EL COMITÉ ANTICORRUPCIÓN Y EL BUEN GOBIERNO:

Asimismo, se creó el Comité para la Transparencia, la Anticorrupción y el Buen Gobierno, integrado por el Secretario General, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el jefe de la Oficina de Contratación, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el Jefe de la Oficina de Control Interno, el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, cuya función principal es diseñar las políticas e instrumentos administrativos para la transparencia, anticorrupción y el buen gobierno.

“Esta comisión por la transparencia y la moralidad pública. Se complementará con la comisión contra la corrupción en el Magdalena. En campaña anunciamos crear una comisión del más alto nivel y hemos cumplido para acabar un flagelo que acabó al Estado en el Magdalena”, agregó el ejecutivo magdalenense.

PERFILES DE LOS COMISIONADOS:

Luis Ernesto Vargas Silva:   magistrado de la Corte Constitucional de 2009 a 2017.    Este tolimense estudió Derecho en la Universidad Libre y se especializó en Derecho de Familia en la misma universidad. En la Universidad de Zaragoza, hizo un doctorado de Derecho Privado, Derecho de la Persona y de la Familia.

Ha recorrido toda la carrera judicial: fue juez promiscuo municipal de Suesca, juez civil municipal de Bogotá y magistrado encargado del Tribunal Superior de Bogotá. En 2008, fue elegido como magistrado de la Corte Constitucional.

Ha sido catedrático en varias universidades del país y conferencista en la Universidad Española de Educación a Distancia –Uned-, y, en varios países latinoamericanos a los cuales ha sido invitado como vicepresidente de la Red Latinoamericana de Jueces, fundada en Barcelona que actualmente congrega magistrados de 19 países y como cofundador de la Escuela Judicial para América Latina –Ejal-. Profesor invitado a la Maestría en Derecho procesal constitucional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y conferencista en Brasilia sobre la solución de controversias en Unasur. Presidió la Corte Constitucional de febrero de 2014 a febrero de 2015. Además, fue presidente de la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano.

Iván Velásquez Gómez:   nació en Medellín. Estudió Derecho en la Universidad de Antioquia. Fue director del Colegio Antioqueño de Abogados ‘Colegas’, donde adelantó campañas contra el entonces denominado Estatuto de defensa de la Justicia, que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos.

Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de procurador Departamental de Antioquia, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil. En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado y un año después fue electo como Director Regional de Fiscalías en Medellín. En conjunto con un equipo de investigadores inició una lucha frontal contra los grupos de autodefensas.

Fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000. Coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas. También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados “narcopolíticos”.

A finales de septiembre 2013, fue designado como Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al nivel de Secretario General Adjunto de la Organización de las Naciones Unidas.

Alfredo Beltrán Sierra:   Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre, ha realizado, en la misma institución universitaria, especialización en Derecho Constitucional y Maestría en Derecho Procesal. Se ha desempeñado como subjefe del Departamento de Subsidio de la Corporación Financiera del Transporte, secretario General del Instituto Nacional del Transporte, asesor del Despacho del Viceministerio de Obras Públicas y Transporte, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, secretario General y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado interino de la Sala Laboral y Magistrado Auxiliar de la misma entidad, en su Sala de Casación Civil. Fue Magistrado y Presidente de la Corte Constitucional.

En 2005 la Corte Constitucional vivió uno de los momentos cruciales de su historia, al reglamentar la reforma a la carta que permitía reelegir al Presidente de la República. A pesar de que gran parte del país político se alineó a favor de un nuevo mandato del Ejecutivo y hubo presiones al máximo organismo de la justicia, dos magistrados salvaron su voto por considerar la reforma “profundamente antidemocrática”. Uno de ellos fue Alfredo Beltrán Sierra.

En la actualidad es abogado litigante, asesor y consultor en Derecho Civil, Comercial, Administrativo y Laboral.

Clara López Obregón:   economista de la Universidad de Harvard y abogada de la Universidad de los Andes.   Ha sido secretaria Económica de la Presidencia. Contralora y Concejal, fue asesora de la presidencia de la Asamblea Constituyente, fue asesora del Ministerio de Desarrollo en temas legislativos entre 1995 y 1999, coordinó el comité técnico de la Comisión Nacional de Regalías y luego fue asesora del Ministerio de Trabajo y de la Superbancaria.

Fue Secretaría de Gobierno y Alcaldesa de la Ciudad de Bogotá. En 2003 fue nominada por la Corte Suprema y elegida por unanimidad en el Consejo de Estado para ser Auditora General, cargo en el que estuvo hasta 2005, cuando renunció para aspirar al Congreso. En 2016, Clara fue nombrada Ministra de Trabajo y es la política de izquierda más destacada del país excandidata a la Alcaldía de Bogotá, a la Vicepresidencia y a la Presidencia de la República.

