Por: Martín López González
La aceptación de la corrupción permite actitudes como la de que los funcionarios públicos “roben pero que hagan”. Esta crece y se consolida porque llega a ser culturalmente tolerada por la población en ciertos contextos. Se cultivan así, comportamientos claramente ilegales y moralmente censurables. Por eso tuvimos varios alcaldes y gobernadores presos y otros tantos sancionados, que imitaron a los demás, con muy pocas excepciones. Para muchos coterráneos el trabajo honesto no es algo digno de imitar. Mientras que aquel funcionario público que súbitamente se enriquece es un ‘teso’ que merece admiración.
Las ansias del dinero fácil es una de causas que han envilecido la política y tienen como resultados el desastre que hoy representa La Guajira. Los billones de pesos por concepto de regalías en treintaycinco años, no solo no resolvieron los problemas a los que estaban destinados las mismas, sino que se tienen los peores indicadores en esas variables ¿Adónde ha ido a parar ese montón dinero? Un alto porcentaje terminó fraudulentamente en cuentas bancarias personales. Los depredadores tienen la desfachatez de exhibir sus lujos y poder económico sin ningún escrúpulo, culpa o vergüenza social. Precisamente por la ausencia total de la respectiva sanción social.
En síntesis, mientras se siga premiando con el voto ciudadano o aplaudiendo esos comportamientos seguiremos igual. El divorcio entre la ley, la moral y la cultura, sistemas que regulan el comportamiento humano, se expresa en la violación de las leyes por parte de los gobernantes, pero aprobadas moralmente por ellos mismos y su séquito, y lo peor, aceptadas culturalmente por la gente. Es vox populi, en la mayoría de los casos, cuánto le queda a cada dignatario en los grandes negociados para favorecer intereses particulares.
Lo moralmente inadmisible, es tolerado culturalmente. Caso emblemático, el sempiterno problema del manejo del acueducto y alcantarillado de Riohacha. Todos saben que se convirtió en la vena rota de la corrupción. Diferentes gobernantes, diputados y concejales han hecho parte del festín. Sin embargo, la gente solo se limita a decir que ya el nuevo funcionario va a negociar con la indeseable empresa y todo seguirá igual: agua impotable racionada y aguas residuales en las calles y en el mar.
En las campañas políticas se manejan perversamente los indicadores de desarrollo humano; ejemplo la insuficiencia alimentaría sirve para la estrategia de la compra del voto para la comida de un par de días de la familia; el desempleo agobiante y galopante sirve para amedrentar a muchos funcionarios públicos de ingresar a las filas de los desempleados, sino aportan tanto su voto como el de su familia y amigos; el alarmante índice de analfabetismo sirve para engañar a un gran sector de las comunidades con desinformación a través de los medios masivos. Al parecer casi todo mundo está conforme con eso.
Se hace necesario para “cambiar la historia” y lograr el respeto a las leyes, comenzar por los electores con la no venta del voto, por convicción interna o mandato moral de no hacerlo y nuevos liderazgos en la palestra política con ciudadanos ejemplares. Para esto los medios de la comunicación son fundamentales para agendar un modelo de integridad, donde la responsabilidad del manejo transparente del erario no es sólo de los gobernantes que deben cumplir las leyes, sino de las comunidades que deben vigilarlos.
La modificación consciente de los hábitos y creencias de las comunidades debe ser una parte importante de la gestión pública educativa, compromiso de los gobernantes y de la sociedad civil. Cuando hay aprobación moral y cultural hacia el cumplimiento de las obligaciones legales y censura moral y rechazo por principio de la corrupción, hay armonía de la ley, la moral y la cultura. Entre ellas la moral individual debe ser la más exigente, especialmente la de los gobernantes.