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Minsalud revisa plan de respuesta de Guainía ante el covid-19

Desde Guainía, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, lideró el 62 Puesto de Mando Unificado para atención al covid-19 con el objetivo de establecer una hoja de ruta en las semanas siguientes y analizar la respuesta departamental y municipal frente al virus.
El jefe de la cartera de Salud analizó la situación del departamento indicando que hay “929 casos presentados hasta hoy, de los cuales hay 112 activos y 803 recuperados.
En el departamento se han presentado 14 fallecimientos”.
Además, se han procesado 3.833 pruebas para una población de 48.114 habitantes con una ocupación UCI del 30%. “La situación del departamento es de una afectación moderada que ya lleva un buen periodo de tiempo y gran parte de los casos están en la ciudad de Inírida, con este contexto iniciamos el PMU en el departamento”, agregó el ministro. Situación epidemiológica Franklyn Prieto, director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, analizó la situación epidemiológica del departamento y su capital.
En Colombia la incidencia es de 273,68 casos por 100 mil habitantes, mientras que en Guainía es de 1052,4 y en Inírida de 1449,97.
 
En cuanto a letalidad, el porcentaje nacional es de 3,87%, mientras que el departamento de 1,44% y su capital de 1,46%. “Es una tasa de muestreo muy buena, estamos hablando de 3.975 muestras por 100 mil habitantes.
 
Eso muestra la buena acción de respuesta que han tenido”, señaló Prieto. Reiteró que las características de la curva han sido “de adecuado control” en el departamento y municipios, además, aseguró que “en el descenso de la curva es importante aumentar la capacidad de rastreo”.
 
Análisis departamental
 
El gobernador de Guainía, Juan Carlos Iral, explicó que a la fecha se han invertido más de 2.500 millones de pesos en la respuesta departamental al covid-19 así como 8 mil kits de aseo y elementos de bioseguridad para toda la población, incluyendo comunidades indígenas.
 
En cuanto a esto último, señaló que los guardias indígenas “han sido un apoyo incansable para esta tarea porque hay lugares del departamento de difícil acceso y ellos nos brindan apoyo”. La búsqueda activa en el departamento triplica el promedio nacional, por lo cual los casos han aumentado, “en una labor rápida, incansable y oportuna. Vamos adelante”, sostuvo. También explicaron la implementación del programa PRASS con equipos de rastreo, llamado a talento humano y trabajo con Coosalud. “Salir, hacer rastreo, tomar las pruebas y vencer las limitaciones que tenemos con las PCR”.
 
Así como los equipos extramurales con acciones de educación, sensibilización y promoción de medidas de protección en las áreas más alejadas del departamento y el trabajo mancomunado con la Guardia Indígena creando una mesa departamental para establecer acciones y mecanismos. Dentro de los retos planteados está el garantizar el seguimiento domiciliario de pacientes con comorbilidades y adultos mayores para frenar la letalidad, así como la concertación y trabajo con comunidades optimizando las estrategias para entrar a todos los territorios.
 
Acciones en Inírida
 
Pablo William Acosta, alcalde de Inírida, señaló que en la capital del departamento se han desarrollado acciones enfocadas a la atención fronteriza y un trabajo de la mano de autoridades departamentales y municipales. “Hay mucho camino por delante.
 
Estamos haciendo el trabajo y es esfuerzo, a veces los recursos son insuficientes, pero con lo que tenemos hemos podido responder”, aseguró el alcalde, explicando la complejidad de las intervenciones en cuanto a aspectos socioculturales y la informalidad. El municipio tiene, afirmó, casi el 100% de aseguramiento en su población, sin embargo, un elemento importante a analizar es la presencia de migrantes irregulares en el territorio debido a la situación fronteriza con Venezuela. 
Se destaca además la construcción de cinco puestos de salud, así como el fortalecimiento y mejoramiento del de Paujil, así como la formulación de un proyecto de laboratorio molecular “que servirá en pandemia y post pandemia para el diagnóstico de todas las enfermedades tropicales en el departamento”. Resaltó también el trabajo con comunidades indígenas y la entrega de elementos de protección personal a la población, además de campañas y distribución de tapabocas, ayudas humanitarias y, en etapa de apertura, la revisión de protocolos para diferentes sectores.
 
