Gobernadores piden la salida del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco

Luis Fernando Velasco, el responsable de mantener el diálogo del Gobierno Nacional y las regiones, acaba de encender por el contrario una durísima pelea con los gobernadores del país, a los que llamó «hipócritas» por exigir mayor seguridad en sus departamentos cuando, según él, lo que habría detrás de esos reclamos serían supuestos intereses electorales.

La respuesta de los mandatarios seccionales no se hizo esperar. En un comunicado público le pidieron al presidente Gustavo Petro que ‘cambie’ al ministro (que apenas lleva cuatro meses en el cargo, pero cuyo nombre suena insistentemente entre los que se irían del gabinete por falta de resultados) y nombre en su lugar a «un líder que respete a las regiones».

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Incluso el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien insistentemente ha venido denunciando el avance de la delincuencia común y de las disidencias, llamó «incompetente ministro de gestión gris» a Velasco y le recordó que «los muertos, las masacres y los atentados son reales» y no producto de ningún cálculo electoral.

El de los gobernadores, que llevan meses reclamando acciones fuertes del Gobierno contra los grupos armados en sus regiones, no fue el único frente de batalla que encendió Velasco este miércoles.

Al registrador Alexander Vega, quien advirtió que por la grave situación de orden público en el Cauca podría incluso darse un inédito aplazamiento de las elecciones, le respondió descalificando la denuncia y diciéndole que debía más bien «cuidar los votos para que no se le perdieran», en referencia a versiones nunca comprobadas por la justicia de la supuesta desaparición de 500.000 votos por el Pacto Histórico en las elecciones de Congreso.

Cauca, que es el departamento del ministro Velasco, enfrenta una cruda situación de orden público exacerbada por la violencia de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. La alerta por el impacto de los violentos sobre el proceso electoral allí no solo la ha lanzado el Registrador: también lo hicieron la Defensoría del Pueblo -que alertó sobre sobre 380 municipios en riesgo-, la Misión de Observación Electoral (MOE) y las autoridades locales.

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Además, dichas alertas coinciden con un informe presentado por la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, en el que reveló que en el último semestre las masacres aumentaron 10,6 por ciento.

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