Más de 300 colombianos han muerto en el conflicto de Ucrania, luego de ser reclutados como mercenarios, una cifra que estremeció al país y que fue revelada en plena sesión del Congreso. La parlamentario del Pacto Histórico, Carmen Felisa Ramírez Boscán, advirtió, durante el debate sobre la adhesión de Colombia a la convención que prohíbe el mercenarismo,   que existen “más de 500 colombianos reclutados como combatientes en Ucrania, de los cuales más de 300 han muerto”. El pronunciamiento quedó registrado en la transmisión oficial del Congreso y reactivó la alarma sobre una red transnacional que convierte a jóvenes en carne de cañón en guerras ajenas. Reacción inmediata del Gobierno A esta crudeza se sumó un nuevo episodio que llevó al presidente Gustavo Petro a reaccionar con urgencia. Tras los reportes internacionales sobre colombianos fallecidos en un avión emiratí derribado en Sudán —donde se presume que viajaban como mercenarios—, el mandatario anunció que solicitó mensaje de urgencia para el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo en el país, al que calificó como “una trata de hombres convertidos en mercancías para matar”. Petro aseguró que los “patrones” que reclutan a estos jóvenes “son asesinos” y ordenó verificar la cifra de víctimas del desastre aéreo, que podría llegar a 40 connacionales, así como evaluar la repatriación de los cuerpos. Una tragedia que, sumada al drama ucraniano, vuelve a colocar a Colombia frente a un fenómeno que desangra vidas lejos de casa. Mercenarismo bajo la lupa internacional El mercenarismo es la actividad en la cual un individuo participa en un conflicto armado por beneficio económico. Los mercenarios son soldados de alquiler, que luchan en nombre de un Estado o por el grupo económico que pague sus servicios. El miembro de la Cámara de Representantes, Alirio Uribe Muñoz, advierte que el país debe alinearse con los estándares internacionales, pues según el derecho humanitario “los mercenarios no tienen derechos” y es vital que el país apruebe la ley para tipificar esta actividad como delito y frenar el reclutamiento. Colombia, exportador de combatientes Colombia se ha convertido en un ‘exportador’ de mercenarios, según reportes de distintas instituciones. Datos oficiales revelan que entre 2020 y 2025, unos 800 colombianos habrían participado en guerras fuera del país. Expertos estiman que la cifra real podría superar los 3 mil casos, debido a redes clandestinas que operan sin control. El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir declaró que “Colombia considera inadmisible el envío de sus ciudadanos a combatir en ejércitos extranjeros”, al señalar que “la preocupación no se limita a Ucrania, sino a otros escenarios donde los colombianos han sido víctimas de engaños y violencia”. Ley de prohibición del mercenarismo El Ministerio de Defensa, junto a varios congresistas -entre ellos Alejandro Toro Ramírez, Álvaro Londoño Lugo y Jhon Jairo Berrío-, impulsa una iniciativa legislativa destinada a frenar el reclutamiento de mercenarios en el país. Para el analista Fernando Estrada, la estructura de la industria bélica global puede esquivar legislaciones débiles. Por ello, insiste en que se necesita una estrategia sólida y coordinada con la comunidad internacional. Pese a años de debate, el Congreso aún no logra consensos para criminalizar el mercenarismo. La propuesta busca castigar el reclutamiento, financiamiento y participación de colombianos en conflictos armados en el extranjero, además de reforzar la cooperación internacional. El congresista David Toro advirtió que el país no puede convertirse en “exportador de muerte” y pidió acelerar la aprobación de la ley. La falta de una norma clara mantiene abiertos varios frentes de preocupación. Por un lado, se registra un crecimiento de los reclutamientos clandestinos, operaciones difíciles de detectar y aún más complicadas de llevar ante la justicia. A ello se suman las tensiones regionales que genera la presencia de ciudadanos colombianos en zonas de conflicto —como Ucrania, Siria o regiones de África—, un fenómeno que incomoda a países aliados. El panorama se completa con un deterioro en la reputación internacional, un factor que podría afectar acuerdos y frenar la cooperación con otras naciones. Aplazar la ley tiene un costo alto Mientras otros países ya ratificaron la Convención de Naciones Unidas contra el Reclutamiento de Mercenarios de 1989, Colombia todavía discute la norma que podría cerrar brechas legales. Especialistas coinciden: sin una ley estricta y una cooperación internacional activa, el país seguirá expuesto a este fenómeno que amenaza su seguridad y su política exterior. El debate continúa. Pero para los expertos, postergar la aprobación de la Ley contra el Mercenarismo puede salir caro. En un mundo globalizado, reaccionar tarde frente a estas redes puede comprometer no solo la seguridad nacional, sino también la estabilidad regional.