En la noche del lunes 14 de agosto se conoció que el presidente Gustavo Petro firmó la resolución a través de la que fue designado a Salvatore Mancuso como gestor de paz del Gobierno Nacional.
En dicho documento quedaron establecidas las funciones que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tendrá que cumplir mientras es revisada su petición de ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y comparece ante la justicia ordinaria por crímenes cometidos por dicho grupo paramilitar.
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Tema aparte, el artículo 2 de la normativa señaló que el Ejecutivo solicitará a las autoridades correspondientes la suspensión de las medidas judiciales que estén vigentes en su contra, “sin perjuicio de la continuidad de su comparecencia ante las salas de Justicia y Paz y ante otras instancias judiciales”.
A finales de julio, el fiscal general, Francisco Barbosa, había asegurado en medio de las reacciones por el nombramiento de Petro sobre Mancuso que este no podrá quedar en libertad en caso de retornar a Colombia. Sobre esto, explicó en diálogo con Noticias Caracol que el exjefe del Bloque Catatumbo de la estructura paraestatal debe afrontar los procesos que tiene pendientes por afrontar en Colombia por los crímenes perpetrados durante el conflicto armado.
#Atención | El presidente @PetroGustavo firmó la resolución que designa a Salvatore Mancuso como gestor de Paz. pic.twitter.com/CTa2FmCQKv
— El espacio col (@EspacioDigCol) August 15, 2023
Además, no existe una ley de sometimiento a la justicia que permita al presidente de la República expedir decretos pidiendo la libertad de personas que hicieron parte de grupos armados ilegales sin un reconocimiento político. Así las cosas, Mancuso Gómez tendría que ejercer su vocería de paz desde una cárcel a menos que sean levantadas las medidas judiciales acatando la petición del mandatario y en cumplimiento del decreto 1175 de 2016.
Dicha normativa estableció que “el Gobierno nacional, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley” y que la suspensión de esas medidas no conlleva a una suspensión automática del proceso penal.
Con respecto a la resolución 244 del 14 de agosto, Mancuso Gómez tendrá que firmar un acta ante la oficina del alto comisionado para la Paz en la que debe ratificar su compromiso a asistir de manera personal a las diligencias judiciales en Colombia y a presentar informes de gestión sobre las actividades llevadas a cabo en condición de vocero de paz.
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El incumplimiento de dichos compromisos –reseñó el documento– generará como primera medida la revocatoria de su designación como gestor y, en consecuencia, “la reactivación de las medidas penales ordinarias y las que existan en Justicia y Paz”.
El Gobierno Nacional no solo tuvo en cuenta el testimonio entregado por Mancuso en la audiencia única de verdad ante la JEP y su compromiso ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) de contribuir al hallazgo de cuerpos inhumados por paramilitares durante el conflicto; sino también un pronunciamiento del 24 de julio de 2023 en el que reiteró su compromiso de contribuir con la política de Paz Total impulsada en mayor medida por Petro y el comisionado Danilo Rueda.