La plenaria del Senado evaluó y discutió durante 12 horas la situación de los páramos del país, en especial en defensa del Páramo de Santurbán, la delimitación de la zona paramuna y la ejecución de proyectos mineros que comprometería el agua que surte a más de 2 millones de ciudadanos de los santanderes y el ecosistema estratégico del Páramo.
Al final fue aprobada una proposición en la que le solicitan al gobierno nacional prohibir la mega minería en los 37 páramos ubicados en el territorio nacional o en colindancia con estos, abstenerse de adelantar cualquier actividad de mega minería en el Páramo de Santurbán y sus ecosistemas circunvecinos y abstenerse de otorgar licencia de explotación minera a personas jurídicas de carácter privado que alteren, afecten, degraden, contaminen o destruyan la biodiversidad y los cuerpos hídricos originados en los páramos.
En el desarrollo del debate se escucharon las respuestas de los ministros de Medio Ambiente, Minas y Energía, el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la directora de la Agencia Nacional Minera.
Tambien intervinieron gobernadores de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado y Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero; alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey; la alcaldesa del municipio de California, Genny Gamboa Guerrero; el Director de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Juan Carlos Reyes Novoa, director de CORPONOR, Gregorio Agarita Lamk ylíderes ambientales y voceros de la comunidad de región.
A su turno, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo, Carlos Eduardo Correa, expresó que “la protección del recurso hídrico de este ecosistema es un derrotero ineludible y no negociable para este Gobierno”.
Indicó “Que de las siete fases que integran el proyecto para la delimitación del Páramo de Santurbán ya fueron ejecutadas 3, la siguiente, que es la de concertación, será retomada oportunamente de manera presencial en el territorio”.
“De los 37 complejos de páramos que hay en el territorio colombiano, 36 ya están delimitados y en su interior están prohibidas las actividades mineras de hidrocarburos y se encuentran restringidas las agropecuarias de alto impacto”.
Al respecto, Correa especificó “los páramos de nuestro país abarcan tres millones de hectáreas el 33% se encuentra en parques nacionales naturales, el 3% en parques regionales naturales y el 7% en áreas protegidas que permiten el uso sostenible”.
Sobre la participación en el proyecto que busca la delimitación del Páramo de Santurbán, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Rodrigo Suárez Carreño, aclaró a los participantes en el debate la duda sobre ¿Por qué la ANLA rechazó y por qué no negó la licencia? Argumentando lo siguiente: “la información no era suficiente para tomar una decisión ya fuera para una viabilidad o negación de la solicitud, sólo se han presentado dos trámites, uno, que la empresa desistió y este segundo que la autoridad de licencias ambientales archivó”.
“En la historia de la ANLA han sido reconocidos 46 mil terceros intervinientes y para este proyecto 44 mil, demostrando así, según Suárez Carreño la debida participación de todos los actores”.
Por su parte, con relación a la defensa del agua, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, manifestó que “en el país, se usa anualmente un total de 37.308 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales el sector de minería y de hidrocarburos usa únicamente el 3.3 % del total del líquido que se demanda en el país”.
De otro lado, el vicepresidente de la Agencia Nacional Minera, Saúl Romero, hizo énfasis en el proyecto de Minesa, explicando que hoy en día el título minero se encuentra por fuera de los límites del páramo que hoy se encuentra delimitado. “Hasta el momento no existiendo una viabilidad ambiental todos los supuestos pueden variar y se deben ajustar a todas las condiciones del caso” dijo Romero.
Voceros de partidos se pronunciaron
Durante el desarrollo del debate de control político, el congresista Luis Fernando Velasco, del partido Liberal, propuso la creación de un programa de formalización minera.
A su vez, la vocera del Centro Democrático, senadora Paloma Valencia, expresó que “la explotación minera ha generado demandas al estado aproximadamente 334 procesos judiciales que suman más o menos $25.7 billones, es decir 2.5 veces más que el aumento del presupuesto de inversión para el 2021”.
El legislador del partido Alianza Verde, Jorge Eduardo Londoño declaró que “el país no cuenta con un reglamento adecuado para cierres mineros, ni normas claras que definan competencias entre la nación, los entes territoriales y el sector privado”.
En representación del Polo Democrático, el congresista Wilson Arias, afirmó que “el sector minero energético no tiene el potencial para reactivar la economía en Colombia”.
Mientras que Juan Felipe Lemos, de la Unidad, manifestó unirse a la necesidad de “avanzar en una normatividad seria y responsable en la que se determine con claridad cómo pueden converger los costos y los beneficios privados con los sociales en proyectos de mega minería”.
Para el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, “la minería de metales se puede hacer donde no sea vulnerable el medio ambiente, de manera tan sustancial como para acabar el agua, exigiendo priorizar la minería artesanal, tradicionalmente cultural y propia de la sociedad colombiana”.
El senador Feliciano Valencia, del Partido MAIS, manifestó que la minería bien hecha no existe, precisando que “si existiera la minería bien hecha ¿Cómo nos explican la situación de los pueblos indígenas que viven asentados en el departamento de La Guajira”.
“Hay la necesidad de defender los páramos y nacimientos de agua, en esto podríamos ver al eje cafetero del que no se ha hablado donde hay también explotaciones de oro afectando fuentes de la región cafetera” denunció la senadora Aida Avella, del partido Decentes.
La conservadora, Nadia Blel, mencionó dos propuestas, una referente a que en el proceso de delimitación no solo se escuche a las comunidades afectadas sino también se tenga en cuenta a las organizaciones internacionales como la ONU, y la segunda, crear un ingreso solidario verde con el fin de que las familias que viven del páramo tengan una alternativa sostenible.
Al cierre del debate la plenaria del Senado aprobó con 82 votos a favor la proposición del senador Alexander López para solicitarle al Gobierno lo siguiente:
Prohibir la mega minería o cualquier actividad extractivista en los 37 páramos ubicados en el territorio nacional o en colindancia con estos.
Abstenerse de adelantar cualquier actividad de mega minería en el Páramo de Santurbán y sus ecosistemas circunvecinos que pongan en riesgo su biodiversidad y conservación.
Abstenerse de otorgar licencia de explotación minera a personas jurídicas de carácter privado que alteren, afecten, degraden, contaminen o destruyan la biodiversidad y los cuerpos hídricos originados en los páramos.
Mientras que la propuesta de la Senadora Angélica Lozano fue negada con 58 votos por el no, y 23 votos por el sí. Esta proposición buscaba declarar “que las explicaciones no fueron satisfactorias en tanto no se respondió a profundidad los cuestionamientos planteados, en particular, sobre las necesidades de fondo en la negación de la licencia ambiental del proyecto Soto Norte. Lo anterior solo se circunscribe a lo manifestado por ANLA y se hace extensivo para solicitar las aclaraciones pertinentes en relación con los temas de su competencia”.
Finalmente, el vicepresidente del Senado, el liberal, Jaime Durán Barrera, destacó el compromiso y formalidad del debate exponiendo que cerca del 98% de los intervinientes no estuvieron de acuerdo con la explotación minera en el Páramo de Santurbán. “para el Gobierno y organismos competentes el mensaje es claro, no insistan con la explotación minera en Santurbán” anotó Durán Barrera.
AZ Noticias.
