La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un auto, en el marco del Caso 08, sobre “Crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares”, relacionado con hechos del conflicto armado que se han presentado en el departamento del Magdalena en los últimos 20 años.
En la decisión, la JEP reconoció como víctima de persecución política a Carlos Caicedo, jefe del partido Fuerza Ciudadana, quien ha denunciado “amenazas, estigmatización, calumnia e injuria en hechos ocurridos de 1996 a 2016 en Santa Marta”, de las cuales culpa como presuntos responsables a los paramilitares y bandas criminales que operan en la región.
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Aparte de acreditarlo como víctima, también pone a su disposición “las diligencias de versión voluntaria y declaraciones juradas prácticas en el subcaso Gran Magdalena del Caso 08”, con el fin de que pueda “acceder a las grabaciones en audio y video”.
Caicedo celebró la determinación judicial y dijo que “durante más de dos décadas he sufrido una persecución sistemática que ha dejado cicatrices imborrables en mi vida pública y personal. Calumnias, procesos judiciales sin fundamentos y privación injusta de la libertad por años, amenazas constantes por haberme enfrentado a las mafias políticas que se lucraron del conflicto”.
Dijo además que su caso sienta un precedente para favorecer a cientos de colombianos que han tenido que padecer casos de persecución política de parte de sus contradictores.
“Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoce esa verdad: he sido víctima del conflicto armado colombiano. Es una decisión histórica que reconoce en esas falsas acusaciones y en la campaña de desprestigio en mi contra como parte de una estrategia de eliminación política sistemática”, dijo.
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“Este fallo no solo reivindica mi nombre, sino que sienta un precedente. La calumnia y la estigmatización también son formas de violencia. La verdad prevalece y con ella seguiremos construyendo un país más justo”, añadió.
Según Caicedo, cuando se desempeñó como rector de la Universidad del Magdalena (1997–2006), fue víctima de montajes judiciales, campañas de desprestigio y uso de falsos testigos, cuando enfrentó “redes clientelares ligadas al paramilitarismo”. Además, en su posterior trayectoria política intentaron vincularlo con estructuras armadas ilegales.