La Fiscalía General de la Nación radicó este miércoles ante el Tribunal de Bogotá una solicitud para llevar a cabo las audiencias de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior, por su supuesta participación en la trama de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o UNGRD. La entidad solicitará también que los antiguos funcionarios del presidente Gustavo Petro sean enviados a la cárcel de manera preventiva y les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
El ente acusador considera a Bonilla y a Velasco como un peligro para la sociedad y argumentará que tiene evidencia suficiente para probar la participación de ambos en un entramado de corrupción en el que se desviaron recursos de la UNGRD hacia congresistas, empresas y otros implicados. El anuncio de la Fiscalía llega después de que el exdirector de la entidad Olmedo López, su subdirector Sneyder Pinilla y la asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, confesaran que los exministros ordenaron a López de ofrecer beneficios a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que estos avalaran operaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda. A cambio de eso, parte de los recursos aprobados por la comisión fueron canalizados por la UNGRD a terceros previamente pactados.
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El ente acusador había anunciado ya en junio que imputaría cargos contra Bonilla por conocimiento de una “actividad presuntamente delictiva” del exministro, muy cercano al presidente Petro y quien renunció en diciembre de 2024 para atender las acusaciones fuera del Gobierno. Respecto esa imputación se pronunció su abogado Mauricio Pava, quien manifestó que ha estado recabando elementos probatorios para demostrar que Bonilla no cometió delitos. En entrevista con W Radio aseguró que el caso del exministro de Hacienda “no se trata de un caso en donde exista una imputación por maletines con dinero; no se trata de un caso en donde se hubieran celebrado contratos y hayan supuestamente, o según la Fiscalía, pactado comisiones. El caso de Ricardo Bonilla es otro y así lo va a precisar la Fiscalía”.
La Fiscalía señala a Velasco de ordenar el direccionamiento de contratos de la UNGRD, por valor de casi 35.000 millones de pesos, para favorecer al senador Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, y a quien la Fiscalía señala como beneficiario del entramado de corrupción. Según los testimonios de López y Pinilla, Chagüí había sido designado como vocero de un grupo de congresistas a quienes se les repartieron recursos públicos a cambio de respaldar proyectos del Gobierno en el Legislativo. Eso le generó contratos millonarios en el municipio de Sahagún, Córdoba.
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Bonilla y Velasco no son los únicos exfuncionarios del Gobierno de Petro implicados en el escándalo. Además de ellos han sido señalados de participar López, Pinilla, el único condenado por el momento, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Además, continúa prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia, a quien la Fiscalía imputó los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos por presuntamente ordenar el reparto de contratos por 70.000 millones de pesos para conseguir apoyos legislativos. También continúa prófugo Cesar Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública, quien es señalado de desviar recursos por un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, así como de participar en reuniones donde se decidieron asignaciones de contratos y reparto de recursos. Los dos últimos continúan prófugos.