Conclusiones.
 
Al término del Puesto de Mando Unificado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, indicó que el departamento opera bajo un modelo especial y adicionalmente los retos que implica la atención del covid-19 en un área con características territoriales y culturales particulares.
 
“Lo que nos dan los datos es muy importante en la medida que nos muestra un tremendo esfuerzo de parte de las autoridades locales, de los entes territoriales, del hospital y aseguradores para poder tener una capacidad de seguimiento y rastreo importante”, aseguró, indicando que merece felicitación a la Alcaldía y Gobernación.
 
Es importante, agregó, entender la dificultad que se tiene para el acceso y los costos que esto representa. Además, la importancia y el esfuerzo para ampliar la capacidad instalada en un trabajo entre gobierno local y nacional con 12 camas UCI instaladas “que dan tranquilidad frente a eventuales riesgos que podamos tener”.
 
Adicionó que se debe incrementar la capacidad de rastreo con un énfasis en el trabajo con comunidades indígenas, así como las capacidades en procesamiento de pruebas PCR y antígenos. “Hay que incrementar la capacidad de teleservicio, teleasistente y asistencia en domicilios”, dijo, esto enfocado en personas con comorbilidades y adultos mayores.
 
 

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Gobierno central arrebató a municipios y departamentos más pobres $202 mil millones

De manera ramplona e inconstitucional el Gobierno nacional le arrebató a municipios y departamentos más pobres la bicoca de $202 mil millones de pesos por concepto de transferencias del Sistema General de Participaciones.
La historia se remonta a los resultados del censo del año 2018, el cual mostró que muchos municipios y departamentos del país superaron los índices de pobreza que tenían en el 2005 cuando se realizó el anterior censo.
 
Resulta que mediante documentos SGP-042 y SGP-048 el Departamento Nacional de Planeación –DNP- distribuyó las transferencias del Sistema General de Participaciones –SGP– correspondientes al año 2020, a los municipios y departamentos del país, supuestamente basados en los nuevos resultados del Censo 2018, además, considerando que los datos de población y pobreza (NBI) se toman como base de liquidación de los recursos de Propósito General y agua potable del SGP, entre otros.
Según explicó el economista y especialista en Finanzas Públicas de la ESAP, Edward Torres Ruidíaz, el Gobierno hizo una primera distribución en febrero de este año, mediante documento SGP-042, el cual efectivamente, aumentaba la asignación a las entidades a las que les había aumentado la pobreza relativa y las disminuía a aquellas donde la pobreza NBI había disminuido, es decir los considerados “ricos”.
 
Haciendo uso de unas facultades de “transición” otorgadas por la ley 2008 del 2019, el documento SGP-042 distribuyó sólo 5 de las 11 mensualidades del 2020, en aquellas partidas afectadas por los cambios en pobreza y población, como son las de propósito general y salud pública asignada a alcaldías, y agua potable, asignada a alcaldías y gobernaciones, en espera del “ajuste” cuyo objetivo sería disminuir el incremento de recursos a los municipios “beneficiados” por la distribución anticipada por el documento SGP-042 de febrero pasado, para compensar la disminución de aquellos “perjudicados”.
 
Ya el Departamento Nacional de Planeación DNP, era conocedor de que el nuevo censo 2018 ocasionaría “cambios significativos en los resultados de la distribución del SGP” a las entidades territoriales, y era evidente que, a municipios y departamentos, que redujeron ostensiblemente sus cifras de pobreza NBI, verían reducir del mismo modo sus nuevas transferencias, al contrario de aquellos que en términos relativos la aumentaron o no les disminuyó tanto. Esta premisa de que las nuevas cifras de pobreza y población del censo 2018, beneficiaba con más recursos a los más pobres y perjudicaba a aquellos que, según estas, ya no lo eran tanto, se basa en los criterios legales de asignación y como lo estipula el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia que dice: “Todas las personas… gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”, y “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.
 
En el mismo sentido, “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta…”. Este artículo constitucional es en el que se sustenta el criterio de focalización entendida como la estrategia de uso internacional para direccionar recursos a grupos de población socialmente desfavorecidos, una “discriminación positiva” (DNP. 2007), con el fin de que superen sus condiciones de desventaja y, en términos generales, reducir la desigualdad y la pobreza.
Así las cosas, explicó Torres Ruidíaz, las proyecciones mostraban que los aproximadamente 400 municipios beneficiados por el documento SGP-042 con más recursos, se concentraban en los departamentos más pobres, en su orden Chocó, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Magdalena, entre otros.
 
