El Gobierno Nacional decretó en la noche del lunes el estado de emergencia económica y social al considerar que el país atraviesa una situación grave y urgente que afecta la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones y garantizar derechos fundamentales. La decisión quedó formalizada en el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.
Según el documento, el Gobierno enfrenta una coyuntura excepcional que no puede ser atendida de manera suficiente a través de los mecanismos ordinarios.
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En el decreto se advierte que el país enfrenta «la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales«, debido a una situación fiscal que adquirió el carácter de grave.
El documento señala que «la Nación enfrenta una coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente, que están asociados al menoscabo de los derechos de la población más vulnerable del país».
Uno de los principales argumentos expuestos es la existencia de obligaciones económicas que deben ser atendidas de manera inmediata. El decreto señala que «los hechos que se relacionan cumplen con dos condiciones: i) agravan la actual crisis fiscal y ii) ponen en riesgo la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales», lo que ha generado una presión significativa sobre las finanzas públicas y ha dificultado el manejo del presupuesto nacional.
El Gobierno también advierte que la falta de recursos se agravó tras la no aprobación de proyectos de ley de financiamiento en el Congreso. De acuerdo con el texto difundido, esta situación redujo los ingresos esperados y afectó la capacidad del Estado para cubrir gastos indispensables, al no haberse aprobado «dos proyectos sucesivos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (12 billones) y 2026 (16.3 billones)».
Otro de los factores mencionados está relacionado con la situación de orden público en el país. El decreto indica que estas condiciones han generado mayores necesidades de atención por parte del Estado, particularmente por la «garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones de orden público y protección por agravamiento del riesgo por atentados a líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones», lo que ha incidido en el uso de recursos públicos.
El documento también hace referencia a la existencia de situaciones de emergencia que han afectado a distintas zonas del territorio nacional. Según el Gobierno, estas circunstancias han incrementado las necesidades de recursos, debido a «desastres naturales causados por la actual ola invernal», lo que ha aumentado la presión sobre las finanzas públicas.
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Además, el decreto señala que existen limitaciones para acudir a mecanismos de endeudamiento, lo que reduce las opciones para enfrentar la situación económica actual por las vías habituales, ante el «agotamiento de las alternativas de endeudamiento (Regla Fiscal)” y las «restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación».
Las medidas que se adopten estarán sujetas al control de la Corte Constitucional, tal como lo establece la ley y como lo recuerda el decreto al señalar que los estados de excepción «constituyen el parámetro de control constitucional de los decretos legislativos dictados en el marco del Estado de Emergencia».