Se trata del presidente de la corporación, Jairo Samper Rojas, el primer vicepresidente, Emilio Vega Fábregas, y el segundo vicepresidente, Wilmer Donado de Alba.
La Procuraduría Provincial de Barranquilla reprochó a los concejales haber revocado a través de la Resolución 006 los actos administrativos de las convocatorias publicas para proveer los dos cargos, incluyendo la Resolución 071 de 2019 donde quedó en firme la lista de elegibles a personero (2020-2024), y la 072 de 2019 que estableció la terna a contralor municipal (2020-2021).
Según el órgano de control la mesa directiva habría omitido el deber de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitar la suspensión provisional de los actos administrativos.
Además, cuestionó a los cabildantes por iniciar los procesos de elección de personero y contralor por medio de las resoluciones 034 y 035, con la autorización dada por la plenaria del concejo del periodo 2016-2019 y no con la expedida por el actual.
Para el ente de control los investigados podrían haber vulnerado los principios de moralidad y responsabilidad que rigen la función pública.
Las presuntas faltas fueron calificadas de manera provisional como graves cometidas a título de culpa grave.
A los investigados les asiste el derecho de solicitar o aportar las pruebas conducentes a su defensa.