Mientras que, en la otra orilla, los aproximadamente 600 municipios “perjudicados” por el documento SGP-042 con la reducción de recursos, correspondían en mayor parte a los departamentos de Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, departamentos menos pobres del nuevo censo. Lo que nadie entiende En el primer documento SGP de este año, eso se dio, pero llegado julio, el Gobierno debía distribuir los recursos correspondientes al resto del año. Para ello, expidió el Decreto 943 del 6 de julio de 2020 y dictó los lineamientos del “ajuste”, el cual resume los efectos así: “En la distribución de los recursos de la participación para Propósito General el número de municipios y distritos a los que se les disminuyen recursos por la aplicación de variables del CNPV 2018 es igual a 493, lo cual representa el 44,7% del total de entidades beneficiarias. En la distribución de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), (…), el 44,5% de las entidades beneficiarias correspondiente a 499 entidades, entre municipios y áreas no municipalizadas, disminuyeron sus recursos frente a las once doceavas de la vigencia 2019.
 
En la distribución del subcomponente de salud pública de la participación para Salud con la aplicación del CNPV 2018 refleja que 179 anotando que entidades, entre municipios y áreas no municipalizadas, así como 10 departamentos, presentan una reducción de sus recursos frente a lo asignado en la vigencia 2019. Que el número de municipios y distritos a los que se les disminuyen sus recursos por la aplicación de variables del CNPV 2018 en la distribución de los recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar es igual a 831, lo cual representa el 75,4% del total de las entidades beneficiarias, por lo que en promedio dichas entidades dejan de recibir un 23,5% respecto de los recursos que recibieron en la vigencia anterior.”
Conforme a ello, el decreto define como criterio de “ajuste” “para la distribución de las doce doceavas de la presente vigencia, (…) garantizar a los beneficiarios como mínimo lo asignado por concepto de las doce doceavas de la vigencia 2019, con sujeción a la disponibilidad presupuestal del valor apropiado para cada componente del SGP en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020.” Quiso el Gobierno “garantizar” a las entidades territoriales “perjudicadas” en los criterios de pobreza y población por el nuevo censo 2018, los mismos recursos de 2019, lo que implica una bolsa fija de recursos, no una bolsa adicional, por lo que esa compensación se hará recortando los recursos a aquellos que les habían aumentado con el nuevo censo, que ahora son los nuevos “perjudicados”, esta vez por el decreto 943 de 2020.
 
Luego lo que hizo el Gobierno fue desconocer los resultados del Censo 2018, al intentar “compensar” lo que habían “perdido” varias poblaciones por cuenta de la reducción de la pobreza que arrojó el nuevo conteo de la población colombiana.
 
Ejemplos claros Para explicar esta tesis, el experto Edward Torres, menciona que en el departamento del Magdalena, alcaldías y gobernación perdieron $16.412 millones en el SGP propósito general y agua potable liquidados por pobreza y población, mientras que Boyacá, con pobreza de apenas 10% recibió por habitante el triple de transferencias que La Guajira, aunque la pobreza de esta última es cinco veces mayor con 52%. Edwar Torres expreso “Hay una violación al principio de subsidiariedad y el objetivo de focalización es escandaloso, más aún si se tiene en cuenta que municipios de sexta categoría del Magdalena y otros departamentos, las transferencias nacionales, que incluyen las del SGP, representan en promedio el 81% de los ingresos totales” Y agrega que en total 19 departamentos se afectaron respecto a lo que percibieron con el documento SGP-042. Chocó fue el más afectado perdiendo sus alcaldías y Gobernación en un año -$47 mil millones, es decir más de $200 mil millones si se contabiliza el cuatrienio.
 
