Aunque el último secretariado de las Farc emitió un comunicado en el que aceptaron públicamente el reclutamiento de más de 18.000 menores en medio del conflicto armado, en privado enviaron una respuesta de 453 páginas a la Jurisdicción Especial para la Paz, justificando y criticando la imputación hecha en el marco del caso 07 de reclutamiento de menores, pero además negando temas como abortos, violencia sexual, y otros crímenes de guerra imputados por la JEP.
El último secretariado de las antiguas Farc que lo componen Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton De Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Jaime Alberto Parra Rodríguez, a través de su defensa cuestiona toda la imputación hecha por la JEP.
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“La ausencia de una definición clara y homogénea del término permite una interpretación relativista por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad, adaptando el concepto a cada relato de manera arbitraria, sin realizar ejercicios contrastivos ni análisis de contexto”.
Se quejan de lo que llaman sesgos en la decisión de imputarles crimenes de guerra por reclutamiento de menores.
“La ausencia de contrastación rigurosa, el uso selectivo y descontextualizado de las fuentes, y la omisión de variables explicativas relevantes debilitan el fundamento probatorio de los patrones definidos. A esto se suma una interpretación sesgada de informes clave, así como una aplicación inconsistente de sus propios criterios de priorización, concentración y agrupación. En consecuencia, se configura un marco analítico insuficiente, sustentado en premisas no verificadas empíricamente y en valoraciones subjetivas que, lejos de esclarecer, oscurecen los hechos, distorsionan responsabilidades y vulneran el principio de verdad como eje rector de la justicia transicional.”.
También critica esta imputación hecha por la JEP y contrario a reconocer, justifican estos hechos al interior de las filas de las antiguas Farc.
“En primer lugar, la Sala parece haber construido el repertorio de conductas delictivas anticoncepción forzada, abortos obligatorios, imposición sin consentimiento, entre otras bajo un sesgo de confirmación, sin considerar de forma suficiente la naturaleza funcional, sanitaria y operativa de estas prácticas en el marco de una organización insurgente inmersa en un conflicto armado de alta intensidad”.
El último secretariado de las Farc dice en este documento de 453 páginas que la ausencia de una conceptualización y claridad en los términos empleados derivó en un uso inadecuado de estos al tratarlos como sinónimos y en una interpretación amplia de las conductas.
“La ausencia de una descripción detallada de los hechos constitutivos de violencia basada en género, así como la falta de análisis sobre su impacto en las relaciones afectivas, la sexualidad y la orientación sexual, identidad y expresión de género diversas”.
Aseguran que no está demostrado de forma suficiente la existencia de órdenes, planificación o directrices específicas dirigidas a reclutar menores de edad, ni que los mil testimonios que reunió la JEP en el auto de imputación fuera una muestra representativa.
En este punto justifican este crimen de guerra según dicen en el documento a una protección de la madre, el niño y las familias.
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1. Evitar que un niño o niña se criara en medio de la guerra, tanto por las implicaciones en el desarrollo infantil, como por la incompatibilidad en las dinámicas de una guerra de guerrillas (fundamentada en la movilidad) y de la crianza y atención de las necesidades básicas del bebé, por ejemplo, el horario y tipo de alimentación, la rutina de sueño. A esto se añaden las condiciones climáticas extremas y la presencia de animales salvajes y enfermedades endémicas, que dificultaban la maternidad o paternidad y posible crianza de un niño o niña en las filas de la organización.
2. Evitar exponer a la madre gestante a mayores riesgos y situaciones de estrés, pues esto tiene implicaciones en el desarrollo del feto, aumenta el riesgo de un nacimiento prematuro y de un bajo peso al nacer, así como problemas de conducta de los hijos e hijas.
3. Garantizar o preservar la seguridad individual y colectiva, debido a que cuando las mujeres salían a las cabeceras municipales o ciudades a tener a sus hijos e hijas eran capturadas, amenazadas, perseguidas y, en varios casos, torturadas por integrantes de la Fuerza Pública o grupos paramilitares que buscaban información de ubicación de comandantes o campamentos.
4. Contribuir a garantizar la seguridad de las familias que ejercían labores de cuidado y crianza de los hijos de la guerrillerada, toda vez que la Fuerza Pública o grupos paramilitares identificaba estas personas como objetivo por medio del cual podrían llegar a obtener información sobre la ubicación de los campamentos, de los comandantes o podían ejercer presión por medio de amenazas y capturas para lograr deserciones de guerrilleros.
5. Buscar proteger a los hijos e hijas de la guerrillerada, pues en muchos casos fueron blanco de amenazas, secuestros, torturas y desapariciones como mecanismo para ejercer presión a los guerrilleros y comandantes para su deserción y obtención de información que implicara una ventaja militar sobre las antiguas Farc.
Según explica el último secretariado de las Farc el hecho de bañarse de manera colectiva no tuvo ninguna intención ni motivación sexual en la organización, no estuvo especialmente dirigida a las mujeres y no hizo parte de un plan común ordenado por los organismos superiores y justifican que lo imputado no corresponde a la realidad porque según dicen en las filas de las Farc se contaba con un sistema de salud propio, un hospital clandestino en el Catatumbo y que los integrantes de las Farc tenían atención médica especializada y anexan como prueba estas fotos.
Los seis imputados reconocen el reclutamiento como una política de facto y no como una directriz, según dice Rodrigo Londoño, Timochenko, líder de las Farc. Sin embargo, no reconocen delitos como la tortura, esclavitud y violencia sexual entre otros crímenes de guerra imputados por la JEP dentro de macro-caso 07 de reclutamiento de menores.
Esta respuesta del último secretario de las antiguas Farc está siendo evaluada por la Jurisdicción Especial para la Paz que evalúa el camino a tomar y si esta posición los podría exponer a un juicio porque la aceptación sería parcial.