A través de la resolución 9509 de 2025, la Registraduría admitió la inscripción de un comité ciudadano que pretende convocar un referendo derogatorio del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno Nacional y las Farc, al igual que de la ley de “Paz Total”.
El referendo constitucional derogatorio se denomina: «Referendo derogatorio del «Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera» y de la «Paz Total».
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Este es impulsado por los ciudadanos Julián Alberto Rocha Aristizábal y Carlos Daniel Jiménez Zambrano. Rocha ya había presentado una demanda ante el Consejo de Estado contra el reconocimiento al sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural de la Nación, en junio de 2024.
En este caso, los integrantes del comité señalan lo siguiente: «Con el corazón dolido pero la esperanza intacta, pedimos que se nos devuelva la voz que nos arrebataron el 2 de octubre de 2016. Ese día dijimos NO a un acuerdo mal hecho, pero nos impusieron un Sl. Hoy los hechos nos dieron la razón: disidencias armadas, niños reclutados, territorios en guerra, población desplazada masivamente y una paz que nunca llegó. Los jefes de las FARC tienen curules, no condenas. No pedimos venganza, pedimos dignidad. Es hora de derogar ese acuerdo fallido y construir una paz real, con justicia y verdad. Por nuestros hijos. Por nuestras víctimas. Por Colombia».
Una vez que el proyecto de referendo se inscribe ante el Registrador Nacional, la organización electoral dará un plazo de seis meses para la recolección de las firmas que lo respalden. Se requiere presentar formularios con firmas de respaldo equivalentes al 5 por ciento del censo electoral.
La decisión que adopta el pueblo mediante el referendo es obligatoria siempre y cuando haya participado al menos una cuarta parte (el 25 por ciento) de los ciudadanos que componen el censo electoral.
El artículo 39 de la Ley 134 de 1994 señala que la votación de un referendo no podrá coincidir con ningún otro acto electoral.
Noruega fue uno de los países garantes que acompañaron la negociación que el Gobierno colombiano y las Farc hicieron en La Habana y que concluyó con la firma, el 24 de noviembre del 2016, del acuerdo del Teatro Colón.
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Tras ocho años de implementación y más de 88 billones invertidos, el acuerdo de paz no ha logrado cambios estructurales en el país. Así lo indica la Contraloría General en su más reciente balance sobre el cumplimiento de los compromisos acordados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana. Su bajo cumplimiento también se evidencia en el deterioro de la seguridad en varias regiones del país y en la crítica situación en que viven los excombatientes que habitan los Espacios de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
Al complejo panorama de orden público para las comunidades y para los firmantes, hay que sumarle los enormes rezagos en la reforma rural integral, el aumento del área sembrada con coca en el país que pasó de 146.000 hectáreas en 2016 a 253.000 en 2023 y la demora en la imposición de sanciones para los máximos responsables de graves delitos durante el conflicto.