Le siguen en su orden, como departamentos afectados en mayor medida, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena y Sucre. Y en contraparte, fueron beneficiadas las alcaldías y la gobernación de Boyacá que gracias al SGP-048, percibió $62 mil millones más de lo que le liquidaba el SGP-042 de febrero, siguiéndole en su orden Cundinamarca ($35 mil millones), Nariño, Cauca, Santander y Huila. “Son casi $202 mil millones que se quitan a las alcaldías y gobernaciones “más pobres”, ´como el Chocó y el Caribe, para trasladarlos a aquellas “menos pobres”, como Boyacá y Cundinamarca, para compensar los cambios en las cifras de pobreza del censo 2018 respecto al 2005. Que los pobres reciban menos transferencias de las que merecen y los ricos más de ello, puede explicar la persistente desigualdad de Colombia”, recalcó Torres.
 
La forma amañada y corrupta como se hizo esta distribución lleva a preguntar, bajo qué criterios y con qué autoridad el Gobierno nacional desconoció de forma descarada lo que estipula la Constitución, y peor aún, desconociendo la realidad de las necesidades básicas de las regiones más pobres y vulnerables del país, y favoreciendo de manera arbitraria, quizás con intereses más politiqueros que cualquier otro, a zonas que evidentemente tienen mejores desempeños y necesidades que los anteriores.
 
Para el economista y catedrático Edward Torres, municipios y gobernaciones afectadas deben actuar jurídicamente contra el SGP-048 invocando los derechos fundamentales del artículo 13 de la Constitución Política, rector de los principios de subsidiariedad y las estrategias de focalización, claramente violados pues, y “aprovechar la torpe justificación del recorte en la ley 2008/19, al llamar “efectos negativos” a las variaciones en las transferencias por el nuevo censo, que no aplica para más de 400 municipios “pobres” que se benefician por ello”. Fuente Corrupcion Al Dia

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El Ministerio de Educación invita a la comunidad educativa a inscribirse para participar en el Foro Educativo Nacional que se realizará los días 7, 8 y 9 de octubre de 2020

‘Aprendizajes significativos para la vida como principio orientador del quehacer educativo’ es el nombre de la nueva versión del Foro Educativo Nacional, que este año se realizará de manera virtual los días 7, 8 y 9 de octubre.
«El Foro Educativo Nacional 2020 reunirá a los asistentes en conversatorios, plenarias y talleres en torno a la promoción de aprendizajes significativos para la vida como principio orientador de una práctica pedagógica innovadora, pertinente y contextualizada», dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo.
 
El foro se convierte en un espacio para reflexionar acerca de los retos, aprendizajes, estrategias y experiencias de las comunidades educativas en este momento histórico, marcado por la situación de emergencia causada por el COVID-19.
 
Además permitirá visibilizar la gestión pedagógica adelantada para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las diferentes regiones del país, tengan acceso al servicio y permanezcan en el sistema, garantizando así, el derecho a una educación incluyente, pertinente y de calidad.
 
Durante el Foro Educativo Nacional 2020, las Secretarías de Educación y las Instituciones de Educación Superior también compartirán las buenas prácticas para contribuir a fomentar el mejoramiento de la calidad en todos los niveles educativos.
El Ministerio de Educación convoca a Docentes, Directivos, estudiantes, familias, investigadores, personal administrativo y a la comunidad educativa en general, a inscribirse en este importante encuentro académico que se hace anualmente en el país. Los interesados solo deben registrar los datos solicitados en este enlace https://fen2020.colombiaaprende.edu.co/

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A LA CÁRCEL UNA MUJER QUE HABRÍA QUEMADO CON UNA CUCHARA CALIENTE LA CARA DE SU HIJA MENOR DE EDAD

Al avalar los argumentos de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Santa Marta (Magdalena) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer señalada de haberle quemado la cara a su hija de 8 años con una cuchara caliente.
Se trata de una ciudadana de Venezuela de 36 años, quien fue capturada junto con su pareja sentimental, por uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia en cumplimento de una orden judicial.
 
Las dos personas fueron aprehendidas luego de que vecinos del sector donde reside la mujer en compañía de la menor de edad, en el municipio de Fundación (Magdalena), denunciaran los continuos maltratos a los que la mujer presuntamente sometía a la niña.
El último episodio de violencia física del que se da cuenta habría ocurrido el 17 de septiembre pasado, cuando la mujer, en un ataque de ira, al parecer tomó el cubierto caliente y se lo puso en el rostro a la niña.
 
