La jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello, indicó que la votación de los artículos de la reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a finales del año 2022, que se realizó por bloques y no de manera separada, cumplió con los mandatos legales.
La Procuraduría General, en un concepto enviado a la Corte Constitucional, aseguró que ese mecanismo fue adoptado por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes y avalado por la mayoría de los congresistas.
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Ese organismo de control añadió que esa decisión no puede considerarse como arbitraria, pues “se trató de una determinación puesta a consideración de todos los congresistas, quienes estuvieron conformes con la organización del trabajo en agrupaciones de normas”.
Por esa razón, dice la Procuraduría, en la discusión de la ley no se vulneró el principio de publicidad, porque los parlamentarios tuvieron la oportunidad de conocer el contenido de los informes de ponencia de manera previa a la fecha de la deliberación y aprobación, ya que los mismos fueron publicados con anticipación en la Gaceta del Congreso.
“De ahí que, en lo que tiene que ver con una insuficiencia de tiempo para revisar las ponencias alegadas por el demandante de la norma, se presenta como una opinión individual, la cual contrasta con la decisión de las mayorías que, ante las solicitudes de aplazamiento para un estudio más detallado de los textos, optaron por seguir adelante con las deliberaciones”, precisó.
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Ahora, este pronunciamiento de la Procuradora General de la Nación fue solamente por los posibles errores de procedimiento en la expedición de la ley, pero mantiene ante la Corte Constitucional otros conceptos negativos sobre temas puntuales de la misma Ley Tributaria.
Por ejemplo, pide tumbar la prohibición de deducir el pago de regalías para determinar el impuesto sobre la renta o sobre los responsables de pagar el impuesto a los plásticos de un solo uso, entre otros, por encontrarlos contrarios a la Carta Política.