Eduardo Noriega De La Hoz:   abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de postgrado en Derecho Administrativo en la misma universidad y de políticas públicas en la Universidad de Michigan.   Excomisionado nacional de televisión en representación de las universidades

Se ha desempeñado como secretario general de la Comisión Nacional de Televisión, secretario general del ministerio de educación nacional, viceministro de la juventud (e), subdirector jurídico y secretario general del Iicfes y del Icetex y secretario general de Bogotá.

Conforme a las facultades que le otorga la Ley, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, posesionó a una delegada Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Se trata de la abogada Yurleidis Granados Glen, quien es  especialista en Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda, candidata a Magister en Derecho de la misma Universidad y de Magister en Gobierno y Desarrollo de las Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia.

Se ha desempeñado como asesora jurídica en la Coordinación de Actuaciones Administrativas y Asesoría Contractual de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de las Tecnologías y la Comunicaciones -TIC’s-, en el Sistema Estratégico de Transporte Público -Setp- de Santa Marta, en la Alcaldía del municipio Zona Bananera y en la Gobernación del Magdalena.

El primer reto de la nueva funcionaria de la autoridad electoral será garantizar la transparencia y el sano desarrollo de las elecciones atípicas del municipio de San Zenón, programadas para el domingo 29 de marzo.

La seguridad y la sana convivencia de los habitantes del Departamento y las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto armado nacional en Magdalena, son políticas prioritarias para el gobernador Carlos Caicedo, quien se reunión con el alto Comisionado de Paz,

Miguel Ceballos para definir una serie de Consejos Territoriales de Paz y la instalación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el territorio y en beneficio de los afectados por la violencia.

En el encuentro participaron los alcaldes de: Santa Marta, Virna Johnson; Ciénaga, Luis Tete; Aracataca, Luis Correa; y Fundación, Carlos Sierra. Además, la jefa de la Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Postconflicto Departamental, Anabel Zúñiga; el asesor de Despacho, Jorge Rojas; y el secretario del Interior del Magdalena, José Humberto Torres.

“Nos reunimos para avanzar sobre la integración de los consejos municipales y departamental de Paz, además de otras iniciativas que deben aportar en seguridad y convivencia, al igual que de legalidad y participación de la ciudadanía. Debemos consolidar al Magdalena como territorio de Paz y eso implica articularnos entre municipios, Departamento y Nación”, dijo el gobernador.

Por su parte, el alto comisionado, agregó: “La idea es fortalecer la reconciliación, la convivencia, la disminución de los conflictos y acompañar a las comunidades para luchar contra todo lo que genera violencia. Queremos trabajar de la mano con el gobernador y también queremos desmantelar los grupos armados a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, tenemos que luchar contra esos grupos armados que se empecinan en no dejarnos avanzar en la paz en los acuerdos que ya se firmaron. En ese sentido, el Magdalena debe contar con el apoyo del Gobierno nacional”.

MÁS GESTIONES DE CAICEDO PARA LA SEGURIDAD DEL MAGDALENA:

Esta es otra gestión que adelanta el gobernador en materia de seguridad y protección a las víctimas, luego de previas reuniones con altos mandos de la Policía del Magdalena y Metropolitana de Santa Marta, además del Ejército Nacional, Fiscalía y demás autoridades, con miras a reducir la criminalidad.

Asimismo, cabe recordar que el ejecutivo departamental acordó  con la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, Patricia Linares, una agenda de atención que se acerque a las necesidades de las 311 mil víctimas que habitan en el Departamento, iniciativa que consiste en un plan piloto sobre Trabajos, Obras y Acciones Reparadoras –Toar-, en favor de los afectados por la violencia, por parte de los comparecientes a la Jurisdicción en territorio magdalenense.

ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS:

Otras de las iniciativas de lo que va del gobierno Caicedo por la Paz y la seguridad de los magdalenenses gestionar el cambio de todo el pie de fuerza de la Estación de Policía de Sitionuevo, además de impulsar más patrullajes en la Vía de La Prosperidad y recorridos de carabineros en la zona rural de ese municipio ribereño, a petición de la comunidad, medidas que fueron anunciadas por el secretario del Interior al participar de un consejo de seguridad en dicha municipalidad, y el cual fue instalado después que el alcalde local, José Alcides Manga, denunció un ataque por parte de hombres armadas contra su familia, en momentos en los que se movilizaban en un vehículo con rumbo al casco urbano.

Por último, sobresale la lucha que esta administración inició de cara a la violencia contra la mujer tras algunos hechos de violencia sexual ocurridos en el municipio de Tenerife a principio de 2020.

Entre los compromisos que anunció la Gobernación sobre los sucesos, sobresalen: apalancar a la Fiscalía para que avance en el proceso de investigación, promover apoyo psicosocial a las víctimas, ejecutar campañas pedagógicas contra la violencia a la mujer y los delitos sexuales, más presencia del Ejército Nacional con rondas oportunas en la zona e impulsar el sistema de monitoreo por cámaras.