A la casa de la presunta agresora llegaron servidores de la Policía Nacional y personal de la Comisaría de Familia local para rescatar a la pequeña, lo mismo que a sus hermanos, también menores de edad. Medicina Legal determinó de manera provisional una incapacidad de 15 días para la víctima, y se espera una nueva valoración para establecer las secuelas que puedan quedar en la niña a causa del maltrato del que vendría siendo víctima desde tiempo atrás.
 
Siguiendo el direccionamiento estratégico impartido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, las investigaciones relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes son una prioridad, por ello, el fiscal del caso imputó a la capturada como presunta responsable del delito de violencia intrafamiliar en concurso homogéneo sucesivo. Tras la imputación, la mujer aceptó su responsabilidad en los hechos atribuidos.
 
Entretanto, su compañero sentimental no fue objeto de ninguna medida de aseguramiento, pues se comprobó que no convivía con la supuesta agresora y, al parecer, no participó en los hechos. Sin embargo, se le corrió traslado del escrito de acusación

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Mindefensa invita a habitantes del Meta a brindar información que conduzca a captura de integrantes de Grupos Armados Organizados

Al finalizar un consejo de seguridad en Villavicencio, Meta, el Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, acompañado de la cúpula militar y de Policía, así como de autoridades civiles regionales, anunció una serie de acciones para fortalecer la seguridad en el departamento.
El jefe de la cartera de Defensa indicó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán con la ofensiva operacional para desmantelar a los Grupos Armados Organizados que delinquen en el sur del departamento e hizo un llamado a la comunidad a brindar información “que conduzca a la captura de los bandidos que lideran estas estructuras, los cuales se encuentran en el cartel de los más buscados difundido por la Policía Nacional”.
 
En ese sentido, afirmó que se mantiene la recompensa de $80 millones por información que conduzca a la captura de alias Ferley, presunto integrante del GAO residual Estructura 10, “quien sería el principal responsable de las extorsiones en redes sociales y mensajería instantánea en el departamento del Meta”.
Además, el Ministro Trujillo informó que “las Fuerzas Militares reforzarán e incrementarán las operaciones de control militar sobre la zona de Puerto Cachicamo, del municipio de Puerto Rico, a efectos de cortar el corredor de movilidad del narcotráfico y los Grupos Armados Organizados”.
 
En el marco del Plan Meta Seguro, la Fuerza Pública fortalecerá las operaciones para contrarrestar las extorsiones en la región, “con el apoyo e intervención focalizada de Grupos Especializados de Investigación Criminal contra el homicidio y la extorsión, bajo la dirección de la Fiscalía Seccional del departamento”.
 
Por otra parte, el Ejército Nacional y la Policía Nacional “continuarán las campañas para la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, -aseveró el Ministro Trujillo-. Igualmente, la Fiscalía Seccional, con el apoyo de la Gobernación y la Fuerza Pública, divulgarán las diferentes rutas de atención que fueron creadas para hacer frente a la violencia intrafamiliar y contra la mujer”.

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Este es el nuevo calendario para la venta de gasolina por terminal de número de placa

Venezuela cuenta con 1.568 estaciones de servicio de combustible y cientos de ellas permanecen cerradas.
Tareck el Aissami, ministro de Petróleo del régimen, informó que se mantendrá el despacho subsidiado para usuarios registrados en la plataforma Patria y el suministro a precio internacional.
EFE/RAYNER PEÑA R
 
El régimen de Nicolás Maduro dio a conocer este jueves el nuevo calendario para la venta de gasolina en las estaciones de servicio según el último número de placa de los vehículos.
El Fortune llegó a Paraguaná rumbo a la refinería Amuay: reporte de las 11:28 am “Se retoma el día de suministro según el último número de placa de cada vehículo, con el propósito de ordenar el flujo vehicular en las estaciones de servicio”, dijo Tareck el Aissami, ministro de Petróleo del régimen.
 
Esta modalidad, aplicada desde meses anteriores debido a la escasez de combustible en el país, comenzará el lunes 5 de octubre y se tiene previsto que finalice el jueves 5 de noviembre. Los primeros que podrán surtir gasolina el lunes serán aquellos que tengan vehículos cuyos números de placa terminen en 1 y 2. Le siguen martes 3 y 4; miércoles 5 y 6; jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. El calendario será rotativo, por lo que la siguiente ronda de repostaje la comenzarán el sábado 1 y 2 y así progresivamente. escasez de gasolina  cuenta con 1.568 estaciones de servicio de combustible y cientos de ellas permanecen cerradas.
 
