En la Cámara de Representantes radicaron un proyecto de ley estatutaria que tiene como objeto promover la asistencia de los candidatos presidenciales a los debates y la democratización de la información de las campañas.
El represente a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, es el autor de la iniciativa por medio de la cual se modifica la Ley 996 de 2005 y se crea la obligación a los candidatos presidenciales de asistir a debates, para presentar a la ciudadanía su programa de gobierno.
Para Racero es clave evitar las ausencias que en las últimas elecciones se materializaron. Según lo reportó, en 2006, Álvaro Uribe Vélez se negó a participar de debates presidenciales; en 2014, Juan Manuel Santos no asistió a debates; en 2018, Iván Duque no estuvo en los debates de segunda vuelta y, en 2022, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se ausentaron de varios.
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“Es inadmisible que en las democracias modernas algunos candidatos le huyan al debate y a la confrontación de ideas. El candidato que se niegue a asistir a los debates tendrá multas como el 25 % de la reposición de votos. Esperemos que superemos las mentiras y generemos espacios más democráticos de deliberación”, aseguró Racero.
De aprobarse el proyecto, los candidatos a la presidencia reconocidos ante la organización electoral deberían asistir a mínimo un debate durante el periodo de campaña presidencial en la primera vuelta. En caso de que se desarrolle segunda vuelta, será obligatorio para los candidatos que continúen en la contienda asistir a mínimo un segundo debate.
Radiqué un proyecto de ley que obliga a candidatos presidenciales asistir de manera obligatoria a mínimo un debate tanto en primera como en segunda vuelta. En las últimas 5 campañas, candidatos se han abstenido de participar.
— David Racero (@DavidRacero) December 10, 2023
No es un proyecto superfluo. Una democracia madura… https://t.co/2jQ3h5rCaN
Además, la iniciativa busca que los debates obligatorios serán realizados y emitidos por el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC, que deberá coordinar y poner a disposición de todos los medios de comunicación públicos y privados de forma gratuita para que estos trasmitan obligatoriamente el debate de forma simultánea.
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Los candidatos que no cumplan con la obligación podrían ser sancionados con la cancelación de los espacios en los medios de comunicación social, la reducción en un 25 % de los recursos de reposición de votos y durante el debate permanecerá vacío el espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato que falte, a fin de denotar su ausencia.