La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció en la noche del miércoles 12 de julio que levantaría el paro armado que mantiene en zozobra al departamento del Chocó.
Así lo dio a conocer el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, que señaló que las acciones armadas se suspenderán desde las cero horas de este jueves 13 de julio. El paro armado cesará en los territorios del Sipí, San Juan, Cajón y otros afluentes.
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El anuncio fue divulgado a través de un audio por parte de alias “Fabián”, uno de los líderes guerrilleros, quien sostuvo que su interés es proteger a los habitantes de la región del San Juan.
“Anunciamos que a partir de las 00 horas del día 13 de julio 2023 levantamos el paro armado indefinido en la región del San Juan, Picajón y todo su afluente. Reafirmamos nuestro propósito de proteger la vida de sus habitantes y la defensa del territorio”, explicó el grupo guerrillero.
Previamente, el Gobierno Nacional le exigió al ELN la suspensión definitiva del paro armado decretado en el departamento de Choco. Según denunció la oficina del Alto Comisionado para la Paz, continúan las muertes, los hostigamientos y la ráfaga de disparos por parte de este grupo armado a pesar del anuncio del cese de operaciones militares.
“Con ocasión del anuncio por parte del ELN de la habilitación de un corredor humanitario temporal, una caravana de 20 lanchas con ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá (…) Al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que había sido planeada”, declaró el organismo.
El organismo detalla la grave situación que están sufriendo las comunidades afectadas por sus operaciones armadas en la región de los ríos Sipí y San Juan, donde “una lancha de la Alcaldía de Istmina que transportaba a los personeros de Istmina y Sipí, y ayudas para las comunidades fue detenida con un disparo de advertencia y requisada”.
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Reportes de las autoridades han informado que por este paro armado han afectado un aproximado de 9.000 personas de 52 comunidades de los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina y Medio San Juan.
A su turno, la Defensoría del Pueblo cuestionó la labor de los organismos del Gobierno y el Estado, e instó a que se centren las miradas en el departamento para atender la crisis social y humanitaria.
“¿Hasta cuándo se hará realidad un trabajo conjunto y eficaz de toda la institucionalidad que permita mitigar lo que viven los habitantes del Chocó? Si bien valoramos los esfuerzos de los entes nacionales y territoriales y reconocemos que las problemáticas son de vieja data, no puede ser que la población del departamento tenga que seguir siendo víctima de toda clase de vulneración de los derechos humanos”, llamó la atención el defensor Carlos Camargo.
La entidad reveló que, en los últimos cinco años, se han emitido varias alertas tempranas en 27 de los 31 municipios del Chocó.