El régimen nunca facilitó la cifra exacta de establecimientos parados a causa de la escasez ni el tiempo que permanecieron sin atender al público, reseñó Efe.
El Aissami también dijo que seguirá la política que contempla el reposte mensual de 120 litros de gasolina a precios subsidiados para cada vehículo registrado en la plataforma Patria. Asimismo, aseguró que continuará la venta en 0,50 dólares el litro a precio internacional, tal y como se estableció a finales de mayo pasado.
 
El Aissami insistió en que dos de las principales refinerías de Venezuela fueron recuperadas y están produciendo gasolina, pero no informó cuáles ni cuántos barriles diarios de gasolina se refinan en estas instalaciones.
tomado del Nacional de Venezuela
 
https://twitter.com/VTVcanal8/status/1311693138927460352?s=20

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‘Nadie nos va a detener esta reactivación que quiere Colombia’, afirma Duque

El país se reactiva a pesar de “los profetas del desastre”,que apoyaron el Aislamiento Preventivo Obligatorio, pero ahora salen a “obstruir la reactivación; esa es la mezquidad”, dijo. • Recordó que el PAEF se extenderá hasta marzo del año 2021, porque “necesitamos que Colombia se reactive con ganas, con bríos, con fuerza: 11 meses de ese importante subsidio”. “Nadie nos va a detener esta reactivación que quiere Colombia.
Nadie nos va a arrebatar la reactivación que quiere el Cesar, que quiere Valledupar, porque este país quiere salir adelante”. Así lo enfatizó este jueves el Presidente Iván Duque desde la capital del Cesar, departamento en el que entregó un trayecto de 48 kilómetros de la Ruta del Sol 3 y asistió a la puesta en marcha de la línea de crédito ‘Valledupar Responde’.
El Mandatario sostuvo que el país se reactiva a pesar de “los profetas del desastre”, que apoyaron el Aislamiento Preventivo Obligatorio, pero ahora salen a “obstruir la reactivación; esa es la mezquidad”.
 
Al dirigirse a los empresarios de Valledupar y del Cesar, el Presidente indicó que el Fondo Nacional de Garantías, en el marco de la emergencia, lanzó unas líneas que garantizan entre el 80 y el 90 por ciento de los créditos para la micro, la pequeña, la mediana empresa y la gran empresa, así como para los empleadores independientes.
Dicha línea debía terminar en septiembre; sin embargo, “tomamos la decisión de extender el programa de garantías hasta junio del año 2021”. Con respecto al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), señaló que esta iniciativa de subsidio a la nómina -gracias al Congreso- se extenderá hasta marzo del año 2021, porque “necesitamos que Colombia se reactive con ganas, con bríos, con fuerza; 11 meses de ese importante subsidio”.
Reiteró que el PAEF subsidiará el 50% de la prima de Navidad y expresó que “nunca en la historia de Colombia se había visto un apoyo de esa naturaleza por un gobierno para defender a los trabajadores de nuestro país”.
 
En torno de los sectores más vulnerables de la población, el Jefe de Estado indicó que en el Cesar hay 90 mil Familias en Acción, 10 mil Jóvenes en Acción y una amplia cifra de personas en Adultos Mayores cobijadas con este subsidio.
 
Subrayó que para tales programas que los giros extraordinarios se extenderán hasta diciembre de este año para que a “esas familias no les falte el apoyo del Estado”.
También dijo que la Devolución del IVA a un millón de familias, meta alcanzada este año, en el 2021 cubrirá a 2 millones de familias. Así mismo, hizo hincapié en que Ingreso Solidario cubre a 3 millones de familias y se extenderá hasta el mes de junio del 2021, porque “así está asegurado en el Presupuesto Nacional”.
Aseveró, por último, que continuará adelante con el ‘Compromiso por Colombia’, que significa $170 billones en inversión y anunció que en poco tiempo regresará al Cesar para inaugurar “la granja solar más grande que tenga Colombia; ¿por qué? Porque hace parte de la reactivación económica”.

