Tras la incursión armada por parte de hombres armados que se hicieron pasar por disidencias de las Farc en Tierralta, departamento de Córdoba, el Ejército Nacional tomó la decisión de apartar del cargo a 18 hombres implicados en estos hechos.
Según se pudo establecer, por omisión se van seis oficiales y dos oficiales pertenecientes al Batallón Junín del Ejército Nacional, y 10 militares que participaron en las amenazas a la población.
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La medida, según la institución, se tomó después de una investigación y una inspección que arrojaron resultados sobre la conducta de los militares involucrados en la operación, la cual fue calificada como «totalmente contraria al actuar institucional«, según un comunicado oficial emitido por el Ejército Nacional.
En dicho comunicado, se enfatiza que el Batallón de Infantería N.° 33 Junín, perteneciente a la Décima Primera Brigada, se encontraba realizando operaciones contra estructuras del grupo armado organizado Clan del Golfo con el propósito de proteger a las comunidades locales de la región. No obstante, se ha determinado que, durante el desarrollo de estas operaciones, se cometieron acciones inapropiadas en contra de la población civil.
«Los procedimientos efectuados fueron totalmente contrarios al actuar institucional, trasgrediendo las normas, las leyes y la doctrina militar, al realizar actos inapropiados en contra de la población civil, emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro, usar inadecuadamente las armas de la República; entre otros aspectos tácticos militares», se especifica en el comunicado.
El Ejército Nacional manifiesta que activamente ha cooperado con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal Militar y Policial en la investigación de estos hechos. La Defensoría del Pueblo también ha brindado su apoyo en este proceso.
“En el marco del principio constitucional de colaboración armónica, el Ejército Nacional ha colaborado activamente con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal Militar y Policial para iniciar los procesos de investigación correspondientes. La Defensoría del Pueblo también ha brindado su acompañamiento. La Fiscalía General de la Nación ha anunciado que llevará a cabo su investigación bajo tres líneas de trabajo: actos en contra de los Derechos Humanos, la línea fucsia y la investigación del ataque al helicóptero que transportaba las comisiones. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha asumido la investigación disciplinaria por poder preferente. La Justicia Penal Militar y Policial ha iniciado una indagación preliminar bajo el número 298, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal Militar N.° 101”, dice el Ejército.
En lo que respecta al personal que no estuvo directamente involucrado en los hechos, el Ejército informó que ordenó su traslado a unidades donde no desempeñarán actividades operacionales ni de inteligencia, realizando labores administrativas y servicios de régimen interno mientras continúan los procesos de investigación.
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“En relación con el personal orgánico del pelotón que no participó directamente en los hechos, se ha dispuesto el traslado de 13 soldados profesionales a unidades donde no realizarán actividades operacionales ni de inteligencia, desempeñando labores administrativas y servicios de régimen interno mientras se llevan a cabo los procesos de investigación en curso. El oficial comandante de la compañía seguirá vinculado a las investigaciones y cumplirá con su tratamiento e incapacidad, conforme a las recomendaciones médicas. Además de estas medidas, se están adoptando acciones para fortalecer el aprendizaje en las escuelas de formación y capacitación, así como en los batallones de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento, con el propósito de prevenir comportamientos individuales que se aparten de las políticas y lineamientos institucionales”, indicó.