Durante el tiempo solicitado se formularán nuevas recomendaciones técnicas, financieras y jurídicas necesarias a este proceso que supera los $ 148 mil millones.
La Procuraduría efectuó las primeras observaciones sobre la modalidad de contratación escogida, pues debería realizarse mediante licitación pública.
El ente de control manifestó su preocupación porque la selección del operador inició desde el 21 de noviembre, situación que pone en riesgo la prestación de los servicios de agua y alcantarillado.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Sincelejo ampliar en 10 días hábiles la invitación pública que busca contratar al operador de acueducto y alcantarillado sanitario en esa ciudad por un valor que supera los $ 148 mil millones de pesos, con el propósito de presentar observaciones.
El Ministerio Público señaló que durante el tiempo solicitado formulará las recomendaciones y/o observaciones técnicas, financieras y jurídicas necesarias y planteará los interrogantes correspondientes mediante mesas de trabajo con las dependencias de la alcaldía y la gerencia Empresa Oficial de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sincelejo EMPAS E.S.P. encargadas de la estructuración legal, financiera y técnica.
Mediante comunicación enviada al mandatario de los sincelejanos, Andrés Gómez Martínez, el ente de control manifestó su preocupación por el hecho de que la selección del operador inició desde el 21 de noviembre, pese a que el contrato con el operador Veolia finaliza en enero de 2023, situación que pone en riesgo la prestación de los servicios fundamentales de agua y alcantarillado.
Adicionalmente, la Procuraduría efectuó las primeras observaciones sobre la modalidad de contratación escogida pues, de acuerdo con el régimen de servicios públicos domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el proceso debería realizarse mediante licitación pública y no por invitación pública como está planteado en la actualidad.
Por último, el Ministerio Público manifestó que esta actuación busca anticiparse o mitigar posibles circunstancias que puedan implicar una afectación al ordenamiento jurídico, al patrimonio público, o a los derechos y garantías de los sincelejanos, y no implica en modo alguno coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole de la Alcaldía de Sincelejo, Sucre.