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Virna Jhonson también contrató el desarrollo pedagógico de la IED San Francisco Javier con una fundación creada por los Vives

Sé trata de la Fundación San José, creada por los religiosos católicos del Seminario con apoyo de la familia Vives sus principales benefactores, cuándo éstos construyeron la urbanización Garagoa y donaron el lote para la IED San Francisco Javier. Bien dice el dicho popular que “el ojo nunca mira para adentro” y qué “nada hace el burro diciéndole al puerco orejón, cuándo sus orejas son mucho mas grandes.
La alcaldesa Viena Lizi Jhonson también le otorgó a una fundación católica, creada al parecer por los Vives, un contrató para el desarrollo pedagógico de los estudiantes de la IED San Francisco Javier, la cual cubre a los niños vulnerables del sector de Garagoa y Timayuí.
Se trata de un contrato por la suma de 1.800 millones de pesos suscrito con la Fundación San José, creada por los religiosos católicos del Seminario, cuyos principales benefactores son los Vives y la cual se constituyó cuándo la citada familia construyó la Urbanización Garagoa, donó el terreno y adelantó una campaña para la construcción del colegio, cuyo objetivo fue educar a los niños vulnerables de todo ese sector marginado de la ciudad, incluyendo el barrio Timayuí.
La firma de este contrato por parte de la alcaldesa Johnson no llamara tanto la atención, si desde la alcaldía y la gobernación, no sé hubiera adelantado la semana pasada de manera alevosa y rastrera una campaña de descrédito al alcalde de Ciénaga Luís Tete Samper por haber otorgado un contrató similar y por el mismo valor a otra fundación religiosa pero de origen cristiano, donde aparece como representante legal la pastora Yuritza Del Castillo.
En este contrato la alcaldesa Johnson le otorga la suma de 1.800 millones 893 mil pesos a la Fundación San José, representada legalmente por la hermana Alicia Mercedes de Fátima Valencia Vives, para qué en el término de 310 días a partir del 21 de febrero ejecute la “ promoción e implementación de estrategia de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas en la IED San Francisco Javier conforme a la sección 5 Articulo 2.3.1.3.5.1 del Decreto 1851 de 2015”.
El contrato establece a las claras que debe ejecutarse durante el calendario Escolar de 2020, y se otorgó sin que se hubiera previsto el inició de la pandemia Covid19, precisamente en los mismos días en que el Ministerio de Educación decidió la suspensión de las Clases, por lo que existen dudas del cumplimiento del mismo, ya que el objetó contractual demandaba la realización de actividades presenciales. Asi lo dio a conocer un medio de comunicacion en el Magdalena.

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LEY 010 DEL 2020 Y LAS CONSECUENCIAS A LA LEY ESTATUTARIA 1751 DEL 2015

En las últimas semanas diversas agremiaciones médicas, entre esas la FMC, han sacado a la luz una serie de cartas dirigidas al Congreso de la República con el fin de hacer la petición de archivar o eliminar el Proyecto de Ley 010 del 2020.
Dicho Proyecto parece ser la reglamentación y el desarrollo de la Ley Estatutaria del 2015 pero, por el contrario, se plantea un bloqueo de la atención primaria a la salud, lo que conlleva a que el acceso a los servicios médicos sea más difícil.Este Proyecto de Ley pretende implementar modelos privatizadores en la red de hospitales públicos y omite los determinantes sociales básicos que hacen parte del derecho fundamental a la salud como lo dicta la Observación General N° 14 de la Naciones Unidas.“En suma, el articulado en cuestión no resuelve la profunda crisis de la salud en que venía el sistema actual, que es humanitaria, ética, financiera, de derechos humanos, de salud pública, de transparencia institucional, y profundiza los determinantes de una crisis que ha sido develada por la pandemia, ampliamente vivida, sufrida y conocida por la sociedad colombiana” afirma el documento expedido por diferentes agremiaciones en cabeza de la FMC el pasado 28 de Septiembre. Las “medidas orientadas a la sostenibilidad”, como fue llamado por los Honorables Congresistas, pretende realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social; sin embargo, dichos ajustes contradicen lo estipulado en la Ley Estatutaria 1751 del 2015 al no acatar las necesidades básicas de la salud del pueblo colombiano y, en cambio, clasifican a la ciudadanía en pobres, no pobres y determinan la capacidad de pago de los servicios de la salud de cada ciudadano.Además, según los ajustes realizados no se garantiza la salud como un derecho fundamental y se evidencia la profundización del negocio de la salud tanto en monopolios como en oligopolios de intermediarios financieros.La Federación Médica Colombiana rechaza las condiciones del Proyecto de Ley 010 del 2020 y las graves afectaciones que éste tiene en el sistema de salud del país; a su vez, exige al Congreso de la República retirar o archivar dicho Proyecto para cumplir a cabalidad la Ley Estatutaria 1751; de la mano de agremiaciones y sindicatos se plantea la necesidad y se hace la petición a los Honorables Congresistas de hacer una reforma estructural que verdaderamente pueda reglamentar la salud colombiana para garantizar el derecho fundamental a la salud y formalizar a los trabajadores y trabajadoras como parte constitutiva de ese derecho.

