Fernando Manugama Sintúa es el líder indígena de 42 años que está pidiendo 25 millones de pesos al distrito para dar vía libre al traslado de 100 indígenas que no salieron del Parque Nacional el lunes pasado y quien ha restringido el paso de entidades del distrito como salud y educación para la verificación y cumplimento de los derechos de los menores de edad presentes en el asentamiento.
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De acuerdo con la denuncia radicada por la Secretaría de Integración Social y la Consejería para la Paz, Víctima y Reconciliación, son 3 delitos por los que está acusado: extorsión, obstrucción a la función pública y constreñimiento ilegal argumentando además que no es la primera vez que se exige un monto de este tamaño a su nombre “con el fin de gestionar e impulsar el retorno de la comunidad que representa, o de lo contrario seguirían ocupando el parque», afirma el memorando del distrito.
“No pueden ser renegociadas porque son unas garantías que están establecidas en la ley, no están sujetas a qué tan hábil es o no el vocero para negociar, sino que es lo que la ley nos indica, que es a lo que tienen derecho las personas que han sido desplazadas forzosamente. Adicionalmente, este vocero lo que decide hacer es cobrarle a un funcionario del distrito 25 millones de pesos para poder gestionar ese traslado efectivo de las personas, lo cual, pues, es extorsivo y es constreñimiento», afirma Isabelita Mercado, consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá.
Entre tanto, en el documento con la denuncia del Distrito, las pruebas que tienen en contra de Fernando Manugama Sintúa son testimoniales con los funcionarios a los que hizo presión en reiteradas ocasiones y las inspecciones realizadas al sitio de asentamiento.
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“En cumplimiento del deber legal de denunciar los hechos que puedan constituir infracción penal, y con pleno conocimiento de las excepciones previstas por la ley, manifestamos que actuamos de buena fe y con fundamento en hechos verídicos y verificables”, afirma la denuncia.