La Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de una fosa común con ocho cuerpos en una zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Las víctimas eran líderes religiosos y sociales provenientes, en su mayoría, del departamento de Arauca, y fueron ejecutadas por integrantes del Frente Primero de las disidencias de las FARC.
La revelación más impactante llegó por voz del fiscal delegado para la criminalidad organizada, Raúl González, quien en entrevista con Mañanas Blu aseguró que los asesinados “fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados por presuntos vínculos con el ELN, acusación sin sustento alguno según la investigación en curso”.
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“Esta situación aparentemente se da por el origen de algunos de ellos; son de origen araucano, y en esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN intentando ingresar al departamento”, explicó el fiscal González.
Los ocho asesinados, identificados por sus familiares, respondían a los nombres de Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
Según detalló la Fiscalía, la mayoría eran campesinos, líderes sociales y un pastor evangélico, quienes estaban organizando iniciativas comunitarias, principalmente en torno a actividades agrícolas y religiosas. Aunque no pertenecían a ninguna organización política, eran figuras de cohesión comunitaria.
“Eran familias campesinas que buscaban dónde hacer una nueva vida”, afirmó González, al tiempo que destacó el papel del pastor asesinado: “Predicaba en espacios comunitarios, no en una gran iglesia, pero tenía un liderazgo fuerte entre los suyos”.
Los hechos se remontan a principios de abril de 2025, cuando dos de las víctimas fueron citadas por miembros del Frente Armando Ríos del Estado Mayor Central (EMC), disidencia liderada por alias ‘Iván Mordisco’, en la vereda Agua Bonita Media. Tres días después, se convocó a los otros seis. La excusa fue una supuesta verificación de información sobre su vínculo con el ELN.
Las víctimas fueron interrogadas, ejecutadas con armas de fuego y enterradas en una fosa clandestina. La investigación avanzó tras la captura de un integrante de la estructura criminal, en cuyo teléfono se hallaron imágenes de las víctimas con vida y posteriormente muertas.
“Al hacer la extracción de información del celular de esta persona, encontramos secuencias fotográficas que permitieron corroborar los hechos y ubicar la fosa”, explicó González. La Fiscalía sostiene que la ejecución fue ordenada por la cadena de mando del frente primero, lo cual implica al entorno cercano de alias ‘Iván Mordisco’, aunque su participación directa no ha sido confirmada formalmente.
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El fiscal González reconoció falencias institucionales que pudieron haber evitado la tragedia.
“Desafortunadamente, siempre hay una falla. Estas situaciones no deberían ocurrir. Vivimos en unos niveles de violencia que nos exigen mayor responsabilidad como Estado frente a la protección de nuestros ciudadanos”, lamentó.
El municipio de Calamar, donde ocurrieron los hechos, es considerado uno de los más afectados por la violencia armada en el sur de Colombia. Las disidencias de las FARC ejercen control territorial en vastas zonas, realizando vigilancia extrema sobre el flujo de personas y estableciendo sus propias reglas de seguridad interna.
Un patrón de terror: citación, secuestro y ejecución
Las autoridades han identificado un modus operandi claro en esta masacre, que podría replicarse en otras zonas del país bajo influencia de las disidencias. Se trata de una política de “limpieza” basada en la desconfianza hacia personas foráneas, en especial si provienen de regiones como Arauca, donde el ELN tiene fuerte presencia.
“Ellos manejan un control estricto del territorio y, cuando perciben una posible infiltración, ejecutan acciones preventivas bajo su lógica criminal”, afirmó el fiscal.
Actualmente, las autoridades trabajan en el desmantelamiento de esta subestructura, al tiempo que avanzan los procedimientos de exhumación e identificación plena de los cuerpos para su entrega a los familiares.