Por Emerson Grajales Usma*
Durante los últimos 30 años, el departamento de Risaralda, ha sido un clásico ejemplo de cómo las coaliciones políticas mayoritarias pueden capturar una región y, desde el poder local, montar tanto una estructura de negocios, como una maquinaria criminal y de reproducción electoral. Pareciera que el «gran robo a Caldas», destapado y denunciado hace ya más de 35 años; fuera tomado como el molde perfecto por los políticos risaraldenses, y así poder “desarrollar”, igualmente, sus actos de corrupción sin ningún escrúpulo.
En Caldas, la caja menor fue, y sigue siendo; la Licorera del departamento. De allí han “embriagado” con gruesas sumas de dinero a dirigentes políticos de la región y siempre, con dadivas ordenadas por caciques públicos que se niegan a desaparecer, o en otros escenarios; pese a no estar vivos, como el caso del Liberal Víctor Renán Barco; siguen las réplicas de sus pilatunas en cuerpo ajeno.
En lo que a Risaralda compete, el tema no es menos resonante y escabroso.
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER; ejerce el mismo “papel” que la Licorera de Caldas. Bandos de los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador), han mantenido tanto su hegemonía como sus fauces abiertas, con las que logran raptar anheladas sumas de dinero bien a través de contratos o con obras de las que se desprenden fuertes tufillos. Allí, no confluyen con facilidad, concejales y menos diputados a “pedir” favores para sus municipios por la sencilla razón que sus credenciales no tienen eco. A la emblemática sede de la CARDER, llegan son los “pesados”, los que se mueven en Bogotá, para ordenar que se adjudiquen obras a través de contratistas sin miramiento alguno de sus requisitos, o se nombren personajillos, aunque no tengan estudio, o hayan presentado dudosos documentos que los “acredite” hasta de ambientalistas, y disque; con especializaciones.
La CARDER, también ha sido la entidad más golpeada por los mismos políticos, la entidad más desprestigiada de Risaralda, precisamente por las malas actuaciones de quienes acreditan su desempeño como congresistas a nombre de los partidos Conservador y Liberal del departamento.
El sábado 25 de julio, se consumó en Pereira, el peor de los actos de corrupción no solo con la CARDER, sino; también con los risaraldenses.
Con la complicidad del Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez, quien fue advertido por el suscrito en repetidas oportunidades tanto personalmente como por diferentes canales de mensajería electrónicos; sobre los indebidos procedimientos para la elección del director, y sobre los cuestionamientos de uno de los aspirantes; no hizo caso y se pasó la “advertencia por la faja” y ungieron, como era de esperarse y en forma ilegítima, a un tal Julio Cesar Gómez Salazar. Este sinuoso ambientalista, logró timar al Consejo Directivo de la entidad, en cabeza del delegado del gobernador de Risaralda, el Secretario Jurídico Fidel Cano.
Pues su llegada, la de Gómez Salazar; fue otra de las ya acostumbradas imposiciones en este departamento por parte de los dirigentes políticos de la región, con especial énfasis en quien maneja los hilos rojos del poder.
Lo preocupante, es que al nuevo director, nadie lo podrá vigilar como debiera ser. Pues el Procurador, por omisión clara, demostró sus intereses creados en la CARDER y en el departamento, o por lo menos ese fue el tufillo que dejo sentir. Y ni hablar del Contralor General de la República Felipe Córdoba Larrarte; pues para nadie es un secreto que fue el mentor de la nefasta llegada de Gómez Salazar, conjuntamente con el Congresista Diego Patiño Amariles.
A Risaralda solo le resta esperar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo actúe en derecho ante las inminentes acciones electorales que se presentaran y conjuntamente con las faenas penales y disciplinarias que ya toman camino a sus respectivos jueces, cobijando a cada uno de los actores del Consejo Directivo, quienes actuaron en prevaricato por acción y por omisión.
*Asesor y consultor
Twitter @Grajalesluise