Con un claro aire de tensión política, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en la Cámara de Representantes su tercera y última reforma tributaria, una iniciativa que busca recaudar 26,3 billones de pesos en 2026, pero que enfrenta un ambiente legislativo adverso.
La propuesta incluye impuestos progresivos a combustibles (gasolina y ACPM), sobretasa del 50% para bancos y aseguradoras, IVA para el sector de apuestas en línea y para plataformas digitales extranjeras, además de gravámenes para actividades comerciales de iglesias. También contempla impuestos a espectáculos de entretenimiento, como conciertos y partidos de fútbol, cuando el valor de las boletas supere los $470.000.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que la iniciativa busca “cerrar la brecha fiscal” y dar respaldo al presupuesto nacional, cuyo monto aún no cuenta con la aprobación definitiva del Legislativo. No obstante, el camino político se anticipa complejo: líderes opositores como Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, han reiterado que “no acompañarán una reforma que asfixie a los colombianos con más impuestos”.
El contexto no es menor. En 2024, un escenario similar terminó con el rechazo del Congreso y la imposición del presupuesto por decreto. Hoy, con un Congreso dividido y con congresistas en busca de reelección, el pulso entre el Ejecutivo y la oposición marcará las próximas semanas.
El proyecto, que debe surtir cuatro debates antes de ser aprobado, es visto como la última carta de Petro para dejar huella en materia económica, pero también como una prueba de fuego sobre la gobernabilidad en el último tramo de su mandato.