La Fiscalía General de la Nación llamó el jueves 18 de mayo al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, para declarar en versión libre sobre el magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez, perpetrado el 26 de abril de 1990.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia escuchará, el miércoles 31 de mayo a las 9:00 de la mañana, al exfuncionario condenado por los delitos concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio por su relación con el crimen del también excandidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento.
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Esta es la primera vez que un funcionario de la Rama Judicial cita al general (r) para que declare por el asesinato del dirigente político y otrora integrante de la Alianza Democrática M-19, movimiento político que surgió tras el acuerdo de paz alcanzado con la antigua guerrilla.
Si bien el nombre del exdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad fue mencionado dentro de las investigaciones relacionadas con este magnicidio, es la primera vez que un funcionario de la Rama Judicial lo llama para declarar por este caso.
De hecho, en 2017 Mauricio Ponce, principal fiscal dentro del proceso, le pidió a la Corte Suprema indagar sobre Maza Márquez. Solo la magistratura de ese tribunal podía hacer esas labores debido a que tiene fuero constitucional. Con esta decisión del ente de control, se activan las investigaciones del caso que, luego de 33 años, sigue en la impunidad.
Este no es el único exagente del Estado involucrado en el crimen. Jaime Ernesto Gómez, uno de los escoltas de Carlos Pizarro Leongómez y también exagente del DAS, es investigado también por posibles nexos en ese asesinato. De acuerdo con pesquisas de la Fiscalía, mató al sicario que le disparó al entonces dirigente político para “ganar el silencio del potencial testigo y asegurar, en buena parte, la impunidad rampante durante décadas”.
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Sumado a eso, tanto la entidad como el fiscal Ponce afirmaron que hubo complicidad de actores estatales tanto en la planeación como en la ejecución del crimen cometido cuando Carlos Pizarro estaba a bordo de un avión en Bogotá con destino a Barranquilla. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Maza Márquez dijo que estaba dispuesto a realizar aportes sobre los vínculos entre paramilitares y la Fuerza Pública, además del surgimiento de esas estructuras en Magdalena Medio.