El Tribunal Superior de Bogotá le negó a la defensa del expresidente Álvaro Uribe la primera medida provisional con la que buscaba frenar la prisión domiciliaria que le fue impuesta el pasado viernes. La decisión de la jueza Sandra Heredia, que lo encontró culpable de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal y lo sentenció a 12 años de prisión domiciliara, sigue en firme. El magistrado Leonel Rogeles Moreno, encargado de estudiar la solicitud de libertad inmediata que la defensa incluyó en una acción de tutela, ha encontrado que esta “no cumple los estándares de urgencia, necesidad, impostergabilidad, requisitos sine qua non para que, en estos casos, el juez constitucional intervenga desde el inicio del trámite de la tutela, en la forma antes pretendida”.
Por tanto, la orden de privar al político de su libertad —que aún no ha sido ejecutada— deberá cumplirse mientras avanza el trámite de la tutela, que fue interpuesta este mismo lunes por su abogado, Jaime Granados. El objetivo de esta acción constitucional, un mecanismo que se utiliza cuando se considera que se ha vulnerado un derecho fundamental, es que el expresidente pueda apelar el fallo de la jueza, de primera instancia, en libertad. Para ello, el recurso al que ha recurrido Granados es uno de los más rápidos de la justicia colombiana que, en este caso, plantea que a Uribe se le han violado “los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad”.
Te puede interesar: Defensa de Uribe ya radicó tutela para pedir su libertad condicional
La jueza Heredia argumentó el pasado viernes que dejar al expresidente en libertad enviaría un mensaje de impunidad y podría incentivar la violencia en el país, a lo que la defensa ha respondido que la privación de la libertad de los procesados debe ser excepcional cuando aún no hay una sentencia en firme. Granados señala que el argumento de evitar futuros delitos es “una clarísima negación” de la presunción de inocencia, que no se identificaron cuáles fueron “las supuestas estrategias dilatorias” de la defensa, y que Heredia fue “totalmente ambigua” respecto a cómo la libertad del expresidente afectaría la convivencia ciudadana.
No obstante, Rogeles Moreno, quien estudió la solicitud, consideró que “por el momento ninguna irregularidad se advierte que sea del calado necesario para estimar una afectación relevante a los derechos fundamentales”. Para el magistrado de la Sala Penal, es apresurado determinar que la decisión de la jueza fue arbitraria, algo que se podrá definir “una vez se garantice el ejercicio de contradicción”. La apelación a la sentencia, que va más allá de esta tutela y que buscará tumbar la decisión judicial, se llevará a cabo ante ese mismo tribunal. En caso de obtener un resultado negativo en esa segunda instancia, la defensa de Uribe ha adelantado que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la justicia ordinaria.
La tutela inicialmente había recaído, por reparto, en el magistrado Ramiro Riaño Riaño. Debido a que él se encuentra de permiso, el recurso fue designado al despacho de Rogeles, quien resolvió la solicitud y decidió mantener la detención contra el expresidente. La tutela, que seguirá siendo estudiada por el tribunal, regresaría a Riaño una vez retome sus funciones. No obstante, él podría no estar habilitado para analizarla, pues en una ocasión anterior se declaró impedido para revisar una tutela interpuesta por la defensa de Uribe.
También puedes leer: César Gaviria lanzó dura crítica contra la “Paz Total” del presidente Gustavo Petro
En 2014, Riaño señaló que existía un conflicto de intereses debido a que su compañera sentimental había sido designada fiscal en Zipaquirá en 2013, cuando era fiscal general Luis Eduardo Montealegre, el hoy ministro de Justicia, y quien fue aceptado como víctima en el proceso contra el exmandatario. Riaño, sin embargo, ha sido cuestionado debido a que declaró dicho impedimento después de haber fallado a favor de Uribe. La decisión final, en todo caso, está en el Tribunal de Bogotá, que tiene diez días para pronunciarse sobre la tutela.