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Gobierno extiende intervención de la Supersalud a la ESE Río Grande de la Magdalena

Buscando la continuidad en la prestación de los servicios y la recuperación y estabilización de los indicadores de atención y gestión, el Gobierno Nacional autorizó por un año, la prórroga a la intervención forzosa administrativa, que viene desarrollando la Superintendencia Nacional de Salud en la ESE Río Grande de la Magdalena en Magangué, Bolívar.
La medida adoptada bajo la resolución ejecutiva No.136 del 28 de septiembre de 2020, indica que la prórroga se extiende hasta el 2 de octubre de 2021, con el fin que la entidad continué con la línea de mejoramiento trazada en la producción de servicios; el plan de saneamiento contable y financiero, y las acciones pendientes por ejecutar para garantizar la prestación del servicio a sus usuarios, en condiciones de calidad y oportunidad. Durante la intervención en curso, la ESE Río Grande de la Magdalena, de primer nivel de atención, desarrolló la apertura y habilitación de nuevos servicios como: psicología, nutrición, toma de muestras COVID-19, consulta telefónica, y atenciones domiciliarias.Con corte a junio de 2020, el centro asistencial generó ingresos promedios mensuales por valor de 898 millones de pesos, y sus costos fijos mensuales promedios (nómina, incluyendo seguridad social; parafiscales; prestaciones sociales; OPS; arrendamientos; mantenimiento; seguros; servicios de vigilancia y aseo, etc.), ascienden a 851 millones de pesos, lo que garantiza la operación. Si bien el hospital no logra el equilibrio financiero a junio de 2020, indica la resolución, sí ha mejorado los niveles de facturación comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019, ascendiendo a 5.353 millones de pesos, con un incremento de 27 millones de pesos. De otro lado, la institución ha ejecutado más de 2.089 millones de pesos gestionados ante el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), y en materia jurídica, recuperó más de 969 millones de pesos en títulos judiciales. Igualmente, ha logrado identificar y reconocer las deudas por concepto de salarios y prestaciones sociales, honorarios y servicios del personal administrativo y asistencial. Gracias a la intervención, el hospital viene garantizando la prestación de los servicios de salud a la población, brindando atención con normas de bioseguridad clínica, calidad, accesibilidad, efectividad y oportunidad; disminuyendo así, los riesgos en salud y fortaleciendo la confianza de los usuarios y sus familias, en sus 12 centros de salud a lo largo del municipio. Según el delegado de Medidas Especiales de la Supersalud, Germán Augusto Guerrero Gómez, “la ESE debe continuar con la implementación de planes de mejora efectivos en aras del cumplimiento al plan de acción diseñado para enrutar su gestión y estabilizar su operación y, por ende, la recuperación económica y financiera”. Acciones en la lucha contra el coronavirus Desde su nivel primario de atención, la institución insigne en Magangué habilitó los consultorios y delimitó las rutas de atención para los posibles pacientes de COVID-19, en los 12 centros de salud. De igual manera, implementó medidas de bioseguridad para el manejo asistencial a los pacientes. Del mismo modo, mantiene la atención de los pacientes con preexistencias, mediante consulta intramural en sus sedes, y extramural a lo largo de la ribera del río Magdalena. La Superintendencia de Salud ratifica que es vital el compromiso de sus colaboradores para continuar con el proceso de recuperación de la ESE, y que pueda superar así, ciertas dificultades administrativas y financieras que aún presenta.

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