La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar relacionada con los cuatro bombardeos realizados en los últimos meses contra las disidencias de las Farc y en los que han muerto, según el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal, 15 menores de edad. El ente investigador busca información que le permita confirmar o descartar si las Fuerzas Militares omitieron acciones y protocolos durante esas cuatro operaciones.
La noticia criminal fue abierta por la Fiscalía después de que Medicina Legal emitiera el reporte oficial de menores muertos en los operativos adelantados entre los meses de agosto y octubre en los departamentos de Arauca, Amazonas, Caquetá y Guaviare. Todos ordenados por el presidente Gustavo Petro. Fue esa institución la que confirmó el número de menores de edad muertos, que en principio el mandatario había dicho que solo llegaba a 12.
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Son tres los frentes de la indagación que adelantará la Fiscalía. Por un lado, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le seguirá la pista a los hallazgos e incautaciones de las Fuerzas Militares a los campamentos de las disidencias de las Farc bombardeados o asaltados en las operaciones en tierra que antecedieron los bombardeos.
Por otro lado, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía indagará si en las últimas cuatro operaciones militares se omitieron lineamientos y protocolos establecidos en el Derecho Internacional Humanitario, lo que pudo haber llevado a la muerte de los 15 menores de edad registrados por Medicina Legal.
Finalmente, el ente investigador también le pondrá la lupa directamente a la acción de las disidencias de las Farc con relación al reclutamiento forzado de menores de edad. Según la Defensoría del Pueblo, el grupo ilegal comandado por alias “Iván Mordisco” lidera la práctica del reclutamiento forzado de menores en el país y en lo corrido de este año la entidad ha recibido un reporte de 162 niñas, niños y adolescentes reclutados en el país.
La decisión de la Fiscalía de empezar a indagar qué sucedió durante estos bombardeos se da después de que otros órganos de control anunciaran también sus propias investigaciones. La Justicia Penal Militar y Policial anunció el pasado 17 de noviembre la apertura de una investigación relacionada con la operación militar en Calamar (Guaviare), el 10 de noviembre. La información recopilada por esa instancia, según se sabe hasta el momento, será remitida también al caso en la Fiscalía General de la Nación.
También la Procuraduría formalizó la apertura de cinco indagaciones previas de tipo disciplinario, relacionadas con los últimos cuatro bombardeos de las Fuerzas Militares, para establecer si hubo faltas u omisiones por parte de los funcionarios relacionados con esas operaciones y, en caso tal, imponer las sanciones a que dé lugar. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, enfrenta una moción de censura en el Congreso.
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Pese a que autoridades en derechos humanos como la Defensoría del Pueblo han pedido reporte de las evaluaciones previas a esas operaciones militares, la defensora Iris Marín dijo a medios de comunicación en la mañana de este 19 de noviembre que aún no ha recibido información al respecto. De paso, le pidió al presidente Gustavo Petro que suspenda los bombardeos por las recientes muertes de menores en esas operaciones.
Le solicitó que piensen en otras alternativas, como el fortalecimiento de la inteligencia militar y policial o las capturas, que no pongan en peligro las vidas de actores protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, el presidente Petro ha sido claro en decir que seguirá ordenando más bombardeos, porque dejar de hacerlo le daría lugar a las disidencias de las Farc para seguir expandiendo su acción criminal.