El Juzgado 35 Administrativo de Bogotá decretó medidas cautelares en favor de dos ciudadanos que demandaron el proyecto del Corredor Verde por la carrera Séptima al considerar que amenaza los derechos colectivos para miles de bogotanos.
En su parte resolutiva, el fallo ordena a la Alcaldía de Bogotá y al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), suspender el proceso licitatorio “hasta tanto el proyecto del Corredor Verde por la carrera Séptima sea ajustado y eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo, o se profiera sentencia que resuelva de fondo el objeto del litigio planteado”.
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Y agrega: “Lo aquí señalado aplica también para la apertura de las licitaciones para los demás tramos a contratar respecto de dicho Corredor Verde”.
Vale recordar que el martes 5 de septiembre el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá admitió para estudio una acción popular interpuesta por Diego Escallón Arango y Juan Esteban Matallana contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la que advierten presuntas irregularidades.
Los demandantes sostienen que el ambicioso proyecto que impulsa la alcaldesa Claudia López atenta contra una serie de intereses públicos en particular amenaza el “patrimonio público, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público”.
Lo que por el momento se frena es el tramo del Corredor Verde que va desde la calle 99 hasta la calle 200 y también quedan suspendidas las otras dos licitaciones para el tramo uno, que va desde la carrera Séptima con calle 24, hasta la calle 76, y el tramo dos, entre las calles 76 y 99 incluyendo las intersecciones de la calle 85 con Circunvalar y de la calle 92.
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Este proyecto tiene un costo estimado de $2,5 billones, incluyendo obra, interventoría y mantenimiento y hace parte de un acuerdo de cofinanciación con el Gobierno Nacional.