Está lista para sanción presidencial una ley que transforma las reglas para la realización y publicación de encuestas políticas en Colombia. Esa ley trae cambios importantes y muy polémicos; entre ellos la limitación temporal para publicar encuestas: reducida a apenas tres meses antes de inscripciones esto, dicen expertos, impide el seguimiento continuo de la opinión pública y restringe el debate democrático.
El CNE se convierte en juez y parte: regula, audita, sanciona y custodia los datos. No hay instancias claras para apelar sus decisiones ni parámetros técnicos transparentes para sus auditorías.
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La nueva ley obliga la entrega de números marcados, grabaciones y formularios al CNE. Esto obliga a las firmas a adoptar sistemas de ciberseguridad avanzados y expone a sanciones en caso de filtraciones o posibles vulneraciones.
La ley contempla la anulación automática de encuestas si se incumplen requisitos formales, como el orden de las preguntas o la firma de los responsables de la encuesta. Esto podría ser usado para impugnaciones estratégicas o como mecanismo de censura indirecta.
El artículo 11 establece responsabilidad penal por incumplimiento de las “leyes de la estadística”, una categoría jurídica inexistente en el ordenamiento colombiano. Esto genera un riesgo serio para los encuestadores, pues se podrían judicializar errores técnicos comunes como fallas de muestreo o desvíos operativos.
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El proyecto fue aprobado con respaldo amplio, incluyendo congresistas de distintos partidos, lo que sus promotores llaman un “acuerdo nacional”.